El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) informó que durante el año 2023 se produjeron 349 vulneraciones a las libertades informativas en Venezuela.
En su reporte anual titulado “En el laberinto de la censura”, Ipys presentó varios datos que ilustran las limitaciones que tuvo la prensa el año pasado.
En un contexto de persecución, criminalización y violaciones a las garantías informativas, periodistas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil, no solo se enfrentaron a bloqueos, persecuciones, restricciones al acceso a la información pública y la opacidad; también a agresiones físicas.
A continuación las seis claves más importantes del reporte anual de Ipys sobre la libertad informativa en Venezuela:
Entre enero y diciembre de 2023, el IPYS Venezuela registró 233 casos que sumaron 349 vulneraciones a las libertades informativas de trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos.
Estos agravios fueron agresiones físicas o verbales (95), hechos de discurso estigmatizante (72), restricciones en internet (58), limitaciones de acceso a la información (43), actos de censura (33), restricciones administrativas (30), acciones de hostigamiento judicial (15) y en tres oportunidades se registró el indicador transversal de alerta de género.
Mayo, con 30 casos, fue el mes en el que se registraron más incidentes, de los cuales seis ocurrieron en el marco de la detención de Ernesto Paraqueima, exalcalde de El Tigre, en Anzoátegui. Los demás sucesos se distribuyen de la siguiente manera: enero (23), febrero (18), marzo (22), abril (14), junio (17), julio (11), agosto (20), septiembre (22), octubre (18), noviembre (16) y diciembre (22).
El estado Trujillo y el Área Metropolitana de Caracas fueron las entidades donde ocurrieron más ataques contra la prensa, con 13 casos cada una. En el estado andino, ocho de ellos fueron agresiones verbales por parte del gobernador Gerardo Márquez, mientras que en la región capital hubo 7 hechos de hostigamiento judicial. Con 12 casos cada una, también destacaron Bolívar y Táchira, en las que cinco de sus incidentes fueron agresiones físicas o verbales.
Estas agresiones afectaron a 215 personas que incluyen a 142 reporteros, 12 locutores, 11 reporteros gráficos, 11 directivos de medios, ocho camarógrafos, ocho conductores de televisión, cuatro familiares de periodistas, tres editores, tres representantes gremiales, tres activistas por los derechos humanos, dos escritores, dos funcionarios públicos, un corresponsal extranjero, un articulista, un caricaturista, un coordinador, un productor y un trabajador administrativo de un medio de comunicación.
Los principales victimarios registrados durante 2023 fueron los actores desconocidos (47), presentes principalmente en casos de suplantaciones de identidad de periodistas o medios de comunicación, así como en insultos contra reporteros en entornos digitales; los cuerpos de seguridad del Estado (30), responsables en varios actos intimidatorios o de restricciones de acceso a la información, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (19), ente que ordenó la salida del aire de 15 emisoras.
La no conclusión de obras sanitarias como la planta potabilizadora anunciada por el gobierno nacional, llevaron la situación de las aguas servidas al colapso
La isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, vive en la actualidad con las aguas de sus playas teñidas de negro tras años de destrucción, inoperancia y desmantelamiento del sistema de saneamiento de aguas servidas que ahora se vierten directamente al mar.
Ciudadanos, ecosistemas y el turismo en general padecen las consecuencias de la falta de inversión y las malas prácticas estatales que alejan a “La Perla del Caribe” de ser un lugar ambientalmente seguro y de pleno disfrute para propios y visitantes.
Esta pieza sonora, contada desde la voz de sus propios habitantes, retrata el vaivén de las olas que poco a poco han cambiado de color.
«Aquí, a menos de un metro, tengo el desagüe de aguas negras que lamentablemente va al mar y esto viene del colapso de toda la comunidad», dijo Vicente Marcano, pescador en Porlamar.
La no conclusión de obras sanitarias como la planta potabilizadora anunciada por el gobierno nacional, llevaron la situación de las aguas servidas al colapso.
En 2021, el entonces ministro Rodolfo Marco Torres, anunciaba como una hazaña la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Yaque; sin embargo, los efectos de las aguas servidas no se detienen y cada día las aguas azules se tornan negras.
«Las consecuencias son graves, todas las aguas negras de la isla están cayendo libremente a la costa, pero hasta los momentos no hay un plan efectivo para contrarrestar la situación si no se hacen las debidas ampliaciones y rehabilitaciones», se escucha en la narración.
Las aguas negras en la bahía de Pampatar generan enfermedades cutáneas, estomacales y además afectan el turismo, pues mucha gente, según testimonios de los pescadores y los biólogos entrevistados, temen bañarse por el mal olor y el color del agua.
Las fallas en derechos sexuales y reproductivos y la vulnerabilidad ante la violencia de la violencia de género son algunos factores que afectan especialmente a las mujeres jóvenes venezolanas en medio de la crisis
Los derechos sexuales y reproductivos son un tema urgente y con gran repercusión negativa en las venezolanas, el cual continúa desatendido por el Estado.
Según el estudio, 42% de las mujeres jóvenes de 18 a 24 años no usan anticonceptivos. Las razones varían, entre las principales están el alto costo (9%), la falta de de acceso a consultas ginecobstétricas (9%), motivos religiosos (7%) – donde la región de Los Andes tiene prevalencia-, presión de su pareja (3%) y desconocimiento de cómo usar los métodos (3%), que reflejan la violencia de género y la falta de educación sexual integral en Venezuela, que se ubica como el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de la región, con 97,7 embarazadas por cada 1.000 jóvenes, según Cedesex.
Sobre la menstruación, el 47% de las jóvenes ha faltado a la escuela o trabajo debido a dolores (91%), falta de acceso a productos menstruales (30%) y falta de agua (25%).
Infografía: Constructoras de Paz
Violencia de género
A falta de cifras oficiales del Estado, la organización utilizó el Monitoreo de Femicidios de Venezuela 2022, realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) para establecer patrones, como que aquellas entre 16 y 24 años son las más afectadas, así como las de 31 a 33 años.
En Venezuela se siguen dejando desamparadas a la mayoría de mujeres. Las periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz examinó a fondo los obstáculos que impiden la creación de políticas de protección más efectivas para las mujeres en el país.
A pesar de que existen leyes e instituciones para recibir denuncias y brindar asistencia, como Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y la Fiscalía General de la República, existen limitantes como la falta de capacitación y empatía entre los funcionarios encargados, además de la burocracia y las trabas legales para las denuncias, logrando que muchas mujeres desistan en los procesos legales contra sus agresores, continuando el ciclo de violencia, pudiendo llegar al femicidio.
Mediante encuestas, se comprobó que cuatro de cada 10 mujeres se identificó como víctima de violencia de género, siendo 75% de esta violencia psicológica, 24% económica, 41% física, 18% institucional y 12% sexual en general, aunque para aquellas entre 18-24 años, la sexual aumenta a 24%.
También evidenciaron que las personas con un mayor nivel educativo son más propensas a reportar abusos (41%) sobre aquellas con uno menor, pues cuentan con más herramientas para reconocerse como víctimas (35%). A nivel general, sólo 65% de las encuestadas confirmaron saber a dónde acudir en caso de ser víctima. Según los datos, para muchas mujeres no es tan fácil identificar la violencia de género por los estereotipos de género que fomenta la sociedad patriarcal venezolana.
La Red de Mujeres Constructoras de Paz destacó en el estudio que este año han desarrollado siete microproyectos para abordan la violencia de género, apoyar y mostrar posibles soluciones a las mujeres de sus comunidades.
Infografía: Constructoras de Paz
Acceso a la educación y participación
El sistema educativo venezolano continúa en crisis desde el 2014. Para este informe, 48% de las encuestadas indicaron vivir con al menos una niña o adolescente en edad escolar y 98% están inscritas en un centro educativo, pero mientras un 62% asiste siempre a clases, 31% de las niñas y adolescentes asisten tres veces por semana.
Las razones se deben a la suspensión de clases por la escuela (58%) por fallas en las condiciones de las instituciones, falta de maestros (17%) por ausencia de salarios dignos, falta de transporte (14%) y falta de alimentos en sus hogares (17%). En 6% de los hogares del nivel socioeconómico bajo, las niñas y adolescentes dejan de asistir a clase porque trabajan fuera o dentro de la casa – labores domésticas o como cuidadoras-.
Respecto a la participación política y comunitaria, la generación de las jóvenes entre 18 y 24 años desconocen el funcionamiento de las instituciones y de los procesos democráticos, además de que solo la han visto un partido de gobierno encabezar el país, detalló la Red.
Por otro lado, 51% de las jóvenes no están inscritas en el Registro Nacional Electoral (CNE), otro 51% considera que la participación en actividades democráticas es importante y solo un 45% piensa participar en las próximas elecciones presidenciales. Las que no lo harán es porque no les interesa la política (25%), no confían en el CNE (27%), les parece una pérdida de tiempo (23%) o no le gustan los candidatos (19%).
La Red destacó que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista presentó un 9% de mujeres en sus filas en 2022. Agregó que solo 2 de 23 gobernaciones venezolanas y 62 de las 335 alcaldías tienen mujeres al frente.
La migración sigue siendo una realidad
Para 65% de las encuestadas, al menos un familiar ha emigrado en los últimos cinco años, siendo su mayoría hermanos y/o hermanas (63%), padres (23%), abuelos (3%) y cónyuge (2%). La ida de familiares del núcleo directo hace que muchas queden al cuidado de otros familiares y con responsabilidades domésticas.
Entre las jóvenes, solo 24% recibe remesas mensualmente, 6% una vez al año y 41% restante nunca recibe. Los montos varían con menos de 50 dólares (38%) hasta 301 y 500 dólares o más (4%). Las remesas son cruciales para la estabilidad financiera de muchas en medio de la crisis, declaró el informe.
Dentro de la migración, un aspecto preocupante es la creciente amenaza de trata de personas que aflige particularmente a las jóvenes, pues traficantes las reclutan con promesas de empleo o una vida mejor en el extranjero solo para someterlas a explotación sexual y laboral una vez llegan a sus destinos. Las mujeres migrantes en situación de irregularidad también son vulnerables a estos delincuentes.
¿Qué debe hacer el Estado?
La Red de Mujeres Constructoras de Paz ofreció recomendaciones a partir de los análisis realizados. Es primordial que el Estado escuche a las activistas, defensoras de derechos humanos y oenegés que trabajan con las mujeres afectadas.
Sobre la salud sexual y reproductiva, deben distribuir métodos anticonceptivos, insumos de gestión menstrual gratuitos, así como ofrecer programas de educación que aborden dichos temas en las escuelas.
En materia de violencia de género, es importante que se refuercen las medidas que buscan prevenir y sancionar los casos. Deben apoyar con centros de acogida, asistencia jurídica y asesoramiento psicosocial. A esto se suma la capacitación de funcionarios y medios de comunicación pertinentes.
Indicaron que también se debe promover la participación política de las jóvenes y que se hagan jornadas de inscripción en el CNE. También es vital que se realicen acciones para frenar la presencia de grupos de trata, pero para eso hace falta cooperación internacional.
De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2003 y septiembre de 2022 se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a escala nacional, representando 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años
Según un informe de IPYS, en 2022, se registraron 62 casos de criminalización de la labor periodística, campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores del poder
En el marco de la celebración del Día del Periodista, el 27 de junio, los trabajadores de la prensa en Venezuela festejan su día enfrentándose a constantes desafíos y amenazas. Entre las violaciones a la libertad de expresión destacan actos de censura, intimidación, hostigamiento y bloqueos a portales de medios digitales.
En lo que va del siglo XXI, hechos sobresalientes como el cierre de 233 emisoras de radio desde 2003 señalaron el camino de lo que sería una relación tormentosa con el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con un informe de Transparencia Venezuela, entre 2003 y septiembre de 2022 se documentó el cierre de al menos 233 emisoras de radio a escala nacional, 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años. Según el Colegio Nacional de Periodistas, durante 2022, al menos 103 emisoras salieron del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel).
La salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) el 27 de mayo de 2007 continúa siendo una de los cierres más emblemáticos en Venezuela. Tras el cierre de RCTV, sus equipos fueron confiscados y al menos 3.000 personas se quedaron sin empleo.
El segundo año en el que el Estado venezolano cerró más emisoras de radio fue en 2009. Ese año, al menos 34 emisoras fueron cerradas simultáneamente bajo la presidencia de Hugo Chávez.
“Todo cierre o restricción representa una violación a nuestros derechos”, refirió Espacio Público en un informe.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, un mecanismo del Gobierno venezolano para silenciar a medios críticos fue la compra de empresas de comunicación. Medios de gran importancia como: Globovisión, El Universal y Últimas Noticias pasaron a las manos de personas cercanas al chavismo. En marzo de 2015, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que tras el cambio de propiedad se evidenciaron modificaciones de la línea editorial y esfuerzos por silenciar a periodistas críticos. Una constante fue la disminución de las unidades de investigación en impresos y en televisión. Otra, la renuncia y despido de muchos periodistas de su lugar de trabajo luego de haber sido víctimas de la censura por los cambios en la línea editorial.
Según Transparencia Venezuela, el sistema nacional de medios públicos funcionó desde 2008 hasta 2013 y estuvo integrado por 7 canales de televisión: Venezolana de Televisión, Vive, Tves, Telesur, ANTV, Ávila TV, y cinco emisoras de radio (Radio NAcional de Venezuela, YVKE Mundial, La Radio Sur, Alba Ciudad, AN Radio, y la Agencia Venezolana de Noticias). Aunque no formaban parte del Sistema Nacional de Medios, 244 emisoras comunitarias de radio y 32 estaciones de televisión contribuían a difundir y amplificar las voces oficialistas, así como su narrativa, contradiciendo la verdadera esencia de los medios comunitarios.
Una labor bajo constante amenaza
Además de ser víctimas de cierres de medios de comunicación, los trabajadores de la prensa en Venezuela deben enfrentarse a diversas amenazas al momento de ejercer su profesión:
En su informe de 2021, VE Sin Filtro registró 68 dominios bloqueados: 45 corresponden a medios de comunicación, ocho a portales con contenidos políticos, seis con contenido para adultos, cuatro para compartir contenido multimedia, tres de organizaciones de derechos humanos y otros dos dominios de plataformas de VPN para «evadir la censura». En el período estudiado, reaparecieron los bloqueos contra algunos medios que habían sido afectados en el pasado, como los casos de La Patilla, Caraota Digital, Alberto News, entre otros.
VE Sin Filtro señaló que las páginas web de organizaciones como Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón; Caracas Mi Convive y Change han sido bloqueadas.
De acuerdo con VE Sin Filtro, otras formas de silenciar las noticias y a la sociedad civil están presentes, incluyendo intimidaciones y acoso en línea. También el uso de técnicas de ataques informáticos a los servidores donde se publican las páginas web, como los ataques de Denegación de Servicio, donde el servidor es saturado y deja de responder a solicitudes legítimas.
La organización observó estrategias pseudo legales para intimidar o forzar la remoción de contenidos, una técnica que casi no se había visto en Venezuela antes de 2021. “Esta modalidad incluye solicitud de remoción de contenidos o suspensión de servicio a críticos proveedores y plataformas en línea por supuestas violaciones de derechos de autor, que resultan ser falsas; también incluyen amenazas legales sin mérito”, señaló el informe.
Según un informe de IPYS, en 2022, se registraron 62 casos de criminalización de la labor periodística, campañas de desprestigio y desinformación por parte de actores del poder.
Espacio Público registró durante 2022 227 violaciones a la libertad de expresión, una disminución de 7 % respecto a 2021.
En 2022, IPYS registró 55 hechos de agresiones físicas y verbales, ejecutados por funcionarios policiales y militares del Estado venezolano.
De acuerdo con IPYS, durante 2023, se han documentado 29 casos en los que se hicieron presente arbitrariedades y violaciones al debido proceso para ejercer presiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación.
Espacio Público contabilizó 51 violaciones a la libertad de expresión durante mayo de 2023, 39 más que en abril.
IPYS también registró 21 actos de censura en 2022. Al menos 56 programas informativos o de opinión dejaron de ser transmitidos en el país, se constató que directivos de medios de comunicación ordenaron a periodistas no difundir ciertas informaciones.
José Gregorio Urbina, comunicador social y director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM en Apure, fue asesinado en enero de 2022 a manos de grupos irregulares y sus victimarios permanecen impunes y sin identificar.
IPYS contabilizó 27 restricciones en internet durante el año pasado. Bloqueos a páginas web, hackeos y otros ciberataques.
El 14 de julio de 2022, la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación inició una discusión sobre una posible reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo. El gremio exigió participar en la discusión de la propuesta legal. Se advirtió que podría atentar contra la profesionalización, al considerar que los comunicadores no graduados en una universidad también hacen periodismo, según la diputada de la Asamblea Nacional conformada en 2020, María Carolina Chávez.
Un reporte de la Universidad de Oxford, elaborado en 2019 con el título: “Orden Mundial de la Desinformación. Inventario Global 2019 de la Manipulación Organizada en Redes Sociales” detalló que Venezuela es uno de los países en los que se ha detectado acción organizada desde el poder gubernamental para desinformar.
Iniciativas para combatir ataques y censura
A raíz de enfrentar diversas amenazas y ataques, los periodistas venezolanos han recurrido a nuevas estrategias que les permite continuar su labor enfrentando la censura. A continuación, algunas iniciativas que ha implementado el periodismo venezolano:
Uso de VPN: VE Sin Filtro explicó que para tener acceso a información fiable y evitar la vigilancia. En Venezuela es necesario utilizar diferentes herramientas y estrategias de evasión. La más eficaz ha sido el uso de servicios VPN que han permitido ocultar identidad y superar los bloqueos de Internet, a pesar de los intentos de limitarlos.
VE Sin Filtro indicó que el cambio de los servidores DNS, configurados por defecto en un dispositivo, también es una técnica común, pero no funciona para muchos sitios bloqueados, particularmente en CANTV, que aplica con mayor frecuencia técnicas de bloqueo más complejas.
Gracias a las denuncias públicas sobre los múltiples sitios web bloqueados, los venezolanos se hicieron más conscientes del uso de VPNs como un mecanismo para burlar la censura. Desde entonces, se inició el levantamiento de un cerco por parte de las operadoras en contra de estas herramientas.
Alianzas para enfrentar desafíos
Para enfrentar los múltiples desafíos que existen actualmente en Venezuela, muchos medios periodísticos se han visto en la necesidad de formar alianzas para seguir informando e investigando.
Con ese objetivo, los medios digitales El Pitazo, Tal Cual y Runrun.es conformaron la Alianza Rebelde Investiga (ARI). Con esta alianza no solo siguen difundiendo su contenido en conjunto –como parte de la alianza comercial inicial que establecieron desde 1 de diciembre de 2016 – sino que también trabajan juntos en proyectos editoriales.
También, el 27 de mayo de 2017, se fundó El Bus TV, un medio de comunicación independiente venezolano que busca defender el derecho a la información y lucha en contra de la censura gubernamental. El Bus TV basa su trabajo en el periodismo offline, hiperlocal y de servicio. El medio surge en un contexto de fragilidad en el ejercicio de los derechos ciudadanos y censura gubernamental a los medios de comunicación.
Ipys documentó en 2022, un total de 27 incidencias en el entorno digital, las cuales comprendieron bloqueos a páginas web de medios de comunicación, jaqueos y otros ciberataques
Este miércoles, 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Internet en Venezuela y otros países del mundo
La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela exigió este miércoles, Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Día de Internet) promovido por la ONU, el respeto por las libertades digitales de los ciudadanos, así como el acceso libre y seguro a internet.
A través de una nota de prensa, Ipys exigió que se respeten y mejoren las condiciones de libertad de expresión en el entorno digital, ya que -aseguró- desde hace algunos años han identificado casos de bloqueos a portales informativos, suplantaciones de identidad, campañas de desprestigio en redes sociales, fallas en la conectividad y suspensiones de perfiles en plataformas sociales, entre otras limitaciones.
Ipys documentó en 2022, un total de 27 incidencias en el entorno digital, las cuales comprendieron bloqueos a páginas web de medios de comunicación, jaqueos y otros ciberataques, informó en marzo pasado en su reporte anual.
De este total, prosiguió, hubo 8 casos de cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales, bloqueo selectivo a páginas web (8), ataques de denegación de servicio (4), jaqueos (2), suplantación de identidad (2), divulgación en internet de la información personal de un periodista (1), acceso ilícito a un medio o soporte digital (1) y estafas (1).
«La censura y los ataques en espacios digitales representan una amenaza reiterada contra los derechos civiles y las garantías informativas, especialmente en una realidad marcada por la persecución contra los espacios informativos en los medios de comunicación tradicionales», añadió Ipys.
Reportan bloqueos a web informativas
El observatorio digital VE sin Filtro reportó este martes, 16 de mayo, que durante lo que va de mes se han registrado cuatro nuevos bloqueos a páginas web informativas y de ONG.
De acuerdo con la organización, estos nuevos bloqueos son de organizaciones de la sociedad civil y medios como El Diario, Observatorio de Finanzas, SalarioDignoVenezuela y Mundo Oriental.
Ve sin Filtro explicó que el Observatorio de Finanzas sufrió un bloqueo DNS y Https desde los principales proveedores de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) del territorio venezolano.
El pasado mes de marzo, VE sin Filtro advirtió que 97 dominios se mantenían bloqueados arbitrariamente por distintas prestadoras del servicio en Venezuela.
De este lote, precisaron, 62 corresponden a medios de comunicación o páginas que publican contenidos informativos, lista en la que se encuentra el dominio de nuestro sitio web, Runrun.es.
También el 5 de mayo, la periodista Nilsa Varela y el reportero gráfico Manuel Ruiz, del medio digital Diario El Vistazo, fueron víctimas de ataques por parte de un grupo de presuntos simpatizantes de Ernesto Paraqueima
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) denunció el cierre y ataque medios de comunicación en El Tigre, estado Anzoátegui, tras detención del exalcalde Ernesto Paraqueima.
Ipys reseña que el hecho más reciente ocurrió en horas de la tarde del martes 9 de mayo contra el medio digital Mundo Oriental, cuya sede fue allanada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes en presencia de Julio Aguilar, fiscal 4to del Ministerio Público, entraron a las instalaciones del medio, ubicada en el centro comercial Petrucci, luego de que una de las trabajadoras llegara al sitio y les abriera las oficinas.
Según Ipys, los efectivos de seguridad realizaron un inventario de las herramientas de trabajo halladas en la sede del portal informativo, confiscaron los equipos y ordenaron su cierre. Se pudo conocer que esta medida dejó sin empleo a 13 trabajadores entre periodistas, diseñadores gráficos y otros profesionales.
#AvanceIPYSve | La sede del medio digital Mundo Oriental, en #ElTigre, estado #Anzoátegui, está siendo allanada por una comisión del Sebin en compañía del fiscal 4° del Ministerio Público. #9May
Hasta el momento se desconocen los motivos del procedimiento.
En horas de la noche se conoció que el portal de Mundo Oriental fue sacado de línea sin que hasta el momento se conozcan las razones y sin precisiones sobre cuándo fue removido. De acuerdo con el observatorio de conectividad Ve sin Filtro, aunque la página muestra el mensaje “Error 403: Prohibido”, no está bloqueada y sigue hospedada en el mismo servidor web.
Trabajadores de la prensa que hacen vida en la ciudad de El Tigre contaron al equipo de IPYS Venezuela que tras el procedimiento que se llevó a cabo en Mundo Oriental, dirigido por Sandino Paraqueima, hijo del alcalde destituido, la misma comisión se dirigió a las instalaciones de la emisora Mariana Radio 100.7 FM, que había sido cerrada por Conatel cuatro días antes, el viernes 5 de mayo, y por donde se transmitía el programa “Paraqueima de 6:00 a 9:00 am” del exalcalde.
El Vistazo y El Tigrense atacados por cobertura
También el 5 de mayo, la periodista Nilsa Varela y el reportero gráfico Manuel Ruiz, del medio digital Diario El Vistazo, fueron víctimas de ataques por parte de un grupo de presuntos simpatizantes de Ernesto Paraqueima, quienes les insultaron y lanzaron una piedra mientras reportaban el cierre de la radio mencionada.
Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Varela denunció que ella y Ruiz estaban cubriendo el cierre de Mariana Radio 100.7 FM cuando unos habitantes comenzaron a amenazarlos con lanzarles palos y orina.
#AvanceIPYSve | La Conatel ordenó el cierre e incautó los equipos de la emisora Mariana 100.7 FM, por donde se transmitía el programa de Ernesto Paraqueima, alcalde destituido de #ElTigre, en #Anzoátegui, luego de su detención por presunta incitación al odio. #5May
La organización IPYS Venezuela repudió las agresiones físicas y discursivas contra la prensa en el estado Anzoátegui, así como los procedimientos administrativos arbitrarios contra medios de comunicación en el marco de la detención del exalcalde Ernesto Paraqueima.
«Estas vulneraciones por parte del Estado y simpatizantes del exgobernante local no solo atentan contra el trabajo noticioso y la libre búsqueda y difusión de información de interés colectivo, sino que fomentan la estigmatización de la prensa en la región», denunció Ipys.
De acuerdo con una investigación de Ipys Venezuela, las estaciones de radio de Venezuela le han tenido que «bajar el volumen» a las coberturas electorales por variables políticas, económicas y de infraestructura.
Ipys Venezuela consultó a trabajadores de 261 emisoras del país en el último trimestre de 2022. El 48% de las emisoras consultadas destacó que cuentan con menos de 10 trabajadores
44% de las 261 emisoras del país a cuyos trabajadores consultó Ipys Venezuela revelaron que solo transmiten información general sobre procesos electorales
Como «desolador» calificó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) el panorama radial en el país, luego de una investigación que determinó los principales retos a los que se enfrentan las emisoras del territorio nacional.
La sostenibilidad económica, la obtención de permisos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la difusión de contenidos informativos y la infraestructura para la transmisión son los principales desafíos a los que se enfrentan las estaciones radiales del país.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) consultó a trabajadores de 261 emisoras a nivel nacional en el último trimestre de 2022.
En el reporte, titulado “Un anárquico paisaje sonoro: condiciones de la radio en Venezuela para las coberturas electorales” se muestra cómo las estaciones radiales del país funcionan en un contexto en el que la información, especialmente la electoral, cada vez está más “fuera del aire”.
#RadioDemocracia | 📌El silencio administrativo de la Conatel y los costos económicos han representado importantes inconvenientes para que los medios radiales venezolanos obtengan permisos. #Lee nuestro reporte: https://t.co/bywVvOmI45
A continuación, los hallazgos más relevantes del reporte:
La sostenibilidad económica (con el 44%) y la obtención de permisos administrativos (24%) fueron los desafíos para funcionar que más señalaron las emisoras del país.
A pesar de que el 54% de las emisoras consultadas afirmó contar con los permisos de concesión y habilitación, un 25% prefirió no responder. «El silencio administrativo de la Conatel y los costos económicos han representado importantes inconvenientes para que los medios radiales venezolanos obtengan permisos», advierte IpysVe.
El 48% de las emisoras consultadas destacó que cuentan con menos de 10 trabajadores.
El 44% de las estaciones radiales indicó que “solo transmite información general sobre el proceso electoral”. Sobre las fuentes para estos temas, solo 27% mencionó que consultaron a “representantes de todos los partidos políticos que participan”, mientras que el 21% afirmó que recurre a “representantes de organismos electorales”. Solo un 18% mencionó incorporar a “ciudadanos” entre sus fuentes informativas.
El 81% de las radios estiman realizar la cobertura informativa de los próximos comicios, mientras que el 19% restante señaló que no.
Cuando se les preguntó por qué no cubren procesos comiciales en Venezuela, las emisoras expresaron que se dedican a otros tipos de contenidos, que son medios musicales y de entretenimiento o religiosos, o que la política no es prioridad. También mencionaron el tema de la censura y de la falta de personal.
La censura, el hostigamiento y la amenaza fueron los principales tipos de transgresiones en el último mes del año
La ONG Espacio Público documentó ocho violaciones a la libertad de expresión durante diciembre en seis casos distintos, 25 menos que las registradas durante noviembre.
«Diciembre de 2022 cerró con seis casos y ocho violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura, el hostigamiento y la amenaza los principales tipos de transgresiones en el último mes del año», divulgó la ONG este 10 de enero.
Explicó que dos de estos hechos afectaron a medios de comunicación, otros dos a periodistas y reporteros, y los dos restantes tuvieron como víctimas a la ciudadanía en general.
Entre los ataques a la libertad de expresión, destacan amenazas a periodistas en redes sociales a través de cuentas anónimas, así como otras registradas a la población en general por parte de funcionarios del Estado.
«El mes se inició con amenazas a la población en general por parte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, a través de sus redes sociales, al exclamar que ‘crear alarmas y desinformación’ puede ser penado por la ley», expuso la ONG.
Además, la organización registró en diciembre el cierre de la emisora Sonora 107.7 FM, que funcionaba en el estado Portuguesa, por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Con respecto al cierre de estaciones radiales, hecho denunciado en los últimos meses por defensores de derechos humanos, Espacio Público subrayó que «al menos 80 estaciones dejaron de transmitir información en 2022 por órdenes de Conatel».
Agresiones signadas por la impunidad
Este miércoles, 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) recordó que en Venezuela las agresiones contra los periodistas están signadas por la impunidad.
El Ipys señaló que los periodistas en ejercicio de su profesión están expuestos a vulneraciones como los ataques y las agresiones, las amenazas y los hostigamientos, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos.
«Un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato se documentaron en Venezuela entre enero y el 27 de octubre de 2022″, resaltó el informe.
Al momento de mencionar a los principales victimarios de las vulneraciones ocurridas en el país en lo que va de año, destacan los simpatizantes oficialistas (con 20 casos), los cuerpos de seguridad del Estado (14), las alcaldías y dependencias (10), desconocidos (10) y el Legislativo nacional (07).
