Más de 70 años de expediciones, investigaciones y fotografías del explorador Charles Brewer-Carías fueron consumidas tras un fuerte incendio que se registró en su hogar este fin de semana por un accidente de corto circuito de un extractor de humedad y que dejó su estudio en cenizas.

«El estudio de mi papá ha sido consumido por el fuego. Es difícil explicarles la inmensidad de esta pérdida. No sólo de material científico, colecciones, prototipos de cuchillos sino de conocimiento. El estudio quedó completamente quemado, no se salvó nada. Más de 70 años de expediciones, de investigaciones, de fotografías que todavía no se habían digitalizado, más de 5.000 libros que venían desde los años 1.500″, informó su hija Karen Brewer a través de su cuenta de Instagram

Contó que su hermano se despertó en horas de la madrugada porque escuchó a los perros ladrando y ruidos que le resultaron extraños. Cuando se asomó se dio cuenta de que la casa estaba en llamas, por lo que despertó a su padre y a su madre.

Aunque todos los miembros de la familia se encuentran bien, a pesar de algunas quemaduras y molestias a causa del humo y del calor, Karen Brewer expresó que «emocionalmente estamos golpeados». 

Sin embargo, el explorador aseguró en un video que no está vencido y que, por el contrario, tiene mayor entusiasmo y presión para continuar trabajando en varios libros. «Papá, duro y sabio como es él, está ahorita sentado preparando varios libros que quiere terminar. Aún el olor a quemado no se va de la casa y ya está haciendo 3 libros», dijo su hija. 

Por esta razón, Brewer-Carías está pidiendo apoyo de un editor, una editorial y de una institución que lo ayude a publicar las obras que tiene culminadas. Y claro que necesitamos ayuda.
Queremos reconstruir y rescatar lo que pareciera perdido pero sobre todo queremos seguir haciendo nuestro trabajo.

Su hija publicó una campaña de GoFundMe para ayudar a reconstruir y rescatar «lo que pareciera perdido pero sobre todo queremos seguir haciendo nuestro trabajo».

Con información de EN

La difusión de una grabación que mostraba el asesinato de una mujer generó una polémica acerca de la pertinencia de publicar o no videos de crímenes en los medios de comunicación.

En este caso, las imágenes grabadas por los propios homicidas, y luego colgadas en redes sociales, permitieron su identificación. Pero qué se busca cuando se reproduce lo que parece ser el mensaje de un grupo criminal? Hay algún objetivo periodístico detrás de esta publicación?

Identifican y buscan a los asesinos

Un miembro de la banda zuliana “el Mino” fue identificado como el autor del asesinato de Rosa del Carmen Castillo, quien se encontraba junto a su hija y madre, cuando fue asediada en su vivienda por unos hombres que buscaban venganza. El homicidio grabado por los delincuentes, se viralizó a través de las redes sociales. El hecho de que mostrara por varios segundos el rostro de uno de los asesinos permitió a la policía cruzar esa imagen con sus registros e identificarlo plenamente, lo que también permitió conseguir la identidad de los demás integrantes del grupo criminal.

Los asesinos formarían parte de la banda “El Mino”, organización dedicada al robo, secuestro, extorsión, sicariato y tráfico de drogas, en la ciudad zuliana de Cabimas.

Los integrantes de la banda fueron identificados por el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), como Jhonderson Antonio León Mollejas “El Mimo” (28), Adrián José Rodríguez Gudiño “El Adriancito”, fugado del retén de Cabimas desde el año 2016, (32) Juvenal Gregory Acosta Meléndez, “El Juve” (31), José Gregorio Castillo Figueroa, José Ramón Sánchez Flores y José Colmenares, alias “Boleta”, quien falleció tras enfrentarse a comisiones del Cicpc la madrugada de este lunes. Colmenares sería uno de los asesinos de Rosa Castillo.

Rico afirmó que se realiza un intenso operativo en la entidad con el objetivo de capturar a los demás integrantes de la organización criminal.

Además el jefe policial garantizó “atención psicológica y social a los familiares de Castillo, quienes fueron testigos del brutal ataque perpetrado contra la mujer”. La atención estaría especialmente dirigida a la hija y a la madre de la víctima.

Capturas por exposición

Según el comisario José Landáez, subdirector de la policía municipal de Los Salias, esta y otras capturas son posibles gracias a las investigaciones realizadas por la policía quienes cruzan la información publicada en redes sociales con los récords policiales.

La banda de “el Mino” no es la única ubicada gracias a la revisión de contenidos digitales. El comisario Landáez refirió también la reciente detención del líder de una banda criminal, apodado “Junior Palmita” (Junior Gómez), quien se filmó mientras asesinaba a un hombre de 53 años en un carro en el sector Quebrada Honda, en Cúa, estado Miranda.

En este caso el hombre quien había sido grabado disparando contra otro, falleció tras enfrentarse a las autoridades, el pasado jueves 22 de marzo en una casa en ruinas en el sector Las Finas del Canero en El Yagual, Cúa estado Miranda. El sujeto fue localizado luego de que se hiciera viral el contenido digital y se obtuviera información sobre su ubicación.

“En Venezuela, la publicación de videos y fotos de asesinatos que muestran rostros o indicios del sector donde fueron grabados ha llevado a la captura de algunos miembros de bandas”. La dificultad que muchas veces enfrentan los órganos de seguridad, según el comisario Landaez, es que las bandas en su mayoría están integradas por más de 30 hombres.

El policía destacó que aunque las redes sociales brindan un cierto clima de anonimato, cuando un contenido violento se viraliza a través de estos medios, los funcionarios de investigación proceden a monitorear las redes y los comentarios que en ellas realizan vecinos o personas que reconocen esas caras y acuden a ellos a través de los mecanismos de la confidencialidad.

“También se ayudan de los registros policiales -como en el caso de la banda zuliana-, porque una gran parte de estos asesinos han estado detenidos y los funcionarios pueden reconocer sus rostros o los sectores donde operan”.

La impunidad y ganar “ranking criminal”

El criminólogo Freddy Crespo, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), explica que una de las razones que lleva a la delincuencia a grabar sus fechorías es la impunidad que existe en el país, la cual, según Cofavic, para el año 2016 fue de 98 %.

Crespo considera que este factor, «además de incrementar la violencia, lleva a los criminales a exhibir sus homicidios por las redes como si fueran un hecho más, como si se tratara de la publicación de una receta de cocina, la violencia se convierte en un hecho cotidiano, no hay miedo, ni pudor».

Por su parte, Luis Izquiel, criminólogo y experto en seguridad ciudadana, agrega que como los delincuentes saben de los niveles de impunidad, y como piensan que es difícil que sean capturados se graban sin importar que en ellos aparezca su cara. Entre las razones del delincuente, distingue la necesidad de “alimentar su ego y obtener notoriedad en el mundo delictivo”. Luego está el mandar un mensaje a grupos rivales o personas que los puedan denunciar.

El comisario Landáez coincide con la opinión de Izquiel al asegurar que las bandas delictivas graban los homicidios que cometen para “amedrentar, ganar caché y mantener el control de su zona”.

Denuncia versus apología

La periodista Ronna Rísquez, editora en español de InSight Crime, explica que un medio de comunicación debe tener claro lo que quiere lograr con la publicación de estos videos grabados por criminales: si lo que se desea es hacer una denuncia y mostrar a los delincuentes para promover su captura “hay que usarlos”, pero alerta que si el medio lo que quiere es unos cuantos clics o me gusta, debería reexaminar su decisión.

Rísquez advierte que un tratamiento inadecuado por parte de medios audiovisuales de este tipo “se puede tornar en una propaganda para los criminales” y puede, sin querer, convertirse en un instrumento difusor del mensaje que desean hacer llegar los delincuentes.

Además de la responsabilidad de los medios también está la del usuario de redes sociales, quien tiene la opción de denunciar este tipo de publicaciones o al usuario que postea contenido sensible.

Youtube, Facebook, Twitter e Instagram tienen integradas dentro de sus configuraciones, mecanismos que controlan estos tipos de contenidos y también reciben reportes para que no se propaguen.

@Daygalaviz

El Ministerio Público emitió cinco órdenes de aprehensión en contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la que fallecieron 68 personas que se encontraban privadas de la libertad en los calabozos de la sede de la policía regional.

El anuncio lo hizo Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de dos tweets publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Saab anunció la detención del sub director del organismo policial, José Luis Rodríguez, quien había sido detenido la víspera y prometió que se esclarecerán los trágicos hechos, sancionando a los responsables.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, conversó este jueves 10 de marzo, vía telefónica, con los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, a quienes les expresó su solidaridad, al tiempo que les informó que “pronto se obtendrán resultados en las investigaciones que se llevan a cabo”.

Precisó que en esa población se encuentran los mejores expertos del Ministerio Público, coordinados por el director general de Actuación Procesal, Zair Mundaray, quien a su vez refuerza las investigaciones conjuntamente con el fiscal superior de ese estado, Israel Pérez.

Explicó que en Tumeremo también está la directora de Gestión Social, Yaira Rivero, con un equipo de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, profesionales que están haciendo una labor de acompañamiento a las víctimas y a sus familiares.

“Ellos van a estar allá (en Tumeremo) todo el tiempo que sea necesario. Por eso es tan importante que ustedes confíen en las instituciones del Estado, las cuales están ahí para apoyarlos. Tengan la seguridad de que nosotros vamos a trabajar en función de ustedes. El trabajo que estamos haciendo es para darles respuestas”, dijo Ortega Díaz.

Por otro lado, la máxima representante del Ministerio Público agradeció a los familiares de las víctimas por todo el apoyo al equipo de investigadores que se encuentran en esa jurisdicción, por cuanto a través de sus testimonios se ha podido avanzar en las diligencias y experticias.

“Quiero que continúen con esa misma disposición, porque la información y los detalles que ustedes aporten son fundamentales para encontrar a sus seres queridos”, indicó la Fiscal General.

Agregó que todo el trabajo que actualmente se realiza es en función de la verdad, la justicia y en apego a las leyes de la República, lo cual forma parte de la obligación que tiene el Estado venezolano para aclarar estos hechos y determinar las responsabilidades penales a las que haya lugar.

Consideró que a raíz de lo sucedido en Tumeremo, se hace necesario el abordaje de toda esa población y sus adyacencias de manera especial, para que los venezolanos que habitan en esa región obtengan respuestas a sus planteamientos y problemas.

Desde el punto de vista comunicacional, Ortega Díaz estima que la información suministrada respecto a lo sucedido debe ser responsable, “no se puede elucubrar, especular, porque eso confunde a la colectividad”.

Reiteró a los parientes de las víctimas que el Ministerio Público está con ellos, con su dolor, con sus sentimientos y, fundamentalmente, con sus esperanzas.

“Con la esperanza de que haya justicia, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y con la esperanza de que los responsables de estos hechos tan terribles sean prontamente sancionados con todo el peso de la ley”, finalizó.

El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas descartó el lunes la posibilidad de cooperar con la investigación de Estados Unidos a supuestos sobornos multimillonarios que se registraron en la petrolera paraestatal venezolana mientras él estuvo a cargo.

Las acusaciones en torno a actos de corrupción en la petrolera PDVSA proyectan una sombra sobre el embajador Rafael Ramírez. Venezuela tomó el lunes la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad.

Obtener un puesto en el Consejo de Seguridad era un añejo sueño para el difunto mandatario venezolano, Hugo Chávez. Ahí, tendría una plataforma destacada para desafiar el orden mundial encabezado por Estados Unidos. Venezuela finalmente alcanzó esa meta en 2014, más de un año después de que Chávez muriera a causa del cáncer.

Venezuela mantendrá la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de febrero, y tendrá la oportunidad de influenciar la agenda del órgano más poderoso de Naciones Unidas.

Ramírez inició una conferencia de prensa sobre la agenda del Consejo rindiéndole tributo a Chávez, al que llamó un gran promotor de la paz y la justicia que creía en las instituciones multilaterales y una resolución pacífica a los conflictos. Dijo que ellos representan su legado, su país y el espíritu de su pueblo.

Ramírez señaló que planea un debate en el Consejo de Seguridad para el 15 de febrero sobre uno de los tópicos predilectos de Chávez: la defensa de la soberanía nacional en contra de lo que él veía como la intromisión de Estados Unidos en asuntos locales. Afirmó que Venezuela sostendrá un debate el 11 de febrero en el que varios países sancionados por Naciones Unidas se dirigirán al Consejo con respecto a su impacto.

Ramírez señaló como ejemplo las operaciones militares encabezadas por Estados Unidos en Siria. Las diferenció con las realizadas por Rusia, debido a que éstas últimas cuentas con la aprobación del gobierno del presidente Bashar Assad. A menudo, Venezuela respalda a Rusia en los desacuerdos de Consejo de Seguridad sobre cómo tocar el tema de la guerra civil en Siria.

«Aunque no tenemos tropas ni las vamos a tener nunca en el exterior, es una voz que se levanta», aseguró. «Algunos países tienden en el Consejo de Seguridad a definir por su cuenta qué gobierno es legítimo y cuál no».

Ramírez dijo no estar preocupado por la posibilidad de ser acusado como parte de las investigaciones de Estados Unidos a presuntos actos de corrupción en PDVSA, que han derivado en los recientes arrestos de dos empresarios venezolanos que supuestamente pagaron más de 1.000 millones de dólares en sobornos para asegurar contratos con la empresa. El año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos 2.000 millones de dólares robados de PDVSA.

Ramírez estuvo al frente de PDVSA durante una década hasta 2014. Aseguró que no conoce a los dos empresarios, Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Rincón, que fueron arrestados en diciembre pasado por los cargos detallados en la imputación interpuesta en una corte federal de Houston. Cuestionado sobre si había sido contactado por las autoridades estadounidenses en busca de cooperación, Ramírez negó con la cabeza y preguntó de manera retórica: «¿Crees que voy a aceptar la justicia de otro país para cuestiones nacionales?».

«Creo que no me van a faltar el respeto así», añadió.

El embajador fue conciso al hablar sobre las acusaciones de corrupción en PDVSA, pero rechazó que las investigaciones de Estados Unidos sean un intento por minar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha tenido una tensa relación con Washington.

«Siempre ha habido interferencia en nuestro asuntos», afirmó. «Ya estamos acostumbrados a eso. Entendemos que todo esto es una confrontación política y así lo asumimos. Si lo asumiéramos desde ese punto de vista personal nos amargaríamos la vida».

Venezuela toma la presidencia del Consejo de Seguridad en un momento en que la economía se encuentra al borde del colapso, arrastrada por el descenso en los precios del petróleo, el desabasto de dólares y una inflación en triple dígito.

El mes pasado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon anunció que Venezuela era uno de 15 países con atrasos en su contribución anual al presupuesto regular de Naciones Unidas, lo que resulta en la pérdida temporal de sus derechos de voto en la Asamblea General.

Naciones Unidas señaló que Venezuela pagó su deuda la semana pasada. Ramírez descartó que la demora estuviera relacionada con las dificultades económicas de Venezuela y dijo que se trató de un «tema administrativo».

En la mañana de este viernes, fue encontrado un vehículo detenido frente a un hotel del sector Los Manolos, en Caracas. En su interior hallaron partes del cuerpo de una mujer.

Cabeza, brazos y piernas estaban en los asientos del auto, mientras que el tronco reposaba en la maleta del auto. En los asientos traseros y delanteros del carro había vestimenta de mujer.

La víctima estudió en la Unidad Educativa Santa María Goretti.

La última publicación, a través de su red social Facebook fue el pasado 4 de agosto, donde habría publicado fotos en la playa.

Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato. Las autoridades siguen en las investigaciones.

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Catar se mantiene hermético sobre las investigaciones de Estados Unidos y Suiza que han sacudido a la FIFA y han apuntado los reflectores sobre la pequeña nación árabe que albergará el Mundial de fútbol de 2022.

El Comité Supremo de Organización y Legado, responsable de la organización del torneo, ha rechazado, hasta el momento, repetidas solicitudes de comentario desde que las investigaciones se tornaron públicas el miércoles. Lo mismo ha hecho el gobierno catarí.

El silencio es un agudo contraste con los comentarios realizados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuyo país albergará el Mundial cuatro años antes que Catar. Acusó a Estados Unidos de involucrarse indebidamente en asuntos de la FIFA.

Los investigadores suizos investigan la decisión de otorgar los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Catar, respectivamente.

Las autoridades de Catar consideran la organización de eventos internacionales, incluyendo los Juegos Asiáticos de 2006 y la Copa Asia de fútbol de 2011, como una forma de elevar el estatus de su país a nivel mundial.

La potencia energética albergó a inicios de este mes una fecha de la Liga Diamante de atletismo y también será sede del mundial de atletismo de 2019. Catar no ha rechazado la posibilidad de postularse nuevamente a ser sede de unos Juegos Olímpicos, luego de fracasar en su intento de albergar la justa de 2020.

Aunque el portavoz de FIFA, Walter de Gregorio, dijo que no se realizará una nueva votación para definir la sede de los mundiales de 2018 y 2022, las investigaciones sin duda aumentan la presión sobre Catar. Su candidatura ganadora ha sido asediada por los críticos sobre una amplia gama de temas, desde las acusaciones de corrupción hasta asuntos sobre trabajadores inmigrantes.

Los organizadores han rechazado cualquier tipo de irregularidad en todos los aspectos, pero los patrocinadores del Mundial como Adidas, Coca-Cola y Visa presionaron a la FIFA de manera pública la semana pasada para que le insistiera de una manera más ferviente a Catar de mejorar sus condiciones laborales, mientras que Visa señaló que expresó «grave preocupación» sobre las condiciones de trabajo.

box fontsize=»14″ radius=»10″]Lee aquí todo lo relacionado con el escándalo de la FIFA[/box]

Transparencia Venezuela ha lanzado un espacio titulado “Misión Impunidad”, donde saca a la luz los casos de corrupción que han sacudido a la sociedad venezolana en los últimos años, destacando la ausencia de castigos contra los presuntos responsables de estos hechos.

La ONG ha convocado a un grupo de destacados periodistas venezolanos, autores de las investigaciones que han dejado al descubierto una serie de escándalos de corrupción, para hacerle seguimiento a esos casos y determinar si las autoridades han aplicado sanciones contra los supuestos culpables de estas irregularidades.

Las averiguaciones periodísticas desarrolladas para “Misión Impunidad” han arrojado que acusados de haber estafado a la nación, hoy ocupan cargos en el Alto Gobierno, forman parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se sientan en la Asamblea Nacional y hasta representan al país en el exterior. Mientras, los venezolanos sufren a diario los efectos de aquellas desviaciones que costaron miles de millones de dólares a la República.

A continuación, se introducen algunos de los trabajos contenidos en esta serie:

Fármacos vencidos y ocultos en el silencio oficial

Por lo menos 400.000 kilos de medicamentos se vencieron entre 2.010 y 2.014 sin cumplir su función: curar o paliar las dolencias de quienes sufren alguna enfermedad. Los fármacos no fueron distribuidos a los hospitales del país.

Las medicinas expiraron mientras estaban almacenadas en los puertos de La Guaira, Puerto Cabello o en contenedores colocados en el interior del Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas, Sefar, ubicado en Las Adjuntas.

Descontrol y fallas graves en el funcionamiento del PAE causaron daño patrimonial al Estado

Un informe especial de la Contraloría General reveló en 2013 que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), gestionado por el Ministerio de Educación, funcionaba sin los mínimos controles fiscales. En el documento también se destacó que empresas cooperativas inflaban facturas y defraudaban al Estado en detrimento de la alimentación de miles de niños, niñas y adolescentes en planteles venezolanos.

Leche importada por el Gobierno se va de contrabando a Colombia

La leche en polvo que importa, empaqueta y distribuye la empresa estatal venezolana Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa C.A (adscrita al Ministerio para la Alimentación, Minpal, y que se encarga de comprar 60% del producto que se consume en Venezuela), se va de contrabando a Colombia.

Rangel Ávalos & Cia

Los casos de corrupción del municipio Sucre incluyen contratistas registradas en la atelier de la primera dama. Esa empresa incluso levantó el mismo refugio que, entre sus últimos decretos, el ex alcalde entregó en comodato a la fundación de su esposa.

La maquinaria roja busca los votos

El trabajo detalló el proceso que implementó la empresa estatal Petróleos de Venezuela – dirigida entonces por Rafael Ramírez- durante las campañas electorales para la efectiva movilización de electores simpatizantes del partido oficial (Partido Socialista Unido de Venezuela), durante las elecciones de 2005 a 2010. Documentos y entrevistas con empleados y ex funcionarios, revelaron una red de organización que involucraba a varias gerencias de la empresa –comandadas por la Dirección de Planificación- en la organización y disposición de recursos, trabajadores e instalaciones de la compañía para garantizar una favorable y alta participación en los comicios.