independencia de poderes

La destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, es rechazada por la mayoría de los encuestados en la última medición de Venebarómetro. 71% de la gente cree que vive en dictadura

Redacción Runrunes

La mayoría de los venezolanos reconoce la fragilidad democrática del gobierno de Nicolás Maduro: 63% considera que los Poderes Públicos (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Ejecutivo) no son independientes. Esta apreciación es transversal: en los sectores A-B, 75% piensa que los poderes públicos están bajo la influencia de otro poder; 65% opina igual en el sector C y 58% en el D. Por el contrario, 89% de los que se identifican con el oficialismo creen que los Poderes Públicos en Venezuela son independientes. Este es uno de los resultados de la más reciente encuesta de Venebarómetro, realizada entre el 1 al 20 de septiembre de 2017.

También están claras las trabas que ha puesto el TSJ y el Ejecutivo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora: 67% asegura que no han permitido que ejerza sus funciones libremente. Esta cifra era de 63% en diciembre. Desde los sectores AB (71%) hasta el D (63%) hay comprensión acerca de la injerencia y usurpacion de funciones del TSJ y el gobierno de Maduro sobre el funcionamiento del Parlamento.

La encuesta de Venebarómetro reafirma una tendencia de opinión que se consolidó este año: 71% cree que el ejercicio del presidente Nicolás Maduro se ha tornado en dictadura. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República en el exilio, fue la primera funcionaria del alto gobierno en denunciar la ruptura del hilo constitucional cuando el TSJ se abrogó las funciones de la AN a finales de marzo de 2017. Fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de conformación totalmente oficialista, a principios de agosto. Esta decisión fue mal valorada por los encuestados: 63% evalúa como negativa la destitución de Ortega Díaz. 71% de los ni-ni, dentro de los que se pudiera considerar que están los chavistas disidentes -grupo identificado abiertamente con la Fiscal en el exilio-, está en desacuerdo con la destiticuión. De igual manera, en el sector D de la población la rechaza 58%. El Gobierno Nacional ha acusado reiteradamente a Ortega Díaz de traición y de actos de corrupción que aún no ha formalizado, y esto ha calado entre su seguidores porque 88% está de acuerdo con la decisión de cesarla del cargo.

La autodefinición política se reparte en trozos casi iguales entre oficialistas (28%) y ni-ni (25%), mientras que 45% dice abiertamente ser opositor. Un último dato sobre lealtad ideológica revela la encuesta de Venebarómetro: 78% del que se considera chavista es también madurista.

 

Considerando el impacto que la falta de independencia de poderes ha tenido en el país, Transparencia Venezuela presenta el libro: “Muchas instituciones, un jefe”, que reúne 15 ensayos que abordan en profundidad los riesgos que implican para la democracia, la justicia, los derechos humanos, la economía, el voto y la lucha anticorrupción que el control total de las instituciones del Estado esté en manos del Ejecutivo Nacional y del Presidente de la República en específico.

El libro describe las graves consecuencias que ha generado la falta de independencia de los poderes y que tal situación ha devenido en la ruptura del orden constitucional,  la falta de acceso a la justicia, la violación de los derechos humanos, la paz y la cohesión social. Además hace que prevalezca la impunidad de los que controlan el Estado y propicia la corrupción.

El primer ensayo, es una entrevista realizada al sociólogo Ramón Piñango, sobre el impacto de la falta de separación de poderes en las instituciones de Venezuela y la democracia. Le sigue el ensayo de Ricardo Sucre Heredia, politólogo y comunicador, que realiza una aproximación a la división de poderes y cómo se viven los derechos políticos, con referencia al voto.

José Ignacio Hernández, abogado y doctor en derecho administrativo, se refiere al Poder Judicial en Venezuela que califica como el menos riesgoso de los poderes siempre y cuando exista separación de poderes. Yorelis Acosta, psicóloga clínico, especialista en intervención psicosocial y  magíster en psicología social, aborda la percepción del sistema normativo y la desconfianza institucional y sus implicaciones psicosociales.

A continuación, Francisco Martínez Montero, politólogo, abogado y magíster en psicología social se refirió en su ensayo a la separación de poderes y los derechos humanos en Venezuela. Arturo Peraza, sacerdote miembro de la Compañía de Jesús, abogado y doctor en ciencias políticas escribió sobre el impacto de la crisis en la ética ciudadana y social.

También, Maruja Dagnino, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad se refiere a que la libertad exige desmontar el lenguaje oficial; asimismo, Francine Jâcome, antropóloga y directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, trata el tema del impacto de la debilidad de la separación de poderes en el sector seguridad y defensa.

Roberto Briceño León, sociólogo, doctor en ciencias y director del Centro de Investigaciones Laboratorio de Ciencias Sociales, escribe sobre la estafa de las promesas de seguridad personal y acceso a la justicia en la Revolución Bolivariana. Mercedes De Freitas, fundadora y directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, narra en su ensayo cómo la Contraloría General de Venezuela se ha alejado totalmente de su función, permitiendo una dilapidación de los recursos públicos sin precedentes.

Asdrúbal Oliveros, economista y socio-director de la consultora Ecoanalítica, explica cómo en una economía sana importan los contrapesos en los poderes. Isabel Pereira, sociólogo, directora de COPRE y CEDICE, presenta un trabajo sobre el impacto en la empresa privada de la relación de subordinación entre los poderes públicos.

Dafne Gil, urbanista y  presidente de la consultora de innovación Grupo Crea, aborda la innovación: Ángel y demonio. La ciudad, escenario de todas las innovaciones; y la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela desarrolla cómo la débil separación de los poderes públicos afecta al sector estudiantil en Venezuela.

El libro cuenta también con la participación de Andrew Mac Devitt, consultor independiente de investigación en las áreas de gobernanza, medidas anticorrupción, análisis de políticas y medición de riesgo de corrupción.

El evento se realizará el viernes 2 de junio en la sala Experimental del Centro Cultural Chacao, con la participación de varios de los autores del libro.

 

 

El día de hoy concluyó el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos que se le hace a Venezuela en materia de Derechos Humanos, en Ginebra.

En total 103 países le hicieron recomendaciones y comentarios al país. Los temas más tocados fueron la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, independencia de poderes, seguridad alimentaria y el acceso a la salud. Varios países se refirieron a Venezuela como una hambruna. Las ejecuciones extrajudiciales también fue un tema muy cuestionado por los estados que intervinieron, Canadá pidió la eliminación de las OLP. Por su parte Brasil y Estados Unidos solicitaron la realización del revocatorio de forma inmediata y que se atienda el problema de hacinamiento carcelario y la situación de tortura.

Está previsto que el próximo jueves se presente el informe final de estas recomendaciones y que el viernes, el Estado anuncie que medidas va a acatar de las recomendaciones que se le han hecho.

 

Iris Varela: Situación de violencia en la PGV estaba regida por el modelo de la Cuarta República

 

La Ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela se acercó al área de prensa donde ofreció declaraciones acerca de la situación que se vive actualmente en los centros penitenciarios del país. La Ministra ofreció declaraciones con respecto a la situación de violencia en la cárcel de la PGV: «Era terrible esa situación, ese fue el sistema que nosotros encontramos el sistema de la Cuarta República, es una situación compleja que ya ha sido superada. Las personas que fueron señaladas como líderes negativos, fueron puestos a derecho y se les imputó flagrancia».

Delcy Rodríguez: liberación de opositores es una primera señal

 

La canciller de la República Delcy Rodríguez, emitió sus declaraciones ante el Examen de Derechos Humanos al que fue sometido Venezuela. «Esta exposición muestra los logros de la Revolución Bolivariana, que desde el momento que inició fue considerada por Barack Obama como una amenaza. Esperamos que con la presencia de todos sigamos aportando un grano de arena en la verdad del planeta», dijo la canciller. A propósito de la liberación de los presos políticos, Rodríguez dijo que es la primera señal para el camino del diálogo. La oposición ha condicionado la continuidad del proceso de diálogo a que se gestione «de inmediato» la liberación de los políticos presos.

La Canciller pidió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que «cese el hostigamiento» contra Venezuela, dado que el país mantendrá irreversible su modelo y su revolución, pese «al cerco económico, el bloqueo financiero y acoso mediático» contra la nación.

denunció que «la guerra contra Venezuela se ha intensificado» y mencionó específicamente a EEUU, que, aseguró, ha seleccionado al país «como un objetivo imperial».

La canciller denunció que «la guerra contra Venezuela se ha intensificado» y mencionó específicamente a EEUU, que, aseguró, ha seleccionado al país «como un objetivo imperial».

Insistió en que «los poderes económicos, mediáticos, fácticos arremeten contra nuestra patria, pretendiendo alterar y vulnerar la progresividad y universalidad de nuestro modelo de derechos humanos».

 

*Con información de El Universal

 

El próximo 06 de diciembre se celebrara en Venezuela las elecciones parlamentarias de 2015, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral y con el objeto de renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional de la República. Los diputados electos durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, por el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021.

Serán las decimosextas elecciones parlamentarias desde el año 1947 y los cuartos comicios legislativos nacionales desde la Constitución de 1999, que estableció la creación de la actual Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. A diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión no se elegirán los escaños del Parlamento Latinoamericano correspondiente al grupo Venezuela, porque el Consejo Nacional Electoral aprobó eliminar esas elecciones por solicitud del Parlamento.

Para muchos analistas con los cuales comparto la opinión, estas serán las más importantes elecciones que se efectuaran en Venezuela en toda su era democrática y la misma podría ser el primer paso para el rescate de uno de los principios básicos de la democracia como es la separación de poderes, tan cuestionada en los últimos tiempos.

Si bien es cierto que la elección de una nueva Asamblea Nacional no significa la salida del Presidente de la Republica, traería profundos cambios en la estructura del país de cumplir  con los mandatos que le han sido encomendadas por nuestra Constitución Nacional.

De acuerdo al artículo 187 de nuestra carta magna aparte de legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, también le corresponde: Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta; Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca; Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia; Decretar amnistías; Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras, el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra; Velar por los intereses y autonomía de los Estados, entre otras de sus muchas funciones.

Una Asamblea Nacional que no sea como hasta ahora ha sido, manejada arbitrariamente por el Presidente de la República, donde no se discuten los principales problemas del país, donde la función de legislar le ha sido entregada al Poder Ejecutivo, sería el inicio para construir una nueva Venezuela, es sin dudas un camino bien cuesta arriba, pero hay que atreverse a recorrerlo y rescatar a nuestro país de la grave crisis que está pasando.

Estamos en pleno proceso electoral y vemos como la maquinaria del Estado está utilizando todas sus fuerzas y poder para que los cambios que se buscan no se produzcan, con estupor hemos visto a bandas delictivas promovidas por el partido de gobierno han impedido eventos de representantes de la oposición, ante el silencio cómplice del Consejo Supremo Electoral.

Mención aparte merece la declaratoria de estados de excepción en la frontera y sobre la cual el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello” se ha pronunciado al respecto y ha dicho “Aún cuando la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción impide expresamente la suspensión de las garantías relacionadas con el derecho al voto, es evidente que mantener suspendida la garantía del derecho a reunión pacífica en un período preelectoral, puede afectar negativamente el desarrollo de la campaña. Si, como establecen todos los decretos de estado de excepción emitidos desde agosto de 2015, la circunstancia de una emergencia económica fue la motivación de tales medidas, mantener la suspensión de la garantía del derecho a la reunión pacífica en un período de campaña electoral, no solo carece de sentido sino que vulnera los derechos políticos de candidatos y electores”.

Igualmente el Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro en carta dirigida recientemente a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral le recordó “Desde la acción, usted debe disponer de los instrumentos con los que cuenta para hacer efectivas esas garantías antes, durante y después del momento de la elección, tanto para el gobierno como para la oposición y principalmente, para hacer cumplir la voluntad de los votantes. El 6 de Diciembre es de todos. La libertad, la democracia y el respeto a Los derechos humanos son valores de todos. Frente a la más mínima duda sobre el funcionamiento de la democracia, nuestro deber, el suyo Señora Lucena y el mío es dar garantías para todos y no desviar la vista ni hacer oídos sordos a la realidad que tenemos frente a nosotros”.

Las cartas están echadas, solo falta esperar el próximo 06 de diciembre cuando los venezolanos saldremos en masa a iniciar los cambios que se requieren para reconstruir al país. A votar por el cambio.

 

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional

 

Aquel 18 de febrero del 2014, día en que Leopoldo López, fiel a su condición democrática y de líder indiscutible del país, decidió entregarse al mismísimo Presidente de la Asamblea Nacional Disdado Cabello y a la guardia nacional en un multitudinario acto en la ciudad de Caracas, no pensó, o al menos no lo tenía muy claro el gran calvario que en ese momento comenzaba para su familia, sus amigos, sus seguidores y el mismo.

La sentencia dictada el 10 de septiembre de 2015 por el Tribunal 28 de juicio del Área Metropolitana de Caracas que condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión a Leopoldo López junto los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín García y Ángel de Jesús González, también condenados a 10 y 4 años respectivamente, en un juicio donde las denuncias por torturas, obstáculos al debido proceso y el derecho a la defensa fueron desestimadas, inclusive no se les permitió a sus defensores promover pruebas en todo el proceso, una clara demostración de la manipulación que desde las altas esferas del poder se hace a los miembros del poder judicial en una evidente demostración de falta de independencia de nuestros jueces.

Leopoldo López fue condenado por el supuesto delito de asociación para delinquir, instigación pública, daños e incendio, delitos previstos en la legislación penal venezolana, por lo que cumplirá su pena en la prisión militar de Ramo Verde. La Jueza de la causa dictó su decisión por los sucesos ocurridos durante la marcha convocada por sectores de oposición y estudiantes el pasado 12 de febrero de 2014. Por su parte, Christian Holdack, fue condenado por los delitos de daños e incendio, instigación pública y agavillamiento; y Demian Martín García y Ángel de Jesús González por el delito de instigación pública.

Recientemente un grupo de 20 organizaciones no gubernamentales suscribimos un comunicado público donde entre otras cosas se decía: “La mayoría de las decisiones dictadas por los tribunales del país siguen favoreciendo las posiciones gubernamentales en detrimento de la obligación de decidir con justicia y de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos. La actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano para criminalizar y judicializar el ejercicio de derechos constitucionales, se produce en un contexto de debilidad institucional y ausencia de independencia de los poderes públicos, que obstaculizan el derecho a la justicia de las y los ciudadanos que acuden al sistema judicial para reclamar la restitución de derechos lesionados. En el 91,65% de los casos en que los ciudadanos interpusieron pretensiones contra el Estado venezolano durante 2014, las solicitudes fueron declaradas sin lugar o no hubo pronunciamiento alguno por parte de los Tribunales y el TSJ, favoreciendo con ello los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente también se pronunció respecto, en la sentencia de Leopoldo López y otros e igualmente señalo: “En este sentido, la CIDH recuerda al Estado venezolano que tanto el Poder Judicial como los y las jueces deben gozar de las garantías suficientes de independencia en la administración de la justicia – tales como la estabilidad laboral, el ejercicio libre de sus funciones, la seguridad y la protección – para no ser sometidos a abusos o restricciones indebidas, por parte de otros poderes o instituciones del Estado. Al respecto, la CIDH resalta que tanto el debido proceso como la independencia judicial son garantías judiciales indispensables, que se ponen a prueba en procesos contra opositores políticos, como en este caso”.

Han sido 20 meses de injusticias, violaciones a los derechos humanos, maltratos de todo tipo, torturas que lo catalogan sin duda alguna como un preso político, reconocido inclusive por gente cercana al gobierno, es claro que Leopoldo está sufriendo una injusta prisión por pensar diferente y por su inquebrantable lucha para el rescate de la democracia, demostrando su valentía y amor por Venezuela.

La sentencia de Leopoldo López no solo lo condeno a él, aunque todos sabemos de su inocencia, a quien verdaderamente se condenó y juzgo fue a la justicia venezolana es una clara prueba del uso de la justicia venezolana para criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales.

Quiero finalizar con una frase del reconocido jurista uruguayo Eduardo J Couture “El día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranquilo…”, lamentablemente los venezolanos no podemos reposar tranquilos.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional

 

Entre críticas puntuales y aisladas, Henrique Capriles es el primer actor nacional que presenta propuestas integrales que si bien son perfectibles, abarcan un amplio espectro de atención a la profunda crisis que sufrimos, la más grave de la historia reciente, según citan analistas nacionales e internacionales.

Las propuestas de Capriles se resumen en seis líneas:

 

1.     Recuperación del ingreso de los trabajadores, un ajuste del salario lineal de 50% como punto inicial ante la emergencia.

2.     Creación de un fondo de útiles escolares para la educación por US$ 250 millones, beneficiando a 9 millones de estudiantes.

3.     Detener la impresión de los billetes de baja denominación.

4.     Devolución inmediata de todas las empresas expropiadas para iniciar de nuevo su producción, ya que están paralizadas.

5.     Reactivarlas, motivando a los trabajadores de esas 293 empresas expropiadas y 14 conglomerados de producción para reactivar la producción nacional.

6.     Revisión inmediata de todos los convenios y descuentos petroleros, para frenar el regalo de nuestro patrimonio.

 

Las medidas apuntan más al público que al Estado, a recuperar el abatido presupuesto familiar más que a regularizar el frenesí revolucionario. Por consiguiente, no mencionan algunas que podríamos sumar para completar diez, todo lo cual evidentemente dependería, primero, de que alguien sepa de lo que está hablando y no esté cegado por la ideología, la demagogia y el oportunismo, segundo, de que se cuente con una mayoría parlamentaria dispuesta a reversar la debacle y/o, tercero, de que se logre un gran acuerdo nacional para salir de la crisis. Sumémosle lo siguiente:

 

7.     Sincerar el adefesio cambiario, ajustando las paridades oficiales y liberando la oferta con un cambio más razonable en Simadi. Sujeto a estudio, propondríamos eliminar el 6,30 y 12,80 por tasas más realistas, quizás entre 35 – 50 y 100 – 140, dejando deslizar el tercer nivel con la libre oferta y demanda del mercado.

8.     Nivelar el Presupuesto Fiscal, primeramente sincerando ingresos con el precio del petróleo y los egresos con las necesidades reales de gasto e inversión. Esa discrecionalidad política que brinda el calcularlo con un petróleo a US$ 60, aunque esta vez casi la pegan, debe erradicarse porque el presupuesto debe ser económico, no electorero.

9.     Nombrar nuevos poderes independientes y moralmente solventes, incluyendo el Contralor, el Fiscal, Defensor del Pueblo, TSJ y CNE que permitan primeramente una lucha férrea contra la corrupción y el mesianismo hegemónico. Esto debe extenderse al Banco Central de Venezuela y al INE, de modo que los venezolanos volvamos a conocer la gravedad de la crisis. Más vale estar en el suelo que estar colgando sin saber cuán profunda es la caída. Igual sucede con el Alto Mando Militar. No podemos seguir con poderes subordinados a un hombre o una corriente política sino a la Constitución.

10.  Crear un Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana que libere a los cuerpos de seguridad, fiscalías y tribunales de las corruptelas que reciclan a los criminales a la calle, cesando esta infame alianza con el crimen que nos tiene presos en casa, si no muertos. 

 

Lo primero que hay que corregir, como ya asoma Rodrigo Cabezas, es el esquema cambiario venezolano, una mamarrachada revolucionaria que está entre las tres primeras causas de la crisis. ¿Un pan que cueste Bs. 115, cuánto vale en dólares, US$ 18, ó serán 18 ctvos.? Al cambio que usa el Presidente Maduro para calcular “el salario mínimo más alto de América Latina”, a 6,30, ese pan es inaccesible, y al paralelo, es un regalo. La verdad verdadera es que no vale ni lo uno, ni lo otro. Los venezolanos sufrimos por culpa de una mentira palpable, una realidad ficticia que aún siéndolo, la pagamos, y la pagamos cara, aunque no sea cierta.

El presupuesto fiscal es tanto una caja negra como una caja chica. En general, las cuentas del Estado y las estadísticas son una mentira o una verdad que no se dice. Y pensar que a CAP lo atacaron por el Sierra Nevada y lo defenestraron por la partida secreta, mientras que esta revolución ha construido casas en varadero y plantas eléctricas en Bolivia, y ha repartido auxilios y descuentos a trocha y mocha sin que haya presos ni destituidos. Esto debe sincerarse y someterse a mayor vigilancia, en vez de conchupancia. El problema es que Venezuela perdió la independencia de los poderes. Sin ella, no hay control que valga.

Por último, el país no puede prosperar para enriquecer a las bandas criminales que actúan con una impunidad grosera. El empresariado no puede vivir acorralado ni en el exilio. La inseguridad personal es la principal causa de la fuga de talentos que drena nuestra economía de su herramienta más útil.

Como dijo Henrique Capriles, aquí están las propuestas. Las toman o las dejan…

                      

@qppasociados

 

Durante los pasados 2 y 3 de junio en la ciudad de Ginebra, el Estado venezolano fue evaluado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el tercer informe presentado por el Estado venezolano, referente a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a dicha evaluación asistieron representantes del Estado así como de diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que se dedican a esta área de trabajo.

Hace apenas unos días el mencionado comité evaluador publicó su informe final donde nuevamente el Estado venezolano queda muy mal parado en el cumplimiento de los derechos humanos en el país, esta vez de manera especial los derechos económicos sociales y culturales que según la ONU no son garantizados en el país.

Si bien es cierto que ven algunos pocos avances positivos, el informe habla de la ratificación por parte del Estado venezolano de instrumentos internacionales, la adopción de diversas leyes como la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares, entre otras, los progresos realizados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como la lucha contra la desnutrición; los puntos preocupantes y negativos para esta instancia internacional superan abiertamente lo bueno que se ha hecho.

Entre las materias de preocupación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU está la justiciabilidad de los derechos garantizados en el pacto, existe una clara falta de coherencia por parte de los tribunales en la aplicación de los contenidos del Pacto. El comité recomendó garantizar la aplicabilidad de los derechos consagrados en el Pacto, así como promover su contenido y la posibilidad de invocarlos ante los órganos judiciales del país. Igualmente, hablan de falta de independencia del Poder Judicial y la inexistencia de un procedimiento legal para el nombramiento y destitución de jueces, así como la gran cantidad que se encuentran en cargos provisionales, lo que puede afectar su libre desempeño. El comité recomendó que se adopten todas las medidas necesarias para lograr la independencia del Poder Judicial.

Igualmente manifestó la falta de independencia de los órganos establecidos para luchar contra la corrupción. El comité recomendó que se siga con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales y se sancione a los culpables. Por otra parte, pidió que la Defensoría del Pueblo se adapte a los principios acordados en París en 1991 relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU el Estado venezolano debe considerar su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente estableció que existe un limitado acceso a información de interés público y una ley que lo regule. Hay una falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que limita una evaluación objetiva de las decisiones tomadas por el Estado. El comité recomendó una ley que garantice el acceso a la información y la transparencia de la administración pública.

Para esta instancia internacional hay una evidente falta de cooperación entre el Estado y las organizaciones encargadas de la defensa de los Derechos Humanos. No se respetan las plenas garantías a los defensores de derechos humanos que participan con su testimonio en los mecanismos de protección de derechos humanos. El comité recomendó que el Estado redoble los esfuerzos de cooperación constructiva con las organizaciones de la sociedad civil y que garantice que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo sin ningún tipo de intimidación o amenaza.

Igualmente el comité vio graves deficiencias en materia de tratamiento de los pueblos indígenas. Carencia de un marco legal integral para la no discriminación. Persistente desigualdad entre hombres y mujeres para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Existe un número significativo de desempleados, afectando a jóvenes y mujeres.  Manifestó su preocupación porque el salario mínimo no sea suficiente para una vida digna para los trabajadores. Tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza. Grave situación del sistema de salud, debido a la escasez de insumos y medicamentos. Así como el deterioro de algunos hospitales y la falta de personal médico. Falta de información sobre las medidas tomadas para impedir las limitaciones a la libertad de expresión, entre otros.

Hasta aquí solo unas pinceladas de la grave situación de los derechos humanos en nuestro país. Negar una gran crisis después de leer esto sería estar demasiado ciego o no querer ver lo que está a la vista y todos lo vivimos hoy en día.

 

 @cnietopalma

El Nacional

cnietopalma@gmail.com

 

 

@AdrianitaN

SON OCHO LOS ARTÍCULOS de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que podrían ser considerados al momento de evaluar el procedimiento legal abierto en contra del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

El abogado defensor, Omar Estacio, y la esposa del burgomaestre, Mitzy de Ledezma, denunciaron que fue detenido sin presentar una orden de captura. El diputado Richard Blanco, testigo presencial del hecho, ratificó que Ledezma fue sustraído de su oficina sin ningún documento que avalara el procedimiento.

El artículo 44, primer numeral, de la CRBV establece que este tipo de detención puede aplicarse solo en el caso de que el presunto delincuente sea sorprendido, en flagrancia, cometiendo el delito. El alcalde es acusado del delito de conspiración.

El alcalde Antonio Ledezma fue aprehendido cerca de las cuatro de la tarde en su oficina ubicada en la urbanización El Rosal, en Caracas. Su esposa, compañeros de partido y el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, denunciaron el «secuestro» del político, dado que cerca de las 10 de la noche (seis horas después de la detención) aún no se conocía su paradero. El artículo 44 en su segundo numeral especifica que la información sobre el destino del político debió darse de inmediato.

Al no haber sido detenido con una orden legal, el alcalde desconocía cuales eran los delitos que se le imputaban. Su abogado defensor, Omar Estacio, explicó en entrevista con Globovisión, que tuvo acceso al documento cerca de la una de la madrugada del viernes 20 de febrero (nueve horas después de la detención). El artículo 49 de la Carta Magna señala que las personas deben ser notificadas de las acusaciones en su contra y deben contar con la asistencia de sus abogados en todo momento.

Además, recalca el principio de presunción de inocencia.

El documento «Acuerdo Nacional para la Transición», firmado por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma fue considerado como un explícito llamado a efectuar un golpe de Estado en el país, según el presidente Nicolás Maduro. “Aquí está el comunicado, llamando al golpe, reincidentes, los tres firmantes del comunicado, son tres reincidentes”, dijo Maduro.

El artículo 57 de la CRBV da cuenta del derecho que tienen todas las personas a expresar libremente y por cualquier medio sus opiniones. En el transcurso de la mañana del 20 de febrero Ledezma acumulaba tres acusaciones informales en su contra: la firma del documento de acuerdo, un presunto plan para asesinar a Leopoldo López y el supuesto complot con el estudiante detenido, Loreth Saleh.

Desde la noche del 19 de febrero la ministra de Información y Comunicación, Jacqueline Farías y  el Sistema de Medios Públicos se ha hecho eco de una campaña que busca vincular a Ledezma con hechos como la masacre del retén de Catia, la muerte de la periodista Maria Tessari y varios episodios de represión en contra de trabajadores informales. El alcalde no ha sido imputado por alguno de estos hechos y ellos no están siendo considerados en la acusación emitida en 2015.

A pesar de que la Constitución no establece que deba hacerse un antejuicio de mérito para despojar a un alcalde de su cargo, los artículos 70 y 145 refieren la importancia del respeto a las decisiones tomadas por el pueblo, valiéndose del derecho a elegir a sus mandatarios. Además, descarta la posibilidad de que sean removidos de su cargo por razones políticas.

    

La irrupción de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la oficina del alcalde fue un acto de violencia, según su esposa Mitzy Capriles de Ledezma. El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, reveló en su cuenta de Twitter que Ledezma fue «sacado como un perro» de su despacho. Las puertas de la oficina fueron destruidas con mandarrias, según García. El artículo 46 defiende el respeto a la dignidad de una persona sometida a un proceso judicial.

En su pronunciamiento de la noche del 19 de febrero el presidente Nicolás Maduro anticipó que Ledezma estaba siendo juzgado “por asesinato, homicidio, golpismo y mil cosas más por la justicia venezolana”. No fue sino hasta la mañana que el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa en el que explicó que el alcalde fue detenido por su presunta vinculación con un plan conspirativo. El artículo 26 habla de un sistema judicial imparcial, autónoma e independiente.