La matanza del inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez fue el producto de una actuación contradictoria que deja muchas interrogantes. Aquí algunas respuestas
Javier Ignacio Mayorca
El lunes 15 de enero, nueve personas resultaron muertas y por lo menos otras cinco heridas como consecuencia de un supuesto enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y el grupo liderado por el inspector jefe de la policía judicial Óscar Eduardo Pérez.
Este hecho ha suscitado la atención de todo el país y de la comunidad internacional. A pesar del interés manifiesto del Gobierno por dosificar en lo posible las informaciones, y generar confusión mediante la filtración de datos falsos, hay varios aspectos que ya están claros.
*Fue una masacre. Más allá de cualquier connotación sensacionalista, la palabra masacre es aceptada internacionalmente para designar la matanza de cuatro o más personas en un solo hecho. El Buró Federal de Investigaciones (FBI), incluso, admite esta denominación para sucesos en los que las víctimas fallecen en lugares distintos, aunque íntimamente relacionados por tener un perpetrador común. Un ejemplo es la llamada Masacre en Kennedy, en la que agentes de Inteligencia Militar, Cicpc y PoliCaracas mataron a un grupo de estudiantes de la Universidad Santa María, en el curso de una misma secuencia de hechos, aunque en sitios de suceso distintos.
*¿Cuál fue la extensión de esta masacre? Este es un punto polémico. El Gobierno, a través del ministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol, atribuyó al accionar de las fuerzas del Estado las muertes de Óscar Pérez, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Daniel Enrique Soto y Lisbeth Andreína Ramírez. Pero hay indicios de que la lista pudo ser más amplia. Heiker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de Enero, pudo morir al ser herido por lo que se denomina “fuego amigo”. Una de las fotos conocidas la tarde del 15 de enero muestra el cadáver de Vásquez, boca arriba y totalmente desnudo, presumiblemente en la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño. La gráfica, de muy baja resolución, muestra una herida en la parte baja de la clavícula derecha. Al analizarla, una conocida docente de patología forense (que pidió la reserva de su nombre) señaló que esa lesión tiene las características de ser ocasionada por la salida de un proyectil. “Los bordes se ven muy evertidos (volteados), por lo que pareciera ser un orificio de salida”, dijo. Debido al diámetro de esta lesión, no se descarta que el proyectil fuese de un fusil. Esto nos acerca aún más a la versión según la cual el grupo de Pérez estaba totalmente sometido, inerme. Sugiere, además, una situación en la que factores del Gobierno aprovecharon para ajustar cuentas. Lo mismo que sucedió con el jefe del secretariado de colectivos de Caracas, Juan Montoya, en febrero de 2014.
*Una “ejecución extralegal”. Para las 10:30 am del 15 de enero, Óscar Pérez había manifestado su intención de rendirse junto a su grupo, y estaba en negociaciones con el jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mayor GN Rafael Bastardo. No hay evidencias de que sus actuaciones en ese momento tuviesen otra orientación. Para él era claro que no tenía la más mínima posibilidad de salir de allí bien librado, si no era entregándose. Minutos después, los comandos de la PNB dispararon armas de repetición y RPG contra el inmueble. Óscar Pérez recibió por lo menos ocho tiros, incluido uno de gracia en la cabeza. Al ser esto así, quedarían descartados los supuestos de la legítima defensa y entraríamos en los de la ejecución extralegal o extrajudicial, según los términos fijados por el Protocolo de Minnesota de la Organización de Naciones Unidas.
*Una cabeza con precio. En diciembre, el Gobierno colocó en los despachos públicos, e incluso en el aeropuerto de Maiquetía, un afiche en el que calificaba a Óscar Pérez como “terrorista, asesino, fascista”, y más abajo ofrecía “recompensa por su captura”. El panfleto no especificaba cuánto iban a pagar, pero fuentes extraoficiales de la policía judicial indicaron que la oferta era de dos millones de euros. Para ese momento, aún no había ocurrido el robo de fusiles en la estación de la Guardia Nacional en Laguneta de la Montaña, en las afueras de Los Teques. Esta acción pudo elevar la “cotización” del inspector jefe, ante un Gobierno que lucía humillado por tales ejecutorias. Cabría preguntarse, entonces, si la avaricia no pudo ser un factor que incidiera en la acción inusitada los colectivos/policías.
*Buscaron ayuda de Interpol. En por lo menos dos oportunidades, el Gobierno solicitó a Interpol ayuda para localizar la señal de los teléfonos satelitales que utilizaba Óscar Pérez. Los aparatos habían sido vendidos en Estados Unidos, según las pesquisas oficiales. Estas gestiones comenzaron en julio de 2017, poco después del hurto de un helicóptero de Cicpc y el fallido ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Se desconoce si las respuestas de la organización de policía internacional fueron oportunas y útiles para el Gobierno, pero luego de ambas solicitudes se produjeron detenciones de personas supuestamente ligadas al entorno del jefe del autodenominado grupo Libertad 350.
Breves
*En sus momentos de esplendor, la sociedad de los venezolanos Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla (en la que por cierto también participan otras dos personas) llegó a tener no solo un jet y dos yates registrados en EEUU, además de millonarias cuentas en dólares. En Venezuela, además del emporio para la producción avícola registrado bajo la razón social Servinaca (Guárico), estos comerciantes tenían una flota de tres helicópteros basada en un helipuerto situado en la vía a Guarenas. Una de estas aeronaves fue adquirida a un conocido banquero venezolano, la otra les fue entregada por un empresario de medios y petróleo ligado al madurismo, como pago de una deuda. La última aeronave fue adquirida de un empresario del ramo hípico, propietario de un haras de purasangres. Las dos primeras fueron negociadas a terceros, en la medida en que se estrechaban las ganancias del principal negocio de esta sociedad, que era la compra y venta de divisas, valiéndose desde luego de los contactos con el Gobierno. Una declaración jurada del fiscal de San Luis (EEUU) Jeffrey Jensen indica que Gibelli admitió a los agentes encargados de la investigación del caso (pertenecientes a la Administración para el Control de Drogas, DEA) que había movido más de 170 millones de dólares, principalmente a través de una cuenta en la entidad bancaria estadounidense Wells Fargo, entre octubre de 2011 y abril de 2015, en transacciones relacionadas con el denominado “mercado negro del dólar en Venezuela”.
*El 17 de enero, el ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa designó a Néstor Eduardo Gil como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Loterías (Conalot), mediante resolución ministerial 006, en reemplazo de Nelly María Carrillo, quien ejercía esta posición desde febrero de 2014. Las informaciones surgidas de ese despacho indican que ha comenzado una movida de mata, así como la revisión de los registros de licencias para operar en los distintos estados del país, lo que ha permitido entre otras cosas la proliferación de la conocida lotería de “animalitos”. Igualmente, se intentará determinar si los operadores de loterías enteraron al fisco de manera oportuna las ganancias derivadas de las jugadas. Este tema también está siendo investigado por el Ministerio Público, pero hasta ahora no se han producido medidas concretas.
*El último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) indica que durante 2017 fueron ultimados 309 policías, militares o escoltas. Los datos que llegan de manera extraoficial desde el Gobierno permiten concluir que esta es una cifra prudente, de casos reportados a través de minutas y noticias en los distintos medios de comunicación. Ahora bien, si comparamos este número con el de civiles muertos en el marco de supuestos enfrentamientos con policías o militares, nos daremos cuenta de que ambas estadísticas no guardan ninguna proporcionalidad: por cada policía o militar víctima de homicidio, los agentes de la ley se cobraron 17 vidas durante 2017. Entonces, lo que estamos viendo en mucho más grave y profundo que la mera aplicación de la Ley del Talión (“Ojo por ojo…”). Se trata de una política que apunta al exterminio físico de determinados sectores sociales. Cuando se publicó el trabajo sobre letalidad policial, en la entrega anterior, muchos lectores criticaron que se coloque la lupa sobre el accionar de las policías y no sobre el de los supuestos delincuentes. Pero lo que se intenta demostrar es la existencia de prácticas totalmente ajenas a la legalidad, que tarde o temprano terminan siendo incontrolables, y se llevan por delante a personas totalmente inocentes. Esta dinámica es bien conocida por el Gobierno. La crisis de inseguridad generada por sus acciones y omisiones termina desesperando a la población, que exige medidas drásticas e inmediatas. Entonces, los cuerpos de seguridad pasan de la cesión de espacios y la negociación con hampones a la represión indiscriminada. Un péndulo de nunca terminar…
