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Iván Hernández Dala

Estados Unidos revoca visas a comandantes de la Dgcim y las Faes

MIKE POMPEO, SECRETARIO de Estados Unidos anunció a través de su cuenta en Twitter que los venezolanos Rafael Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), e Iván Hernández Dala, Director de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron sancionados financieramente y además les fueron revocadas sus visas por su participación en «violaciones graves de los derechos humanos».  

El comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE UU explica que la medida se hace extensiva para los familiares de Hernández y Bastardo. 

 

 «Estoy designando públicamente a la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios».

 

El comunicado afirma que tanto el Faes como la Dgcim están implicadas en violaciones, abusos de los derechos humanos y represión a la sociedad civil, actos que fueron respaldados en el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el pasado 5 de julio, así como en informes de otras instituciones. 

La designación fue tomada bajo la sección 7031 de la Ley del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas relacionados del año fiscal 2019, que establece que los funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en la violación de derechos humanos pierden su elegibilidad para entrar a Estados Unidos.

 

Crímenes sin Castigo: Ascensos y descensos en la FAN

Luego del 5 de julio, queda claro que la llave Maduro-Padrino consolida su poder en la Fuerza Armada, o en lo que queda de ella, y mantiene la línea de reducción progresiva de la cúpula castrense

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

Luego de los ascensos y de la recomposición del Alto Mando Militar, anunciada el 7 de julio, se pueden sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que acontece en la Fuerza Armada Nacional:

 

1. Maduro se afinca en Vladimir Padrino para consolidar su poder. El general en jefe del Ejército es el oficial más antiguo en servicio dentro del Alto Mando. Es el único en situación de actividad egresado de la Academia Militar en 1984. Muchos lo ven como un elemento del Gobierno con el que todavía se puede negociar, a pesar de sus declaraciones públicas en las que se rasga las vestiduras por la “revolución”. Quizá esta sea la razón por la que el gobierno estadounidense todavía no lo haya sancionado, al tiempo que son frecuentes sus viajes a Rusia, donde se reúne con diversos integrantes del gabinete de Putin. Padrino ha sido ratificado en el ministerio de la Defensa durante cuatro años consecutivos. El ex titular de esa misma cartera, general de división retirado Fernando Ochoa, cree que de esta forma Maduro intenta estabilizar el entorno militar. El único precedente que encuentra en la historia nacional es el del general de división Ramón Florencio Gómez, que ejerció ese ministerio durante todo el gobierno de Raúl Leoni. En el exterior han ocurrido varias situaciones similares, pero la más cercana –por diversas razones- es la de Cuba durante la época de los hermanos Castro, donde la prolongación en el poder de las armas facilitó la formación de una “gerontocracia militar”.

 

2. Cabello se desdibuja. Aunque nadie niega el poder del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es claro que Diosdado Cabello cada vez tiene menos ascendencia en los cuarteles. Esto no es casualidad. Desde 2017, Maduro y Padrino tomaban nota del ascenso de los oficiales graduados en 1987. Algunos de ellos, como el mayor general Carlos Martínez Stapulionis, llegaron a ejercer importantes cargos en las regiones de defensa operativa, a pesar de haberse graduado en la quinta decena de su promoción. Luego, fueron devorados por las intrigas y la burocracia. Sin embargo, era natural que algunos profesionales de armas graduados ese año se colaran en el Alto Mando. Y aquí viene otra de las conclusiones.

 

3. El balance de las fuerzas. Luego de los últimos cambios, el Ejército tiene a tres integrantes en el Alto Mando (tomando en cuenta que José Ornela Ferreira es el jefe de Estado Mayor del Ceofanb), la Armada dos, al igual que la Aviación, y uno la Guardia Nacional. Al revisar los comandos de fuerza, los más antiguos son los del Ejército y la GN (los MG Jesús Suárez y Richard López, graduados en 1986), mientras que los de la Aviación y la Armada tienen un año menos de carrera, y por ende tienen menos ascendiente en la toma de decisiones. Estos son los que se graduaron con Cabello en 1987. En las regiones militares, el Ejército tiene cuatro oficiales (dos de la promoción 87), la Armada 2, la Aviación y la GN 1, respectivamente. El poder del Ejército en estos niveles es claro.

 

4. Reducción de la cúpula. El 4 de julio, en un acto celebrado ex profeso en un recinto cerrado –para evitar sorpresas-, Maduro ascendió a 127 oficiales a los grados de generales de brigada y de división, así como sus equivalentes en la Armada. Posteriormente, elevó al grado de mayor general y almirante a otros ocho oficiales, entre ellos figura el actual director de la Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor Iván Hernández Dala. Son entonces 135 ascendidos a las distintas posiciones del generalato venezolano. Si se compara con los estándares seguidos en la época previa al chavismo, esta cifra puede parecer escandalosa. Durante el segundo gobierno de Caldera, por ejemplo, ascendían a general o almirante unos 40 militares anualmente. Pero este ha sido de hecho el año de la administración Maduro en que menos generales fueron ascendidos. Incluso, fueron menos que los beneficiados por Chávez entre 2010 y 2012. Antes de Chávez, los criterios para sumar o quitar oficiales de la cúpula castrense eran básicamente las necesidades de la institución y la disponibilidad de plazas, debido a los pases a retiro y a las promociones de oficiales a otros cargos o posiciones. A partir de 1999, con la nueva Constitución, se inició una era de autogobierno militar. Los ascensos partían y finalizaban en la FAN, sin que hubiese un control externo. Y ahora es muy difícil saber cuáles son los factores tomados en cuenta para ascender en un año a 229 oficiales para los grados de general y almirante, como fue en 2013, y en otro a menos de 130. A juzgar por lo declarado durante las últimas alocuciones, la lealtad al Comandante en Jefe ha sido una condición más importante, por ejemplo, que el debido cumplimiento de las tareas y la sujeción a las normas vigentes.

Fuente: FANB/elaboración propia

5. Se prolonga la crisis en los cuarteles. Maduro busca a todo trance una estabilización en el mundo castrense. En esto va la manzana, representada en la triplicación de los ingresos mensuales para los profesionales de armas (en contraste con el trato recibido por enfermeras y educadores), así como la oferta de viviendas y vehículos, a precios de baratija y con créditos de BanFanB. Y en el otro lado va el garrote, encarnado en una Dgcim comandada por el recién ascendido Hernández Dala, cuyos funcionarios no tienen el menor reparo en decirle a los detenidos de cualquier grado y condición que la Constitución llega hasta la puerta de la instalación, y que adentro las leyes son las que ellos impongan. Pero el miedo prevalece sobre los beneficios, y en consecuencia la carrera de armas ha perdido atractivo y el aprecio de la sociedad. Las bajas en los componentes tradicionales son pedidas por miles, y esta situación no parece tener un correctivo inmediato. De allí la necesidad de acudir a la Milicia, tal y como se ha visto en los últimos ejercicios Independencia y Soberanía. Hasta ahora, en Boleíta han logrado desmantelar las dos conspiraciones detectadas en apenas tres meses, y tal parece que por el momento estos grupos han sido neutralizados. Pero eso no quiere decir que la crisis militar haya sido superada.

 

Breves

 

* El maquillaje de estadísticas sobre criminalidad en el Gobierno llega al punto en que ni siquiera toman en cuenta hechos tan públicos y notorios como la masacre de 68 detenidos en el retén de PoliCarabobo. Fuentes del ministerio de Relaciones Interiores indicaron que para el Ejecutivo en distintos los centros de detención del país han muerto 76 personas durante la primera mitad del año. Pero este saldo no incorpora los cadáveres que sacaron de las celdas de la referida policía regional, en marzo. Serían entonces 144 homicidios, en lugares que se supone custodiados por los cuerpos del Estado. Por cierto, lo mismo hicieron en 2017 con los fallecidos en el retén de Puerto Ayacucho, a manos de funcionarios gubernamentales. Luego de Carabobo, Anzoátegui es el estado en el que más detenidos han muerto entre enero y junio de este año, con 33. El lugar más peligroso es el retén de la Policía Nacional en el sector Tronconal de Barcelona, donde las riñas y ajustes de cuentas han ocasionado el fallecimiento de diez personas. En Aragua, Tocorón sigue siendo el sitio de reclusión más violento. Nueve personas han muerto allí en lo que va de año.

 

*La policía judicial tiene adelantadas las pesquisas sobre el asesinato del activista político e ingeniero de sistemas Gabriel de Mendonça. El hombre de 33 años de edad salió a correr el sábado por La Lagunita y más nunca lo vieron con vida. Su cadáver fue encontrado el lunes en un matorral del sector El Encantado del mismo municipio, con cuatro heridas por proyectiles. Inicialmente, se pensó que había sido una víctima más de secuestro. Pero, de acuerdo con información conocida de fuente policial, durante una de las últimas comunicaciones telefónicas con su familia, admitió que tenía una deuda de 50 mil dólares, que no podía pagar. Lo que no se ha precisado es el origen de esa deuda, aunque para el momento de escribir esta nota una de las teorías se refería a negocios con moneda virtual. Entonces, no se ha descartado del todo la posibilidad de un plagio, pero también se evalúa si este homicidio fue producto de un sicariato.

 

*El deterioro de la seguridad en la vía hacia oriente comienza poco después de Guarenas y se extiende, por lo menos, hasta Clarines. El fin de semana, tres funcionarios de cuerpos de seguridad padecieron en carne propia el accionar de las bandas. Dos de ellos fueron despojados a punta de pistola de sus vehículos cuando regresaban a sus viviendas. El tercero era un sargento segundo de la Guardia Nacional que murió mientras cumplía su turno en un punto de control en la Troncal 9, entre Araira y Cupo. Los antisociales, aparentemente, no esperaban la presencia del militar en plena vía, y la emprendieron a tiros contra él. En este contexto, el general retirado del Ejército Rafael Delgado relató que el fin de semana pudo ver cómo vías locales que pasan por El Guapo son cerradas en la noche para evitar que los conductores las transiten y sean víctimas del “hampa desbordada”. Más allá, entre Clarines y Puerto Píritu, está el área en la que más vehículos de carga han sido saqueados durante el primer trimestre de 2018, según lo afirmado por el presidente de la Asociación Civil de Transportistas de Carga Pesada, Jorge Hernández. Buena parte de esta situación es consecuencia directa del programa gubernamental de las zonas de paz, que fortaleció a las bandas criminales en tales sectores.

*Tres veces han detenido en 2018 a la estudiante de medicina Ariana Granadillo. Según el director del Foro Penal, Alfredo Romero, todo es consecuencia del parentesco que ella guarda con el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Romero explicó que en virtud de esa relación ella residió durante un tiempo en la vivienda del oficial en Carrizal, mientras adelantaba sus estudios en Caracas. Granadillo fue capturada por Cicpc en Táchira y traída a la capital, para su presentación ante el juzgado segundo militar, donde se ventila la causa por la conspiración conocida como Armagedón, en la que también han implicado a la principal dirigente de Vente Venezuela Maria Corina Machado. Luego de pasar varios días detenida, Granadillo recibió una medida cautelar. Según Romero, para el 9 de julio estaban tras las rejas 80 personas ligadas a supuestas conspiraciones castrenses. El abogado afirmó que en las últimas semanas ha disminuido el número de detenidos por razones de conciencia. Pero indicó que ese puede ser el prólogo a una nueva ola de represión selectiva, en la que saldrán afectados dirigentes políticos, militares y periodistas.

Crímenes sin Castigo: Celada en La Campiña

PdvsaLaCapiña

 

Más que el resultado de una ardua investigación, lo de Citgo fue una emboscada. Ahora es que la realidad comenzará a salir a flote

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

El martes 21 de noviembre a las 9:30 am salió de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta una comisión de cinco oficiales hacia la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña.

El grupo enviado por el jefe de la Dgcim, general de división (Ejército) Iván Hernández Dala, estaba encabezado por el jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística, general de brigada (GN) Ramón Balza Liota, quien anteriormente se había desempeñado como agregado militar de ese componente en Cuba.

La presencia del alto oficial en este grupo evidenciaba de la importancia que el Gobierno daba a las acciones que serían emprendidas minutos después. Lo acompañaban el mayor Freddy Obregón y los tenientes Johann Goitia, Franklin García y Pedro Duque. La misión era ejecutar una orden tribunalicia.

Los militares interrumpieron una reunión que se desarrollaba en la sala B del complejo Simón Bolívar, en la planta baja de la torre Este de la estatal petrolera, donde seis representantes de Citgo intentaban explicar los planes para refinanciar la deuda externa de la corporación y así obtener “dinero fresco”.

El general Balza ordenó que los ejecutivos pasaran a la sala C, e inmediatamente procedió junto con los demás oficiales a despojarlos de todas sus pertenencias, sin testigos consignados en actas ni fiscal del Ministerio Público. Quedaron en custodia computadoras portátiles, unidades de memoria, teléfonos celulares y documentos de identificación. Allí estaban José Ángel Pereira, presidente de la filial inscrita en Delaware; Tomeu Vadell Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación; Alirio José Zambrano, gerente general de la refinería Corpus Christi (una de las tres propiedad de la corporación); Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización; Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones con Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos, y José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos.

Aunque el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab los describió como “altos directivos”, en realidad el único integrante de la Junta Directiva (board of directors) era Pereira. Los demás efectivamente son empleados de suma importancia para la empresa, pero no del grupo que podía comprometerla desde el punto de vista financiero.

Los otros integrantes de la Junta Directiva eran hasta la semana pasada Guillermo Blanco, Nelson Ferrer (director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco), Ysmel Serrano (antiguo Secretario de Comercio del gobierno de Aragua durante la gestión de Tareck el Aissami, nombrado en febrero vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa) y Rick Esser (vicepresidente de Cumplimiento).

Aunque los detenidos son nacidos en Venezuela, por lo menos cuatro tenían ya nacionalidad estadounidense, a juzgar por los pasaportes que quedaron en manos de los militares: Vadell, Toledo, Cárdenas y Zambrano.

 

Investigación … desde la víspera

TarekWSaab

Pereira y el resto de los representantes de Citgo fueron recluidos desde entonces en los calabozos de la Dgcim Boleíta. Solo salieron del sótano 1 para participar en la audiencia de presentación ante la juez tercera de control del Área Metropolitana Rosvelin Gil, quien como era de esperarse ratificó las detenciones por los supuestos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Al hablar de lavado de dinero y concierto para cometer delitos se podría pensar que la irrupción militar en Pdvsa La Campiña fue la coronación de una ardua y prolongada pesquisa.

En realidad, según fuentes ligadas a este caso, las diligencias llevadas a cabo hasta el momento de escribir esta columna tan solo ocupaban media resma de papel. El expediente comenzó a formarse el lunes 20 de noviembre, apenas un día antes de las detenciones, sobre la base de lo que William Saab denominó “información de inteligencia”. Estos datos no eran otra cosa más que los documentos del preacuerdo entre la junta directiva de la filial, encabezada por Pereira, y las corporaciones Frontier Group y Apollo Global, que en junio habían mostrado su disposición de lanzarse en una aventura de altísimo riesgo: aportar hasta cuatro millardos de dólares a una empresa en default, que desde agosto es afectada por una prohibición de financiamiento impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de las sanciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Durante la audiencia de presentación, Pereira argumentó en su defensa que el financiamiento –de haberse logrado- hubiese servido para fortalecer el llamado “proyecto Aruba”, cuya refinería según sus propios cálculos hubiese levantado la producción de crudo venezolano hasta 300.000 barriles diarios. Pero nada de eso se dio, pues hasta ahora no hay evidencia de que las negociaciones con Frontier y Apollo se hubiesen concretado con las formalidades de ley.

El martes dos abogados, Aníbal Ruiz y el exfiscal Víctor Pacheco Rojas, intentaban asumir la defensa de los detenidos. Ruiz se abstuvo de declarar con el argumento de que finalizaba un escrito de apelación. Mientras tanto, el fiscal designado por la ANC amenaza con nuevas detenciones. Pero ya el resto de los directivos de la filial están advertidos.

 

Breves

 

*Durante una reunión llevada a cabo recientemente en Perú, un representante de la Policía Federal de Brasil alertó que grupos delictivos altamente organizados como el Primer Comando de la Capital (PCC) estaban extendiendo sus operaciones al norte, ocupando territorios de manera compulsiva para desde allí tender puntos de avance que permitan a sus operadores acercarse a las riquezas del Arco Minero. Un experto en seguridad venezolano que participó en esta reunión indicó que los metales preciosos no son llevados directamente a Brasil sino que son trasladados vía aérea a Guyana, donde luego de un tiempo supuestamente son trasladados a mercados europeos, sin indicar que fueron extraídos de suelo venezolano. Esto podría explicar el súbito crecimiento del parque aéreo en el estado Bolívar.

 

*La expansión de la migración venezolana podría ocasionar lo que Federico Varesse ha descrito como el “trasplantado” de redes de delincuencia organizada. Las señales ya están allí, para quien quiera verlas: la semana pasada la Policía Federa de México “rescató” a diez venezolanas que supuestamente eran víctimas de explotación sexual. Las redes de prostitución en las que participan venezolanas ya son famosas en las islas del Caribe, en Colombia y Panamá, donde recientemente se produjo una acción similar a la reportada en México. Aunque algunos grupos pueden trabajar de manera independiente, en estos casos hay evidencia de una división de tareas en las que unas células realizan la captación de mujeres y hombres. Otras proveen los documentos y la logística, y finalmente otras reciben a los grupos en los países de tránsito o de destino, para luego distribuir a las personas según las necesidades del contratante. La “exportación” de venezolanos para trata sexual ya llega hasta China, tal y como lo evidenció un procedimiento aplicado hace dos semanas por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Maiquetía.

 

*Canadá continuará aplicando sanciones contra oficialistas e importantes operadores del gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de este país, el mayor interés es señalar a quienes habrían participado en violaciones continuadas a los Derechos Humanos. Los temas de drogas y corrupción están en un plano secundario. Al igual que las sanciones estadounidenses, la incorporación de algún nombre en la lista de Canadá no quiere decir necesariamente que esa persona tenga bienes o cuentas en ese país. Las investigaciones al respecto comienzan luego de la inclusión del funcionario.