Instinto de Vida

Aram Barra

Open Democracy

Durante el último año, unas 50 organizaciones de los 7 países más violentos de América Latina han impulsado una campaña por la reducción de homicidios. La coalición de #InstintoDeVida busca promover un debate honesto y abierto sobre la normalidad con la que hoy vivimos la violencia en la región. Retar el status quo y construir soluciones basadas en la evidencia y los derechos humanos.

La urgencia no es para poco. Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela concentran el 38% de los homicidios del planeta. Esto es, cada 15 minutos ocurren 4 homicidios en América Latina y el Caribe; un promedio de 144 mil personas son asesinadas al año.

Para cambiar esta situación, la coalición de organizaciones buscó, primero, estimular la empatía y facilitar la organización de movilización pública. Además de la protesta, diversas organizaciones en los 7 países buscaron promover actividades culturales para involucrar al mayor número posible de personas.

En San Salvador, Ciudad de Guatemala y Medellín se organizaron festivales para celebrar la vida. En Caracas y en Cali se convocaron a procesos de duelo públicos donde familiares de personas asesinadas recuperaron la esperanza a través de la memoria. Desde Río de Janeiro y hasta Ciudad de México, cientos de miles de latinoamericanos dijeron claro y fuerte: “¡nada justifica el homicidio!”.

A la par, diversas organizaciones en la región promovieron debates técnicos sobre la incidencia de homicidios y las políticas públicas basadas en evidencia que han mostrado impacto positivo en la reducción de la violencia letal. Atrás quedó la época en la que la ‘mano dura’ se presentaba como la única respuesta posible. Por el contrario, la represión a través del uso de la fuerza se reconoce cada vez más como una política incompleta, inefectiva y contra-producente para conseguir la reducción de homicidios.

Destaca el caso de México, donde en medio de una guerra contra las drogas financiada por los Estados Unidos, ha desplegado desde 2006 y hasta marzo de 2017 a 540.214 efectivos del ejército y 100.481 efectivos de la marina. El nada positivo resultado es bien conocido y ha llevado a México al año más violento en su historia moderna. También destaca Venezuela, donde entre mayo y septiembre de este año se reportaron 755 homicidios en la Gran Caracas, de los cuales 246 fueron víctimas de la fuerzas policiales en operativos (el 35%).

Por el contrario, ciudades como Pelotas en Brasil, Guadalajara en México y Medellín en Colombia dieron los primeros pasos hacia la puesta en marcha de planes locales de reducción de homicidios, de la mano de expertos, académicos y miembros de la comunidad. En Guatemala, el viceministerio de prevención de la violencia comenzó una serie de consultas públicas para la creación de una ‘hoja de ruta’ que mantenga la tendencia a la baja de los homicidios en el país.

En este sentido, la coalición #InstintoDeVida ha tenido a bien promover un menú de políticas públicas basadas en evidencia para la reducción de la violencia letal. Las intervenciones se clasifican en 5 grandes campos, a saber: las dirigidas a personas, a lugares, a los facilitadores o instrumentos; a las instituciones y al entorno.

Las intervenciones dirigidas a personas incluyen: la terapia cognitivo-conductual y otras técnicas estructuradas basadas en la psicología clínica que promueven cambios en el comportamiento; la prevención de la reincidencia; las políticas de prevención del feminicidio, incluyendo el mejoramiento de los servicios de salud que puedan identificar violencia en la pareja; la disuasión focalizada, y la mediación de conflictos.

Las intervenciones dirigidas a lugares incluyen: la intervención de puntos calientes identificados a partir de datos y direccionando recursos humanos y materiales a zonas definidas, y la intervención urbana que busca fortalecer la integración social y la recuperación del espacio público.

Las intervenciones dirigidas a facilitadores incluyen: la regulación y control de armas de fuego y municiones, incluyendo medidas para restringir su compra y porte; medidas focalizadas en la regulación del alcohol para reducir hechos de violencia, y estrategias de reducción de impactos en los mercados de drogas.

Las intervenciones dirigidas a las instituciones incluyen: el fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia para esclarecer los homicidios creando unidades especializadas para la investigación de homicidios con coordinación de la fiscalía, la policía y las autoridades civiles, y el fortalecimiento de las capacidades de la policía y su relación con las comunidades; creando policías profesionales con capacidad de acción en lo local y con relaciones positivas con la comunidad.

Finalmente, las intervenciones dirigidas a influir el entorno incluyen: la prevención temprana, fortaleciendo capacidades parentales y de protección familiar; el acceso a oportunidades y políticas sociales innovadoras que promuevan el crecimiento e inclusión de los más desfavorecidos y el desarrollo equitativo, y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para responder a la violencia.

Un catálogo completo, incluyendo la revisión de la literatura que apoya cada medida, puede ser encontrado en el menú de políticas públicas de #InstintoDeVida. El cúmulo de experiencia se basa en el análisis de las políticas instrumentadas en América Latina durante las últimas dos décadas. Además, se presentan como un menú, pues la pertinencia de cada una debe ser analizada a la luz de los desafíos del lugar donde se piensa utilizar.

Tras una reñida elección presidencial en Honduras, y el inicio de procesos electorales en Brasil, Colombia, El Salvador y México en los próximos meses, la coalición #InstintoDeVida buscará seguir fomentado un debate técnico honesto e informado, particularmente en el ámbito local. Además, muy probablemente veremos que todos estos países tendrán interesantes discusiones nacionales sobre seguridad. Después de todo, un proceso electoral es el lugar natural para modificar el camino o mantener el ritmo.

A día de hoy hemos logrado dejar atrás la idea de que las altas tasas de homicidios son normales o aceptables. Llegó el momento de entender sus causas y sus consecuencias, así como discutir lo que podemos hacer para cambiarlo. Para ello, es necesario que continuemos priorizando la reducción de homicidios en nuestras agendas públicas.

Además, debemos seguir insistiendo que los gobiernos locales y nacionales generen información pública y confiable sobre la violencia letal. La existencia de datos válidos y confiables es indispensable para formular y evaluar políticas de prevención y reducción de homicidios.

Es urgente que en los 7 países más letales de América Latina, adoptemos planes para la reducción de homicidios, acompañados de objetivos bien definidos. Para ello, hay que identificar claramente una teoría de cambio, con metas claras y recursos específicos. Después, generar alianzas para responder a los problemas más urgentes sin ignorar las transformaciones necesarias en el largo plazo.

La tarea frente a nosotros es titánica. Sin embargo, la buena noticia es que hoy sabemos lo que funciona para reducir el homicidio y tenemos, además, buenas radiografías del fenómeno para poder actuar en consecuencia. Es decir, conocemos el problema y tenemos herramientas a nuestra disposición. Ahora es momento de poner manos a la obra y construir paz de una vez por todas en nuestra América Latina.

Roimer José Romero Reyes, de 21 años de edad, se había tomado unos días vacaciones, pero no había parado de trabajar. Si bien no tenía que ir a diario a la ferretería en la que laboraba, aprovechaba el tiempo libre para hacer carreras con la moto de su papá. Pero la noche del viernes,  17 de noviembre, hacer un traslado le costó la vida.

Eran las 7:00 pm cuando un hombre le pidió a Romero Reyes que lo llevará desde la parte alta de Los Jardines de El Valle, en el municipio Libertador del Distrito Capital, hasta Las Marías, un sector de la misma barriada. Al llegar al lugar, un grupo de presuntos delincuentes armados lo rodeó y lo obligó a bajarse de la motocicleta. «Se lo llevaron secuestrado y lo golpearon», dijo un familiar de la víctima que prefirió resguardar su identidad. El vehículo, sin embargo, se quedó en el sitio.

A la víctima la llevaron hasta la calle Cajigal de El Valle y allí le dispararon varias veces. Lo dejaron sin cartera, documentos ni reloj. Su familia se enteró porque vecinos de la zona, que lo conocían, los llamaron para avisarles que el cadáver había quedado tendido en plena vía pública.

Los allegados de Romero Reyes aseguraron que él no tenía problemas con ningún habitante de la zona. «Lo asesinaron para demostrar que ellos (una banda armada de El Valle) tienen el poder en el barrio (…) Esto ya no se aguanta», lamentó un pariente del joven.

La víctima era padre de una niña de 5 años. Su pareja está embarazada.

En el marco de la campaña Instinto de Vida para la reducción de homicidios, se llevó a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello el foro “Hacia la construcción de una agenda para la reducción de la violencia letal” organizado por Acción por la Vida. En la actividad participaron los investigadores Verónica Zubillaga, Andrés Antillano, José Luis Fernández y Francisco Sánchez, quienes abordaron el tema de la violencia en Venezuela desde distintos aspectos.

El inicio del foro fue expuesto por el profesor José Luis Fernández, quien enseñó la magnitud del problema de las armas en Venezuela a través de las cifras de cómo ha variado el grado de violencia desde 1980. En los resultados planteados por Fernández, se demuestra que el mayor el mayor Incremento de la tasa interanual de muertes provocadas por un arma de fuego entre 1979 y 2013 sigue siendo el Caracazo en 1989 con un estimado de 60 % de incremento interanual de muertes por cada 100.000 habitantes provocadas por armas de fuego.

Fernández también afirmó que la tasa de asesinados por un arma de fuego se mantuvo alrededor de 50 muertes por cada 100.000 habitantes desde 2004 hasta 2013. El profesor expresó que sí existen políticas aplicables para disminuir dichas cifras y colocó como ejemplo la prohibición de porte de armas ordenada por el presidente Hugo Chávez durante el 2002, lo que permitió  reducir unos 10 puntos de la tasa durante el lapso de la prohibición.

El investigador sostuvo que la exportación de pistolas y revólveres hacia Venezuela desde 1980 hasta 2014 representa un valor acumulado de 100 millones de dólares. Aseguró que esto mantiene una relación directamente proporcional con el aumento de la tasa de muertes por armas de fuego, la cual asciende hasta el actual nivel de 60 muertes de cada 100.000 habitantes.

Una de las gráficas presentadas indicaba la razón de la presencia de armas de fuego en Venezuela, afirmando que 54,7% (98.747) son armas hurtadas, 38,3% (69.187) son armas robadas, 2,8% (5.004) son armas extraviadas, 2,6% (4.479) son armas incriminadas, 1,0% (1.884) otras y 0,5% (881) no está  definido.

Las armas y su sentido en la Venezuela Bolivariana

La socióloga, Veronica Zubillaga abarca la violencia desde el sentido que tienen las armas en ella. “Las armas son objetos que están inflados de sentido”, aseguró la socióloga ucabista. Dentro de su investigación, Zubillaga define las armas como “actores en sí mismos, agentes y actuantes” porque contribuyen de manera fundamental a transformar las prácticas de la gente y convierten cualquier conflicto en violencia letal.

Introducción de las armas en discursos políticos

“La revolución es pacífica pero armada”, decía Hugo Chávez Frías. Zubillaga asegura que luego de estudiar el discurso político del ex presidente venezolano, esta frase es nombrada en al menos 14 de ellos.

Zubillaga expresó que la militarización de la seguridad viene con discursos políticos que justifican los actos que realizan, tomando como ejemplo matanzas sistemáticas y violaciones masivas de Derechos Humanos.

“En 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en Venezuela. A manos de la policía murieron 4.667 personas y 87% de las muertes fueron ocasionadas por armas de fuego”, dijo Luisa Ortega Díaz, el 31 de marzo de 2017.

14.007 homicidios fueron registrados en 2011, donde en 90% de los casos se utilizó un arma y 90% de las víctimas fueron hombres. En 2011, 71% de los homicidios ocurrieron por “ajustes de cuentas”. Entre 1997 y 2013 los homicidios causados por armas se incrementaron 16%, siendo la causa de 89% de los homicidios en 2013.

Para concluir, Verónica Zubillaga afirmó la urgencia de implementar políticas de control de armas:

• La importación de pistolas y revólveres por parte del Estado se reduzca al mínimo y se suspenda la venta de las mismas a particulares.

• Todas las armas estén bajo control.

• La Compañía Anónima de Industrias Militares (CAVIM) reduzca drásticamente la producción de balas.

• El marcaje de municiones que permita identificar la persona u organismo a la que se le vendieron las municiones con la finalidad de establecer responsabilidades en su uso.

• Instrumentar un verdadero sistema de control de armas.

La relación entre la violencia y rentas mineras en el sur del Estado Bolívar

“No todo lo que mata es oro”, así inició su presentación el profesor Andrés Antillano, sobre su trabajo de la violencia en municipios mineros en el sur del estado Bolívar.

Antillano asegura que los municipios Roscio, Sifontes y El Callao tienen una tasa muy elevada de homicidios provocados por armas de fuego en comparación con los municipios urbanos. “El incremento de esta tasa es bastante reciente lo que señala que no existe una relación directa unívoca de actividad minera y violencia”, manifestó Antillano.

Es una relación que está mediada por otros factores, como factores sociales (desorganización social, exclusión y desigualdad) y factores institucionales, al ser la pequeña minería la actividad fundamental en lugar de la gran minería en las zonas auríferas.

“Los municipios mineros son de los más desiguales del estado Bolívar. Con mucha pobreza pero al mismo tiempo con mucha renta producida por la actividad minera lo que genera mucha desigualdad”, afirmó Antillano.

El porcentaje de hogares en situación de pobreza más alto le corresponde a los municipios mineros con 47% para 2011, según cifras de la investigación.

La explotación aurífera se basa fundamentalmente en la pequeña minería, la que se estima que extrae más de 20 toneladas de oro anuales.

El número de pequeños mineros ha incrementado aceleradamente durante la última década debido a la crisis económica y el aumento del precio del oro. El pequeño minero utiliza medios artesanales apoyando la extracción básicamente en su esfuerzo corporal y su propia vida. “El trabajo es extenuante como pocos y se realiza en condiciones extremas”, expresó Antillano. Es un trabajo poco productivo y eficiente. Durante una jornada apenas se extraen unos pocos gramos de oro.

Antillano afirmó mediante gráficas, que el coeficiente de relación (Pearson) entre el porcentaje de población minera y las tasas de defunciones por arma de fuego según el tipo de municipio, en el caso de los municipios mineros la correlación es de 0,835 y en los auríferos es de 0,840; es decir que la correlación es casi perfecta.

Antillano expresó que a partir de 2010 surgieron “bandas organizadas entre sí” llamadas sindicatos o bases, que se dedican a regular la actividad minera y el trabajo del minero.

Dichos sindicatos extraen rentas a los mineros a través de la extorsión, controlan las drogas, la prostitución y la compra de oro en las zonas auríferas. Los mineros son víctimas de estas bases.

Los grupos criminales son utilizados por otras empresas mineras para desplazar e intimidar a los pequeños mineros y trabajadores. Estos grupos se apropian de la renta; que exigen pagar a cada pequeño minero a través de la violencia o la amenaza en lugar de que el Estado lo haga, debido a las condiciones técnicas de la pequeña minería que implican baja rentabilidad por unidad de extracción pero grandes ganancias por volumen.

Para concluir, el profesor Antillano explicó cómo la tasa de defunciones por arma de fuego y el precio internacional del oro tienen una relación directamente proporcional, lo que permite entender el grado de violencia hacia los pequeños mineros y trabajadores.

Madres víctimas de la violencia: caminos a la reparación 

El profesor Francisco Sánchez expuso como las madres venezolanas son víctimas de la violencia a través de testimonios anónimos. En todos los casos recopilados por Sánchez, los homicidios han tenido como víctima solo a hombres de sectores populares cuyo objeto causante de muerte son las armas de fuego.

Sánchez destacó lo escaso que es el acceso a “la justicia” y que en caso de encontrarlo, ha conllevado experiencias de amenazas y persecución.

También resaltó el testimonio de una madre que perdió a su hija, en que expresa como la culpa termina siendo de ella por haber criado a una “niña amigable, buena y jovial, en lugar de criar una niña agria, brava y desconfiada”. “El problema fue que ella confiaba mucho en la gente” aseguró la madre de la víctima.

El profesor trabaja en agrupaciones donde el abordaje y acompañamiento individual va en conjunto con la exigencia al Estado de una respuesta. Sánchez afirmó que esto no solo surge como un “artefacto de sanación”, sino como la posibilidad de registrar los sucesos estructurales por los que atraviesa la persona.

Asimismo, Sánchez manifestó que el decaimiento y el desfallecer de la acción es muy común en estos casos, ya que los procesos pueden demorar al menos 5 años de exigencias para encontrar unas primeras respuestas.

Prestar especial atención a las voces de las víctimas de la violencia criminal en Venezuela. Ese será uno de los ejes del seminario ¿Cómo des-cubrimos la violencia?, que se desarrollará los días jueves 8 y el vienes 9 de junio en el Centro Cultural Chacao.

De acuerdo con los expertos, por cada persona asesinada, hay al menos cuatro víctimas secundarias en su entorno familiar. Madres, padres, hijos, parejas son afectados por  un suceso trágico y las consecuencias posteriores, con las que deben enfrentarse: el duelo, la impunidad, el impacto económico.

Organizaciones venezolanas desarrollan esta iniciativa con la finalidad de ofrecer espacios de reflexión para la definición, reflexión, discusión, debate y análisis de la violencia homicida en Venezuela.

La actividad forma parte de la campaña latinoamericana denominada Instinto de Vida, que busca, en un periodo de diez años, reducir en un 50% el número de homicidios en Latinoamérica. Organizaciones y medios de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela son los países que llevan adelante esta campaña.

La jornada del jueves 8 de junio estará centrada en el trabajo que han realizado personas que llevan tiempo abordando el tema, trabajando con comunidades, profesionales de la psicología, sociología, antropología, historia que buscan entender el fenómeno de la violencia criminal en el país.

La dinámica del viernes 9 de junio estará orientada a trabajar con periodistas venezolanos e invitados internacionales de México y de Colombia para discutir sobre las nuevas narrativas, las formas de contar las historias, y los avances que hay en términos de narrativa en los medios digitales.

Los periodistas Ronna Risquez,  jefa de investigación de Runrunes, Johana Marra, reportera de Crónica Uno, Erys Alvarado, director del Diario 2001 y Omar Lugo, director de El Estimulo, junto a Edgar López y Vannesa Moreno, de Efecto Cocuyo, participarán en este encuentro.