@robertodeniz
VENEZUELA ESTÁ ATRAPADA EN LA MAYOR CRISIS económica de su historia. Lejos de mostrar una salida, las señales anuncian que al cierre de este año la inflación de 180,9%, registrada en 2015 por el Banco Central de Venezuela, palidecerá, y que la escasez se profundizará debido al severo recorte de las importaciones aplicado por el Gobierno.
El año 2016 será también el tercer ejercicio consecutivo de contracción del Producto Interno Bruto (PIB), tras los desplomes de 2014 y 2015. Desde el Gobierno la explicación es la misma desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República, en abril de 2013: la “guerra económica”.
En el discurso oficial se trata de un plan orquestado por Estados Unidos, los empresarios y la oposición venezolana. “El Gobierno de Estados Unidos está al frente de la guerra económica contra Venezuela, pero no pueden ni podrán con nosotros”, manifestó recientemente el mandatario nacional.
Economistas y organizaciones empresariales coinciden en que la crisis que se vive sólo responde a las políticas aplicadas por el Gobierno de Hugo Chávez y su sucesor. “Los problemas económicos que sufren los venezolanos son consecuencia de una serie de políticas económicas y reguladoras que fueron implementadas por el presidente Hugo Chávez y continuadas por Nicolás Maduro. Se trata de políticas que constituyen la esencia del modelo intervencionista implementado bajo el nombre de Socialismo del siglo XXI, como el control de precios, las estatizaciones y el control de cambios”, escribió el economista, Ángel Alayón, en un artículo de opinión para el New York Times.
Antonio Pestana, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), se muestra igual de tajante. “La famosa guerra económica no existe en la producción de alimentos (…) Ningún agricultor ha jugado a no sembrar”.
Una mirada a los datos y a los resultados de las medidas promovidas por el Gobierno durante los últimos años confirma que detrás del ardid de la “guerra económica” se esconde un recetario de medidas que allí donde se han aplicado han conducido al fracaso.
La “guerra económica” al desnudo
Expropiación de Tierras
Hugo Chávez impulsó una política dirigida a expropiar e intervenir tierras agrícolas. Al menos 1.200 “unidades productivas” que suman poco más de 5 millones de hectáreas fueron asumidas por el Estado para ensayar distintos esquemas de producción, pero los resultados revelan el fracaso. “Evidentemente tenemos que revertir esto (…) Hoy en día no producen lo que sus dueños originales podían producir porque no hay sentido de pertenencia”, sostiene el presidente de Fedeagro.
Las cifras de esa organización, basadas en las del Ministerio de Agricultura y Tierras, muestran que al cierre de 2015 la producción de rubros como el maíz, arroz, caña de azúcar, sorgo y café es menor a la registrada en 2008. Asimismo, indican que prácticamente en ninguno de los principales rubros agrícolas hay “autoabastecimiento”, a pesar de que en casos como los del café y el arroz Venezuela tuvo una oferta exportable.
Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), también asegura que las expropiaciones en el campo impactaron negativamente la producción agropecuaria. “Las confiscaciones de tierras causaron un daño impresionante que ha venido a parar en lo que vemos hoy en día”, manifiesta Albornoz. Los datos de Fedenaga indican que hoy sólo se produce entre 35% y 38% de la carne que se debería producir, pero la caída del consumo en las familias venezolanas impide ver ese grave déficit de producción. “Con esa tercera parte estamos abasteciendo todo el mercado por la caída del consumo”, apunta el directivo.
De Agroisleña a Agropatria
La expropiación de Agroisleña en 2010 marcó un punto de inflexión para la producción agrícola. Las consecuencias de esa medida se ven hoy en los productores de diversas regiones que no pueden sembrar ante la falta de insumos como semillas y agroquímicos para los cultivos. La empresa, rebautizada por el Gobierno como Agropatria, es incapaz de atender oportunamente la demanda de los productores. “El monopolio que significa Agropatria es una gran desgracia para los productores venezolanos. Hay que permitir que el resto de empresas privadas que importaban insumos o los producían aquí puedan trabajar”, opina el presidente de Fedeagro.
La incapacidad de Agropatria es tal que en zonas como Los Andes el 75% del área de siembra no se está aprovechando por falta de insumos, mientras que en rubros como arroz este año apenas se sembrarán 110 mil hectáreas de arroz, menos de un tercio de las 360 mil hectáreas que se requieren anualmente. En el café el resultado es peor y la producción apenas llega al 25% de las necesidades del país porque los productores no tienen insumos para combatir la plaga de “la roya”. “Mientras no llegan los insumos no podemos hacer el milagro de convertir tierra en alimentos”, insiste el presidente de Fedeagro.
El Estado empresario
El Estado también se convirtió en un gran industrial a punta de expropiaciones e intervenciones de empresas en los últimos años. Cifras de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) señalan que entre 2002 y 2015 se expropiaron 1.322 empresas, siendo los años 2009, 2010 y 2011 en los que hubo el mayor número de intervenciones.
De acuerdo a ese conteo, casi un tercio de las expropiaciones ocurrió en el sector industrial y afectó particularmente operaciones agrícolas y plantas agroindustriales. Sólo el ministerio de Alimentación administra alrededor de 300 empresas agrupadas en varios “conglomerados”: el de aceites y grasas con 9 empresas, el de arroz con 17 empresas, el cárnico con 29 empresas, el avícola con 8 empresas, el de los silos con 46 empresas y el de harina de maíz con 15 empresas, entre los más importantes.
Pero en compañías emblemáticas que fueron expropiadas la producción va en picada. En Industrias Diana, por ejemplo, entre 2013 y 2015 la producción se redujo 55% al pasar de 164.904 toneladas de aceites y grasas a tan sólo 73.406, según la Memoria y Cuenta de 2015 del Ministerio de Alimentación. En Lácteos Los Andes se repite la historia y en ese mismo período de dos años el rendimiento de la empresa cayó 12% al pasar de las 298.045 toneladas de 2013 a sólo 263.094 toneladas el año pasado.
Empresarios han planteado al Ejecutivo nacional la necesidad de que esas instalaciones vuelvan a manos privadas, pero el diputado Diosdado Cabello le ha cerrado la puerta a esa posibilidad, pese a que el ex ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, y otros funcionarios llegaron a reconocer que estaban evaluando esa opción.
Control de cambio: corrupción, fuga de divisas y otros males
Además de convertirse en una fuente de corrupción, el control de cambio vigente desde hace 13 años terminó siendo una medida perniciosa para la producción. El sostenimiento de tipos de cambio artificialmente bajos hizo más atractivo y rentable recurrir a las importaciones que producir en el país. “Las importaciones lamentablemente tuvieron un crecimiento desmedido”, cuestionó recientemente el presidente de Fedeagro.
Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que entre 2003 y 2014 –las cifras totales de 2015 no están disponibles- las compras al exterior de Venezuela pasaron de los 10.483 millones de dólares a 47.508 millones de dólares, esto es, un crecimiento de 353%. En ese auge destaca el salto de las importaciones públicas que brincaron de los 2.483 millones de dólares a los 23.445 millones de dólares, esto es, un alza de 844% en once años.
En paralelo al festín de importaciones el aparato productivo se fue desmantelando, situación que ha quedado al desnudo con la caída de los ingresos petroleros y la imposibilidad de mantener las importaciones. “Desde 1998 hasta 2015 la producción de Venezuela per cápita creció 0,03%, o sea, 0%. El consumo per cápita del Gobierno creció 2,3% cada año durante 18 años, el consumo privado per cápita creció 1,9% cada año durante 18 años. Tienes un país que se acostumbró a consumir bastante, basado en importaciones, y en paralelo fue destruyendo su capacidad productiva”, explicó recientemente el economista Miguel Ángel Santos en entrevista con el Circuito Éxtos.
Del control de precios a los bachaqueros
El Gobierno ha insistido en la política del control de precios para frenar el alza de los mismos. Los resultados han sido exactamente contrarios: Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo y las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que al cierre de 2016 la inflación será de 700%. Desde las organizaciones empresariales han cuestionado el control porque en la práctica se ha traducido en una “congelación” que obliga a las empresas a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.
Un desabastecimiento crónico y la reducción de la diversidad de marcas y presentaciones de productos básicos han sido algunas de las consecuencias. En septiembre de 2014 la filial venezolana de Clorox, fabricante de marcas como Nevex y Mistolín, cesó sus operaciones en el país y atribuyó la decisión a los efectos que había ocasionado en la compañía el control de precios, ya que “durante casi tres años” se vio obligada a “vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el Gobierno venezolano”, generando “constantes pérdidas operativas”. Este año se filtró a la prensa un comunicado interno de Colgate Palmolive en el que la empresa también advertía a sus trabajadores la imposibilidad de trabajar con precios que no reconocen los costos de producción. “Ninguna empresa puede sostener la producción con pérdidas permanentes”, decía el texto.
El contrabando de extracción, primero, y posteriormente la extensión del fenómeno del “bachaqueo” han sido otras de las consecuencias del control de precios. Hoy las distorsiones son tan amplias que en algunos productos la rentabilidad que se puede obtener en el mercado informal es tal que ni si quiera es necesario sacarlo de contrabando a Colombia para obtener ganancias. Cifras de Datanálisis revelan que dos de cada tres de personas que hacen colas están allí para comprar los productos con precios regulados y luego revenderlos.
Pese a los malos resultados, el Gobierno no parece dispuesto a cambiar su política. Recientemente las empresas de servicios de telecomunicaciones anunciaron ajustes de precios en las tarifas de telefonía celular, internet y televisión por cable. El alza se había discutido en las mesas de trabajo del “motor de telecomunicaciones” a raíz de que la estructura de costos del sector pasó a la tasa del Dicom, en casi 650 bolívares por dólar, pero aun así el presidente de la República ordenó revertir los aumentos de tarifa.
Control a la distribución o repartir lo que no existe
Pese a que todas las señalas apuntan a que el problema principal en la oferta de bienes es la caída de la producción, el Gobierno ha insistido en que la clave está en controlar la distribución. Así a los esquemas de control vigentes desde hace años como el “sistema de guías de movilización” instrumentado por la Sunagro, en el que obligan a las empresas a notificar el traslado de la mercancía, se han ido sumando mecanismos como el de las máquinas capta huellas en los supermercados, el cierre de la frontera con Colombia o los recientes Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
“Estamos enfrentado un monstruo de mil cabezas: la guerra económica, porque (actualmente) el sistema distributivo y el sistema comercializador de todo el país, en un 95%, está en mano de los distribuidores privados y son cuatro o cinco grupos distribuidores del país que controlan todo lo que es el metabolismo y el mecanismo de distribución», ha denunciado Nicolás Maduro.
Sin embargo, desde la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) han insistido en que el problema principal es la caída de la producción por la imposibilidad para importar materia prima, la falta de insumos, el ausentismo laboral o la crisis eléctrica, entre otros obstáculos. “No es un problema de distribución, es un problema de producción (…) Concentrar la distribución en menos puntos de venta no resuelve el problema”, alertó en febrero pasado Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea.
Aumentos salariales, una ilusión monetaria y más presión inflacionaria
El Gobierno nacional esgrime como una bandera los aumentos de salario. Ricardo Menéndez, Vicepresidente de Planificación, afirmó que el alza de 50% en el salario mínimo decretada recientemente por el presidente de la República forma parte de una política de “protección salarial” y “combate de manera frontal la inflación y la especulación de los precios”.
Sin embargo, para los economistas los cada vez más frecuentes ajustes salariales son una señal clara del deterior de la moneda y de la pérdida del poder adquisitivo. “Ello va a causar inflación. Todo aumento de salario superior al de la productividad causa siempre, por definición, inflación (…) La única forma que gane poder de compra el salario es cuando aumente la productividad”, declaró a Globovisión el economista y director de Econométrica, Ángel García Banchs.
Las cifras de Econométrica indicaban que en julio de este año –antes del aumento salarial- el poder adquisitivo del salario mínimo integral (incluye bono de alimentación) “es casi un tercio del que tenía en julio de 2007”, como consecuencia de la inflación registrada en ese período. En otras palabras, los venezolanos han ido teniendo cada vez más bolívares en sus bolsillos que compran menos.
Aunado al factor de la productividad está la política monetaria del Gobierno como causante de la inflación que evapora los salarios. Durante años el Gobierno ha apuntalado la expansión del gasto público a través del financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV) a Pdvsa, generando lo que los economistas llaman dinero “inorgánico”, que al entrar a la economía presiona más los precios de los productos que escasean en el mercado.
Los resultados indican que en los últimos diez años Venezuela ha figurado entre los diez países con mayor inflación del mundo y que desde 2013 la economía nacional ha registrado la tasa de inflación más alta del planeta.
