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Reuters: Gobierno permitiría que avancen en el TSJ apelaciones contra inhabilitaciones políticas
María Corina Machado, quien se hizo con la victoria en la primaria opositora, se encuentra entre los excluidos del cargo

La administración de Nicolás Maduro permitiría que avancen las apelaciones de políticos opositores contra las inhabilitaciones políticas que les impiden ocupar cargos públicos.

Esta sería una forma de cumplir «parcialmente» con las demandas de Estados Unidos, según indicaron fuentes a Reuters.

Dos fuentes opositoras y otra con conocimiento del asunto dijeron que el régimen de Maduro podría permitir avances en las apelaciones contra las inhabilitaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante octubre, Estados Unidos alivió sanciones a la industria petrolera en Venezuela y levantó una prohibición de negociar bonos a cambio de un acuerdo sobre las elecciones de 2024 entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición.

Washington ha dicho que revocará el alivio de las sanciones si Maduro no ha tomado medidas antes del 30 de noviembre para liberar a los presos políticos y a los estadounidenses «detenidos injustamente» y avanzar hacia el levantamiento de las prohibiciones a los cargos públicos.

 

María Corina Machado, quien se hizo con la victoria en la primaria opositora, se encuentra entre los excluidos del cargo.

No estaba claro con qué fuerza o cuándo podría reaccionar Estados Unidos si el chavismo no toma ninguna medida o qué mínimo podría alcanzar Maduro para evitar o retrasar una respuesta estadounidense.

Según una fuente de Washington, hay deliberaciones en curso dentro de la administración Biden, que ha sido presionada por los republicanos para restablecer las sanciones, y una decisión dependerá de lo que haga Maduro, si es que hace algo, antes del jueves.

 

Otras fuentes se mostraron escépticas ante gran parte de una respuesta inmediata de Estados Unidos y anticiparon que podría producirse una reacción semanas después.

La prioridad de EEUU a fin de mes es la liberación de estadounidenses detenidos

Francisco Palmieri, jefe de Misión de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, señaló días atrás que para el gobierno de Joe Biden es una prioridad la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela para finales de noviembre.

En una entrevista que concedió a TalCual, Palmieri recordó que el secretario de Estado, Antony Blinken, instó a la administración de Nicolás Maduro a respetar el acuerdo de Barbados o, de lo contrario, se revertirá el alivio de sanciones a Venezuela.

«Para nosotros es muy importante los americanos detenidos de una manera injusta», acotó Palmieri.

Consultores 21: Más de la mitad de la gente no da importancia a las inhabilitaciones
Hasta ahora María Corina Machado es la candidata con mayor ventaja en las encuestas para los comicios del venidero 22 de octubre

 

De acuerdo con la encuestadora Consultores 21, 55% de los potenciales votantes en la venidera elección primaria de la oposición no le dan importancia a las inhabilitaciones políticas

Saúl Cabrera, presidente de la empresa, sostuvo en una entrevista radial que la mayoría de las personas tiene fe en el poder del voto masivo.

Me imagino que teniendo la presunción de que van a lograr que las inhabilitaciones sean derogadas”, dijo.

Cabrera agregó que la mitad de la población que se identifica como opositora dice que tiene interés en participar en las primarias y de esa cifra 70% está de acuerdo con que los inhabilitados participen en el proceso.

“Entre un cuarto y un tercio de la población que se identifica con Nicolás Maduro o con el chavismo, dice que aquellos que están inhabilitados no deberían participar, entre otras cosas porque me imagino que piensan que son los candidatos más duros que pudiera tener la oposición”, sostuvo el analista.

Cabrera expresó que uno de los mayores retos que tiene la Comisión Nacional de Primaria es la difusión de la misma.

“Hay mucha gente que está consumiendo la información a través de los medios digitales, pero la mitad de la población no tiene acceso. Es cierto también que alrededor de 70% de la población tiene teléfonos inteligentes, pero esos teléfonos inteligentes en realidad no los tienen para consumir información. Hay una barrera muy importante en los medios para que la gente se informe de cómo, de qué es lo que pasa en la primaria y de las inhabilitaciones”, aseveró.

Por su parte, Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, indicó que hasta ahora María Corina Machado es la candidata con mayor ventaja en las encuestas para los comicios del venidero 22 de octubre.

María Corina se ha venido consolidando, primero de manera lenta pero consistente; y en los últimos dos meses como una especie de explosión. Es un nombre que dentro del chavismo crítico causa curiosidad. No vamos a decir que es una opción por la que van a votar, pero sí penetra, por lo menos causa curiosidad de quién es y qué cosas puede ofrecer”, indicó Seijas.

Seijas agregó que en el más reciente estudio efectuado por Delphos, Henrique Capriles también presenta un buen performance como candidato. “Sacó un buen porcentaje sobre los demás”.

El director de Delphos manifestó que incluso aquellos que no saldrán a votar en la primaria expresan que este proceso debe llevarse a cabo porque es necesaria la existencia de un candidato único.

Agregó que el proceso de informar a los votantes y distribuir los centros electorales puede afectar en la participación.

 

Denuncian bloqueo al buscador de las primarias en varias operadoras de Internet

Cepaz explica por qué las inhabilitaciones violan el ejercicio de los derechos políticos
El Centro de Justicia y Paz aseveró que las inhabilitaciones están dirigidas a crear una oposición a la medida del gobierno de Nicolás Maduro de modo de asegurar una victoria que le permita mantenerse en el poder por un nuevo periodo

 

A propósito de las recientes inhabilitaciones políticas de los líderes de la oposición por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) explicó que estas medidas violan el ejercicio de los derechos políticos y obstaculizan el camino hacia unas elecciones auténticas y democráticas.

Según expone Cepaz, las inhabilitaciones a los líderes políticos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha sido un patrón de persecución ejercido desde al menos el año 2002.

El Centro de Justicia y Paz explicó que las inhabilitaciones políticas representan un patrón de persecución que incluyen detenciones arbitrarias, apertura de procedimientos judiciales, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a viviendas, allanamientos de la inmunidad parlamentaria, amenazas, hostigamientos, violencia, e incluso ataques contra los familiares del liderazgo opositor.

«Los ataques sistemáticos contra el liderazgo político de oposición, constituyen una violación al ejercicio de los derechos políticos de las víctimas directas (…) y también de los derechos de la población que no puede votar libremente por el liderazgo por cual se sientan representados», afirmó la ONG. 

Otro elemento importante que destaca Cepaz es que la normativa venezolana contempla las inhabilitaciones políticas a los cargos de elección popular como una pena accesoria, es decir, que la misma es consecuencia de una principal que debe derivarse de una sentencia firme, dictada por un tribunal.

«Lo anterior se traduce en la imposibilidad de que un órgano como la Contraloría General de la República pueda con una decisión administrativa inhabilitar a un ciudadano de ejercer el derecho a ser elegido a cargos de representación popular, ya que no tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones, pues como lo hemos mencionado, estas decisiones recaen sobre un tribunal», afirmó Cepaz.

El Centro de Justicia y Paz aseveró que las inhabilitaciones están dirigidas a crear una oposición a la medida del gobierno de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, de modo de asegurar una victoria que le permita mantenerse en el poder por un nuevo periodo.

Puede leer también: Maduro: Tenemos un poder militar que es garantía de paz

Roberto Picón rechaza las inhabilitaciones contra precandidatos
«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», tuiteó el rector del CNE

 

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón rechazó este 13 de septiembre el uso de la sanción de inhabilitación a aspirantes a los cargos de alcaldes y gobernadores que se elegirán el 21 de noviembre.

«Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en tiempos en que se avecina un proceso electoral», expresó Picón en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

El rector confirmó que a Leocenis García y Eduardo Samán, aspirantes a la alcaldía de Caracas, se les impidió formalizar su candidatura por esta sanción.

«Los ciudadanos mencionados anunciaron su intención de ejercer su derecho político al voto al postularse a un cargo de elección popular, pero fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debida ni oportunamente notificadas», agregó.

Picón señaló que en el artículo 65 de la Constitución venezolana se establece que no podrán optar a un cargo de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales, como el político.

«Con tales previsiones constitucionales, se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sede administrativa», indicó.

El rector dijo que la exigencia de la sentencia definitiva «pretende tutelar el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas, todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución», unos preceptos que, a su juicio, fueron obviados en estos casos.

«Las inhabilitaciones políticas practicadas en estos términos mutan en su diseño constitucional de ser penas accesorias a sanciones principales por la vía de los hechos«, expresó.

Agregó que a eso se suma «el agravante de que la sanción accesoria queda suspendida hasta el momento en el que el decisor juzgue conveniente activarla, dando a esa decisión discrecional un giro absolutamente inaceptable, por inconstitucional, cuyo efecto es incluso violatorio de los principios de supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales».

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, también compartió la postura de Picón y agregó, en su cuenta de Twitter, que «el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos».

Oposición venezolana pone sus esperanzas en elecciones estatales tras atenuarse las protestas

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La oposición venezolana está poniendo su foco en las próximas elecciones de gobernadores, luego que las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se atenuaran tras la instalación de la plenipotenciaria asamblea constituyente.

Los cuatro meses de violentas manifestaciones, en las que al menos murieron 125 personas, se han detenido en parte por el cansancio y la desilusión de los opositores, que vieron que se consolidaba en el poder el partido socialista gobernante, PSUV, pese a la presión que ejercía la gente en las calles.

Muchos líderes de la oposición aseguran que la elección de gobernadores en los 23 estados del país petrolero puede ser una oportunidad para ganar algunas entidades federales y demostrar con el voto la impopularidad del mandatario venezolano.

La oposición, que no participó en las últimas elecciones de la Asamblea Constituyente, acusó a las autoridades electorales de inflar la cifra de participación de ese comicio del 30 de julio.

Sin embargo, hay pocas opciones disponibles para los adversarios de Maduro, un presidente que mantiene control sobre la nación petrolera a pesar del descontento creciente por la inflación de tres dígitos y la persistente escasez de bienes esenciales.

“Los venezolanos estamos luchando contra un auto golpe continuado, hay una ruptura del orden constitucional”, dijo el líder opositor Henrique Capriles, actual gobernador del central estado Miranda, que esta vez no participará en los comicios.

Sin embargo, llamó a los venezolanos a votar en el próximo proceso electoral.

“Si usted se abstiene, es más difícil que usted pueda lograr el cambio político que queremos todos los venezolanos”, dijo Capriles a periodistas.

Capriles, dos veces candidato presidencial, está inhabilitado para competir en elecciones debido a una investigación por el manejo de fondos públicos, lo que él calificó como una estrategia usada por el partido socialista de Maduro para apartarlo de los comicios.

Las gobernaciones aportan poco como plataformas para desafiar directamente a Maduro. Pero los puestos son codiciados por los políticos porque pueden ser un comodín para continuar una carrera política y canalizar recursos para los partidos que los respaldan.

La participación de la oposición en las elecciones del próximo mes asegura que podrá contar con testigos en las mesas de votación y en el Consejo Nacional Electoral.

Los líderes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) creen que al participar en el proceso, podrán identificar rápidamente cualquier intento de alterar los resultados.

Sin embargo, muchos manifestantes que permanecieron durante meses en las calles, especialmente jóvenes miembros del denominado movimiento de la “Resistencia”, se sienten traicionados por la coalición de partidos opositores.

El movimiento dice que atender tan rápidamente un llamado a elecciones, que deberían haberse celebrado en 2016, es una forma de complacer al autoritarismo de Maduro, y que también es un insulto a la memoria de los manifestantes asesinados.

Los opositores más radicales ven una contradicción en participar en estas elecciones, una vez que la misma oposición se abstuvo de medirse en la votación de julio.

Maduro impulsó la creación de la constituyente, que pretende reescribir la Constitución, para restaurar la estabilidad en un país en crisis tras las protestas antigubernamentales.

La constituyente ha desplazado al parlamento, donde la oposición logró una mayoría en las elecciones del 2015.

El pequeño partido político Vente Venezuela y su fundadora María Corina Machado, que tiene un alto perfil en los medios de comunicación pero limitada influencia política, rompió con la coalición opositora y se opuso a la decisión de ir a las próximas elecciones.

¿Candidatos inhabilitados?

Los principales partidos de oposición han postulado candidatos y los sondeos de opinión reflejan el apoyo mayoritario que reciben los adversarios del Gobierno, por lo que podrían ganar la mayoría de las gobernaciones en comparación con sólo tres estados que conquistaron en 2012.

Pero la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el Partido Socialista puede impedir que algunas de las figuras claves de la oposición se queden con esos cargos.

La asamblea dijo la semana pasada que evaluaba llevar a juicio a los líderes de la oposición que intentaron bloquear el financiamiento internacional para el gobierno de Maduro y se mostraron a favor de una posible acción militar. Han advertido que los acusarían de traición a la patria.

Según los funcionarios del gobierno, la actuación de la Asamblea Constituyente consiguió pacificar el país. Dicen que la oposición, al inscribirse en las elecciones regionales, demostró que confía en el sistema electoral pese a sus denuncias de fraude.

La oposición inició a fines de marzo una ola de protestas en reclamo a una decisión del Tribunal Supremo en la que asumió los poderes del Congreso opositor y las manifestaciones se mantuvieron casi a diario hasta finales de julio.

Desde julio, las movilizaciones callejeras iban en declive y lo que inicialmente habían sido masivas marchas dieron lugar a violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pequeños grupos de manifestantes encapuchados que respondían con piedras a los gases y cañones de agua.

Las últimas manifestaciones de la oposición sólo han atraído a unos pocos cientos de personas.

“La Asamblea Nacional Constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador”, afirmó la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez. “Apenas se instaló ya Venezuela volvió al cauce de la tranquilidad, dejamos de lado la zozobra que la violencia promovida por la derecha había querido imponer a nuestra patria”, agregó la excanciller.

Maduro, quien ha denunciado varias veces que el país es víctima de una “guerra económica” que lideran empresarios y opositores, también cree que la asamblea es una muestra de lo viva que está la democracia venezolana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto sanciones a funcionarios de alto rango del Partido Socialista, en algunos casos por participar en la Asamblea Constituyente, que ha sido cuestionada también por la Unión Europea y la mayoría de las naciones latinoamericanas.

Maduro adquirió la reputación de dictador en círculos diplomáticos del mundo, aseveró el líder de la oposición Freddy Guevara en una entrevista que difundió en redes sociales, y dijo estar convencido que las protestas antigubernamentales fueron cruciales para arraigar esa percepción en la opinión pública.

“Estoy convencido de que tenemos que enfrentar la dictadura en todos los terrenos que podamos”, apuntó Guevara.

Reforma de la Ley de Contraloría estipula sanciones contra el nepotismo, falta de rendición de cuentas y ocultamiento de cifras oficiales

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El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, presentó los alcances del proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual será sometido a segunda discusión en la plenaria del Parlamento el próximo jueves.

En compañía de los parlamentarios Ismael García y Carlos Berrizbeitia, Guevara señaló que la propuesta de Reforma comprende 19 modificaciones del articulado vigente, con la finalidad de adecuar el conjunto de leyes anticorrupción a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Al respecto, explicó que la propuesta abarca cuatro aspectos clave dentro de la administración pública venezolana: nepotismo y demás formas de conflicto de interés; rendición de cuentas; inhabilitaciones políticas y fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal.

“El nepotismo es uno de los peores vicios que existe en nuestro país. La semana pasada escuchamos con asombro las lamentables declaraciones del Contralor General cuando dijo que había nepotismo bueno y nepotismo malo. Todo nepotismo es malo, porque todo abuso de poder es malo. Es por eso que en esta Reforma que hoy presentamos se introduce por primera vez en el marco jurídico venezolano regulaciones en materia de conflictos de intereses. A partir de la aprobación de esta reforma, se acabó ese bochinche de meter en cargos directivos a la tía, a la prima, a la mamá. Este instrumento presenta nuevas causales de sanción contra aquellos funcionarios que incurran en esa práctica. Igualmente, la Contraloría General deberá tomar acciones en aquellos casos que violenten la cláusula de conflicto de intereses. Por ejemplo, si un funcionario que aspire a un cargo tiene una empresa de alimentos, entonces no puede asumir el cargo de dirigencia en el Ministerio de Alimentación”, puntualizó.

Acerca de la rendición de cuentas, Guevara informó que la propuesta incorpora sanciones de reparo y responsabilidad administrativa a los funcionarios que no presenten los comprobantes que demuestren en qué han gastado los recursos públicos.

“Este ha sido uno de los elementos que ha contribuido al despilfarro de los recursos públicos y al incremento de la corrupción. La rendición de cuentas fue eliminada en anteriores reformas hechas a la Ley de Contraloría, la última en 2010 cuando la Asamblea era controlada por el partido de gobierno.»

El tercer aspecto fundamental es el de las inhabilitaciones. En este sentido, Guevara señaló que en la reforma propuesta se plantea que las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República estén restringidas únicamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, con lo que se suprime la potestad del Contralor de acordar tales sanciones para la postulación, la elección y el ejercicio a cargos de elección popular.

En cuanto a funcionarios de elección popular, Guevara precisó que la reforma se adapta a la Constitución Nacional, al establecer que dichos funcionarios solo podrán ser inhabilitados previa sentencia judicial penal y firme, dictada por el Poder Judicial, en concreto, por un tribunal penal competente, tal como lo establece la Carta Magna en sus artículos 65 y 42.

“Las inhabilitaciones deben ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no para ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno. Debemos poner fin a la política perversa empleada por este régimen de inhabilitar a adversarios políticos por temor a ser derrotado en procesos electorales”, sentenció.

Finalmente, la reforma plantea un conjunto de medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, tales como la sujeción de la función de control a la planificación anual que deberá tomar en cuenta los planteamientos de otros Poderes Públicos, las denuncias recibidas y proyectos en los que se haya invertido la mayor cantidad de recursos, con el objetivo de disminuir la infectividad de los planes de fiscalización de la Contraloría. “De acuerdo con la tendencia actual, la Contraloría se ocupa fundamentalmente de fiscalizar alcaldías y órganos pequeños con poco presupuesto, dejando sin control los grandes fondos del Estado que se dejan abiertos para hacer mega guisos”, puntualizó Guevara.

También se amplían las competencias de la Contraloría General de la República para que controle la armonización de las políticas monetarias, fiscal y cambiaria para garantizar la estabilidad macroeconómica y la aplicación de los principios constitucionales que rigen la materia, especialmente el de equilibrio fiscal, además de fijar sanciones para aquellos funcionarios que impidan la divulgación de cifras oficiales e indicadores macroeconómicos, y disminuir así la opacidad de la gestión gubernamental.

Título de caja

Finalmente, se condiciona la posibilidad de intervenir contralorías estadales y municipales supeditando su ejercicio a la opinión favorable de los Consejos Legislativos y de los Concejos Municipales, además de normar los concursos públicos para la designación de los contralores estadales y municipales, conforme a los artículos 163 y 176 de la Constitución.

“Lo hemos dicho: en Venezuela la corrupción mata. Tenemos la obligación moral y política de ponerle fin a esa situación, en donde no hay comida ni medicinas porque el dinero destinado para su producción o importación se los robaron unos privilegiados. La Contraloría General de la República debe estar al servicio de la salvaguarda del dinero de los venezolanos, no de la defensa de los intereses de un grupito”, destacó.