Venezuela incumplió este martes el pago de dos vencimientos de deuda y se encuentra, en consecuencia, en mora sobre esas dos obligaciones, reportó el miércoles la agencia calificadora S&P Global Ratings, que confirma, además, la situación de default parcial del país.
«Venezuela no realizó el pago de 237 millones de dólares sobre sus obligaciones, con vencimiento en 2025 y 2026», incumpliendo, además, el reembolso al término del período de gracia de 30 días, subrayó la agencia en un comunicado.
«De acuerdo con nuestro criterio, hemos bajado la calificación a ‘D’ para esos dos bonos», agregó.
S&P Global Ratings y Fitch ya habían declarado esta semana a Venezuela y PDVSA en default parcial, por el retraso de varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.
Los títulos de la petrolera representan el 30% de la deuda externa venezolana, estimada en unos 150.000 millones de dólares, que el régimen de Nicolás Maduro busca refinanciar.
La petrolera estatal PDVSA, sostén de la deprimida economía de Venezuela, fue declarada el 16 de noviembre en default por tenedores de bonos en Nueva York.
Un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) —que reúne a acreedores— resolvió que PDVSA se encuentra en «un default de pagos» de sus títulos de deuda, por tres retrasos en sus pagos.
Esa evaluación de ISDA abre el camino para activar los seguros por incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps) contratados por los acreedores.
Los acreedores de Venezuela no van a tener fácil cobrar lo que se les adeuda en caso de una pelea con Venezuela. Eso advierten a BBC Mundo expertos legales y financieros que anticipan que, de consumarse un «default» o cesación de pagos generalizada sobre una deuda externa venezolana que algunos estiman hasta en US$150.000millones.
La crisis económica y la falta de divisas del gobierno venezolano han provocado que el impago sea una posibilidad.
Si ocurre lo que muchos temen y anticipan, se iniciará un complicado proceso de maniobras legales para cobrarle a Venezuela -y de contramaniobras para evitar el cobro- que le dará mucho dinero a los abogados, pero no necesariamente grandes satisfacciones a los acreedores.
El gobierno venezolano, ante la caída de sus ingresos por la bajada de los precios del petróleo y su menguante producción de crudo, ha dicho que desea reestructurar cerca de US$63.000 millones de su deuda.
Hay dudas acerca de la capacidad venezolana para pagar el resto. Y desde ya se sabe que, si se rompen las incipientes conversaciones entre Venezuela y los tenedores de su deuda, hay una serie de activos de propiedad venezolana en el extranjero que serán el primer objetivo de los acreedores.
Para empezar a entender el proceso, asegura Mark Walker, ejecutivo de la firma de asesoría financiera neoyorquina Millstein & Co. y especialista en el tema de deuda soberana, hay que distinguir exactamente quién es el deudor.
Walker le dice a BBC Mundo que una cosa es el gobierno soberano de Venezuela, y otra la empresa estatal petrolera venezolana, PDVSA. Ambos han emitido deuda, pero la capacidad de cobrar una y la otra es muy distinta.
La deuda soberana de un país es difícil de cobrar en caso de cesación de pagos, ya que es imposible embargar o liquidar activos de un Estado.
«Ni embajadas, ni equipo militar ni las reservas en el extranjero del banco central serían objeto de esas acciones», le asegura Walker a BBC Mundo.
El experto descarta que se produzcan nuevos intentos como el de los acreedores de Argentina que en 2012 intentaron quedarse con un buque de entrenamiento de la armada del país sudamericano interceptado en un puerto de Ghana. «Eso no funcionó como maniobra legal», recuerda.
Con PDVSA es distinto
Otra cosa es PDVSA, que opera bajo reglas comerciales, como si fuera una empresa más, a pesar de ser propiedad del Estado venezolano. La deuda de PDVSA es más fácilmente exigible en los juzgados internacionales, y los acreedores buscarían que los tribunales les otorgaran los bienes de PDVSA en el extranjero para cobrar las deudas por pagar.
«PDVSA tiene tres clases de activos en el extranjero que serían potencialmente de interés a los extranjeros», explica Walker.
Tal vez el más llamativo es la empresa de refinación y distribución de combustible basada en Estados Unidos, Citgo, la sexta refinería más grande del país, con instalaciones en los estados de Luisiana, Illinois y Texas y decenas de miles de estaciones de servicio.
El segundo activo sería el dinero que PDVSA recibe en el extranjero por la venta de petróleo venezolano. Y el tercero, algunas participaciones en ciertas refinerías extranjeras, dice Walker.
El atractivo de Citgo para los acreedores es claro, pero hay atenuantes.
«Las acciones de Citgo ya están prendadas a favor de un grupo de acreedores», recuerda a BBC Mundo José Valera, abogado de la firma de Houston Mayer Brown y especialista en derecho del sector energético.
PDVSA comprometió sus acciones en Citgo como garantía por un préstamo a la empresa petrolera Rosneft y a los que compraron un bono que se vence en 2020, aclara Valera.
En las pasadas semanas hubo informaciones sobre un acuerdo por el que Rosneft devolvería esa garantía a cambio de otras contraprestaciones petroleras de Venezuela para evitar así problemas en Estados Unidos, que también ha decretado sanciones contra la empresa rusa. De momento, sin embargo, no hay confirmación oficial.
«Otros acreedores que no tienen esas garantías tendrían que esperar a ver si queda algo para ellos», agrega Valera.
Solución amistosa
Por el momento, los acreedores rusos, tal vez los que más fácil tendrían obtener pago por su acceso a las acciones de Citgo, han dicho que están buscando soluciones amistosas a su deuda con Venezuela y han ofrecido ampliar los plazos.
Entre las consideraciones que potencialmente tendrían a la hora de exigir el pago de la deuda con las acciones de Citgo es una posible reacción política negativa en Estados Unidos.
Washington no estaría feliz al ver que una empresa importante de energía de su país cae en manos rusas.
Quedaría entonces para el resto de acreedores la opción de buscar una orden judicial para quedarse con el dinero que PDVSA va obteniendo al cobrar por sus ventas de crudo. Pero aquí la petrolera también tiene maneras de defenderse frente a esos requerimientos.
«PDVSA no tiene que exportar el petróleo ella misma. Le puede vender el crudo en Venezuela a un tercero como China o a una empresa comercializadora internacional como la multinacional Trafigura, y así evita que ese dinero pudiese ser objeto de las acciones legales de los acreedores»,dice Walker.
Petróleo tampoco
Tampoco podrían intentar los acreedores quedarse con el petróleo mismo.
«Presumo que PDVSA vende el petróleo en la modalidad Free on Board, que quiere que decir que la propiedad del petróleo pasa a manos del comprador apenas es depositado en el barco en puertos venezolanos», agrega Walker, lo que hace que cuando circula por el mar y llega al extranjero, el crudo ya es un activo de propiedad de un tercero, no de PDVSA.
Reconoce que si PDVSA vende petróleo en el extranjero a crédito a 90 días, durante ese periodo, un acreedor podría intentar que un juzgado le reconozca la propiedad de esa cuenta por cobrar.
«Pero para conseguir una orden judicial que le permita hacer eso, podría tomarle de seis meses a un año. De ahí que en ese tiempo, Venezuela podría hacer arreglos para transferir ese dinero y evitar que los acreedores lleguen a él».
Finalmente, dice Walker, está la participación que PDVSA podría tener en otras refinerías extranjeras. «No estoy seguro si eso representa un monto de dinero considerable», matiza.
Reputación
Walker concluye que «si PDVSA se comporta de manera racional», tiene muchas maneras de proteger sus activos frente a los que reclaman el pago de las deudas.
Pero muchas veces el principal problema de tener esas deudas sin pagar no es oponerse a los esfuerzos de los cobradores, que suelen ser tan dispendiosos para el acreedor como para el deudor, sino el daño que el impago produce a la reputación del deudor.
Un «default» extendido de Venezuela o de sus principales empresas estatales haría mucho más difícil para ellas volver a pedir prestado en los mercados internacionales, ya de acceso limitado por las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
Y eso puede terminar siendo más costoso que cualquier bien que pierda a manos de las demandas de los acreedores en las cortes extranjeras.
La agencia de calificación S&P Global Ratings declaró en default parcial a la petrolera venezolana PDVSA debido a un impago de los intereses de una parte de su deuda, informó el miércoles en un comunicado.
La calificación de S&P para los préstamos de PDVSA pasó de CC (“muy vulnerable”) a SD (default parcial), indicó la agencia al día siguiente de que su homóloga Fitch tomara una decisión similar.
S&P señaló que tomó la decisión de rebajar la nota ya que Venezuela no realizó los pagos debidos de intereses de deuda con vencimiento en 2027 y 2037.
“Dadas las actuales sanciones contra PDVSA y sus problemas de liquidez, dudamos de la capacidad de la compañía para pagar el resto de su deuda” en los plazos previstos, precisó la agencia.
PDVSA es el sostén de la economía venezolana, al generar 96% de las divisas, por lo que un default agravaría la profunda crisis que atraviesa ese país al comprometer sus activos, como CITGO, filial en Estados Unidos.
El Estado venezolano ya ha sido declarado también en default parcial por S&P y Fitch.
El país está asfixiado financieramente por la caída de los precios del petróleo.
Ya solo dispone de 9.700 millones de reservas y debe reembolsar al menos 1.470 millones antes del fin de 2017 y otros 8.000 en 2018.
El ministro de Economía de Venezuela, Simon Zerpa Delgado, y el titular de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, se encuentran este miércoles en Moscú para firmar un acuerdo para aliviar a corto plazo el peso de la deuda del país hacia Rusia, uno de sus principales acreedores.
Venezuela dejó de pagar a Brasil una deuda por 262,5 millones de dólares y el Gobierno brasileño presentará el tema al Club de París, confirmaron a Reuters funcionarios de Brasilia.
El atraso de más de dos meses, dentro del denominado Convenio de Créditos Recíprocos (CCR), una cámara de compensación entre países de América del Sur, ya es considerado una morosidad por Brasilia. El Gobierno ya envió una carta a la embajada venezolana en Brasil avisando la posibilidad de llevar el caso al Club de París, al cual adhirió formalmente en 2016.
El rol del Club de París es justamente tratar la deuda de los países. “Brasil pretende usar esa estructura para buscar la cobranza”, dijo una de las fuentes.
Pese a que el valor de la deuda no es alto, el hecho de que Venezuela no haya conseguido honrar sus deudas dentro del mecanismo de compensación es una pésima señala para el Gobierno de Nicolás Maduro.
En el CCR la compensación es multilateral. Los países que deben pagar hacen los depósitos y los retiros dos o tres veces por año. El CCR es una garantía de pago, ya que lo que un país debe recibir es depositado y utilizado para cancelar las deudas con los demás.
Brasil debería haber recibido 334,50 millones de dólares, según información enviada a Reuters por correo electrónico. “Dichos valores estaban compuestos por la suma de los saldos bilaterales de Brasil ante todos los demás países del CCR. Teniendo en cuenta lo ocurrido con Venezuela, los valores a ser recibidos por Brasil fueron recalculados”, explicó el Banco Central.
Al final, Brasil recibió apenas 72 millones de dólares de los demás países.
Cálculos realizados por el Gobierno de Brasil y por empresas apuntan a una deuda de 5.000 millones de dólares entre la administración de Maduro y las compañías brasileñas. La situación perdura hace más de dos años, sin solución, por lo que las firmas brasileñas sólo han aceptado exportar a Venezuela tras un pago por adelantado.
Durante el primer semestre de este año, el Gobierno de Brasil anunció que intentaría enviar una misión de negociaciones a Caracas para tratar las deudas, pero hasta ahora no ha tenido éxito.
Luego de que fuese divulgada una información este viernes la cual asegura que el Gobierno de Venezuela entró en incumplimiento de pagos al dejar de cancelar los intereses de un bono por $650 millones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), esta aclaró que «cambios en la operatividad han afectado las transacciones», y destacó que el pago fue realizado el pasado 08 de noviembre.
«Transferidos a las instituciones financieras el 08/11, los recursos correspondientes al pago EDC2018 (8,5% Notes due 2018). Cambios en la operatividad han afectado las transacciones», destaca la corporación en un tuit publicado en su cuenta de Twitter.
La primera versión fue comunicada por la firma Wilmington Trust, el fiduciario del título, en un comunicado enviado este viernes a la Bolsa de Luxemburgo.
Transferidos a las instituciones financieras el 08/11, los recursos correspondientes al pago EDC2018 (8,5% Notes due 2018). Cambios en la operatividad han afectado las transacciones. @LMOTTAD
