José Fernando Núñez

Cuatro magistrados opositores venezolanos que estuvieron refugiados en la embajada de Chile en Caracas desde agosto y luego escaparon a Colombia, arribaron a Santiago este jueves en calidad de asilados políticos.

Recibidos por el canciller chileno, Heraldo Muñoz, en el aeropuerto, los disidentes, tres mujeres y un hombre, pidieron protección a la legación diplomática chilena acusando una persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

Luego de casi dos meses acogidos en la representación diplomática chilena de Caracas, los opositores salieron de su país y llegaron a Bogotá donde tomaron contacto con las autoridades chilenas para anunciarles que se acogerían al asilo político en Chile.

“Chile, como dice su himno nacional, es asilo contra la opresión, y por eso los recibimos en la tradición del derecho internacional y de lo que Chile siempre ha hecho cuando quienes estiman que su seguridad está en peligro piden refugio en nuestro país”, declaró el canciller Muñoz tras recibir a los venezolanos.

Los jueces serán ubicados en un hotel de Santiago, recibirán la documentación necesaria para residir en el país y se les asistirá para que puedan solventarse económicamente ya que sus cuentas bancarias fueron congeladas en Venezuela, informó el canciller Muñoz.

“Nos obligaron a abandonar nuestra querida patria Venezuela pero hoy otra nación nos da cobijo, nos protege en libertad”, dijo Elenis Del Valle, quien arribó a la capital de Chile junto a sus colegas José Fernando Núñez, Zuleima del Valle y Beatriz Ruiz.

El juez Luis Marcano perdió el vuelo rumbo a la capital chilena, pero también tiene previsto llegar en las próximas horas en calidad de asilado.

Estos jueces forman parte de un grupo de 33 juristas nombrados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el Parlamento, de mayoría opositora. No obstante, Caracas desconoce las acciones del Parlamento, declarado en desacato por el TSJ, al que la oposición venezolana acusa de servir a Maduro.

Cerca de la mitad de estos magistrados abandonaron Venezuela y se encuentran en Colombia y Panamá, país, éste último, que también ha concedido asilo político a varios magistrados.

Algunos fueron detenidos en Venezuela y posteriormente renunciaron a sus cargos. Otros, se encuentran en la clandestinidad o refugiados en embajadas en Caracas o en otros países.

El dirigente opositor Roberto Enríquez, presidente del partido socialcristiano Copei, fue el primer venezolano en solicitar protección en la embajada chilena en abril y se mantiene en la legación en calidad de “huésped”.

Arriesgada decisión

Tras los casi dos meses de encierro en la legación chilena en Caracas temerosos por las represalias por el gobierno de Maduro por su disidencia, se cansaron de esperar el salvoconducto que la cancillería venezolana debía entregarles para abandonar el país, por lo cual decidieron escapar a Colombia la semana pasada.

“Nosotros tomamos una decisión bien importante y arriesgada porque estábamos corriendo riesgos con derechos fundamentales del hombre como es el derecho a la vida y el derecho a la libertad”, afirmó la magistrada Del Valle.

Venezuela vive una grave situación política y económica. Más de un centenar de personas murieron en manifestaciones entre abril y julio y otros tantos opositores al gobierno de Maduro han sido detenidos.

Tras reducirse la tensión en las calles venezolanas, el fin de semana pasado se registraron elecciones de gobernadores en las que el oficialismo logró un triunfo mayoritario que fue puesto en duda por la oposición, mientras que la OEA y los 12 países de América que integran el llamado Grupo de Lima demandaron una auditoría “urgente” a los resultados de los comicios.

La jueza venezolana afirmó que junto a sus colegas aún abrazan la esperanza de poder volver a su país, pero hasta ese momento, aseveró que desde Chile –país miembro del grupo de Lima- seguirán “luchando hasta alcanzar la democracia la justicia y libertad de Venezuela”.

El grupo de Lima, que condena la ruptura del orden democrático en Venezuela, se reunirá nuevamente en Canadá en las próximas semanas para coordinar nuevas acciones que colaboren a resolver la crisis venezolana.

“Seguiremos con nuestro compromiso para que se restaure el orden democrático en Venezuela”, afirmó el canciller Muñoz.

La ONG Fundeci emitió un comunicado para recordar que tal día como hoy hace dos meses comenzó la persecución en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TS) designados por la Asamblea Nacional (AN).

La ONG repasó, caso por caso, la persecución en contra de estos magistrados y piden por su pronto «regreso a Venezuela para que ejerzan sus funciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ».

A continuación el comunicado completo:

Hoy, 21 de septiembre de 2017, nuestros Magistrados Legítimos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designados y juramentados por la Asamblea Nacional, único Poder Público legítimo en Venezuela, cumplen 60 días de persecución y amenazas a su libertad. Cabe destacar que, dentro de los Magistrados legítimos perseguidos se encuentra nuestra siempre recordada defensora de DDHH, Magistrada Elenis Del Valle Rodríguez Martínez, quien se encuentra en calidad de asilada en la Embajada de Chile junto a sus colegas Magistrados, Beatriz Ruiz, Zuleima González, Luis Manuel Marcano Salazar y José Fernando Nuñez.

En la Embajada de Panamá, se encuentran los Magistrados Gustavo Sosa Izaguirre, Manuel Espinoza Melet y Sabino Zamora y el Magistrado Álvaro Marín en la Embajada de México.

Los Magistrados protegidos en sedes Diplomáticas aún se encuentran en nuestro país, esperando que el Gobierno de Venezuela otorgue los respectivos salvoconductos.

Así mismo, los Magistrados protegidos por el Gobierno de Colombia; Gonzalo Oliveros, Rafael Ortega, Gonzalo Álvarez, Rubén Carrillo, Evelin de D’Avolio, Gabriel Calleja y José Luis Rodríguez y los Magistrados protegidos en Estados Unidos; Miguel Ángel Martin, Alejandro Rebolledo, Antonio Marval, Ramsis Ghazaoui, Domingo Salgado, Thomas Alzuru, Pedro Troconis, Cruz Alejandro Graterol, Cioly Zambrano y Rommel Gil, se encuentran trabajando desde el Exilio por la restitución de la Democracia, la Justicia y Libertad de Venezuela y de todos los presos, perseguidos y asilados políticos.

La junta directiva de Fundeci se solidariza con nuestros Magistrados Legítimos en el exilio y esperamos por su pronto regreso a Venezuela para que ejerzan sus funciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ desde la esquina dos (2) pilitas.

Por Fundeci:

Joel García, Alejandra Tosta, Sonia Guanipa, Aiveh Vargas, Geraldine Alfonzo, Carlos Aponte, y Rigoberto Quintero.

«A partir de hoy Venezuela está haciendo historia, se comenzará un camino en la recuperación institucional de la nación», fueron parte de las palabras ofrecidas por el diputado Carlos Berrizbeitia (ProVzla-Carabobo) como presidente del Comité de Postulaciones Judiciales que propuso ante la plenaria la elección de los 33 nuevos magistrados juramentados el viernes 21 de julio. Sin embargo luego de casi un mes de este acto, la “recuperación institucional” del máximo tribunal del país parece estar lejos de materializarse.

Al siguiente día de la juramentación de los magistrados, quien debía representar la sala político administrativa del TSJ Ángel Zerpa, fue detenido por funcionarios del Sebin permaneciendo desde entonces recluido en El Helicoide. Posteriormente el presidente Nicolás Maduro aseveró que los juristas designados por la AN pagarían con cárcel el nombramiento. «Todos van a ir presos uno por uno y a todos les van a congelar los bienes y las cuentas», afirmó el mandatario. En este sentido el 25 de julio fue el turno de quien sería representante de la sala electoral, Jesús Rojas, siendo detenido en el estado Anzoátegui.

Cinco en Chile

Aunque en los medios de comunicación trascendió que la magistrada Zuleima Del Valle González había sido detenida por el Sebin el 25 de julio, posteriormente el embajador de Chile en Venezuela Heraldo Muñoz, informó el 2 de agosto que la jurista había ingresado como huésped a la residencia del embajador en Caracas.

Bajo la figura de “huéspedes” la embajada chilena también aloja a los magistrados Beatriz Ruiz Marín, José Fernando Núñez, Elenis del Valle Rodríguez y Luis Marcano, estos se suman al presidente del partido Copei, Roberto Enríquez, quien desde el mes de abril permanece en la sede chilena en condición de asilo político.

Colombia, Panamá y Estados Unidos los otros destinos

La persecución emprendida contra las juristas ha generado la búsqueda de refugio por pate de los magistrados en territorios internacionales, así es como el magistrado Pedro José Troconis informó al diario El Tiempo de Bogotá que ante el “asedio” del gobierno de Nicolás Maduro, debió buscar resguardo en Colombia bajo la condición de turista. En el vecino país también se encuentran los magistrados Rafael Ortega, Gonzalo Oliveros, Rubén Carillo y Gonzalo Álvarez.

Por otra parte, el gobierno de Panamá informó el pasado 4 de agosto a través del ministerio de Relaciones Exteriores, el ingreso a su embajada ubicada en Caracas en condición de «Asilo político» de los magistrados Gustavo Sosa Izaguirre y Manuel Espinoza Melet, luego que estos solicitaran protección del país centroamericano.

Mientras tanto en los Estados Unidos permanecería el magistrado designado como integrante de la Sala de Casación Penal, Alejandro Jesús Rebolledo. De los 18 magistrados hasta ahora se desconoces sus paraderos.

¿Cuál es el estado de los magistrados designados por la Asamblea Nacional? by runrunesweb on Scribd

Para el día 15 de febrero fue diferida la audiencia preliminar en el caso que se le sigue al Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma. Esta es la décima vez que se pospone el acto procesal, presuntamente por la incomparecencia  de algunos de los coimputados.

El abogado de la defensa, José Fernando Núñez, calificó la situación como una «estafa procesal», por violar los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución que establece que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia.

“Debemos dejar constancia, y es un llamado que le hacemos a los prohombres del Estado Venezolano que se ufanan de que todo se hace dentro de la Constitución. Nosotros debemos denunciar  por enésima vez  esta estafa procesal, este juicio que se está siguiendo en contra de Antonio Ledezma está absolutamente fuera de la Constitución. Es violatorio de las normas más elementales de lo que tiene que ver con factores de carácter humano y social”, señaló.

Luego de conocerse el diferimiento, la esposa del Alcalde Metropolitano, Mitzy Capriles de Ledezma, se manifestó a través de la cuenta de Twitter @alcaldeledezma:

Mitzy..Otra vez diferida audiencia de Antonio 15 de febrero. seguimos firmes en la lucha x Venezuela. Un hombre inocente siempre será libre.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) enero 14, 2016

Mitzy..No hay pruebas contra Antonio, por eso difieren, para impedirle que defienda su inocencia. El mundo sabe que esto es un linchamiento

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) enero 14, 2016

 

Mitzy..Solo en un país donde se manipulan los tribunales es posible mantener preso al alcalde reelecto de Caracas. La justicia llegara.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) enero 14, 2016

Mitzy. En Venezuela barren el piso con los derechos humanos, no respetan la Constitución y los tribunales son manipulados para perseguir.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) enero 14, 2016

Más temprano desde las puertas del Palacio de Justicia, la Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández, indicó que «este pueblo dio un mandato hacia la libertad, no solo del Alcalde Antonio Ledezma, sino de todos nuestro presos políticos. Necesitamos una reconciliación y por eso avanzamos hacia la Ley de Amnistía, para hacerla prevalecer en un país que necesita un ejército de gente para reconstruirlo.»

*Con información de nota de prensa

El abogado de la defensa del Alcalde Antonio Ledezma, José Fernando Núñez, el Embajador Milos Alacalay y el dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), Richard Blanco,  acudieron este lunes a la sede de la Organización de Estados Americanos, en Caracas, con la finalidad consignar el documento emitido por la ONU, en el cual se considera arbitraria la privación de libertad del Alcalde Metropolitano de Caracas y por ende  se recomienda su liberación inmediata.

Con esta acción, el grupo de abogados busca sumar el apoyo de este organismo internacional con el fin de hacer valer dicha resolución.

Durante el encuentro con el Embajador de la OEA en Venezuela, Miguel Ángel Trinidad, se le hizo entrega del documento y se le solicitó el envío inmediato de esta comunicación al Secretario General de la  OEA.

“En esta decisión, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas,  da una serie de planteamientos que nosotros queremos dar a conocer, no solo a los venezolanos sino a las instituciones que velan por el respeto de los DDHH, que como dice este documento, se han venido violando de manera sistemática, lamentablemente en nuestra patria. El grupo de trabajo concluye:

A) Que la detención del Alcalde Antonio Ledezma es arbitraria conforme a los métodos que ha establecido este  grupo.

B) Que el alcalde debe ser liberado de forma inmediata y que debe observársele una reparación justa, integral, adecuada conforme a lo dispuesto en el  artículo 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

C) Que en la República de Venezuela existe un patrón sistemático de detenciones arbitrarias que debe ser proscrito y que el gobierno debe adoptar  todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los venezolanos y de quienes viven bajo su jurisdicción a no ser arbitrariamente privados de su libertad».

El dirigente de ABP agregó que cada vez en el país existen más presos políticos en las cárceles .

“Se suman todos los días, ciudadanos cuyo único delito es levantar la voz por las cosas negativas que están ocurriendo en el país y se les coloca dentro de esas mazmorras que oprimen su libertad. En este sentido es que el Estado está incurriendo o pudiera incurrir en delitos de lesa humanidad, que ya todos sabemos que no prescriben”, dijo.

Por su parte, el abogado defensor del Alcalde Ledezma, José Fernando Núñez, agregó que seguirán visitando instituciones y organismos hasta agotar todos los recursos que le otorgan las leyes nacionales e internacionales.

“El Gobierno venezolano es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin embargo, no ha dado respuesta a la comunicación del Grupo de Trabajo de las NNUU y por esos hemos venido a la OEA, a traerle el pronunciamiento, en el que se declara que es arbitraria la detención del Alcalde Ledezma”, concluyó el miembro de la defensa.

Como se recordará, hoy se cumplen 8 meses de la injusta detención del Jefe del Despacho caplitalino.

La Sala 4 de la Corte de apelaciones declaró sin lugar  el recurso  interpuesto por la defensa del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma,  contra la medida de privativa de libertad dictada en su contra.

La decisión fue acordada por el Juzgado sexto de control el pasado 20 de febrero y ratificada este miércoles por esta instancia superior.

Aún cuando no hubo despacho en la mencionada sala durante toda  la semana pasada,  en un solo día  la Corte de apelaciones estudió todo el expediente y se negó a evacuar las pruebas.

El recurso de apelación fue interpuesto por Omar Estacio, José Fernando Núñez y Antonio Sierralta. Así queda sin efecto esta acción judicial que buscaba la liberación de la máxima autoridad de la Gran Caracas.

Defensores de Ledezma recusan a la fiscal Katherine Harrington

Omar Estacio y José Fernando Núñez, defensores del  Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también solicitaron a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz,  que separe del proceso a la Fiscal 20 del Ministerio Público, Katherine Harrington Padrón y su asistente, Yeison Moreno, pues habrían intentado inculpar falsamente a la máxima autoridad capitalina  a través de uno de los detenidos por el Sebin.

Los integrantes de la defensa de Antonio Ledezma sostienen que existe una causa grave que afecta la imparcialidad de estos fiscales, por lo que presentaron formalmente un escrito de recusación para que sean separados del caso. “Nosotros no necesitamos pedirle a la Fiscalía que cumpla con su deber”, aseguró Estacio.

Manifestaron que existe conflicto de intereses, entre Ledezma y los fiscales recusados, que se deriva de las gestiones adelantadas por la Fiscal Harrington cuando pidió a Rodolfo Gonzalez, recientemente fallecido en una celda del Sebin, que «delatara» al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma a cambio de beneficios procesales, según lo reveló a la prensa Joel García, ex abogado del piloto muerto.

“La divulgación de hechos tan graves, obliga a la propia Fiscalía General a abrir investigación. En tal caso, la fiscal Harrington, pasa a convertirse en parte interesada o directamente investigada, lo que genera conflicto de intereses con Ledezma. Lo que exculparía, en dicha investigación, a la fiscal recusada podría, entonces, revertirse contra Ledezma. O viceversa, lo que inculparía a la fiscal recusada, podría beneficiar a Ledezma dentro del juicio que se le sigue ante el Juzgado 6º de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de Caracas, por supuesta conspiración y asociación para delinquir”, aseguró Estacio.

Núñez, por su parte, explicó que la fiscal Harrington estaría incurriendo en un delito de extorsión. «Las causales taxativas de recusación que establecen tanto el Código Orgánico Procesal Penal como la Ley Orgánica del ministerio Público, no preveen esta situación, pero sí hablan de causas graves que afecten la imparcialidad del funcionario. De ser cierto eso, evidentemente estaríamos en presencia de una práctica extorsiva que está prevista en la Ley contra la Corrupción, por ser ella un funcionario público», manifestó el jurista, quien agregó que de ser declarada con lugar la recusación «eso determina incluso su destitución».

Puntualizaron los defensores de Ledezma que no están prejuzgando la culpabilidad de la fiscal Harrington. “Ella, como todo ciudadano, tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que se  demuestre lo contrario.  Sin embargo el solo hecho que con motivo de las declaraciones del doctor Joel García, la doctora Harrington se haya convertido en parte afectada o directamente interesada, la obliga a separarse de inmediato del caso contra Ledezma lo que acarrea, a su vez, la inhabilidad de su fiscal asistente”, afirmó Estacio.

La defensa pidió que, mientras se decide este recurso, los fiscales sean separados de la causa que se  sigue ante el Juzgado 6° de Control contra Antonio Ledezma, “lo que no paraliza, ni suspende los lapsos que están corriendo en esa causa penal, pues ahí actúa también el Fiscal Oropeza, quien no es objeto de recusación”, apuntó Estacio.

Los abogados Estacio y Núñez ratificaron  que las acusaciones contra Ledezma se basan en “hechos falsos, pruebas evidentemente manipuladas y en calificaciones jurídicas deleznables”, que contravienen más de 70 jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia por lo que confían que en los próximos días se decrete la libertad del alcalde.