Mientras los países de América Latina trabajan hacia políticas de gobierno abierto y lucha anticorrupción, en Venezuela la corrupción está institucionalizada, el gobierno domina la estructura del sistema de justicia y anula todo tipo de fiscalización y sanción. Transparencia Venezuela arroja luces sobre las áreas de mayor riesgo en esta materia, a través del registro de los casos más sobresalientes en 2017, que evidencian que “la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca”, a juicio de Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de esta organización.

En la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela 2018, en la que la organización presentó su rendición de cuentas,  Mercedes De Freitas, dio a conocer el Informe Corrupción 2017. Se trata de una selección de casos que refleja cómo funciona la opacidad, la impunidad, el control político sobre los poderes públicos que constitucionalmente deben  ser autónomos e independientes, para que puedan ejercer los contrapesos necesarios para lograr las sanciones de ley. Son irregularidades al más alto nivel  que impactan la cotidianidad de los venezolanos, deteriorando cada vez más su calidad de vida.

De Freitas explicó que los casos fueron seleccionados por “el alto perfil de las personas involucradas, por el impacto político y en la vida del país en general y por los montos que estaban relacionados”.

“El drama de este país es la corrupción. La crisis es la corrupción”, apuntó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Manifestó que lo que ocurre va más allá de las irregularidades de mediana monta. Señaló que la revisión de estos casos, aunque no es una exploración exhaustiva, deja en evidencia que en Venezuela está instaurada la “gran corrupción”.

Al profundizar sobre este aspecto, señaló que nuestro país cumple con todos los elementos que definen a la gran corrupción: participación de funcionarios de gobierno de alto nivel, irregularidades que impactan a grandes sectores de la población (que no reciben beneficios sociales, no pueden acceder a buenos servicios o son víctimas de injusticia y represión),  redes de corrupción que traspasan las fronterasvinculadas con grupos que facilitan el blanqueo del dinero y legalización de bienes producto de la corrupción,  y la más absoluta impunidad a través  del control del sistema de justicia.

“Para atacar la corrupción no basta con decisiones locales, regionales, ni siquiera en el ámbito nacional. Para resolver estos casos haría falta un esfuerzo entre varios países. Un órgano que quiera luchar contra la corrupción en Venezuela debe tener relación con los países donde debe estar el dinero producto de la corrupción. Debería tener relación formal con las fiscalías de otros países, debería tener apoyo de los órganos de control de los espacios financieros donde se mueve el dinero”

De Freitas sostiene que para logar ese “task force”, es necesario “un trabajo de recomposición de los órganos de justicia y de control. Es decir, la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca para lograr autonomía, independencia, capacidades y recursos”.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela  dice que es urgente pensar en un órgano antiimpunidad y anticorrupción en Venezuela e insiste en que debe existir una relación estrecha con las instituciones internacionales que fiscalizan los espacios donde se maneja el dinero.

Plantea que es necesario ser muy eficiente en el manejo del dinero público. “Nosotros necesitamos tener claridad de cómo es la distribución del gasto para ver si de verdad se está invirtiendo en lo que se requiere, para atender a los que más lo necesitan con efectividad, con eficiencia”.

“No puede ser que esté recibiendo CLAP gente que gana en dólares. No puede ser que esté recibiendo esa bolsa una gente que tenga un sueldo que puede comprar sus alimentos cuando hay gente que no recibe CLAP y se está muriendo de hambre”, acotó De Freitas.

Advirtió que la falta de pulcritud en la administración del dinero del Estado impacta en la economía del país. “Si esto no se aclara no vamos a poder negociar la deuda, inversiones,  préstamos, ni cooperación internacional”, sostiene, al tiempo que señala que hasta la posibilidad de recibir ayuda humanitaria está en juego, por la desconfianza que genera el alto gobierno a nivel internacional.

Crímenes violentos impulsados por una asegurada impunidad afectan a los habitantes de barrios de Venezuela, sin discriminar entre niños, ancianos, o mujeres, es lo que evidencian los casos más leídos de Monitor de Víctimas de la tercera semana de mayo.

En La Bendición de Dios, una barriada en Ciudad Guayana, han aparecido tres cabezas en los últimos dos meses. El caso más leído de la tercera semana de abril sucedió el pasado domingo 13, Día de las Madres, cuando la madre de los hermanos Mayerlin y Anderson Jaramillo, de 18 y 22 años respectivamente, encontró sus cuerpos desmembrados. Al día siguiente, sus cabezas aparecieron en la cerca de un barrio a kilómetros de distancia. Los habitantes presumen que el motivo detrás de los asesinatos es venganza, impulsada por los altos niveles de impunidad.

https://runrun.es/nacional/348623/monitordevictimas-decapitan-a-dos-hermanos-en-la-bendicion-de-dios-de-puerto-ordaz.html

La muerte de un niño de cuatro años en Ciudad Guayana fue el segundo caso que nuestra audiencia más leyó esta semana. Daniel Azocar estaba sentado en la acera frente a su casa comiendo una fruta sin conocer que en la casa de al lado se estaba quedando Didson  Rodríguez, un hombre de 23 años que había regresado repentinamente de las minas de Tumeremo unos días atrás. En ese momento Rodríguez decidió salir de la casa y se detuvo en la acera cuando un carro lo interceptó y le disparó con un fusil. Las balas le quitaron la vida al hombre, pero también al niño.

https://runrun.es/nacional/348420/monitordevictimas-disputa-minera-cobra-la-vida-de-un-nino-de-4-anos-en-ciudad-guayana.html

María del Carmen Gil, de 69 años de edad, y Darwin Alexander Cuello Azuaje, de 23 años, salieron temprano de sus casas en La Vega, con un largo día de trabajo y colas para comprar comida esperándolos. Pero los planes de una banda de la zona eran otros: infundir el miedo entre los habitantes para tomar el control y dejar en claro su autoridad. Los delincuentes procedieron a disparar una rafaga en la calle, e impactaron a tres personas. Dos de ellos, María del Carmen y Darwin, fallecieron. Y esta no es la primera vez que la banda hace esto, como explica la tercera nota más leída de la semana.

https://runrun.es/nacional/348401/monitordevictimas-banda-de-la-vega-disparo-contra-los-vecinos-y-mato-a-dos-personas.html

En el municipio Caroní del estado Bolivar, el CICPC ha matado a 23 personas bajo el motivo “resistencia a la autoridad”. La cifra es más de la mitad de los homicidios registrados en el municipio, y la figura de resistencia ha aumentado 190 % a comparación del año pasado. Lee más sobre las estadísticas de asesinatos que ha recopilado Monitor de Víctimas:

https://runrun.es/nacional/347948/monitordevictimas-cuerpos-de-seguridad-cometieron-mas-de-la-mitad-de-los-homicidios-de-marzo-en-ciudad-guayana.html

José Luiz Ratton, sociólogo de Brasil, experto en reducción de homicidios fue invitado a Venezuela por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) como parte de la iniciativa internacional Instinto de Vida, que busca bajar a la mitad la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego en América Latina

Durante su visita ha dado a conocer su experiencia liderando un programa llamado Pacto Por la Vida, que del 2007 al 2013, redujo en 40% los homicidios en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil.

Runrun.es conversó con el experto sobre cómo entender la violencia, la importancia de los datos abiertos y de la tecnología para la solución de problemas, y las similitudes entre ciudades violentas de Venezuela y Brasil.

Siempre se relaciona la violencia con pobreza. ¿Es la riqueza igual a la no violencia?

No hay una relación directa entre pobreza y violencia, ni es cierto decir que todos los pobres son violentos. No todas las situaciones de violencia son generadas por los pobres. Lo que pasa es que la violencia en los espacios de pobreza es más visible socialmente e, incluso, es más explorada por los que viven en esos espacios. Los pobres son percibidos como peligrosos porque la clase media controla los medios para dar esa percepción. No hay una relación necesaria entre pobreza y violencia.

Hay muchos focos de violencia que son comandados e inclusive financiado por los ricos. El lavado de dinero, la compra y tráfico de armamento, por ejemplo.

La producción de la violencia es muy compleja y no se puede limitar a relacionarlo sólo con la pobreza. Hay espacios de pobreza con violencia y hay producción de violencia completamente relacionada a personas de grupos que son ricos.

¿Cómo se crean políticas públicas eficientes para reducir la violencia?

La violencia es una cosa compleja, multidimensional, y para solucionarla debe haber participación de la policía, tribunales, pero también la prevención de la violencia desde una política pública compleja y multidimensional. La violencia es un proceso histórico y para disminuirla se necesitan políticas a corto y a largo plazo también.

La reducción de la desigualdad es importante así como también la capacitación de la policía y el abordaje en Latinoamérica del tema de las drogas. Hay que pensarlo de una forma abierta, multidimensional, integrada.

En Venezuela, el Gobierno promovió  las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), donde han ocurrido ejecuciones extrajudiciales, para atacar directamente el crimen. ¿Es esta una política eficiente para reducir la violencia?

No, no es un política eficiente. Genera el debilitamiento de la legitimidad del Estado. La policía sólo puede matar en una situación extrema y cuando existe un riesgo latente para alguno de los funcionarios. Así que las ejecuciones extraoficiales no pueden convertirse en una política de Estado. Es muy grave, no se puede pensar esto como una forma de política de seguridad ciudadana. Se deben pensar en actuaciones de la policía que sean más eficientes y con resultados más concretos.  En estos casos, más bien, el Gobierno está aumentando la violencia.

También existe el problema de la impunidad. En Venezuela alguien puede ser detenido y pasar años sin pasar a juicio o recibir una sentencia.

Las audiencias y los tribunales también son responsables en el proceso de reducción de violencia. El tiempo de juzgar debe ser adecuado, legal. Esto debe cambiar porque sino el Estado está participando en la producción de la violencia, después esas personas regresan a cobrar deudas una vez estén en libertad.

En Venezuela no existe una Ley de Transparencia ni se dan a conocer las cifras de homicidios. Los periodistas y la sociedad civil, en muchos casos, se han dado la tarea de recoger datos de violencia, tal es el caso del proyecto Monitor de Víctimas que lleva Runrun.es. ¿Qué aportan los datos abiertos en la reducción de la violencia?

En Brasil también tenemos problemas de transparencia. Hay una ley pero no todas las veces se cumple. En Pernambuco nos daban la información de quién moría, sexo, edad, ocupación y se tenía un reporte mensual y análisis de la violencia por municipio y barrio. Esto no se está haciendo más porque cambió el Gobierno y decidieron no seguir publicando. Ahora sólo dan cifras generales.

Para contrarrestar esta situación hemos creado una aplicación llamada Fogo Cruzado que solamente colocando el email y una contraseña se puede reportar si hubo un disparo de fuego en la zona donde te encuentres. De esta manera, todas las personas que usen la aplicación van a recibir una alerta. En la aplicación también hay un mapa, donde se georeferencia el hecho después de haber sido chequeado.

Esta aplicación fue creada por una organización de la sociedad civil en Río de Janeiro y ahora se está replicando en Pernambuco. Esto es una forma de obligar y presionar al Gobierno a que divulgue información. Así que el problema del acceso a los datos no es sólo en Venezuela, lo sufrimos en Brasil también.

¿Y las Apps o iniciativas como estas ayudan a proteger a los propios ciudadanos?

Sí, para estar alertas. Inclusive para entender los tipos de violencia que hay. Por ejemplo, en Río de Janeiro se escuchan más disparos y hay más reportes porque la delincuencia posee armas largas, que son más ruidosas. Pero esto no significa que haya más muertes que en otras ciudades “silenciosas”. Esto hemos podido verlo a través de la data que recogemos con la aplicación.

¿Cómo se hace el chequeo de la información que les llega?

Cada caso se revisa en redes sociales y con grupos de la comunidad en donde ocurrió. Al momento de publicar no colocamos fotos amarillistas y se filtran las palabras a utilizar para producir información de calidad y con respecto a las víctimas

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, Venezuela tiene 7 ciudades entre las 50 más peligrosas del mundo. Si en algún momento se comenzara a combatir la violencia en Venezuela, ¿por dónde se tiene que empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos para reducir la violencia en ciudades como Caracas?

En Brasil tenemos 17 ciudades en esa lista. Lo primero es la reducción de la impunidad.Para eso debe haber una policía preparada que no sea discriminatoria, con capacidad de investigación y que tenga una relación con la fiscalía

Por otro lado, debe haber proyectos de reducción de la violencia en el nivel primario, secundario y terciario. En primer lugar, dar condiciones urbanas básicas como buena iluminación. En un nivel secundario, crear planes para reducir la violencia en grupos específicos. Por ejemplo,  atacar la violencia contra las mujeres, contra los grupos LGBT, contra la juventud, violencia contra grupos étnicos. Se tiene que pensar planes de forma específica para la prevención.

En un nivel terciario, ofrecer oportunidades para que personas que practicaron la violencia antes no lo repitan. Por ejemplo, programas para quienes salen de la prisión y puedan integrarse socialmente de nuevo a sus comunidades.

Debe haber continuación de estas políticas también; no pueden estar pre escritas a ciertos momentos o periodos electorales.

El Gobierno español subrayó este jueves que ETA no encontrará “ningún resquicio para la impunidad” pese a los sucesivos mensajes sobre su disolución, a los que la banda terrorista sumó hoy un comunicado y un vídeo en el que anuncia “el final de su trayectoria” y el “desmantelamiento” total “del conjunto de sus estructuras”.

Después de casi sesenta años de existencia, con más de 850 muertos a sus espaldas, ETA anunció su disolución, sin haber conseguido ningún objetivo político y con casi 300 terroristas en cárceles de España y Francia, gracias a la labor judicial y policial, que han ido cercando a la banda.

En su último mensaje, dado a conocer por el diario Berria y el portal Naiz.info, la organización terrorista señala que ha “ratificado” la propuesta de la dirección de “dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización”, y por eso “da por concluida toda su actividad política”.

El comunicado se complementa con un vídeo en el que se escucha la voz de los históricos etarras Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Marisol Iparraguirre, Anboto, leyendo en euskera (lengua vernácula vasca) y en castellano la declaración.

“ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen sus crímenes ni la acción de la Justicia para perseguirlos y castigarlos”, subrayó el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien dio por zanjada cualquier posibilidad de un cambio en la política penitenciaria para propiciar un acercamiento de los presos de la banda terrorista a las cárceles del País vasco.

“La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley, que para eso está. Y que nadie se llame a engaño”, dijo en referencia a unas declaraciones del presidente del Gobierno regional vasco, Íñigo Urkullu, en las que aseguraba que Rajoy “es sensible a un cambio en la política penitenciaria”.

En términos jurídicos, la impunidad es la falta de castigo a quien ha transgredido una norma legal, pero es imposible desconocer lo que esa ausencia de justicia provoca en los individuos y en la sociedad. El impacto es aún mayor cuando el hecho que no se sanciona constituye una violación de derechos humanos porque la impunidad propicia la repetición crónica de esas violaciones y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

La impunidad tiene efectos perversos en la sociedad democrática. Uno de los más elementales y dañinos es que los responsables de los crímenes, al constatar que no hay justicia, cometen nuevos abusos, sin temor a ser castigados. La impunidad le dice a los perpetradores que sus acciones no tienen consecuencias para ellos y allí se genera un círculo peligroso de injusticia y abusos.

Los familiares de las víctimas también son afectados por la impunidad, lo que lo convierte en una segunda agresión. Esa sensación de que los culpables del crimen no son castigados es vivido con gran intensidad emocional y mucho dolor, sin mencionar el sufrimiento que conlleva el participar en el proceso judicial porque de alguna manera se revive el trauma (revisar el expediente, solicitar actas o informes forenses, poner denuncias o someterse a interrogatorios resulta tremendamente estresante).

La impunidad impide a los familiares de las víctimas cerrar el duelo, y poder rehacer su vida. En el círculo familiar genera muy diversas consecuencias, y muchas veces reproduce la violencia al generar deseos de venganza. La ausencia de justicia genera en la familia que ha sido víctima la impresión de estar incompletas.

Por otra parte, existe la imperiosa necesidad de que se conozca la verdad de lo ocurrido, y así desmontar la verdad oficial que oculta los hechos y estigmatiza a las víctimas.

Por eso es tan necesario reconocer socialmente que se trató de un crimen, de una violación a los derechos humanos que no debió ocurrir nunca.

La impunidad también produce efectos perversos en la sociedad: la ciudadanía en general deja de confiar en las instituciones, en especial en el poder judicial, por lo que se debilita la democracia. Pero probablemente lo más relevante, es que reproduce la violencia.

La impunidad, de hecho, es un obstáculo para la paz, porque al amparar a los culpables siembra graves dudas sobre la justicia y la sinceridad del proceso desarrollado con miras a obtenerla.

En nuestra experiencia de acompañamiento a familias víctimas de violaciones a los derechos humanos, la palabra impunidad ha adquirido diferentes significados: “(…) es un silencio profundo” expresó Graciela Fajardo, líder del Comité de Familiares de Víctimas de abusos policiales y militares del estado Anzoátegui COFIVANZ en uno de los talleres de apoyo psicosocial realizado por COFAVIC.

“La impunidad es un vacío, es una lucha permanente, es buscar una respuesta y no encontrarla (…)”, dijo la madre de un joven asesinado en el estado Aragua por presuntos funcionarios policiales. “La impunidad es cuando no te toman en cuenta el caso y te lo archivan, no hay solución (…), la asocio con rabia e impotencia”, expresó Hilda Páez madre de Richard Páez asesinado en los hechos del Caracazo en 1989.

Estas expresiones muestran que la impunidad en Venezuela, más que un término jurídico, es una experiencia, un relato, una historia. Algunas víctimas refieren incluso olores, sensaciones y hasta sabores.

Para una persona que ha acudido a denunciar un abuso o un crimen ante las autoridades, o ante alguna instancia en busca de protección y mediación frente a un conflicto, la falta de respuesta oportuna, de una debida diligencia, aumenta la sensación de indefensión y desprotección, lo que afecta su identidad y confianza, pero en especial, la manera de reconocerse como parte de un sistema que debería tomar en cuenta sus derechos y está allí para mediar de manera independiente frente a los conflictos, facilitando la convivencia y contribuyendo a la co-existencia entre personas y grupos con diferentes pensamientos e intereses.

Para una víctima de violaciones a los derechos humanos, la impunidad cobra un sentido mayor, puesto que favorece la re-victimización a través de la inacción del Estado. La impunidad produce un silencio que aísla y culpabiliza a la propia víctima, lo que le quita responsabilidad al perpetrador, y propicia una forma de opresión social y cultural, con enormes repercusiones en la salud física y psicológica de la persona.

Adicional a esto, la falta de castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos contribuye a fomentar en las víctimas una cultura de miedo, que se ve reflejada en la no denuncia, la sensación de desamparo, desesperanza, que nadie puede protegerles y que no existen opciones para próximas víctimas. Fomenta la culpa e impide las respuestas organizadas de individuos y grupos.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad, a lo largo de la historia de la humanidad, ha inspirado y movilizado a miles de personas en torno a la verdad, al restablecimiento de la dignidad, por tanto, el mejor antídoto para reducirla ha sido la denuncia, el contar y mantener las voces de quienes se han sentido dañados o afectados, haciendo colectivo un propósito basado en la universalidad de los derechos humanos, el cual pese a los esfuerzos de los perpetradores, pasa a transmitirse de una generación a otra.

ENVÍENOS SU COMUNICACIÓN: Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y sugerencias: Por teléfono 0212 5729631, fax 0212 5729908; correo electrónico cofavic@gmail.com, Cofavic@gmail.com o carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.

@COFAVIC

El 1 de abril de 2017 inició una oleada de protestas en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. La acción, que constituyó un golpe de Estado según los expertos, propició una serie de manifestaciones para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes del Parlamento.

Pero con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios.

Runrun.es comenzó a llevar un registro de las personas que murieron desde el 6 de abril de 2017, cuando se reportó la primera víctima, hasta el 12 de febrero de 2018, cuando falleció en Mérida uno de los jóvenes heridos en estos hechos. En total, fueron 158 caídos.

Este especial muestra toda la información recopilada sobre cada uno de los muertos y la situación de impunidad en la que está cada caso cuando se cumple un año de haberse iniciado el período de protestas. Además, presenta un balance sobre lo que sucedió en las calles en esos cuatro meses; los personajes que protagonizaron las movilizaciones y aquellos que intentaron contenerlas a través de las armas, y la lectura sobre lo que los días por venir que hacen la sociedad civil organizada y los políticos jóvenes que estuvieron más activos en esas jornadas de lacrimógenas, detonaciones, terror y más de un centenar de víctimas fatales.

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La impunidad tiene una función política, la cual en el caso del Caracazo ha sido emblemática porque envía el mensaje de que los agresores nunca van a ser procesados, enjuiciados, castigados, ni en casos del pasado, ni del presente. Los presuntos responsables se mantienen protegidos por el Poder como un mecanismo que promueve el miedo colectivo, inmoviliza e impulsa la desesperanza, anula al otro y rompe el tejido social.

COFAVIC es la expresión genuina de la voz de las víctimas desde una perspectiva independiente. Nace a partir del encuentro de un grupo de mujeres que, unidas en el dolor, coincidieron en tribunales, en la morgue y en los hospitales y que al compartir sus historias se dieron cuenta que las mismas no eran únicas ni aisladas. Ya unidas y organizadas sumaron voces para buscar en colectivo, justicia y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido. Estas son las mismas mujeres que han acompañado a las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en hechos ilustrativos como los de noviembre de 1992, los deslaves de Vargas de 1999 y las protestas de 2014 y 2017, entre otros. Esa lucha del Caracazo no pertenece sólo al pasado, sino que se ha mantenido en el presente y compromete seriamente nuestro futuro, si no cambian las razones de origen y la impunidad que ha prevalecido de manera interesada y sostenida. Ellas han dicho al país que hay una verdad distinta a la verdad oficial que se ha querido promover y matizar de acuerdo con quienes detenten el poder.

Luego de 29 años de la masacre del Caracazo nadie ha sido condenado por esos hechos de manera definitiva. Las víctimas no han tenido acceso al expediente porque se alega que no son parte del proceso, mecanismo utilizado para invisibilizarlas y confiscar sus historias, fortaleciendo así la verdad oficial que se ajusta a los intereses del Poder. Luego de 29 años del Caracazo, en la investigación más resaltada por el Estado, aun no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista. Trabas y obstáculos año tras año lo único que demuestran es que no hay voluntad política para esclarecer los hechos del Caracazo, como tampoco la hay para determinar responsabilidades en centenares de ejecuciones extrajudiciales y torturas que han ocurrido tiempo después.

Las causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, como la desatención de los gobernantes frente a las graves carencias del pueblo, la frustración, la rabia de la gente, el desabastecimiento y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, entre otras causas, lamentablemente no se han superado, ni siquiera permanecen igual, sino que están peor que hace 29 años.

El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo, que entre otras cosas estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida. Varias mujeres han fallecido en la espera de que el Estado concretara esta legítima petición y sin embargo aún no se han aplicado métodos confiables que permitan dar satisfacción a esta solicitud genuina de las víctimas, la cual es parte de la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002.

Para todas las víctimas es fundamental el establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la aplicación de justicia. Estos elementos son imprescindibles para la reconstrucción de la memoria histórica, para prevenir violaciones de derechos humanos y para evitar que se repitan los crímenes cometidos. La impunidad es el caldo de cultivo de un sistema autoritario que da sostenibilidad a formas, patrones y estructuras que le hacen permanecer y fortalecerse.

Luego del Caracazo, el país ha tenido la oportunidad de analizar en profundidad los hechos que dieron origen a esos graves acontecimientos y lo conducente era ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy en día, 29 años después, la represión y las víctimas vayan en ascenso, al igual que la violencia.

La impunidad institucionalizada e interesada desde el Poder se mantiene frente a graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, masacres, las desapariciones forzadas de personas y las torturas.

El legado de los familiares del Caracazo lo resume la frase pronunciada por el padre Pedro Trigo s.j en una homilía durante un aniversario conmemorativo del 27 de febrero: “No dejemos que la violencia tenga la última palabra”. Las víctimas tienen el derecho y el deber, así como la sociedad en su conjunto, de no permitir que la violencia pronuncie la última palabra.  Para COFAVIC, la fuerza que desempeñan las víctimas debe ser desde un papel articulado, independiente, fuera de ideología política y de la polarización.  Desde el dolor y el afecto las víctimas deben promover la reconciliación, pero siempre pasando por la justicia y la verdad, los cuales son dos valores fundamentales que no pueden ser negociados, ni embargables y que son indispensables no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad.

Como sociedad estamos obligados a tomar las lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir con nuestras acciones u omisiones a la escalada de violencia política y a la profundización del deterioro de las condiciones mínimas para una vida digna que ya han causado estragos en nuestra población. A 29 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:

1. Investigar de manera independiente y conclusiva las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Caracazo. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 29 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega, entre otros sectores humildes, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.

1. Identificar bajo métodos confiables e independientes los restos hallados en las fosas clandestinas de La Peste del Cementerio General del Sur y entregárselos a sus familiares. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de nueve años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en las fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Siete años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.

1. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

1. Publicar una lista oficial definitiva de personas asesinadas, desaparecidas y heridas, relativas a los sucesos del Caracazo, como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.

1. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.

1. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole

1. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.

2017 fue un año difícil. No sólo en cuanto al desenvolvimiento de la economía nacional También en materia política. Fueron tiempos de demagogia y desespero electoral protagonizados por todo actor político que se atrevió a explanar su opinión ante los acontecimientos que colapsaban a Venezuela. Aunque seguramente, no fue más vehemente que lo que será 2018. Sin embargo a vista de todos, puede apreciarse una gestión gubernamental cargada de contrariedades que expresan la mortificación de un Ejecutivo Nacional que no la tiene fácil.

Es lo que estas líneas intentan disertar. Particularmente, ante la proximidad de tiempos más nebulosos. Además, enrarecidos a consecuencia de lo que habrá de jugarse el país cuando, a instancia del mandato constitucional, deba elegirse el próximo presidente de la República. Y en consecuencia, el nuevo cuadro político que deberá asumir la conducción de una nación profundamente confundida, arruinada y atrapada entre penurias, carencias y hostilidades.

El año que recién concluyó, brindó múltiples oportunidades al alto gobierno para ahondar su demagogia y ejecutorias populistas con lo cual siguió demostrando su capacidad de manipulación y poder de destrucción política, administrativa, social económica y moral. Continuó apropiándose del erario no tanto para subvencionar la pobreza mediante el reparto de migajas que apenas han servido para incitar el hambre acumulada como para excitar el resentimiento que aviva el socialismo y precede y preside la bestialidad revolucionaria.

Igualmente, para encubrir la corrupción que ha venido tramándose en las altas y medias esferas gubernamentales con abierto cinismo y soberana impunidad. Por eso la complicidad entre poderes públicos para acicalar realidades empleadas para vender al resto del mundo una imagen adulterada de país. Imagen ésta que quiere hacer ver la sensación de «pletórica felicidad».

La promesa de «construir un país a la altura de su historia patria», se convirtió en ejercicio de mera retórica. Tanto que con la excusa de realzar la idea de democratizar el sistema político, siguió demoliéndose la institucionalidad que cobija a universidades, medios de producción y de comunicación. El odio enfermó a estos gobernantes pintados ridículamente de “revolucionarios”. El poder terminó de ofuscar su ya precaria condición de administradores de gobierno. Eso hizo que distorsionaran su visión de las realidades sociales y económicas lo que condujo a convertirlos en depredadores capaces de truncar todo institución edificada con apoyo de la democracia existente. De esa manera, terminaron convirtiéndose en burdos expoliadores con ínfulas de seres omnipotentes cuya soberbia determinó que se creyeran “más que nadie”. Por eso, le brindaron el máximo respaldo a militares quienes, en función de la alta jerarquía obtenida, se prestaron a jugar al papel de cómplices de las atrocidades revolucionarias ejecutadas.

Ese estilo de gobierno impuesto a costa de represión, coadyuvó a que el gobernante militarista se volviera contradictorio de si mismo tal como había referido Franz Kafka cunado escribió su casi a manera de premonición, su curiosa versión de “La Metamorfosis”.

Así, el régimen que había vendido en 1998 su proyecto de gobierno como el que requería el país para salir del atolladero causado por la antipolítica, y la crisis de Estado que para entonces venía arrastrándose, animó a que sus conductores y correligionarios adquirieran un comportamiento sectario e intolerante. Esto determinó que la gestión política mutara hasta transformarse en un monstruo de mil cabezas cuya desesperación y miedo hizo que su ejercicio político estuviera signado por un tenebroso canibalismo político. Al final, tal como el tiempo presente lo exhibe, el régimen arreció su ímpetu de cruda violencia. Es decir, se caracterizó por vandalismo político y otras barbaridades más.

@ajmonagas