La visita de un alto dignatario olímpico suele incluir encuentros con ministros de deporte, con el alcalde o el gobernador de una ciudad postulada a ser sede de algún evento, incluso con el Presidente de la República. ¿Por qué el responsable de las áreas de buena gobernanza y relaciones con los Comités Olímpicos de Iberoamérica por parte del COI, Alejandro Blanco, se reunió con una magistrada del TSJ? ¿Por qué pide veedores internacionales para los procesos electorales de las federaciones el próximo año
La explicación podría remontarse al 5 de agosto de este año, poco antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Probablemente el cálculo de los ejecutores pudo haber previsto que la plana mayor del COV estaría demasiado concentrada en el traslado al estadio Maracaná para asistir a la ceremonia de apertura. El caso es que cerca de las dos de la tarde, tres horas antes de la salida de la delegación venezolana de la Villa Olímpica, el portal del Tribunal Supremo de Justicia mostraba el extracto de la sentencia 689 de la Sala Constitucional que declaraba “ha lugar” la solicitud de revisión formulada por Manuel Rondón sobre una decisión de la Sala Electoral que favorecía al COV.
Rondón había ejercido un recurso contencioso electoral en 2014, tras los comicios en los que Eduardo Álvarez resultó reelegido al frente del COV para un tercer período consecutivo. Antiguos aliados, se distanciaron cuando Álvarez decidió no incluir a Rondón en su fórmula y éste terminó afiliándose a la plancha rival, encabezada por la presidenta de la Federación de Gimnasia Zobeira Hernández.
En ponencia del magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, la Sala Electoral declinó su competencia para conocer del recurso, invocando el artículo 51 de la Ley del Deporte, que reconoce que “la elección de las autoridades del Comité Olímpico Venezolano, se realizará de conformidad con lo previsto en sus estatutos y reglamentos, con observancia y sujeción a principios democráticos y en armonía con los principios del movimiento olímpico”, y el 49, numeral 8 de los Estatutos del COV, que establece que “agotada la vía administrativa, cualquier impugnación a los procesos electorales del Comité Olímpico Venezolano sólo se hará por ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, cuyas decisiones serán definitivas e inapelables”.
La sentencia, publicada en noviembre de 2015, constituía un espaldarazo a la autonomía del deporte olímpico, que desde la aprobación de la Ley del Deporte había sufrido la intervención de cinco federaciones. Pero su efecto no perduraría mucho. Rondón pidió a la Sala Constitucional una revisión de lo actuado por la Electoral y el resultado hasta ahora es el extracto de la decisión (porque tres meses después la sentencia no ha sido publicada), y la visita de Alejandro Banco, presidente del Comité Olímpico Español y responsable en materia de buena gobernanza y relaciones con los CON’s de Iberoamérica en el COI, con un propósito obviamente correctivo.
Aunque escogiendo las palabras con el cuidado que impone la diplomacia olímpica, Blanco se confiesa preocupado por la autonomía del COV y las federaciones venezolanas. “Sí hay preocupación, por eso estamos aquí, pero yo creo que después de las reuniones que hemos tenido de verdad pienso que se va a solucionar”, confiesa Blanco.
Esas reuniones se celebraron con el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, el más fuerte respaldo de Álvarez en el alto gobierno, las federaciones nacionales, la magistrada Jhannett Madriz de la Sala Electoral y el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Pedro Infante. Con estos dos últimos debe haberse abordado sin duda la delicada situación del canotaje, tras la publicación de una sentencia de la Sala Electoral en la que se ordena al IND convocar a una asamblea para elegir a las nuevas autoridades de esa disciplina, un procedimiento totalmente irregular y reñido con los estatutos de la federación, con la Ley del Deporte y con la más elemental lógica jurídica del deporte olímpico, que establece que una asamblea de cualquier entidad federativa sólo puede ser convocada por sus integrantes naturales, que obviamente no es el caso del IND.
Sin embargo, el gobierno parece decidido a jugar rudo en este caso. Aunque no trascendieron los acuerdos a los que Blanco llegó con Infante, resulta llamativo que cuando el español todavía se encontraba en Venezuela, el IND ratificó la convocatoria a una asamblea de asociaciones para el 5 de noviembre, con el objetivo de reformar los estatutos del canotaje, una medida que podría conducir a la desafiliación internacional de ese deporte.
Apuros en la Villa
Eduardo Álvarez no se da por enterado del extracto de la sentencia 689 de la Sala Constitucional y por lo tanto no cree que el mismo amenace la estabilidad ni la afiliación internacional del COV: “No es una sentencia firme, es sólo una publicación en un portal. Yo no estoy notificado, no tengo ninguna sentencia”.
Sin embargo, la aparición del extracto en un momento en el que se consideraba que el COV no tendría margen para maniobrar causó conmoción en la Villa Olímpica aquel 5 de agosto. El propio Álvarez reconoce las gestiones que se hicieron allá ese mismo día: “El COV se movió, hicimos una serie de solicitudes que fueron escuchadas por el Comité Olímpico Internacional. Hubo reuniones en Río con las autoridades, dos de ellas con el ministro de Deporte: una con el departamento legal (del COI) y otra con (el director general adjunto del COI para las relaciones con el Movimiento Olímpico) Pere Miró, y en ambas se acordó esta visita de Alejandro Blanco”.
Álvarez trata de dar un cariz rutinario a la presencia de Blanco: “El COI muestra un seguimiento por cada uno de los Comités Olímpicos afiliados, y en este momento obviamente la intención era venir a Venezuela a ver cuál es la situación, tras esa solicitud que se hizo en los Juegos Olímpicos”.
Sin embargo, en Río la publicación en el portal del TSJ estuvo cerca de causar, como mínimo, la cancelación del desfile de Venezuela en la inauguración, pero tal vez incluso de la participación misma, que terminó con saldo de tres medallas y 12 diplomas. En el ánimo de los dirigentes olímpicos pareció quedar claro que el ministro Maldonado había sido tan sorprendido como ellos mismos por la movida jurídica.
De la visita de Blanco se desprenden dos conclusiones: la necesidad de estructurar la Comisión de Justicia Deportiva prevista en la Ley del Deporte, que quedó en mora por falta de un reglamento que la viabilizara y que nunca fue redactado por el ejecutivo, y la necesidad de que haya presencia de veedores internacionales en los procesos de renovación de autoridades previstos para el próximo año en clubes, asociaciones y federaciones.
“Ya nadie duda de que asociarse en una federación internacional es un acto voluntario que implica cumplir los requisitos de esa federación”, dejó claro Blanco, disfrazando su advertencia bajo la forma de una disertación sobre buena gobernanza y relaciones con los gobiernos. “Cuando la política se mete dentro del deporte, tenemos problemas (…) Es necesario que haya veedores de las federaciones internacionales en estos nuevos procesos (en 2017 en Venezuela). Hay que ser firmes, porque cuando cede una federación, todas las demás ceden. La unidad de las federaciones venezolanas es importante para salvaguardar la independencia y la autonomía del deporte”.
Blanco también reconoció que con el presidente del IND abordó el otorgamiento de recursos, y agregó una conseja que suele formar parte de la prédica del COI: “Que el gobierno dé el dinero no significa que compre a una asociación o a una federación, del mismo modo que una donación a la iglesia no da derecho a escribir el sermón. Es a las federaciones a las que corresponde el manejo de esos recursos, del mismo modo que al gobierno le corresponde ejercer control sobre cómo se gastaron”, para rematar tratando de comprometer de alguna forma a Infante: “Pero la disposición de Pedro fue muy buena”.
Alejandro Blanco, miembro del Comité Olímpico de Iberoamérica
