Quince días después del suceso, el gobierno ha mantenido su hermetismo ante los detalles del operativo en el que cayó José Antonio Tovar Colina, alias «El Picure», y el ciudadano común tampoco se hace preguntas al respecto. En una Venezuela violenta, donde lo que cuenta es la muerte de uno de los criminales más buscados del país, cremar de manera ilegal sus restos tampoco interesó. El silencio, de ambas partes, sólo contribuye a la impunidad
@loremelendez
CUANDO “EL PICURE”, EL LÍDER DE LA BANDA que azotaba a punta de extorsión, secuestro y homicidios a los llanos centrales venezolanos, cayó durante un presunto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado, la novedad llegó rápidamente a las redes sociales. Las fotos del resultado de la refriega aparecieron publicadas pocas horas después. Con los ojos entrecerrados y con varios impactos de bala del cuello para abajo, se veía el cuerpo de José Antonio Tovar Colina, un hombre que había sembrado terror sólo con ser mencionado.
Pero la imagen que más impacto y comentarios generó no fue la del cadáver solitario. Hubo un par en las que, al lado del delincuente inerte, posaron los funcionarios a quienes se habría enfrentado (Ver foto). “El Picure” se convirtió en un monumento al triunfo junto al que varios quisieron lucir.
Esta no es la primera vez que ocurre tal fenómeno. Ya con Pablo Escobar, los soldados que lo persiguieron hicieron lo mismo en los noventa. Ese comportamiento también se ha visto en el lado contrario: los delincuentes suelen posar en grabaciones o fotos con los despojos de sus víctimas.
Para el criminólogo Freddy Crespo, el comportamiento de los uniformados que se fotografiaron con el cuerpo de Tovar Colina es «una aberración» y guarda estrecha vinculación con los niveles de violencia que se toleran en el país. La práctica, continúa, «lleva un simbolismo que parte de los grupos delictivos, que es el de presentar al cadáver del vencido como un trofeo».
El análisis del especialista se apoya en «la normalización de la violencia que el ciudadano vive» en Venezuela, la cual lo induce a aplaudir tales prácticas. “Es producto del ‘me robaron’, o el ‘no puedo disfrutar lo que tengo’, o el ‘tengo que vivir encerrado’. Todo eso que genera tensión y frustración y eso se tiene que expulsar de alguna manera”. El respaldo a la muerte es, entonces, una forma de exigir mano dura contra los criminales. Al final, sostiene el especialista, preocupa que esta liberación de tensiones -canalizada hoy día a través de linchamientos- además de verse justa, como ahora, se vea como algo necesario.
Tal concepción contribuiría a que los hechos y las reacciones frente a la muerte y la delincuencia se alejen del Estado de derecho. «En un Estado normal no hay porque alegrarse porque murió, sino porque lo capturan», explica.
Luis Godoy, comisario y ex jefe de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), apunta que el gesto de los funcionarios va de la mano con la decadencia de la sociedad.
“Celebrar la muerte de un ser humano, así este haya sido ‘El Picure’, me parece muy grave. El selfie de los guardias nacionales revela la mala instrucción que tienen, pero también preocupa que estas fotos se vuelvan virales por su cantidad de retuits. Lo más lógico sería sancionar a los funcionarios”, sentencia Godoy.
Señales en las cenizas
Aunque la versión oficial indica que “El Picure” murió en un enfrentamiento, los testigos de lo sucedido aseguran que lo acorralaron en el gallinero de una casa del barrio donde estaba residenciado: Concha e’ Mango, en Guárico.
Sin embargo, los signos de una ejecución no se notaron en las imágenes que circularon. A Tovar Colina no le dispararon en la cabeza, ni en la espalda. Todos los impactos de bala los tenía del cuello para abajo, sobre todo en el tronco, la zona de mayor amplitud del cuerpo humano, que es donde suelen hacerse los tiros a distancia.
«Es difícil determinarlo por una fotografía, pero por la capacidad de tiro, estimo que fueron disparos de una 9 milímetros. La distancia, si es mediana o próxima, la determinan los halos de pólvora y en este caso no se ven. Parecieran disparos limpios, a larga distancia», explica Godoy. «Eso no significa que estos disparos hayan sido hechos en legítima defensa. Eso debió determinarlo el Cicpc, el único organismo capacitado para ello», acota.
Para Crespo, todos estos elementos sugieren que las circunstancias en las que quedó el cuerpo del delincuente fueron muy bien pensadas. «Se respaldó muy bien. Todo ello parece justificar que hubo un enfrentamiento», agrega.
El criminólogo también señala que en las fotos se vió una herida en la parte izquierda del pecho (Ver foto) que extrañamente pudo haber sido hecha de lejos debido al tamaño de la entrada. «El orificio es muy grande (…) Hay balas expansivas que penetran a más de cinco metros, pero difícilmente dejan un disparo de este tipo», resalta.
Otra de las heridas llamó la atención: la de la mano izquierda de “El Picure” (Ver foto). En varias imágenes, la muñeca pareció estar totalmente destrozada. Godoy aclara la duda. Según él, fue un disparo de una 9 milímetros que le fracturó los dos huesos: cúbito y radio (Ver foto).
Pero determinar cómo sucedieron los hechos por medio de un estudio forense ya no será posible: el cadáver fue cremado sin que sus familiares pudiesen verlo. La orden provino del Presidente de la República, dijeron a los medios los parientes que reclamaban el cuerpo, y no fue autorizada por sus deudos como lo estipula la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios, normativa que también establece que no pueden cremarse los restos que estén sometidos a investigaciones penales.
El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel rechaza la ilegalidad de la acción, aunque entiende que hay una razón implícita para eliminar los restos del criminal. «Pienso que quisieron evitar una exaltación de la figura del delincuente. «El Picure» era una especie de Robin Hood porque parte de su botín era utilizado para hacer actividades en la zona que beneficiaban a las personas, o para ayudar a una gente en una situación de necesidad. Si, por ejemplo, robaba un camión de zapatos, él repartía los zapatos dentro de la comunidad», asevera. Con la cremación, añade, quedó eliminada la posibilidad de un funeral concurrido que alterara el orden público, tal como sucedió en enero con la muerte de «El Conejo», pran del Internado Judicial de Margarita.
A pesar del argumento, la cremación preocupa porque genera un precedente aliado de la impunidad. Un artículo publicado en la web de la Ong Provea esgrime la gravedad de la falta.
“En el futuro, (esta decisión) podría abrir las puertas a que actuaciones policiales que vulneren el derecho a la vida, puedan ser encubiertas mediante la destrucción de evidencias. De esta forma, ejecuciones policiales pudieran quedar impunes al obstaculizar el ejercicio de la investigación penal por parte del Ministerio Público y al negar a las víctimas y sus familiares el derecho a la justicia y la verdad, impidiéndoles el ejercicio de acciones legales para determinar las verdaderas causas de la muerte en situaciones donde existan elementos que permitan suponer la existencia de abusos contra los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho que el derecho a conocer la verdad se encuentra estrechamente vinculado con el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes”, dice la nota.
Aunque las autopsias de ley siempre deben hacerse en el lugar más cercano al sitio donde cayó el cuerpo, los restos de «El Picure» fueron trasladados a Caracas. Los expertos coinciden en que tal acción se llevó a cabo para minimizar el conflicto en El Sombrero. Traer el cuerpo a la capital significó evitar que el resto de la banda emprendiera acciones en contra de los funcionarios que participaron en el enfrentamiento o de quienes protegían el cadáver.
«En Caracas, el Cicpc y las fuerzas policiales tienen mayor capacidad de respuesta en caso de algún movimiento. No debe haber ningún pensamiento malsano por esto, yo hubiese hecho lo mismo: lo traslado a donde pueda resguardarlo», confirma Godoy.
Silencio oficial
La muerte de «El Picure» se ha mantenido bajo un velo de hermetismo desde el Gobierno. Escasas han sido las declaraciones oficiales al respecto. Sólo las voces del gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, y la del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, se escucharon vía telefónica en Venezolana de Televisión horas después de aquel enfrentamiento. El segundo aseguró que en poco tiempo ofrecería todos los detalles del operativo que había comenzado el sábado y que, la tarde de ese martes, había concluido.
Fuerzas de Acciones Especiales GNB cercaron a miembros de banda con fines paramilitares «El Picure», en el estado Guárico.
— González L. MPPRIJP (@GonzalezMPPRIJP) 3 de mayo de 2016
Procedimiento efectuado en sectores Concha de Mango y Los Rosales permitió neutralizar varios sujetos dedicados al paramilitarismo.
— González L. MPPRIJP (@GonzalezMPPRIJP) 3 de mayo de 2016
Entre ellos, José Antonio Tovar Colina, Alias «El Picure», sindicado de cometer atroces delitos en contra del pueblo venezolano.
— González L. MPPRIJP (@GonzalezMPPRIJP) 3 de mayo de 2016
Pero la promesa no se cumplió y el ministro no contó nada. Las historias se han conocido a través de los hallazgos de los reporteros, de las declaraciones de los familiares que exigían la entrega del cuerpo, de los vecinos de El Sombrero que dieron a conocer que en la casa donde cayó Tovar Colina, murieron dos inocentes que residían en ella: Rafael «Negro Chevecha» Fernández y su sobrino, Stalin Fernández.
Izquiel indica que durante el operativo hubo más bajas que jamás se comentaron por vía oficial. «No sólo murió ‘El Picure’. Días antes cayó el hermano y también mataron al suegro y a dos cuñados. Las autoridades deberían dar explicaciones de cómo ocurrieron esos procedimientos», resalta.
El criminólogo Freddy Crespo piensa que hay tres razones de peso por las cuales, desde el gobierno, no se ha hecho ruido con la muerte del líder criminal como sí ha ocurrido en otras ocasiones (jornadas de la OLP, por ejemplo). Una de estas es el miedo asociado con la reacción de las bandas aliadas de «El Picure», ya que las fuerzas policiales podrían pensar que en cualquier momento habrá una respuesta más fuerte contra ellas. La segunda es que el silencio se ha usado de una manera conveniente ante las supuestas relaciones que políticos y funcionarios de seguridad de la zona tenían con el delincuente.
El tercer argumento es que al ministro «le da igual» lo sucedido. No se preocupa por dar detalles, ni tampoco por explicar o reprender públicamente a quiénes se hicieron los selfies o a quienes difundieron las fotos y videos del cadáver.
A nadie le importa
El mismo día de la muerte de «El Picure» se mostró una imagen con el arsenal que el delincuente tenía: seis granadas, cuatro fusiles y tres pistolas. Para los especialistas, no es extraño que Tovar Colina haya tenido estas armas cuando murió. El poder de fuego de su banda se había demostrado con hechos y fotos.
Los familiares de Tovar Colina aseguraron en la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas, que el delincuente no portaba esas armas al momento de su caída. De lo contrario, no lo hubiesen podido acorralar. En El Sombrero, los vecinos relataron que el AR-15 con el que se defendía «El Picure» de la persecución policial se había quedado sin balas. Fue así como pudieron llegar hasta él.
«Hay que ver la diferencia entre saber si tenía estas armas y la posibilidad de que lo hayan matado en legítima defensa. No creo que estas armas sean puestas, porque la policía no tiene la capacidad de fuego de estos delincuentes. Hay que averiguar de dónde salieron, cuál es el camino que han seguido. Lo más importante es saber hasta dónde va esta muerte. Por las armas de fuego incautadas esperamos que, como ciudadanos, lleguen hasta quien se las vendió, que nos expliquen cómo esa banda tiene estos poderes (…) Alguien tiene que decirnos quiénes están detrás de este poco de armas», comenta Godoy.
Pero, nuevamente, estos detalles están fuera del alcance de los ciudadanos y no hay demandas para que salgan a la luz. Las circunstancias en las que murió «El Picure» —saber si fue acorralado, si se quedó sin balas, si estaba respaldado por un arsenal, si cayó en un enfrentamiento o fue víctima de una ejecución— no se conocen con precisión porque no tienen una versión oficial. El país tampoco la pide.
«Estamos en una sociedad que tiene la violencia asumida y en este tipo de hechos a nadie le importa si el procedimiento se hizo de conformidad con la ley. Murió el delincuente más temido del país. Si hubo irregularidades, a nadie le interesa, porque los venezolanos están cansados de los delitos. Importan los resultados y este resultado es la muerte de ‘El Picure'», dice Izquiel.
