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EPU: Conozca las 10 recomendaciones sobre las que el Gobierno no se pronunció

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Por Maruja Dagnino, Ronna Rísquez, Edecio Brito Adrián, Juan Francisco Alonso, Maru Morales P., Gitanjali Wolfermann

 

El Estado publicó una lista de 24 promesas que ofrece cumplir «de manera voluntaria» dentro de los próximos 4 años. Los enunciados son genéricos y no hay mención a temas cruciales que salieron a colación durante el EPU, como el diálogo y la crisis de la salud. Aquí presentamos las 10 recomendaciones que el Estado no consideró

 

Luego de haber presentado su Examen Periódico Universal la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, de haber recibido 274 recomendaciones de 102 Estados miembros de la ONU, y de haber anunciado que no se pronunciaría sobre ninguna de las recomendaciones recibidas hasta marzo de 2017, este lunes el gobierno de Venezuela divulgó una lista de 24 compromisos voluntarios que el Estado prevé desarrollar de aquí a cuatro años, cuando se realizará el tercer ciclo del EPU.

Ninguno de los compromisos voluntarios anunciados por Venezuela se relacionan con los temas álgidos tocados por los países que intervinieron en el examen el pasado 1 de noviembre. En la lista de 24 compromisos voluntarios no hay nada sobre desarrollar mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, prensa e información; la protección de los periodistas y el acceso a la información pública, materia sobre la cual el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 34 sugerencias. Nada sobre garantizar un verdadero espacio de diálogo con la oposición que permita acordar una salida constitucional y electoral a la crisis, tal como lo plantearon al menos 7 Estados miembros. Tampoco hay ningún compromiso para impulsar la independencia de los poderes públicos en particular la autonomía de jueces y fiscales del ministerio público. Nada sobre resolver los graves problemas de desabastecimiento de medicinas e infraestructura de hospitales. Y aunque asumió una promesa en materia penitenciaria, esta no se refiere a garantías de respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, ni tampoco a la puesta en libertad de los presos políticos.

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En cambio el estado se comprometió a implementar el nuevo régimen penitenciario en 100% de las cárceles; crear un órgano especializado para la atención de víctimas de la violencia; reforzar la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”; profundizar la formación en derechos humanos de funcionarios policiales e integrantes de la FANB; y “continuar con los concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”.

El gobierno de Maduro le dijo a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que implementará mecanismos de seguimiento para evaluar la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos; y que fortalecer “la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos del sistema de las Naciones Unidas”, sin referirse a la autorización para la visita del Alto Comisionado de DDHH ni de los representantes de las comisiones contra la tortura, detenciones arbitrarias, libertad de expresión, trabajo, etc., todas las cuales han pedido permiso para venir a Venezuela.

El estado asumió otros compromisos de enunciados muy generales en materia de crecimiento económico, prevención del embarazo temprano, poder popular, educación universitaria, derechos de la mujer y trafico de personas.

Destacan dos compromisos más: uno relativo a la alimentación según el cual el Estado dice que intensificará “las acciones en materia alimentaria, facilitando el acceso a los rubros de primera necesidad a toda la población; fortaleciendo las redes públicas de distribución de alimentos, mediante la planificación agrícola, garantizando la seguridad alimentaria”.

Y otro relativo al respeto y promoción de la sexo género diversidad: “adoptar instrumentos normativos y mecanismos especializados para garantizar la igualdad y no Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género o expresión de Género”. En este último punto cabe destacar que este año la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo a favor de la protección y respeto a la comunidad LGBTI que no ha entrado en vigencia por decisión de la Sala Constitucional del TSJ que anuló la validez de la sesión en la que dicho acuerdo fue aprobado por la cámara.

A continuación la lista completa de los compromisos asumidos por Venezuela:

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MINCI celebra el Día Mundial del acceso a la Información Pública sin responder estas preguntas

@AdrianitaN

EL 28 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA en todo el mundo el Día del Acceso a la Información Pública, también conocido como el «Día del Derecho a Saber». El Ministerio de Comunicación e Información, dirigido por Desiree Santos Amaral, no perdió la oportunidad de conmemorar este día, publicando un poster en su cuenta oficial de Twitter.

La asociación civil Espacio Público determinó, en estudios realizados entre 2011 y 2014, que en al menos un 84% de las ocasiones, las instituciones no responden a las solicitudes de información que les son realizadas. «La información ofrecida por las instancias públicas suele ser desactualizada, incompleta e impertinente con respecto a los temas de mayor interés», explica la asociación en una nota de prensa.

En Runrunes creemos que esta es la oportunidad propicia para que el gobierno revele información pública que se encuentra oculta y, de este modo, rinda un mejor tributo a la efeméride mundial. Así, les sugerimos diez cosas que pueden aclarar hoy mismo, para celebrar:

1. Indicadores económicos

El Banco Central de Venezuela (BCV) puede revelar las cifras de escasez, inflación, desabastecimiento, así como el estatus del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de las reservas internacionales.El último índice de inflación publicado data de diciembre de 2014, cuando se ubicó en 68,5%. Según el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley del Banco Central de Venezuela, el BCV está en la obligación de publicar estos datos durante los primeros 10 días de cada mes.

2. Asesinatos 

En julio de 2015 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, admitió que en Venezuela la tasa de homicidios se ubica en 62 por cada 100 mil habitantes. La declaración fue informal, pero estremecedora. Hasta ahora la única fuente de información al respecto era el Observatorio Venezolano de Violencia, que la ubicaba en 82 decesos por cada 100 mil habitantes.

El conteo de muertes violentas es llevado, de forma independiente, por los periodistas de la fuente a falta de pronunciamientos formales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Desde el despliegue de la primera Operación de Liberación del Pueblo (OLP) la cartera de seguridad ciudadana dio la orden expresa de limitar el trabajo de los periodistas en la sede de la Medicatura Forense en Caracas.

3. Epidemias

El último Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de Venezuela data de la semana del 26 de octubre de 2014. Es decir, hace 11 meses. Desde entonces, un importante brote de dengue y chikungunya pasaron por el país sin que nadie se atreviera a ponerle un número concreto. Los colegios de médicos del país han denunciado tener que trabajar «a ciegas» por la falta de este recurso de información pública.

4. Compra de medios

La identidad de los verdaderos nuevos dueños de grandes medios de comunicación como El Universal, Globovisión y Últimas Noticias es aún un secreto. La opinión pública de Venezuela no lo conoce con claridad, pero lo que sí es un hecho es que los tres han virado su linea editorial de la crítica a la complacencia al poder. ¿Cuánto costó cada medio? ¿Está algún banquero o figura del gobierno detrás de ellos? Nadie lo sabe.

5. Sueldo de mandatarios

¿Cuál es el sueldo que devenga Nicolás Maduro por fungir como presidente de Venezuela? ¿La «primera combatiente», Cilia Flores, cobra algún sueldo por ser la esposa de Maduro? ¿A Flores le es suficiente este ingreso para comprarse una cartera de 4.500 dólares, marca Chanel? ¿Cuál es el sueldo del diputado Diosdado Cabello o de los ministros que integran el gabinete de Maduro? Dudas difíciles de despejar para un ciudadano común.

6. Inmigración

La cantidad de venezolanos que han abandonado el país, buscando nuevas oportunidades, es indeterminada. Ni el Instituto Nacional de Estadística, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ofrecen datos actualizados sobre este tema. Según una encuesta de Hinterlaces, de septiembre de 2015, al menos 30% de los venezolanos manifiestan su intención de abandonar el país, motivados por su difícil situación económica. En enero de 2014 se contaban más de un millón de criollos en el extranjero.

El gobierno venezolano hace oídos sordos ante la fuga de talentos del país, pero parece tener perfectamente cuantificada, por ejemplo, la cantidad de colombianos que viven en este país.

7. Presos

¿Qué tan hacinadas están las cárceles en Venezuela? ¿Es cierto que los presos están siendo alimentados con un «menú chino», conformado por arroz blanco y agua? ¿Cuántos presos mueren en reyertas o en enfrentamientos con custodios? ¿Cuántos reclusos se fugan al año? Todas estas son preguntas que parecen «escaparse» de la agenda de la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela.

8. Dólares de Cadivi

El ministro de Finanzas de casi todo el gobierno de Hugo Chávez, Jorge Giordani, soltó una bomba antes de salir del gobierno: de las arcas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) se habían «esfumado» más de 25 mil millones de dólares, en los maletines de miles de «empresas fantasmas». ¿Cuáles son estas empresas? ¿Por qué los organismos de regulación del presupuesto público no pudieron detenerlas? ¿Hay algún detenido por el desfalco a Cadivi? ¿Hay casos similares a este? Nadie sabe, nadie supo.

9. La comida podrida

A partir del 25 de mayo de 2010 y durante la semana posterior, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) encontró 45.4 toneladas de alimentos descompuestos, en el puerto de Puerto Cabello, estado Carabobo. Los alimentos, importados por el Gobierno de Hugo Chávez bajo subsidios a través de la empresa estatal Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), estaban depositados allí bajo la figura de «abandono legal». El 8 de junio de 2010 se nombró una comisión en la Asamblea Nacional para investigar el caso. La comisión nunca presentó resultados y finalmente fue disuelta al instalarse una nueva Asamblea Nacional en 2011. Cuatro años después, en 2015, aún la Asamblea no ha dicho ni «pío» sobre este caso.

10. Los patriotas cooperantes

Los «patriotas cooperantes» son figuras auspiciadas y amparadas por el presidente de la Asamblea Nacional. Son suertes de delatores o espías, cuya función es perseguir a personajes de la oposición política en Venezuela. Son reclutados, formalmente, por la Dirección de Contrainteligencia Militar, según reveló una investigación de Runrunes. ¿De qué parte del presupuesto nacional sale el dinero para mantener a estos «sapos»? ¿Por qué ellos tienen patente de corso para delinquir, en pro de obtener información valiosa para el gobierno? Preguntas que, seguramente, serán aplastadas por el mazo de Cabello.

 

Espacio Público exige acceso a la información pública en el Día Mundial del Derecho a Saber

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En el marco del Día Mundial del Derecho a Saber, Espacio Público, a través de su iniciativa El Pueblo Pregunta, recuerda la importancia de que los ciudadanos exijan cuentas a los funcionarios e instituciones y se sientan con el poder de realizar contraloría social como parte fundamental para lograr la solución de muchos de los problemas que afectan a la población cada día.

La ONG le pide a gobierno: Publicar información pública de forma proactiva y regular, en especial la referente a temas de mayor sensibilidad nacional; dicte una Ley nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública; adopte prácticas para que los funcionarios públicos, consejos comunales y empresas y entes que manejan fondos públicos tengan conciencia de su obligación de publicar la información que manejan; y sancione a los funcionarios públicos que han negado información pública  de acuerdo con la ley.

El acceso a la información pública es una de las herramientas más fiables para garantizar el ejercicio de la democracia a través de la participación ciudadana, explicó la ONG, agregando que permite que dicha participación se haga de manera informada, lo que le permitiría a la ciudadanía exigir y demandar rendición de cuentas en las áreas que sean de interés.

Espacio Público recordó que la libertad de expresión incluye tres dimensiones de igual relevancia: buscar, recibir y difundir información. «Toda persona tiene derecho de buscar y recibir información pública que le permita participar activamente y de manera informada sobre temas que afecten al bienestar común», indicaron.

Con esta participación, indica la organización, los ciudadanos activos e informados tendrán la posibilidad de monitorear a la administración pública, evaluar su desempeño y participar activamente en la construcción de políticas más adecuadas para resolver los problemas que se presenten.

En el contexto actual de Venezuela, explican, diversas áreas contienen información de interés para el ciudadano común. Recalcaron que Espacio Público ha realizado peticiones de información a instituciones públicas que atienden áreas como economía, salud, seguridad, educación, medio ambiente, vivienda, Internet entre otros, como ciudadanos preocupados y sociedad organizada, las respuestas obtenidas, en su mayoría no han sido satisfactorias.

En estudios realizados por la asociación civil Espacio Público desde el 2011 al 2014, se determinó que en al menos un 84% de las ocasiones, las instituciones no responden a las solicitudes de información que les son realizadas. Por otro lado, la información ofrecida por las instancias públicas suele ser desactualizada, incompleta e impertinente con respecto a los temas de mayor interés.

 

*Con información de nota de prensa

21 peticiones de información al Estado: una respuesta

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Sin acceso a la información pública

Durante el 2014 Espacio Público realizó 21 peticiones de información a instituciones del Estado, apegados al artículo 51 de la Constitución Nacional que establece el derecho que tienen todas las personas de hacer preguntas a los funcionarios públicos sobre su gestión o datos de interés social, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.

La participación popular no es posible sin información pública, el Estado venezolano es opaco; al evitar que las personas conozcan datos de relevancia social, niega la posibilidad de analicen y cuestionen la gestión de los funcionarios. La ausencia de transparencia es un componente que promueve la arbitrariedad y con ello se facilita la corrupción, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

El panorama no resultó alentador. Del total de 21 solicitudes apenas una fue respondida, el resto no contó ni siquiera con la cortesía de un acuse de recibo; en consecuencia la opacidad fue la protagonista durante los últimos 12 meses. Tampoco hubo pronunciamientos o informes oficiales, como lo señala el artículo 143 de la Constitución, el cual establece el deber de la administración pública de informar oportuna y verazmente a la ciudadanía acerca de sus actuaciones.

Las solicitudes de información a diversos organismos del Estado estaban relacionadas a temas de interés nacional en materia de salud sexual y reproductiva, Internet, economía, seguridad ciudadana, contraloría nacional y medios de comunicación.

En mora con los ciudadanos

En materia de la salud sexual y reproductiva las instituciones del Gobierno a las cuales se les preguntó fueron: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud; el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la Maternidad Concepción Palacios; la Oficina Nacional de Presupuesto y al Coordinador Nacional del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio para la Salud.

Se solicitó a la Maternidad Concepción Palacios conocer si existen estadísticas sobre el aborto entre los años 2010 al 2014, y si se lleva un programa para concientizar y educar en esta materia. Al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes conocer si existen investigaciones, estudios o proyectos sobre salud sexual y reproductiva. En ninguno de los casos hubo respuesta.

Al ministerio de la Salud se le pidió conocer la cantidad de dinero destinada a la promoción de la salud sexual y reproductiva en los años 2011, 2012, 2013; así como el presupuesto que recibió esa cartera ministerial en el mismo lapso. También se le solicitó a la Defensoría del Pueblo conocer si ha monitoreado el estatus de las recomendaciones que publicó en su informe 2008 en materia de salud sexual y reproductiva.

Internet y bloqueos

Espacio Público realizó cuatro peticiones de información con relación a la existencia de bloqueos en internet. Al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y a la Compañía Anónima Nacional Telefónica de Venezuela (CANTV) se les preguntó sobre la existencia o no del bloqueo del servicio de Internet en el estado Táchira y otros estados y si hubo o no restricciones para acceder a determinados servidores.

A la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y al Director del Fondo de Investigación de Desarrollo de las Telecomunicaciones se les preguntó sobre los ingresos de recaudación de Fondo de Servicio Universal desde su creación, información específica sobre el monto pagado por cada contribuyente y la inversión realizada con los aportes recibidos, utilidad, proyectos ejecutados y resultados.

En torno al caso del bloque de la página web www.superfijo.com se realizaron cuatro peticiones de información entregadas a CANTV, Conatel, Instituto Nacional de Hipódromos y Telefónica Venezuela (Movistar).

Economía sin datos

En materia económica se solicitó al Banco Central de Venezuela conocer las razones del retraso en la entrega de las cifras tales como inflación, desabastecimiento y escasez, así como datos sobre el Producto Interno Bruto en 2014; a Petróleos de Venezuela (PDVSA) se le preguntó cuál era la producción petrolera 2014 y la razón por la cual esta información no ha sido publicada regularmente.

También se pidió al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas información sobre el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, cifras de gestión presupuestaria de Venezuela 2012-2014, datos de gasto público de Venezuela 2012-2014 así como copia de todos los balances del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN) y conocer las razones por las cuales la información no ha sido publicada regularmente.

Por otra parte, se le preguntó al Ministerio del Poder Popular para el Turismo cuál había sido el monto destinado a la realización del video promocional de la Feria Internacional del Turismo 2014; de la misma forma se le preguntó a La Nueva Televisión del Sur (Telesur) cuál fue el monto pagado a Diego Maradona y Víctor Morales por su labor de comentaristas en el mundial de fútbol 2014, los gastos asociados al programa «De Zurda» y la proveniencia de estos fondos.

Inseguridad y silencio

En vista de la denuncia realizada por el periodista William Peña sobre presuntas persecuciones en su contra por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGIM), se solicitó información en ese cuerpo de seguridad sobre la existe de una investigación abierta en su contra. El resultado fue una negativa rotunda de información por parte de esa instutición.

Además, se contactó al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para conocer el panorama nacional en materia de trata de personas, y prevención del delito y al Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios se le preguntó con relación a la evolución y resultados del plan “cayapa al retardo procesal”, en estos casos, como en los anteriores, Espacio Público no obtuvo adecuada y oportuna respuesta.

La única respuesta

La Oficina Nacional de Presupuesto, se le consultó si había una línea presupuestaria orientada a esta materia, solo en esta última se obtuvo oportuna y adecuada respuesta, pues informaron que “El Ministerio previó un proyecto denominado «Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva como eje integrador de la política de salud por ciclo de vida» al cual asignó 34.567.477,00”.

Peticiones de información sin respuesta en el 2014

CANTV / Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología – 13.03.14

1. Indique si el servicio ha sido bloqueado en el estado Táchira y/o en algún otro lugar del país en los últimos días. De haber habido un bloqueo, informe si fue a través de una orden gubernamental, nombre de la persona que dio la orden y motivos del bloqueo del servicio de internet.

2. Indique si es cierto o no que ha habido restricciones o bloqueos por parte de CANTV a los sitios web “twimg.com”, “pastebin.com”, “bit.ly”, a la aplicación “zello.com”. De ser cierto, informe si fue a través de una orden gubernamental, nombre de la persona que dio la orden y motivos de la misma. Provea una lista de las páginas web bloqueadas y las fechas de bloqueo de las mismas.

3. Indique si es cierto o no que CANTV ha bloqueado diversos portales web de noticias. De ser cierto, informe si fue a través de una orden gubernamental, nombre de la persona que dio la orden y motivos de la misma. Provea una lista de las páginas web bloqueadas y las fechas de bloqueo de las mismas.

TELESUR – 28.07.14

1. ¿Cuál fue el monto total que TELESUR pagó por el contrato efectuado con Diego Armando Maradona y el periodista Víctor Hugo Morales, «para realizar la labor de comentaristas del mundial» 2014, en esta cadena televisiva? Especifique el monto pagado a cada uno de ellos.

2. Presente una relación del total de todos los gastos asociados al programa “De Zurda” de forma detallada, desde el momento de su creación indicando la proveniencia de dichos fondos.

Defensoría del Pueblo – 13.03.14

1. El año 2008 la Defensoría del Pueblo presentó un informe, el cual tuvo como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación denominada: “Situación de los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva de las adolescentes que acuden a establecimientos asistenciales en Venezuela.  ¿Cuáles mecanismos ha implementado la Defensoría para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del Informe? ¿Cuáles son los resultados obtenidos y avances logrados 5 años después de la publicación del mismo?

Ministerio del Poder Popular para la Salud – 13.03.14

1. Provea el presupuesto anual destinado a la salud en los años 2011, 2012 y 2013.

2. Presupuesto anual destinado a la promoción de la salud sexual y reproductiva en los años 2011, 2012, 2013 desglosado por fuente de ingresos, recursos humanos, infraestructura, divulgación equipo e insumos médicos en el Sistema de Salud.

3. ¿Describa los programas desarrollados sobre sexual y reproductiva? Provea los documentos de los programas efectuados que den cuenta de objetivos, metas, acciones e indicadores para evaluar su efectividad y los resultados obtenidos de la implementación de tales programas.

4. Describa los cursos de capacitación impartidos a los profesionales para brindar consejería con información de calidad y basada en la evidencia en materia sexual y reproductiva. Provea información sobre la cantidad de talleres dados, las fechas de los mismos y el número de beneficiarios.

5. Específicamente ¿qué acciones ha emprendido el MPPS para la divulgación e implementación de la  Norma Oficial Venezolana para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva en los centros de Salud?

6. ¿Cuál fue la asignación y ejecución presupuestaria total para el Programa(s) sobre mortalidad materna en el sistema de salud desagregado por recursos humanos, infraestructura, divulgación, capacitación, equipo e insumos médicos en el sistema de salud durante los años 2011, 2012 y 2013?

7. Número y descripción de los programas de salud ofrecidos en materia sexual y reproductiva exclusivos a adolescentes en los años 2011, 2012, 2013.

Espacio Público

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TSJ reiteró “límites” en el derecho ciudadano a la información pública
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La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró que existen límites en el ejercicio del derecho a la información pública, al declarar inadmisible la demanda que interpuso Espacio Público contra la Defensoría del Pueblo por negarse a divulgar un informe.

La demanda generada por la organización civil se originó por el silencio emanado de la Defensoría del Pueblo luego de requerir a esta institución que diera a conocer los resultados obtenidos en la investigación denominada Situación de los derechos en salud sexual y reproductiva de las adolescentes que acuden a establecimientos asistenciales en Venezuela.

Al respecto, la Sala alegó que la ONG no «justificó» el requerimiento ni informó las razones por las cuales necesitaba la información, de acuerdo con lo establecido en una sentencia vinculante de la Sala Constitucional, del 15 de julio de 2010.

«Sobre el ejercicio del derecho a la información, contenido en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional (…) determinó límites al ejercicio del derecho del ciudadano a ser informado, en el entendido de que no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida, por lo cual el derecho a la información no puede ser invocado como un elemento que contribuya a la antijuricidad», recordó la sentencia.

«A partir de la señalada decisión, y para salvaguardar los límites del ejercicio del aludido derecho, el solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales requiere lo peticionado, así como justificar que lo requerido sea proporcional con el uso que se le pretende dar», agregó el documento.

«Vistos los términos en que fue formulada la petición ante la Defensoría del Pueblo, (…) la misma resulta vaga o genérica, porque la parte solicitante no arguyó el fin específico por el cual requería la información», concluyó.