incumplimiento de pagos

El Banco Central de Chile anunció hoy la revocación de la línea de crédito bilateral que otorga al Banco Central de Venezuela (BCV) debido a los “sucesivos incumplimientos” en los pagos.

“Esta decisión fue adoptada en atención a los sucesivos incumplimientos incurridos por el BCV en la cancelación de sus saldos netos deudores durante el 2017 y los riesgos patrimoniales que ello generaba para el Banco Central de Chile”, señaló el emisor chileno en un comunicado.

La línea de crédito, que forma parte de un convenio bilateral en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), fue fijada en 80 millones de dólares en 1989 y se ha mantenido sin cambios desde entonces.

Según el emisor chileno, el Banco Central de Venezuela ha hecho un “uso intensivo” de esta línea en los últimos años, por lo que se ha visto obligado a adoptar medidas para mitigar el riesgo y reducir la deuda venezolana, que actualmente es de 2,1 millones de dólares.

“El progresivo deterioro de los indicadores financieros de Venezuela y el comportamiento del BCV en años anteriores en el marco de este convenio ya habían motivado la adopción de otras medidas de carácter general en resguardo del patrimonio del Banco Central de Chile”, resaltó el emisor chileno.

El Banco Central chileno subrayó que ejercerá “todas las medidas jurídicas legales a su alcance” para lograr recuperar el dinero adeudado.

Además destacó que el artículo 27 del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI permite a cualquier banco central miembro del acuerdo revocar la línea de crédito otorgada a otra institución.

El estado de emergencia económica tuvo un efecto colateral que produjo una demora en los pagos de importaciones y ha afectado directamente a los exportadores de pollo de Brasil, de los cuales muchos han optado por no venderle más a Venezuela.

El Decreto de Emergencia Económica por la crisis económica que atraviesa el país, aunado a la escasez de dólares y los diferentes tipos cambiarios complican los pagos a exportadores que solían pautar los pagos a futuro.

El gobierno nacional y los avicultores de Brasil tenían pautados contratos por cobrar por aproximadamente seis billones de dólares cuando el estado de emergencia entro en vigencia en enero del 2016, declaró el coordinador de la encuesta del Centro de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, Oliver Stuenkel para el portal avicultura.info.

De acuerdo a lo que reseña el portal, los importadores no tienen como pagar a las empresas brasileñas. «Hubo un intento de resolver algunos pagos, pero la mayor parte de la deuda no fue pagada. El resultado fue que muchas compañías simplemente dejaron de vender al país vecino por temor a no recibir sus pagos» explicó Stuenkel, quien movía las transacciones comerciales entre los países hasta el estado de emergencia.

Los efectos ya son visibles en los flujos de comercio, asegura el portal, habiendo caído al nivel más bajo desde 2003, pasando gradualmente de US$ 6 billones en 2012 a US$ 1,69 billones el año pasado.

Debido a los problemas, las empresas exportadoras de alimentos que deciden continuar sus transacciones con Venezuela exigen pagos por adelantado o en efectivo.

A medida que los contratos de divisas se cierran directamente entre las empresas exportadoras y los bancos, registrados en el Sistema de Cambio del Banco Central, no se sabe exactamente el tamaño de la factura heredada en la crisis. Sin embargo, expertos y compañías afirman que la mayoría de los contratos no se pagaron.

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Conforme se prenden las alarmas en los mercados financieros debido a que las reservas en dólares del BCV se agotan aceleradamente y aumentan las probabilidades de que Venezuela no pueda pagar la deuda externa, el gobierno apura el paso liquidando a precio de gallina flaca un conjunto de activos de la nación para hacerse con unos dólares e incorporarlos a esa maquinaria de tragar divisas que es el control de cambio.

Ciertamente, la mayoría de quienes tienen bonos venezolanos están asumiendo que el gobierno se está quedando sin fondos en moneda extranjera y que los compromisos de pago, pronto a vencerse, no podrán ser honrados con lo que se entraría en una situación de incumplimiento de pago, con todo lo que ello implica. Así, urgido de caja, recientemente el gobierno de Maduro hipotecó buena parte de las reservas de oro del BCV,  negoció con el Fondo Monetario Internacional  una porción importante de sus haberes en esa institución y ahora anda desesperadamente buscando dos préstamos con China y Rusia para alimentar las arcas deficitarias de PDVSA, empresa ésta a quien ni a US$ 200 el barril de petróleo le es suficiente para cuadrar sus cuentas.

Lo último que se supo fue la venta, a precio de regalo, de las acciones de la refinería que tenía PSDVSA en Chalmette, ubicada en el estado de Luisiana, Estados Unidos, donde se refinaba petróleo venezolano.  Si estos bienes fuesen propiedad personal del presidente Maduro, uno podría aceptar que él los vendiera a cualquier precio o inclusive que los regalara. Sucede que esos bienes son de todos los venezolanos y por lo menos alguna consulta habría que hacer acerca de la liquidación de esas propiedades. Nadie ha autorizado a Maduro a vender los bienes nacionales, menos aún a precios irrisorios.

De esta manera, nos encontramos con un gobierno que se dice revolucionario y socialista que vende a precios de saldo los bienes nacionales sin ni siquiera informar al país de esas transacciones, las cuales se han conocido por las diferentes agencias noticiosas a nivel internacional, porque tampoco los agentes propagandistas del gobierno ni su prensa estipendiada han dado cuenta del remate de esos activos que hasta hace poco pertenecían a los venezolanos.

Con esos recursos en manos, ya sabemos que los mismos serán incorporados a ese barril sin fondo que es el control de cambios, donde virtualmente lo que hay es una rebatiña para capturar, por parte de grupos mafiosos, esos dólares para realizar importaciones ficticias. Porque el sistema de control de cambios es el mecanismo más perfecto que existe en Venezuela para la corrupción, donde un conjunto de grupos organizados y familias muy bien conectadas, son quienes terminan capturando esos dólares baratos para fingir que están trayendo mercancías al país.

Así las cosas, ya literalmente sin reservas el BCV y vendiendo bienes de la República se apresta el gobierno para lanzar una operación de tratar de recuperar parte de los votos potencialmente perdidos en unas elecciones parlamentarias que hasta el momento de escribir este artículo ni fecha tienen todavía.

 

@JoseAGuerra