En la Venezuela sin petróleo no hay lugar para los ancianos. La caída del ingreso convirtió a los pensionados y jubilados en una carga inmanejable para las finanzas públicas. Una generación de venezolanos transita la vejez con pensiones paupérrimas. La emigración complica la posibilidad de construir un sistema contributivo.
El 17 de abril de 2018 Nicolás Maduro afirmó que el gobierno alcanzó la meta de otorgar pensión de vejez a todos los adultos mayores a través del sistema de seguridad social y la Misión Amor Mayor: “Somos el único país de América Latina con 100% pensiones, ¡más de cuatro millones de pensionados!”, festejó el mandatario.
Si bien distintas mediciones indican que la cobertura es elevada y en este momento nueve de cada diez ancianos reciben una pensión de vejez, el monto se ha convertido en un pago simbólico en medio de una hiperinflación que trituró las pensiones y los sistemas de jubilación.
Al cierre de septiembre la pensión equivale a 0,9 dólares al tipo de cambio oficial. El gobierno intenta compensar el deterioro con la entrega de bonos, pero las cantidades siguen siendo ínfimas: en lo que va de año los bonos oscilan entre 2 y 4 dólares al mes.
La ruina
En teoría el sistema de pensiones de Venezuela es de reparto, una modalidad donde quienes trabajan aportan parte del salario para costear las pensiones de la población en edad de retiro; pero como los salarios son muy bajos y buena parte de los trabajadores no cotizan porque están en el sector informal de la economía, las pensiones dependen del Estado.
Las cuentas no cuadran. La principal fuente de ingresos del Estado es el petróleo, que provee nueve de cada diez dólares que ingresan al país y la producción ha caído hasta niveles de 1940 tras años de pésima gerencia en Petróleos de Venezuela y el impacto de las sanciones de Estados Unidos. La consecuencia es un Estado arruinado.
En este entorno, durante los últimos tres años el Banco Central de Venezuela ha disminuido a niveles ínfimos la oferta de dólares. Entonces, la cotización de la moneda estadounidense aumenta a un ritmo feroz que dispara la inflación y pulveriza el valor en dólares de las pensiones.
En lo que va de año el precio del dólar, de acuerdo al tipo de cambio oficial, acumula un salto de 800% y Macroconsultores proyecta en su último informe “que la inflación a final de año puede estar entre 1.200 y 1.500%”, un rango que mantendrá a Venezuela como el país con la mayor inflación de América Latina y el mundo.
Comer poco
Marta González trabajó durante 28 años en el Ministerio de Educación y a sus 74 años recibe al mes, entre pensión, bonos y primas por antigüedad, un monto equivalente a cuatro dólares al tipo de cambio oficial: una cantidad que no alcanza para comprar dos kilos de carne.
Su alimentación depende de las cajas de comida que reparte el gobierno a las personas de bajos ingresos. Cuenta que la última caja solo trajo dos kilos de arroz, dos paquetes de harina para hacer arepas, tres kilos de pasta, tres kilos de garbanzos y dos kilos de café.
“En la mañana me como una arepa con mantequilla y un poquito de café. Al mediodía y en la noche como arroz con garbanzos. Tengo mucho tiempo sin comer carne o pescado”, dice Marta quien tiene dos hijos, pero vive sola en una pequeña casa en Catia, al oeste de Caracas.
La implosión
De acuerdo a las leyes vigentes, las mujeres con 55 años o más y los hombres con 60 años o más que hayan realizado al menos 750 cotizaciones semanales al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), tienen derecho a una pensión de vejez.
A las pensiones del IVSS se añaden las que el gobierno otorga a través de la Gran Misión Amor Mayor, un plan diseñado en 2011 para proteger a los ancianos que no cotizaron al seguro social y en especial, a los sumergidos en la pobreza.
Carlos Aponte, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo y autor del trabajo Pensiones de Vejez en Emergencia, distingue dos grandes etapas en los últimos veinte años: “En la primera, los datos del IVSS, el Instituto Nacional de Estadística y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales nos dicen que la administración de Hugo Chávez incrementó la cobertura de manera importante. En el período 1998-2012 la proporción de adultos mayores de 60 años con pensión de vejez aumentó desde 12% hasta 58%”.
“Durante la segunda etapa el gobierno de Nicolás Maduro continúa el esfuerzo por ampliar la cobertura, pero la capacidad adquisitiva de la pensión prácticamente desaparece”, agrega Carlos Aponte.
Desde 2000 las pensiones son iguales al salario mínimo, un parámetro que se ha desvanecido. “Las pensiones al igual que el salario mínimo prácticamente han desaparecido y se han sustituido por un precario sistema de bonos y cajas de comida”, explica Carlos Aponte.
“Con una visión voluntarista, improvisada, en la que también influyó el objetivo electoral, el chavismo quiso construir un sistema universal de pensiones sin prever sus fuentes de financiamiento, bajo el estímulo de una bonanza petrolera transitoria”, añade Carlos Aponte.
En su investigación sobre las pensiones precisa que tras ajustar por la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas el valor real de las pensiones, incluyendo los bonos que reparte el gobierno, experimenta una caída de 90% entre 2011-2019.
Los jubilados
El Estado permitió la aparición de distintos sistemas de jubilación en la administración pública, creando una tupida telaraña a través de leyes generales, leyes especiales, resoluciones ministeriales, empresas del Estado, institutos autónomos, leyes de las entidades federales, ordenanzas municipales y contratos colectivos.
El economista e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, Ricardo Villasmil, explica en un trabajo sobre el sistema de pensiones publicado en 2008: “Se estima la existencia de unos 400 regímenes especiales dentro de la administración pública, y el conocimiento de su situación financiera se dificulta por la ausencia de balances y por la autonomía administrativa de muchos de los entes que manejan estos fondos”.
Absalón Méndez, doctor en ciencias sociales, afirma en su trabajo publicado por la Universidad Central de Venezuela en 2016 que “se carece en el país de un registro de todos los regímenes de jubilaciones y pensiones existentes”.
Si bien estos sistemas especiales otorgan pensiones por jubilación de mayor monto a las del IVSS, la hiperinflación evaporó su capacidad de compra, dejando a los ancianos que las reciben sin mayor protección.
Oscar Rodríguez es economista y trabajó durante 28 años para el Banco Central de Venezuela donde alcanzó el rango de jefe de departamento y explica que su pensión prácticamente ha desaparecido: “Mi pensión al tipo de cambio actual equivale a ocho dólares y el promedio de las pensiones en el Banco Central es de apenas 5,9 dólares”.
Alirio Díaz es ingeniero en telecomunicaciones y trabajó durante 35 años en Pdvsa. Explica que por manejos poco transparentes en la administración del fondo de pensiones actualmente los jubilados de Pdvsa solo están recibiendo un pago de 400 mil bolívares mensuales, que equivalen a menos de un dólar.
“Somos 30.000 jubilados y algunos simplemente no tienen cómo alimentarse o comprar sus medicinas, si no tienen hijos que los mantengan viven de la caridad; nosotros queremos recuperar nuestro fondo de pensiones al que tenemos derecho porque cotizamos con parte de nuestro salario mientras estuvimos trabajando para Pdvsa”, dice Alirio Díaz quien dirige a los jubilados en el oriente del país.
País de viejos
Al comenzar este siglo los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmaban que entre 2000 y hasta 2045 la población venezolana tendría una estructura irrepetible: los venezolanos en edad de trabajar y producir superarían a los jóvenes menores de 15 años y a los mayores de 65 años. Esta condición, que se denomina bono demográfico, ocurre una sola vez en la historia de los países y permite reducir los recursos destinados a la crianza de los hijos o a los ancianos y disponer de más mano de obra para impulsar el crecimiento y el desarrollo.
Pero no ocurrió así. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, indica que las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas señalan que en 2020 la población de Venezuela es de 28,4 millones de habitantes: cuatro millones menos de lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como resultado de la emigración de jóvenes a otros países.
La emigración de población joven se traduce en que el país envejeció, perdió el bono demográfico y en este momento la cantidad de menores de 15 años y mayores de 65 años superan a quienes tienen edad de trabajar.
El impacto de este cambio es profundo. Carlos Aponte explica que “se ha perdido una parte muy grande de la fuerza de trabajo que podría financiar las pensiones. De cara al futuro será muy importante la porción de la población joven que regrese y población migrante que quiera venir a Venezuela en caso de que el país se convierta en un destino apetecible, algo que no pareciera que va a ocurrir rápidamente”, dice Carlos Aponte.
“Reconstruir el sistema de pensiones que ha quedado en ruinas requiere un cambio profundo en la conducción de la economía; sin crecimiento y sin mejora del ingreso de los trabajadores no hay posibilidad de recuperación, mientras más tarde Venezuela en lograr este cambio el impacto en los ancianos será mayor”, afirma Carlos Aponte.
