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Denuncian traslado de la presa política Yosida Vanegas al INOF tras 33 días desaparecida
Familiares de la madre del preso político Juan Carlos Monasterios denuncian que no pueden visitarla ni le dan atención médica

La organización Justicia y Proceso Venezuela denunció la tarde de este lunes 18 de septiembre el traslado de Yosida Vanegas, madre del preso político Juan Carlos Monasterios, al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) ubicado en Los Teques, estado Miranda, tras estar desaparecida por 33 días.

En su cuenta en la red social X, la ONG pidió a la jueza Angie Carfi, encargada del Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo, que otorgue la libertad de manera inmediata de Vanegas. «Yosida no debe estar presa. En el expediente no existen evidencias que la incriminen».

Al cumplirse un mes de su detención, sus familiares denunciaron que tenía prohibición de visitas y atención médica en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, al este de Caracas, donde se encontraba recluida.

La Dgcim detuvo a Yosida Vanegas, de 67 años y madre del preso político Juan Carlos Monasterios, el 15 de agosto en el estado Táchira. Estuvo desaparecida y, supuestamente, la presentaron ante el Tribunal Segundo de Control de Caracas el 18 de agosto, donde se le impuso un defensor público y se le acusó por los presuntos delitos de asociación para delinquir y financiamiento del terrorismo.

El abogado defensor, Alberto Mamoine, interpuso un habeas corpus y una acción de amparo constitucional a favor de Vanegas el 20 de agosto, pero el juez del Tribunal Primero de Control lo declaró improcedente.

Al sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterios lo condenaron a 30 años de prisión en agosto del 2022  por supuestos vínculos con el intento de magnicidio que sufrió Nicolás Maduro en 2018. Vanegas ha solicitado en múltiples oportunidades la liberación de su hijo. También denunció que el militar ha sufrido torturas y otras violaciones de derechos humanos durante su reclusión.

ONG denuncian maltratos y cobros extorsivos a recluidas en el INOF
El Observatorio Venezolano de Prisiones, la ONG Familia S.O.S. Libertad y Justicia y Proceso Venezuela reportaron protestas de las reclusas del INOF por maltratos,  vejaciones, torturas y cobros para el ingreso de comida
En medio de las denuncias, la ministra del Servicio Penitenciario mostró a presas del INOF en labores de textilería sin hacer mención a las protestas o reclamos internos

 

Distintas organizaciones no gubernamentales denunciaron protestas desde el 15 de agosto dentro del Instituto de Orientación Femenina (INOF) por maltratos y vejaciones a la comunidad penitenciaria de la única cárcel de mujeres del país, ubicada en Los Teques.

La ONG Familia S.O.S Libertad precisó que estos reclamos eran contra la directora del centro, Anyi Martínez, por el supuesto cobro para el ingreso de comida y medicina, así como por otras «torturas y vejaciones» a las que son sometidas. Destacaron que en el INOF hay ocho presas políticas que corren riesgos. 

La ONG Justicia y Proceso de Venezuela (JuyProVen) se hizo eco de la denuncia anterior.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones aseguró que el martes 15 de agosto en la tarde las mujeres se alzaron y cantaron el himno nacional para exigir la renuncia de la directora, a quien señalaron de intentar acabar con la protesta «encerrando a un grupo de reclusas en la cocina».

El OVP asegura que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó el penal. Informaron además que tras el motín registrado el 15 de agosto había sido removida de su cargo la directora del recinto, «quien es acusada por maltratos y vejaciones contra la población reclusa».

«No obstante, las mujeres recluidas en el #INOF sienten temor porque la subdirectora quedó en su cargo, a pesar de que también es acusada por torturas y cobros extorsivos hasta por respirar. Las reclusas afirman que su comportamiento es incluso peor que el de la directora», expresaron en un hilo en la red social X. 

Advirtieron también que este tipo de comportamientos por parte de la directiva de las cárceles debe ser «severamente sancionado» con su destitución definitiva, «pues el objetivo no es trasladar el problema de un recinto a otro sino eliminarlo de raíz».

Gobierno muestra aparente normalidad

En un mensaje publicado este 16 de agosto en la red social X la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, mostró a presas del INOF en labores de textilería «con el corte, diseño y confección de uniformes para la referida población».

Bautista no hizo referencia a la situación denunciada por las ONG, ni a las protestas que hubo en el penal. Tampoco confirmó ningún cambio en la directiva.

 
Observatorio Venezolano de Prisiones alerta sobre brote de tuberculosis en el INOF
De acuerdo al estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por condiciones de salud en cárceles, calculado en un 72,37 %

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó este jueves sobre un «brote de tuberculosis y hepatitis» dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), única prisión solo para mujeres en el país, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

En una nota de prensa, la organización aseguró que familiares de las reclusas han reportado esta situación y que, ante la propagación de las enfermedades, «las presas son obligadas a usar tapabocas, pero no se los proporcionan y ellas mismas deben buscar la forma de protegerse».

El observatorio recordó que este centro de reclusión «alberga a 655 privadas de libertad, aunque la capacidad instalada es para 400 mujeres», lo que mantiene el penal en un «hacinamiento crítico».

«Desde OVP hacemos un llamado al Ministerio de Servicios Penitenciarios para que brinden atención médica oportuna y preventiva a esta población penal, así como también al personal penitenciario. El objetivo es evitar la propagación de enfermedades contagiosas que incluso puedan afectar a los familiares y las comunidades aledañas», apuntó la ONG.

Muertes por razones de salud en las cárceles alcanzaron el porcentaje más alto en cinco años

El pasado jueves, 23 de marzo, el Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) presentó el informe del año 2022 sobre la situación en las cárceles venezolanas. 

El informe titulado, «El hambre es sinónimo de muerte en las cárceles venezolanas» recopiló información de 45 centros carcelarios con una población reclusa de 33.558 personas.

De acuerdo al estudio, 2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por condiciones de salud en cárceles, calculado en un 72,37 %.

A esta cifra se suman los decesos en calabozos de detención preventiva, donde el OVP computó 53 muertes, 27 de ellas «por condiciones de salud».

tuberculosis

DDHH olvidados | María Lourdes Afiuni, la “presa personal de Chávez”
María Lourdes Afiuni fue detenida de manera arbitraria, recluida en el INOF, enjuiciada y condenada tras haber ordenado la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño

 

@ValeriaPedicini

 

La mañana del jueves 10 de diciembre de 2009 parecía igual al resto. La agitación de las primeras horas era la habitual en la casa de María Lourdes Afiuni: levantarse temprano, vestirse sobre la marcha con una taza de café en la mano, intercambiar palabras con sus padres o su hija, ver los minutos que faltaban para salir hacia el Palacio de Justicia, en el centro de Caracas. 

Lo que la jueza venezolana no sabía es que horas después tomaría una decisión que cambiaría su vida. No sentía un mal presagio, solo una ligera angustia porque sabía que no la esperaba un caso sencillo. 

Afiuni era la titular del Tribunal 31 de primera instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas. Esa mañana tenía la audiencia preliminar de un preso por el cual el entonces presidente Hugo Chávez se decía que tenía un interés personal. 

El polémico expediente del banquero Eligio Cedeño tenía 15 días en sus manos, tiempo en el que había estudiado todas las 278 piezas y se había percatado que estaba lleno de vicios e irregularidades. 

Al indagar en la acusación, no encontró elementos de culpabilidad con respecto a los tres delitos que le imputaban al empresario venezolano. Sabía que, si las circunstancias no variaban, tenía que dictar un sobreseimiento de la causa o una nulidad por todas las violaciones constitucionales que tenía el caso. 

La jueza llegó justo a tiempo a los tribunales. Ahí estaban los abogados de la Procuraduría General y de la defensa, pero no los representantes de la Fiscalía. Minutos después, fueron registrados sus ingresos al Palacio, pero no se dirigieron a la sala prevista para la audiencia. 

A los fiscales los ubicaron en el piso de los tribunales de ejecución. Para Afiuni, que estuvieran en un sitio inusual y no presentándose para la audiencia, significaba que se estaban escondiendo. Dio un lapso de espera hasta las 11:30 de la mañana. 

Llegada la hora, se trasladaron a la sala para dejar constancia de que los representantes del Ministerio Público no se habían presentado, así que no se podía llevar a cabo la audiencia. 

Pero la audiencia de Cedeño le pidió a Afiuni que se pronunciara sobre una medida cautelar en razón de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que señalaban que su detención era arbitraria e instaba a juzgarlo en libertad.

Pedían una medida menos gravosa, ya que llevaba dos años y 10 meses en la cárcel sin siquiera haber llegado a una audiencia preliminar. Para esa decisión no era necesaria la presencia de los fiscales. Su defensa argumentó que el retardo procesal era una pena anticipada. 

Así que Afiuni, basando su decisión en las normas procesales penales del país y en un informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, le dio una medida privativa de libertad bajo presentación y prohibición de salida del país a Cedeño. 

Cuando se disponían a sacar copias de la acta firmada para que fueran entregadas a las partes, aparecieron los fiscales. Pero ya era tarde: la jueza les dijo que la decisión ya estaba tomada y, si querían, tenían tres días para apelar. La defensa de Cedeño preguntó varias veces si el banquero podía retirarse y la respuesta siempre fue sí. 

Minutos después de haberle dado la libertad condicional, efectivos de seguridad allanaron la sede del tribunal y entraron al despacho de Afiuni para decirle que estaba detenida, junto a todo el personal del tribunal. Algo que no había ocurrido en 50 años de democracia. 

Los funcionarios alegan que actúan por órdenes superiores. Afiuni fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado. Fue esposada, la montaron en unas camionetas negras con vidrios ahumados y la llevaron hasta el Helicoide, sede del Sebin.

Al día siguiente de su detención, el fallecido presidente Chávez calificó a la jueza de “bandida” y exigió una condena de prisión de 30 años, la máxima pena que se impone en el país, por haber “facilitado la fuga” de Cedeño. 

«Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena máxima. ¡30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país! Le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libera a un bandido, que el bandido mismo», agregó el mandatario», dijo en cadena nacional de radio y televisión

Afiuni fue presentada en tribunales y fue imputada con los delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad. La fiscal general para ese momento, Luisa Ortega Díaz, declaró que Afiuni habría actuado de manera ilegal y en desconocimiento de la ley al otorgar la libertad condicional a Cedeño.

El 17 de diciembre fue trasladada hasta el Instituto de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.

María Lourdes Afiuni se convirtió en uno de los principales ejemplos del deterioro de la institucionalidad venezolana. Su caso permite mostrar la ausencia de independencia del sistema de administración de justicia venezolano, así como también la falta de separación de poderes y los abusos en los que incurren los funcionarios de seguridad del Estado. 

La jueza fue recluida en una celda de cinco por cinco metros. No la dejaban recibir sol y sus visitas eran severamente controladas, restringidas y, en ocasiones, prohibidas. 

En el INOF, el miedo por lo que pudiera ocurrirle era constante. En la prisión fue objeto de diversas torturas, amenazas de muerte, conatos de atentados y violencia sexual. Sus órganos sexuales, vejiga y ano estaban destrozados y un seno estaba necrosado por las patadas que le dieron durante una golpiza. En el libro escrito por el periodista Francisco Olivares, Afiuni relató que fue violada por sus carceleros, quedó embarazada y abortó. 

Por todas estas razones, su salud física y mental se vio comprometida, sobre todo al habérsele negado en principio el derecho a la asistencia médica. 

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró, en una carta remitida al Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza era “arbitrario”, por lo que pidieron su liberación inmediata. Asimismo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron las condiciones “inhumanas” de la prisión de Afiuni. 

A principios de 2011, la fiscal Luisa Ortega Díaz recomendó dar arresto domiciliario a Afiuni tras inspeccionar el centro de reclusión donde estaba detenida. En junio de 2013, se pidió una medida menos gravosa y la jueza obtuvo libertad condicional con prohibición de salida del país, de hablar a los medios de comunicación internacionales y nacionales y de utilizar sus redes sociales.

El proceso judicial de María Lourdes Afiuni se había iniciado en 2012, pero fue el 16 de mayo de 2019 que se celebró la audiencia de juicio. Sin prueba alguna, el juez Manuel Antonio Bognanno condenó a la jueza a cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”. Para ellos, a pesar de no haber dinero a cambio de la liberación de Cedeño, Afiuni aplicó medidas cautelares como un “acto de placer”. El 8 de noviembre de 2020, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena. 

Carlos Nieto Palma Ene 22, 2021 | Actualizado hace 5 días
Mujeres presas y hambrientas

Foto en la página de la ONG Proiuris.org

@cnietopalma

La grave situación de hambruna que viven los presos venezolanos no es exclusiva de los hombres recluidos en las cárceles y calabozos policiales; las mujeres, a pesar de ser solo un 8 % de la población penitenciaria, la sufren por igual.

Al grito de “¡Hambre y libertad!”, en la mañana del pasado 14 de enero, las más de 500 presas del Instituto Nacional de Orientación femenina (INOF) iniciaron una protesta y huelga exigiendo celeridad procesal y la destitución de la directiva que las tiene “pasando hambre y en castigo”.

La protesta se inició cuando, en la cena del miércoles 13 de enero, les dieron una arepa con dos filetes de sardina podridos. Fue el disparador para que las reclusas se retiraran a sus celdas e iniciaran una protesta pacífica.

Esta nueva protesta carcelaria, iniciando este nuevo año 2021, es solo una muestra de la grave crisis que vive nuestro sistema penitenciario, que en vez de mejorar tiende a empeorar cada día. Y de la cual las mujeres privadas de libertad no están excluidas.

Las mujeres privadas de libertad viven las mismas carencias de los hombres prisioneros, pero se les suman otras por su condición de ser mujeres, con necesidades diferentes a las de los hombres.

Debemos recordar que en las conclusiones detalladas del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentada el 15 de septiembre del año pasado, se cita una denuncia que, desde Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, habíamos hecho en uno de nuestros informes. Este establecía que: 

“Mujeres bajo custodia también enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo. La Misión considera tales actos como violencia sexual precisamente por su carácter coercitivo. No se proporcionó protección adecuada contra estos actos, ni se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de todas las personas detenidas para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales”.

Son muchas las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra las mujeres en las prisiones venezolanas. Que, como todas las cometidas hacia personas privadas de libertad, son invisibilizadas por esa falsa creencia de que estas no tienen derechos humanos.

Esto, en el caso de las mujeres en prisión, es mucho más marcado que en los hombres, pues se les priva también de los derechos propios que les corresponden por el hecho de ser mujeres.

Aparte de la hambruna a que están sometidas las mujeres encarceladas en Venezuela y los maltratos de los funcionarios encargados de su custodia, tenemos las graves condiciones higiénicas en que se encuentran. La falta de agua para su aseo personal es parte del día a día de nuestras cárceles y centros de detención preventiva. Igualmente no se les provee de toallas sanitarias, jabón y otros insumos que necesitan para su higiene personal.

Así mismo, las mujeres embarazadas en los calabozos policiales no se les permite tener a sus hijos recién nacidos durante la fase de amamantamiento, a pesar de que la ley habla que deben permanecer con ellas hasta los 3 años. Contraviniendo la norma, los hijos son separados de las madres una vez nacen.

Los problemas de las mujeres, así como los de los hombres encarcelados, se agravan cada día ante la indiferencia de las autoridades del país. Pareciera que al fiscal, el defensor del pueblo y las ministras del Servicio Penitenciario e Interiores y Justicia el tema de las mujeres privadas de libertad, al igual que los hombres, parece importarles poco. O nada.

cnietopalma@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Internas del INOF iniciaron huelga de hambre para exigir atención alimentaria
Las internas subieron al techo del recinto carcelario y sacaron pancartas donde manifestaron su grito de huelga. Aseguraron que la protesta terminará en cuanto les den respuestas a sus demandas de libertad

La organización Ventana a la Libertad denunció que mujeres detenidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) iniciaron una huelga de hambre este jueves 14 de enero para exigir celeridad procesal y la destitución de la directiva que las tiene “pasando hambre y en castigo”.

En un comunicado enviado a través de un audio de Whatsapp, las internas hicieron llamado a todos los presos del país a unirse al conflicto carcelario.

“Pedimos ayudas a gritos desesperadamente, porque las autoridades no se abocan a darnos solución. Nuestros contactos periodista son la voz de lo que adentro estamos viviendo”, señalaron en el audio.

Asimismo, las presas subieron al techo del recinto carcelario y sacaron pancartas donde manifestaron su grito de huelga. Señalaron que la protesta terminará «en cuanto tengamos las respuestas que deseamos nuestras libertades. De lo contrario seguiremos gritando hambre y libertad».

Afuera del lugar encontraban las madres, hermanas y demás familiares de las internas quienes no pudieron ingresar, nuevamente, a la visita por orden de la directora del penal. Por la protesta, los familiares no pudieron entregarle alimentos a la internas porque las visitas fueron suspendidas.

“Solo les dan un tobo de agua una vez a la semana para su aseo y para tomar”, dijo la madre de una de las mujeres que aseguró que a más de la mitad de las internas no les han dado la libertad a pesar de haber cumplido parte de su pena. 

Los familiares solo han podido entrar una sola vez a visita desde el mes de marzo de 2020 cuando se inició la pandemia por el COVID-19 que obligó a la cuarentena radical y a la suspensión del ingreso de familiares a los penales.

Foto: Archivo

 

 

Envían al Inof a mujer investigada por asesinato del hijo del alcalde de Los Salias

EL TRIBUNAL 4° DE CONTROL  de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, decretó medida privativa preventiva de libertad en contra de la ciudadana Johany Valera Osorio por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía en la ejecución de un robo agravado, en grado de cooperadora inmediata; homicidio calificado en grado de frustración y agavillamiento.

La decisión corresponde al caso del asesinato de Michel Fernández, hijo del alcalde del municipio mirandino Los Salias, José Fernández, hecho ocurrido en las adyacencias del aeropuerto de Caracas, ubicado en Charallave, de la misma entidad federal, donde fue emboscado por antisociales que se hicieron pasar por vendedores.

El Juzgado fijó como centro de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques capital del estado Miranda.

Michel Fernández, fue asesinado el pasado 20 de septiembre tras recibir varios impactos de balas en un enfrentamiento mientras negociaba un vehículo en el tramo La Bonanza-La Peñita, en Charallave, 

De acuerdo con reportes, Fernández se encontraba realizando la negociación en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, cuando fue abordado por los delincuentes que trataron de despojarlo de sus pertenencias.

El joven piloto iba escoltado por funcionarios de la Policía Municipal, quienes también resultaron heridos.

 

En clave de sol mayor, por Andreína Muñoz-Tébar

ESTE ARTÍCULO LO ESCRIBO en clave de sol, y de sol mayor.

Porque a Karen Palacios la retuvieron, según denuncias de sus familiares, en los sótanos de la Dgcim sin ver el sol desde el primero de junio del presente año.

¿Que por qué la detienen? Porque sus notas desafinaban a los oídos del régimen. Notas en trinos que denunciaban cómo, por el hecho de haber firmado en el plebiscito de 2017 en contra de Nicolás Maduro, su contrato en la orquesta Filarmónica Nacional, logrado a punta de dedicación y trabajo, se iba al traste. 

A Karen, y a su familia, le cambiaron en cuestión de segundos su composición de vida de Allegro a Grave. Muy Grave. Porque resulta inaudito pensar que por un hilo en Twitter, hágase o no viral, una ciudadana con todos los derechos estipulados en nuestra constitución sume una mayor nota disonante a la anterior: el secuestro de su libertad. Karen se convirtió en enemiga de uno de sus bastiones: El Sistema Nacional de Orquesta. Karen evidenciaba lo que todos sabemos: la vil politización de la cultura. Las Cajas Clap tienen también una melodía. Los músicos del Titanic que tocan y tocan en un barco hundido queriendo vender la sensación de que “todo marcha viento en popa”. 

Ya una batuta mayor, la de Dudamel, habría lanzado las primeras críticas luego de años de interpretaciones en perfecta armonía. Porque la partitura aguanta uno que otro acento, unos cuantos sostenidos, pero llega el momento en que su lectura resulta ruido, ruido dantesco, ruido evidente que sobre pasa cualquier música a los oídos.

Desde su detención Karen pasó a formar parte de ese pentagrama repleto de notas de silencio. ¡Sí! El silencio en la música es una nota que indica pausa. Pero despojada de sus sueños y su libertad, el silencio por parte de las autoridades se ha traducido en angustia para sus familiares, en depresión para la joven.

La visita de la comisionada Michelle Bachelet al “Tempo Giusto” en que sucedían estas arbitrariedades, el informe “Presttisimo” emitido llamando a las autoridades a corregir las irregularidades evidenciadas, no han servido de nada para devolverle a Karen su ritmo de vida.

La orden de excarcelación emitida hace un mes (con la imposición de un régimen de presentación) no solamente ha sido ignorada, sino que la han trasladado a la cárcel del INOF. La misma que albergó por meses a María Lourdes Afiuni, en ese caso por sus notas jurídicas y no musicales.

Karen Palacios tiene tan solo 25 años. Karen es intérprete primero del Violoncello, después del Clarinete. Karen es una venezolana que se apoyó en el talento, el trabajo continuo y la dedicación como las mejores armas para la realización personal y el aporte a la sociedad.

Con este tuit arrancaba su hilo: “Les cuento por acá que tengo aproximadamente tres meses tocando Clarinete (1er clarinete) en la orquesta Filarmónica Nacional. Esperando un contrato de tres meses, que ellos me ofrecieron, para luego presentar mi audición y poder quedar fija”- y continúa luego – “El día de hoy, después de la novena función del «Popol Vuh» me comunican que mi contrato fue rechazado «porque he firmado en contra del régimen»

Popol Vuh, el libro de las personas. El libro del consejo. De las comunidades. De la creación.

Una función tras otra función. ¿Cómo hemos llegado a esto? Injusticias sucedidas sin “son ni ton”

Que le frustren el sueño de ser parte de la Orquesta fue la primera. Y la muchacha, con estudio y esmero, lograría seguramente un puesto en alguna otra agrupación. Que secuestren su libertad por escribir de su válida frustración en un país donde la constitución señala que todos gozamos de la libertad de expresión, es una injusticia en nota cuadrada. Sobre todo, porque ha sido público su hilo en Twitter, donde más que instigar al odio, llama a la cordura, al respeto y a la tolerancia.  

“Las orquestas nos necesitan a todos, los de un lado y los del otro. Me he sentado con personas que piensan distinto a mí sin ningún problema, porque ahí no se habla de política. No somos políticos. Somos artistas” – Karen Palacios.

Que suba el telón, se acomoden los atriles, y que el director, con su batuta, permita que esta venezolana nuevamente toque su clarinete gozando de todos los derechos que establece nuestra constitución.

 

@dremunoztebar