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José Miguel Vivanco

HRW cree que investigación de la CPI sobre Venezuela da esperanza de justicia
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que la decisión anunciada por del fiscal Karim Khan, inédita en la historia de América Latina, «le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro» 

 

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación en Venezuela por denuncias de delitos de lesa humanidad «da una esperanza de justicia» a las «víctimas de la brutal represión».

«Esta decisión -la primera en la historia de América Latina- le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro«, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

En diciembre del año pasado, HRW aseguró que era «imperativo» que «haya justicia» en Venezuela, tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que advierte acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por varios cuerpos de las fuerzas de seguridad.

Este informe «contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el gobierno de Nicolás Maduro», recoge un comunicado de HRW.

En él, subrayan que el informe está centrado en «alegaciones relacionadas al tratamiento de personas en detención, respecto del que tenía a disposición información suficiente detallada y confiable».

Información de EFE

Human Rights Watch presentó informe sobre represión contra artistas y periodistas en Cuba
Entre febrero y junio, HRW entrevistó por teléfono a 29 periodistas y artistas que sufrieron acoso y violaciones de DDHH en los últimos meses. 

La organización internacional Human Rights Watch presentó un nuevo informe sobre la «violación sistemática de derechos humanos» contra artistas y periodistas en Cuba, por parte del gobierno de ese país.

Durante los últimos meses, las autoridades cubanas han apresado e investigado penalmente a varios artistas y periodistas que critican el gobierno de la isla.

Además, hay casos como los de policías y agentes de inteligencia se han presentado regularmente en las viviendas de estas personas y les han ordenado quedarse adentro, a menudo por días o incluso semanas.

También, las autoridades han restringido de forma temporal y selectiva el acceso de estos artistas y periodistas a datos móviles en sus teléfonos para limitar su acceso a internet.

“Cantar una canción que no le agrada al gobierno o reportar las noticias de forma independiente son motivos suficientes para terminar preso en Cuba”, explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

 

Asimismo, Vivanco agregó: “Estos abusos no son incidentes aislados; más bien, parecen formar parte de un plan para silenciar de manera selectiva a voces críticas”.

Entre febrero y junio, HRW entrevistó por teléfono a 29 periodistas y artistas que sufrieron acoso y violaciones de DDHH en los últimos meses. 

Además, la organización examinó decisiones judiciales, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa, y corroboró videos publicados en redes sociales.

Lea el informe completo en Human Rights Watch

Director de HRW insiste en que hay evidencia «sólida» contra Maduro en caso de la CPI
El director de la ONG asegura que la administración de Nicolás Maduro está en una categoría “extrema de violaciones” a los derechos humanos similar a las dictaduras de Jorge Rafael Videla, en Argentina, o Augusto Pinochet, en Chile

 

El director de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, considera que el retiro de Argentina a la demanda introducida contra la gestión de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional por varios países «no tiene ninguna influencia» en el proceso que se sigue en La Haya y dijo que existen evidencias «sólidas» y «contundentes» de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Afirmó que la CPI debe tomar, probablemente a mediados de junio, una decisión «trascendental» de abrir formalmente una decisión contra Maduro. Subrayó que si esa instancia internacional decide avanzar con el proceso, sería la primera vez que un presidente latinoamericano cae en un proceso como este.

Vivanco expresó en Radio Rivadavia de Argentina que es un «paso errado» en la política exterior de Argentina y que a su juicio, es un «reflejo de lo que es la composición del gobierno» y esa decisión sería para no «irritar» a los sectores que le apoyan y que «no les importan los DDHH». En ese sentido, cree que hay un «filtro ideológico» porque esos sectores creen que si hay violaciones de este tipo, serían por dictaduras militares de derecha.

Aseguró que la administración de Nicolás Maduro está en una categoría “extrema de violaciones” a los derechos humanos similar a las dictaduras de Jorge Rafael Videla, en Argentina, o Augusto Pinochet, en Chile.

“Indudablemente estamos en una categoría extrema de violaciones, similares a las que cometió la dictadura militar en Argentina o Pinochet en Chile“, expresó.

La posición de Argentina sobre Venezuela se radicalizó oficialmente cuando el canciller de ese país, Felipe Solá, dijera que la relación con nuestro país «resultaba ser tóxica» y que no podía estar ocupando la agenda internacional como algo primordial; mientras que el mismo presidente Alberto Fernández ha evitado pronunciarse sobre la situación de nuestra nación.

El 26 de mayo se dio a conocer que el gobierno de Argentina retiró la acusación que pesaba sobre el régimen de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya y fuentes de ese país que precisaron que el retiro de la denuncia se realizó el pasado 25 de marzo, cuando se anunció la salida del Grupo de Lima.

Santiago Cantón, experto en DDHH y uno de los relatores independientes que participaron en la elaboración del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue usado como argumento para elevar una denuncia ante la CPI contra la administración de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, reprochó el jueves 26 de mayo que Argentina haya retirado la demanda contra el mandatario.

A su juicio, el hecho de que el gobierno presidido por Alberto Fernández haya tomado esa decisión, da a entender que al gobierno argentino «no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres» que fueron comprobadas en el informe que él mismo redactó junto a Manuel Ventura e Irwin Cottler.

HRW acusa al gobierno de Maduro de ejecutar civiles en frontera con Colombia
En un informe, el organismo aseguró que el operativo en Apure «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados»

 

Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado Apure, fronterizo con Colombia.

La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno de Nicolás Maduro contra grupos irregulares en ese estado, y pidió investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.

En un informe, HRW aseguró que el operativo «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».

«Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el informe.

El pasado 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares que las autoridades nunca identificaron, pero que la ONG Fundaredes calificó de presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC.

El conflicto se extendió por casi tres semanas y provocó el desplazamiento de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia, según datos de Fundaredes.

La FANB aseguró que la ofensiva dejó un saldo de ocho militares y nueve «terroristas» fallecidos, así como más de cuarenta detenidos.

HRW alega en su informe que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados», sino de la población local, después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, además de a 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios.

Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Las citadas ejecuciones afectaron a cuatro campesinos de una misma familia, a los que las FAES se llevaron el 25 de marzo de su vivienda en La Victoria, indica el informe.

«Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas», señala el texto.

Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío; y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, «sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años».

En La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa, los agentes venezolanos «ingresaron por la fuerza en varias viviendas», sin una orden de allanamiento, y detuvieron a sus residentes, en su mayoría campesinos.

«Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos», señala el informe.

Dos detenidos que luego fueron liberados confirmaron que «estuvieron retenidos en instalaciones militares»; y los abusos también incluyeron saqueos en sus viviendas y la destrucción de «efectos personales, comida y enseres del hogar».

Human Rights Watch condena persecución a ONG en Venezuela
Miembros de la ONU exhortaron a autoridades venezolanas a poner fin a la represión

La organización Human Rights Watch emitio un comunicado sobre el acoso que mantiene el gobierno de Nicolás Maduro sobre las ONG en Venezuela.

Durante la pandemia, Maduro ha atacado a Alimenta La Solidaridad, que mantiene comedores para menores de edad en sectores populares y Convite, cuyas oficinas fueron allanadas por efectivos de cuerpos de seguridad.

El segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello, ha amenazado con perseguir desde la nueva Asamblea Nacional a las ONG

Las acciones en este 2020 han incluido congelar cuentas bancarias, emitir órdenes de detención, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos. 

“Las autoridades venezolanas han dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“La comunidad internacional debe instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”, agregó Vivanco.

En retrospectiva

El 20 de noviembre, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, exigió que los bancos realizaran un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales a fin de identificar a quienes envían y reciben fondos de esas organizaciones. 

El 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children. Les acusan de legitimación de capitales y asociación ilícita.

Un día después, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron la ex sede de Alimenta la Solidaridad en Caraca sin mostrar ninguna orden. 

Alimenta la Solidaridad expresó que Sudeban dispuso congelar sus cuentas bancarias e impidió que accediera a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.

El 15 de diciembre, agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.

Los agentes le presentaron al personal de Convite un documento que dijeron era una orden de allanamiento, la cual les permitía buscar explosivos, armas y evidencia de actividades relacionadas con terrorismo. 

Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos. Confiscaron sus teléfonos, no les permitieron contactar a sus abogados y los interrogaron durante dos horas.

El 18 de diciembre, expertos de derechos humanos de la ONU exhortaron a las autoridades venezolanas a poner fin a la represión a organizaciones de la sociedad civil.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que: “El respeto de los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos”.

De acuerdo a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA), la seguridad alimentaria y la desnutrición son problemas graves en Venezuela. En 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones en situación de inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos ingresos, más del 14 % de los niños y niñas menores de cinco años presentaban desnutrición, según indica uninforme publicado por Cáritas en julio.

 

 

 

HRW: “no queda ni una fachada de proceso democrático” en Venezuela
La ONG considera que las sentencias emitidas por el TSJ contra los partidos de oposición, viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas

 

Este martes, 7 de julio, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó los últimos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra los partidos opositores y ha advertido de que en el país sudamericano “ya no queda ni una fachada de proceso democrático”. 

“Cuando un poder judicial que responde a Nicolás Maduro, descabeza a partidos políticos opositores que representan voces disidentes, vulnera los derechos de todos los venezolanos”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, horas después de que el TSJ expulsara a la cúpula de Voluntad Popular, el partido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

La ONG considera que, con estos fallos, el gobierno viola los derechos de los venezolanos a tener elecciones libres y justas y a la libertad de asociación. Los principales partidos opositores ya han denunciado que, con las condiciones actuales, no hay unas mínimas garantías para la celebración de elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.

Esta sentencia se asemeja a otras ya dictadas contra los dirigentes de Acción Democrática y Primero Justicia y anticipa el resultado de un proceso aún abierto contra Un Nuevo Tiempo, la otra formación del denominado G4 de la oposición en Venezuela.

«El derecho de los venezolanos a votar por los candidatos de su preferencia requiere que haya elecciones libres y justas, en las cuales todos los partidos y candidatos tengan una oportunidad razonable de plantear sus ideas al electorado», subrayó Vivanco en un comunicado.

Desde 2012, el TSJ ha interferido en la dirección o la estructura interna de ocho partidos opositores. Las condiciones previas a las últimas elecciones no fueron en absoluto equitativas. Se inhabilitó en forma arbitraria a opositores para que no se postularan a funciones públicas y hubo señalamientos creíbles de discriminación política en el empleo público. Estas acciones afectan gravemente la posibilidad de numerosos venezolanos de expresar sus opiniones libremente. Asimismo, en elecciones anteriores, las autoridades venezolanas han usado el hambre como herramienta para el control social y político.

Las últimas elecciones, celebradas en 2017 para elegir a miembros de la Asamblea Constituyente, estuvieron marcadas por los señalamientos de fraude que planteó Smartmatic, una empresa británica contratada por el gobierno para supervisar la votación. La empresa concluyó que se habían manipulado las cifras sobre la cantidad de votantes y estimó que la convocatoria real probablemente había sido de un millón de personas menos que la informada oficialmente, de 8 millones. Hace años que no existe observación internacional independiente de las elecciones en Venezuela.

*Con información de HRW

HRW le pide a la ONU crear una comisión para investigar los “abusos” del gobierno venezolano

JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una comisión de investigación para «identificar a los responsables por los abusos del régimen de Maduro».

«Venezuela atraviesa una crisis profunda, detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones extrajudiciales y una emergencia humanitaria devastadora causada por el régimen de Maduro, la impunidad es la norma, más de 4 millones de personas han huido del país, el régimen descalificó el informe de la Alta comisionada, en 20 años permitió solo la visita de un relator «, denunció Vivanco ante la ONU.

Durante su intervención en Ginebra expresó que «Ante la falta de justicia es necesario crear una comisión que investigue los abusos e identifique a los responsables. 

A través de su cuenta en Twitter, Vivanco ratificó que «no habrá avances en el plano político en Venezuela sin justicia por las atrocidades cometidas», en referencia al discurso que presentó hoy en la ONU.
 

 
 
 
 
HRW advirtió de un empeoramiento de los derechos humanos en Latinoamérica

EL DIRECTOR PARA LAS AMÉRICAS DE LA ONG Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dibuja un oscuro presente para los derechos humanos en Latinoamérica y advirtió sobre su «empeoramiento» en el futuro cercano.

«Se viene un periodo complejo, entramos en una etapa compleja, difícil, aún más difícil que la que hemos enfrentado desde el punto de vista de los derechos humanos», asegura Vivanco en una entrevista con Efe tras concluir en Nueva York unas jornadas de reflexión de su ONG.

En su conversación, Vivanco desgrana los que a su juicio son los problemas más graves que afrontan muchos de los países de la región, aunque dejó claro que existen realidades «muy distintas» en Latinoamérica.

«Entre las cuestiones que son preocupantes, lo primero que me parece necesario destacar es el tema de la inseguridad, el crimen organizado y la criminalidad», asegura el responsable de HRW, que hace hincapié en lo duro de su trabajo, «donde normalmente, lo usual es perder, no ganar».

Para Vivanco, muchas veces, la respuesta a esta inseguridad que, «en distintos grados», preocupa a toda la zona, «es la mano dura, y con argumentos demagogos de que el incremento de penas, la militarización de la policía o el descenso de la edad penal» contribuyen a su mejora.

Desde HRW consideran que estas medidas son «una fuente de abusos casi inagotable», con un aumento de «la brutalidad y prácticas como la tortura, ejecuciones y cárceles repletas de procesados sin condena».

El responsable para la Américas de HRW advirtió de que esto constituye «un problema muy serio» en países como México, Brasil o en Venezuela, país este último «con las tasas de homicidios y de delitos violentos más alta», así como en Centro América, por el problema de la «violencia brutal» de las maras en Honduras, El Salvador o Guatemala.

«Frente a esto, muy pocos países han encontrado una respuesta profesional y que genere confianza sin que signifique más violaciones», subraya.

Vivanco, para quien «lo que empuja (a un trabajador humanitario) es un elemental principio de solidaridad con los más vulnerables», va más allá y cree que otro grave problema en la zona es el «surgimiento de gobiernos civiles populistas» como el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua.

«Venezuela y Ortega ven en Cuba un modelo y caminan abiertamente en esa dirección. La clave es impedir que se consoliden dictaduras propias de los 70. Aún no lo han logrado, pero están muy cerca de hacerlo», dice, antes de acentuar que en solo tres meses de represión en Nicaragua en 2018 murieron más del doble de personas que en Venezuela en los últimos años.

El directivo chileno de HRW sostiene que la opinión pública debe entender que en la lucha por la defensa de los derechos humanos no puede haber un «doble rasero», insistiendo en que hay que perseguir las violaciones tanto en países con gobiernos de derechas como de izquierdas, populistas o con legitimación popular.

«Todos tienen que estar sujetos a las mismas reglas, si uno hace la vista gorda hacia algunas violaciones, ese es probablemente el principal cáncer contra el avance de los derechos humanos a nivel global», sentencia.

Además de los «fenómenos extremos» de Venezuela o Nicaragua, Vivanco advierte contra el surgimiento de «líderes populistas fundamentalistas» en «los países más grandes», como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el brasileño Jair Bolsonaro, a quienes acusa de no tener «conciencia de respetar las reglas del juego democrático».

«Están convencidos de que su sola presencia y el ejercicio del poder les permitirá abordar los graves problemas de esos países», agrega Vivanco: «El ciudadano está en la indefensión total y expuesto al ejercicio arbitrario del poder».

Otras cuestiones denunciadas por HRW en la región es la violencia de género o la persecución de periodistas y minorías, como los indígenas o la comunidad LGTBI.

Desde «el punto de vista jurídico y de las políticas públicas, cada vez se progresa más en el respeto y los derechos de la comunidad LGTBI», pero apunta que «esto aún va acompañado de incidentes de violencia y discriminación muy serios y muy graves».

Asimismo, agrega: «Los indígenas no han logrado, lamentablemente, los avances de la comunicad LGTBI y siguen siendo en muchos de nuestros países los más pobres».

Más allá de estas malas prácticas y violaciones, Vivanco pone en valor al actual presiente peruano, Martín Vizcarra, por «restablecer los principios de la lucha contra la corrupción», o al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, por sus esfuerzos «notables» y «por mejorar las condiciones de los derechos humanos y para restablecer los derechos democráticos que fueron pisoteados por (su antecesor) Rafael Correa».

Finalmente, Vivanco también resalta el caso de Costa Rica, que para el directivo de HRW «sigue siendo un importante aliado en la promoción de los derechos humanos»