El diputado Diosdado Cabello aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero»
La Asamblea Nacional oficialista aprobó este 24 de enero la creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), dado que, según el chavismo, casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.
El diputado Diosdado Cabello presentó esta propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y que ahora entra en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.
«Hoy las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país», dijo Cabello tras considerar que la actuación de estas organizaciones constituyen «una situación irregular».
Aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».
«Comenzamos a revisar, más o menos, cuántas (ONG) hay hasta este momento. En una primera vuelta, (encontramos) 62 que operan con fines absolutamente políticos en nuestro país y que reciben financiamiento de organismos de otras naciones», prosiguió, para luego mencionar, entre otras, a Provea, organización que lleva 35 años dedicada a la defensa de derechos humanos.
El proyecto inicial de ley, compartido en la sesión por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.
La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.
Las «siniestras intenciones» de las ONG
Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, manifestó: «Cada vez que vemos a esos organismos [ONG], o gobiernos que están plagados de buenas intenciones, detrás lo que aparece son sus verdaderas y siniestras intenciones. ONG que son financiadas por el Reino Unido«.
Además, cuestionó: «¿Con qué se van a financiar las elecciones cuando se convoquen? Además, la Constitución obliga a que la gente puede y debe reunirse y el Estado debe proteger esa reunión, pero debe hacerse de conformidad con la ley».
Ante una bancada opositora en desacuerdo con lo expresado por el oficialismo, agregó: «En primera discusión no se discute artículo por artículo; se discute el título de la ley, las partes, luego se lleva a consulta y regresa a los efectos de la discusión».
Para dar por zanjado el asunto, y después de la votación de los parlamentarios, Rodríguez sentenció: «Mayoría evidente para la aprobación de la ley. En consecuencia, se aprueba la ley para regularización de las ONG».
ONG denuncian que buscan ilegalizarlas
A través de la cuenta de Twitter de Provea, mencionada por Cabello, expresaron que, con esta ley, «avanza la criminalización» hacia estos organismos.
«Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento. Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas».
Acceso a la Justicia fue otra de las organizaciones que condenó la aprobación en primera discusión de la ley.
«El proyecto de ley no tiene el mismo nombre que el presentado el año pasado, conocido como Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ni se conoce aún su texto. El nuevo proyecto en la materia se llama Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines y se presentó a discusión en la AN sin ser divulgado», señaló la ONG en su cuenta de Twitter.
En este sentido, añadió: «Es práctica de la AN discutir y aprobar proyectos de leyes bajo opacidad. Inclusive, desde que el oficialismo tomó el poder de la AN, recurre a la práctica de aprobar leyes, pero no siempre las publica en Gaceta Oficial. Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ‘ONG y afines’, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela».
Para Acceso a la Justicia, esta primera aprobación revela «las ambicionas del gobierno de Maduro de controlar a la sociedad civil, una práctica con la finalidad de desarmar, despojar y aniquilar la libertad y autonomía de las ONG, y en general de cualquier otra expresión asociativa».
De igual manera, desde la ONG esperan que esta polémica ley «no vaya en la misma línea que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el régimen nicaragüense, a fin de reprimir el derecho de asociación en ese país».
Gabriela Buada Blondell, periodista y defensora de los derechos humanos, opinó que la aprobación de la ley «lo que da es pena», pues con ella el gobierno pretende «ilegalizar a las ONG con una Ley Anti-ONG que también busca exponer a las víctimas. Cambian el nombre, cuentan historias increíbles, estigmatizan y amenazan el trabajo de quienes han hecho frente a la crisis y han documentado».
Con información de EFE
