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Fegalago: En 2022 se perdió 10 % del rebaño por hurto de ganado
Según el presidente de Fegalago, los hurtos son de uno a cinco animales por finca, pero “ha sido muy constante y muy consecuente en los últimos meses”

 

 

En 2022 se perdió 10 % del rebaño por hurto de ganado, así lo afirmó el presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Fegalago), Paúl Márquez.

“Lamentablemente, las estimaciones de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) y de Fegalago es que, en el país, el año pasado, como consecuencia de los robos de ganado, se perdió casi el 10 % del rebaño nacional”, dijo en entrevista en el Hotel Tibisay de Maracaibo.

Márquez indicó que dicha cifra impacta en la actividad agropecuaria y a la economía del país. «Tenemos que luchar contra eso porque es una situación que se ha mantenido durante muchos meses”.

Según el presidente de Fegalago, estos robos no se realizan de manera masiva a los ganaderos, sino que, en la mayoría de los casos, los hurtos son de uno a cinco animales por finca, pero esto “ha sido muy constante y muy consecuente en los últimos meses”.

Extorsiones de grupos delictivos

“La extorsión y el cobro de vacunas ha sido una constante aquí, en el Zulia. Podemos decir que ha disminuido mucho en los últimos tiempos, pero en estas últimas semanas también se han visto estos casos en las poblaciones rurales del estado”, dijo.

El gremialista informó que las federaciones de ganaderos sostienen reuniones con los diferentes cuerpos de seguridad de la región, la Zodi y con el gobernador del Zulia para resolver esta problemática y brindar mayor seguridad y protección a los productores y a su ganado.

El presidente de Fegalago también resaltó que el mercado venezolano se ve afectado actualmente por el ingreso de productos colombianos a la nación, considerando que estos “están entrando con ventaja sobre los productos venezolanos”.

Calificó esto como “una competencia desleal”, por parte de los comerciantes del vecino país, ya que “afecta a nuestra economía y a nuestra producción”.

Paúl Márquez aseveró que esto se debe a que los productos venezolanos no tienen las mismas condiciones a la hora de comercializarlos en Colombia, «porque las tasas de impuesto son mucho mayores».

*Vea la nota en La Verdad

Denuncian hurto al cardenal Porras y a su equipo de trabajo en parroquia Macarao
El cardenal Baltazar Porras fue víctima de hurto junto a su equipo de trabajo cuando se dirigía a la Parroquia San Francisco de Asís en Caracas 
 Parte de las pertenencias que le hurtaron al Cardenal Baltazar Porras fueron los ornamentos litúrgicos y los sellos de la Arquidiócesis de Caracas . Instó a la comunidad a estar alerta por  sellos que tengan dudosa procedencia.

 La Arquidiócesis de Caracas informó que el cardenal Baltazar Porras y su equipo de trabajo están en buenas condiciones luego del hurto del que fueron víctimas en el barrio Kennedy, ubicado en la Parroquia Maracao del Distrito Capital. 

«Sabemos que estos hechos no son el camino a la felicidad», comentó el cardenal en un vídeo a través de la cuenta de Twitter de la Arquidiócesis de Caracas.

El cardenal se dirigía a la Parroquia San Francisco de Asís cuando fue interceptado por dos sujetos no identificados que abordaron el vehículo para robarle sus pertenencias, incluyendo los sellos de la Arquidiócesis de Caracas.

«A veces la gente cree que porque uno es cardenal vive así, como un gran señor, pero la realidad es que vivo para servirles a ustedes» resaltó Porras en su mensaje. 

Entre las pertenencias que hurtaron se encontraban los ornamentos litúrgicos del cardenal y del párroco de la zona Miguel Ángel Morales. 

Porras precisó que el hecho demuestra la creciente inseguridad en el país Alertó a la comunidad sobre cualquier documento de dudosa procedencia debido al robo de los sellos.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron en el lugar. 

Hasta los utensilios de cocina se llevaron de la sede administrativa de la Asamblea Nacional
Una fuente policial confirmó que los hurtos se vienen dando desde el año pasado
José Vicente Rivero, sindicalista del Parlamento indicó que se llevaron diversos equipos, desde laptops, video beams, reguladores de corriente, fuentes de poder y utensilios de cocina

Las oficinas de la sede administrativa de la Asamblea Nacional fueron desvalijadas según confirmó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la AN, José Vicente Rivero.

En conversación con Runrunes, Rivero señaló que probablemente el desvalijamiento se produjo durante los meses de pandemia, cuando los trabajadores no acudieron más al edificio por la cuarentena impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque no lo pudo confirmar por completo. 

Indicó que durante los tres primeros meses de 2020 se pudo trabajar sin problema en el edificio de Pajaritos, dentro de las Comisiones y la parte administrativa. «Al cerrar la Asamblea Nacional por la emergencia nacional, el edificio estuvo sin acceso para los trabajadores. Lógicamente la responsabilidad de los bienes nacionales recae en quien tenía el control y la custodia, que es la dirección de seguridad».

El director de seguridad durante el último año fue Joel Bejarano, nombrado por Luis Parra luego de autoproclamarse como presidente de la Asamblea Nacional. Además, como reseñó TalCual, el diputado destituyó a un grupo de trabajadores del Parlamento y nombró como director estratégico de seguridad a Moisés Vargas Jiménez, quien trabajó junto al chavismo en el Metro de Maracaibo,  el Metro de Caracas y el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), y quien habría sido asistente de Nicolás Maduro cuando el mandatario era diputado antes de 2006.

«Lamentablemente, por lo que ha indicado el personal de funcionarios que se están incorporando ahora por el cambio de Asamblea, que ha sido desvalijada casi la totalidad. Computadoras, televisores, microondas, equipos internos de cocina, artículos de cocina, video beams, laptops, reguladores de voltaje, fuentes de poder, UPS. En fin, un hurto masivo a la Asamblea Nacional», relató Rivero.

También indicó que no tiene el conocimiento de cuántas oficinas y Comisiones fueron desvalijadas. «Hay varias, lo que pasa es que unas fueron casi la totalidad y otras cosas pequeñas, pero hasta el día viernes, 15 de enero, estaban determinando qué robaron en cada una, porque fue bastante grande».

Igualmente señaló que trabajadores que se han acercado al Sindicato, han indicado que temen represalias, aunque ya un grupo está acudiendo a la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC) para formalizar las denuncias, entre ellos personal de la dirección.

Una fuente policial confirmó la información del robo y que se viene dando desde el año pasado. Agregó que en primera instancia la Fiscalía recibió denuncias y por eso ordenó al CICPC iniciar una investigación, pero que también han llegado denuncias formales a este cuerpo policial. 

Que se haga la investigación

El periodista Manuel Isidro Molina publicó en su blog la información sobre este robo y dijo que «supuestamente» los autores del hecho fueron trabajadores, obreros y diputados de la Asamblea Nacional saliente.

José Vicente Rivero calificó estas declaraciones de irresponsables contra los trabajadores. «Nosotros como organización sindical lo rechazamos y sí solicitamos que se hagan todas las investigaciones y se identifiquen a todos los responsables, porque sí hubo un desvalijamiento. ¿De quiénes? Primero tienen que llamar a la directiva de seguridad, porque hasta ahora habiendo puertas violentadas como se ha señalado, se está reportando esto».

El trabajador indicó que durante estos meses de cuarentena, había poco personal de seguridad en el edificio. «Incluso recuerdo haber denunciado que muchos trabajadores no podían llegar porque no tenían dinero, pero aún así el señor Bejarano tenía personal de seguridad, entonces qué pasó allí. Que sean los organismos competentes los que determinen las responsabilidades», añadió.

Igualmente recordó que los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, no tuvieron más acceso al Parlamento, desde la autoproclamación de Luis Parra el 5 de enero de 2020.

Tarek William Saab anunció la desarticulación de bandas que robaban materiales de Corpoelec y Pdvsa

El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó sobre el desmantelamiento de bandas que robaban material «estratégico» de Corpoelec y también de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

«El día de hoy informamos al país sobre dos golpes importantes ejecutados contra bandas dedicadas al hurto y comercialización ilegal de material estratégico perteneciente a empresas del Estado», agregó el fiscal en declaraciones a la prensa.

Saab explicó que el 22 de octubre se descubrió en un galpón de la empresa Instalaciones Eléctricas Jairo Chirinos en Guacara, estado Carabobo, un carrete de cable lineal de cobre de mil metros, con un peso de seis toneladas.

Aseguró que el material encontrado fue sustraído de Corpoelec por Alberto Alzate, quien trabajaba en la empresa como gerente de distribución. Igualmente fue detenido Jairo Chirinos, propietario de Instalaciones Eléctricas.

Luego de las detenciones, el fiscal indicó que también encontraron equipos eléctricos y aires acondiciones, propiedad de Corpoelec en la vivienda de Alzate.

Igualmente denunció que el 23 de octubre se hizo una inspección en la empresa Postes Carabobo 2010 donde encontraron dos mil metros de guaya acerada y 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio y tres mil conectores eléctricos. 

Agregó que ese mismo día fueron descubiertos ocho trabajadores de la estatal Pdvsa intentando robar 302 tubos del Campo Morichal en Maturín, estado Monagas. Saab señaló que estas tuberías son utilizadas para hacer reparaciones en pozos petroleros.

Estos empleados de Pdvsa fueron imputados por comisión de delitos de tráfico ilícito de material estratégico y asociación para delinquir. 

Balance general 

El fiscal impuesto por la ANC señaló que en todo el año han sido denunciadas 581 causas por daños al sistema eléctrico. «Esto nos alerta que pudiera ser todo esto inducido para buscar el colapso del sistema eléctrico nacional», alertó.

También informó que hay 313 investigaciones por hurto de cableado eléctrico, 268 por hurto de equipos como lámparas para el alumbrado público y que hay 707 personas privadas de libertad. 

«Frente a este tipo de delitos no puede haber contemplación ni medidas sustitutivas», sentenció.

 

 

Crímenes sin Castigo | Un Estado para la rapiña, por Javier Ignacio Mayorca
En Venezuela no solo hay un asalto permanente a las arcas del Estado. Todos los días, los bienes del patrimonio público desaparecen, sin que se manifieste el más mínimo interés por recuperarlos
 
@javiermayorca

 

EL 10 DE MAYO, PERSONAS AÚN SIN IDENTIFICAR ingresaron de forma subrepticia al depósito de la División de Formación de Servidores Públicos Penitenciarios, y sustrajeron un cuadro del pintor venezolano Armando Reverón.

La denuncia correspondiente fue formulada ante la policía judicial cinco días después, por intermedio del funcionario Jorge Luis Durán, quien estaba a cargo de la referida dependencia del Ministerio para Servicio Penitenciario.

Han pasado más de dos meses de este hecho, y hasta el momento la directiva de Cicpc no ha dado señales sobre si determinaron el paradero de la obra artística. Debido a la forma como fue ejecutado el hurto, se sospecha la complicidad de algún empleado del despacho de prisiones.

Este, sin embargo, no es un hecho aislado. Tanto la casuística como las estadísticas sugieren, en cambio, que el patrimonio del Estado es sometido a un saqueo permanente, del cual solo nos percatamos cuando desaparece la obra de algún artista de renombre.

El 15 de julio, en el Ministerio de Educación se dieron cuenta del hurto continuado de tabletas tipo Canaimita, que fueron asignadas a la Fundación Samuel Róbinson. Para el momento en que formularon la denuncia correspondiente, los delincuentes se habían apoderado de 43 dispositivos.

Dos días después, una representante de la Fundación Museo de los Niños acudía a la sede policial para notificar la sustracción de cuatro transformadores eléctricos y 300 metros de cable de alta tensión. En estos mismos días, en la fundación musical Simón Bolívar recibieron un camión de materiales para la limpieza y el funcionamiento de las oficinas, y dos días después advirtieron que se habían llevado hasta las cintas para embalar, todo por un valor de 850 mil bolívares.

Todo esto hace recordar las deliciosas crónicas del corresponsal de la extinta revista Cambio 16 en Moscú, Carlos Enrique Bayo, compiladas en su obra Así no se puede vivir (Barcelona, 1992). Según el periodista, durante los últimos años del “disparate soviético” el hurto de los bienes oficiales era tan colosal que se acuñó un término niesun, lo que podría traducirse como “el llevador”, para designar a toda una clase de empleados que vivían de sustraer objetos de sus lugares de trabajo.

Las analogías entre aquellos tiempos de desmoronamiento del polo comunista y las que se viven en la Venezuela actual son demasiadas, desde luego, tomando debida cuenta de las distancias. Pero, ¿hasta qué punto tendremos en el país una casta de “llevadores”?

Las estadísticas policiales arrojan algunas pistas. Aunque los hurtos por regla general no son denunciados, cuando se trata del patrimonio público existe una obligación legal de hacer la debida notificación a la policía judicial. No hacerlo sería incurrir en otro delito. Entonces, es de suponerse que el porcentaje de casos no conocidos es menor que cuando se ve afectado el patrimonio de particulares.

En 2017, según se pudo conocer extraoficialmente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició 15.400 averiguaciones relacionadas con la sustracción de bienes del Estado, mediante la aplicación de habilidades y destrezas. Ese mismo año, hubo 3.107 robos, es decir, hechos de violencia asociados con la apropiación de objetos del patrimonio público.

En 2018, fueron recibidas y procesadas 10.812 denuncias sobre hurtos de bienes oficiales y otros 1.024 robos. Y durante el primer semestre de este año, según la misma fuente, hubo 4.267 hurtos y otros 329 robos. 

Estos números no toman en cuenta los casos de robos o hurtos que ocurren en instalaciones gubernamentales o de cualquier otro poder, en los que el patrimonio afectado es de individuos, y no del sector oficial. En este grupo entran, por ejemplo, las denuncias sobre el hurto de teléfonos celulares o tabletas en las escuelas de la Policía Nacional, cuando tales dispositivos pertenecen a los alumnos, lo que también sucede con bastante frecuencia.

Aun así, las cifras son espeluznantes. Indican, por ejemplo, que todos los días ocurren en promedio por lo menos 38 hurtos o robos de bienes o materiales pertenecientes a alguna entidad estatal. Esto ha sido así durante los últimos dos años y medio.

Algún lector acucioso se dará cuenta de que los números netos de casos han ido en descenso. Sin embargo, la importancia relativa en cuanto a la afectación del patrimonio estatal ha crecido levemente con respecto al total de expedientes iniciados en los respectivos años. En 2017, era de 23%, y en lo que va de año llega a 24%. 

De manera que, con mucha probabilidad, hay personas que permanecen en las nóminas oficiales puesto que pueden sacar provecho de estos hurtos o robos. Otra vez, surge la analogía con la experiencia soviética: los empleados públicos que incurrían en esta práctica eran suplidores de un mercado na lieva, es decir, por la izquierda, en las sombras. ¿Qué caminos recorren los cables del tendido eléctrico y las municiones de los polvorines de la FAN? Na lieva.

Otro aspecto interesante es que 20% de esta rapiña a los bienes del Estado ocurre en instalaciones ubicadas en Distrito Capital y Miranda. La cifra es importante, pero sugiere una gran dispersión en los casos, puesto que el otro 80% sucede en territorios donde los perpetradores aprovechan, precisamente, una ausencia de vigilancia y represión, lo que les confiere mayor impunidad.

 
Breves
 

-Una de las recomendaciones más terminantes del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, es la inmediata disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mejor conocida como FAES. El Gobierno, sin embargo, ha emprendido un camino en contrario. La exclamación de Maduro en apoyo a este cuerpo (“¡Viva las FAES!”) ha sido acompañada con decisiones internas: 1) se avanza en la conformación de una FAES en cada estado del país; 2) cada FAES debe tener una “brigada territorial de inteligencia”, o BTI, lo que coloca a estas estructuras más allá de lo meramente táctico, con un grado de autonomía que les posibilite buscar, procesar y difundir su propia información; 3) en función de este plan de crecimiento, han comenzado a recibir contingentes de otros cuerpos policiales, el último es de cuarenta oficiales de la Policía de Caracas. Mientras tanto, el comandante nacional de la FAES, comisionado Miguel Hernández (Miguelito) ordenó a todos los comandantes de unidades de esa fuerza que estén pendientes de los dictados del presidente de la ANC Diosdado Cabello, que son divulgados a diario a través de su programa televisivo.

 

-Hay dos versiones sobre el incidente con la aeronave EP-3E de la Marina estadounidense, detectada el 19 de julio poco antes de las 10 am mientras sobrevolaba por la llamada “región de información de vuelo” de Venezuela. La primera, como lo sugiere el comunicado del Comando Estratégico Operacional de la FAN, que desde ese aparato se llevaban a cabo labores de “inteligencia y exploración radioeléctrica” en favor de intereses distintos a los del régimen de Nicolás Maduro, lo que según este comunicado justificaría la intercepción mediante cazas Suhkoi 30. La otra versión indica que, si bien es cierto que los EP-3E emplazados en la base de operaciones de avanzada de Curazao poseen equipos de última generación para inteligencia de comunicaciones, también son utilizables para labores de salvamento. Venezuela sabía que en esa zona del Caribe se desarrollaba desde el 15 de julio la búsqueda de una embarcación tipo peñero, de nombre Pa Sa Touche, que había zarpado el 7 de ese mes del puerto Dennery de Santa Lucía con dos personas a bordo y que, al no haber llegado a su destino en Martinica, podía estar a la deriva, precisamente, en el área que sobrevolaba el avión estadounidense. La agresividad con la que reaccionó el gobierno venezolano hace suponer que EEUU no informó con suficiente antelación que se incorporaría a esta operación de rastreo. Washington, además, no ha emitido un comunicado para explicar oficialmente el propósito de la misión de esta aeronave.

 

Detienen a capitán de la GNB por robar cableado eléctrico

GNB

Un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana fue detenido en flagrancia junto con seis civiles por sustraer material estratégico –cables– de Corpoelec en la región de Paraguaná, estado Falcón.

Los delincuentes fueron identificados como María Leonarda Arteaga Gómez, Angel José Barraes Rivera, Jesús Tadeo Sánchez Peter, Andrés Eduardo Burgos Curiel, Francisco José Salas, Leonardo Rafael Arteaga Gutiérrez y el capitán de la GNB, Jesús Manuel Tenorio Roa, informó el diario Panorama.

Un componente mixto del Cuerpo de la Policía Bolivariana del Estado Falcón (Cpbef) y la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) detuvo a los criminales en flagrancia gracias a una grabación de seguridad que permitió que actuaran de inmediato.

Igualmente les fue incautado un camión tipo cesta de color blanco marca Ford, modelo Triton de uso oficial de Corpoelec, cuatro rollos de guayas de cobre trensado, una pistola 9 milímetros (uso personal), 14 cartuchos 9 milímetros sin percutir y siete pasaportes. También encontraron en su posesión tres libretas de ahorro de los bancos, BOD, BanCaribe, Caroní, 235.000 bolívares fuertes, dos cinzayas, un radio portátil marca Motorola (perteneciente a la empresa Corpoelec), un peso tipo romana, siete teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 675 dólares.

Los antisociales fueron presentados ante la Fiscalía vigésima tercera  del Ministerio Público (MP), informaron fuentes policiales.

Privados de libertad 8 hombres por el hurto de más de 100 motos en Caracas

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El Ministerio Público logró privativa de libertad para ocho hombres, por su presunta responsabilidad en el hurto de más de 100 motos, situación detectada el pasado 30 de marzo en la parroquia San Bernardino del municipio Libertador, Distrito Capital.

Asimismo, por este caso fue imputada una mujer de 56 años.

En la audiencia de presentación, la fiscal de la Sala de Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Laura Lara, imputó a Jesús Brunos, César Coronado, Eyber Díaz, Jaime Pérez, Vicente Urbano, Jhonel Zarraga, Carlos Pineda, Edwin Prado y Claret Rojas, por los delitos de hurto agravado de vehículo automotor, desvalijamiento de vehículo, alteración de seriales, extorsión y asociación, todos en concurso real de delitos.

Adicionalmente, a Claret Rojas se le precalificó el delito de uso de documento público falso.

Luego de ser evaluados los elementos de convicción expuestos por la fiscal, el Tribunal 36º de Control del AMC dictó la privativa de libertad para los ocho hombres quienes fueron enviados al Centro Penitenciario Región Capital Yare III, mientras que a Rojas se le otorgó una medida cautelar consistente en la presentación de dos fiadores que devenguen 100 unidades tributarias cada uno.

El pasado 30 de marzo una persona denunció en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) el hurto de su moto marca Kawasaki modelo KLR en las inmediaciones de la Clínica Herrera Lynch, ubicada en San Bernardino.

Minutos más tarde, Brunos, quien se desempeñaba como registrador en el citado centro de salud, se puso en contacto con la víctima, solicitándole 2 millones de bolívares por la devolución de su vehículo.
En este sentido, el hombre asistió al lugar acordado junto a funcionarios del Cicpc, quienes aprehendieron al registrador.

De inmediato el Ministerio Público inició la investigación del caso, la cual condujo a la detención de los otros involucrados ese mismo día en diferentes puntos de Caracas y el estado Vargas.

Vale destacar que tras realizar dos allanamientos, la policía científica incautó piezas de más de 100 motos que fueron denunciadas como hurtadas.

Interrumpidos servicios de Movistar en Porlamar por hurto a estación de telecomunicaciones

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Este lunes se registró un nuevo hurto en una de las estaciones de Movistar ubicadas en el Oriente en el país. En esta oportunidad el hecho ocurrió en la localidad La Cuchilla del estado Monagas y afecta los servicios de voz y datos en la ciudad de Porlamar y en algunas zonas de Maturín.

Se trata de un hurto de gran magnitud cuya recuperación podría extenderse, ya que los delincuentes sustrajeron cables, tableros de electricidad, radios microondas, entre otros equipos fundamentales para garantizar el servicio.

Este es el tercer día consecutivo en el que los pobladores de estas ciudades ven afectadas sus comunicaciones por incidentes de hurto y vandalismo perpetrados en estaciones de Movistar.

La empresa ha venido informando sobre el incremento de estos incidentes y el desborde de la problemática. Hasta la tercera semana del mes de marzo se registraron 236 eventos vandálicos, un crecimiento de 97% comparado con el mismo período de 2016. El año pasado cerró con 711 eventos, 144% más que en 2015.

A la fecha, y ante la imposibilidad de adquisición o sustitución de los equipos, por la dificultad de acceder a divisas y financiar en bolívares la reposición de la infraestructura, Movistar tiene 54 estaciones fuera de servicio.

La compañía reitera el llamado a la población para que denuncie cualquier hecho vandálico a estaciones de telecomunicaciones a través del número telefónico 0-800 ANTENAS (0800 2683627). Telefónica | Movistar pide disculpas por las molestias ocasionadas a sus usuarios.