TRAS LA INSTALACIÓN DE LA ÍRRITA ASAMBLEA Nacional Constituyente (ANC) poco se sabe de los avances en la elaboración de una nueva Constitución, que a diferencia del proceso de 1999 se discute totalmente a puerta cerrada. A cuentagotas se habían filtrado algunos aspectos relacionados con el sistema de votación, el económico, el estado comunal, delitos como traición a la patria, entre otros temas, hasta que recientemente apareció un supuesto borrador del texto completo.

Sobre esta versión que está circulando en medios de comunicación, Acceso a la Justicia quiere alertar sobre cuatro puntos por constituir posibles cambios radicales a la actual Constitución, que el gobierno de Nicolás Maduro estaría buscando imponer en el país, y que básicamente conducirían a la implantación formal de un Estado totalitario.

1. Desmantelamiento del Estado federal por el llamado Estado comunal. El borrador del texto constitucional consagra expresamente una estructura que modifica la división político territorial prevista en la Carta venezolana de 1999.

Pretende, de hecho, “constitucionalizar” el estado paralelo que el régimen chavista madurista ha impuesto con “la comuna”, una figura socialista que fue legalizada a partir de un conjunto de leyes en el año 2010 bajo el título de Leyes del Poder Popular. Desde entonces se ha buscado instituir este modelo político, social, cultural y económico (artículo 6 de la Ley Orgánica de las Comunas) que, ciertamente, hasta ahora ha resultado incompatible con el modelo de división vertical del Poder Público contemplado en el artículo 136 del vigente texto fundamental, es decir, con la idea del Estado federal descentralizado.

Con la pretendida propuesta se infiere que el Estado comunal, dirigido por el Ejecutivo Nacional, estaría dedicado a desmantelar la autonomía y el ámbito de competencias propias de los estados y municipios contempladas en la Constitución de 1999 ante el enorme talante centralizador en el que parece enfilarse el Poder Ejecutivo, que pasará a tener el poder absoluto, y el que no lo acepte será “traidor a la patria”.

La situación antes descrita subvierte por completo las reglas, principios y valores del sistema republicano de gobierno democrático que buscan, justamente, controlar y limitar el ejercicio del poder y evitar el riesgo de que este derive en formas autocráticas. En efecto, lo que plantea el borrador del texto constitucional es legitimar el funcionamiento de un Estado sujeto a una autoridad central para dirigirlo sin límites y, de esta manera, debilitar y extinguir a las entidades federales y los municipios, tal como se lee en el artículo 6 constitucional: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, popular, participativo, protagónico, electivo, centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente en base al programa contenido en este texto constitucional, alternativo, responsable, planificado, pluralista y de mandatos revocables”.

Tras este modelo se advierte que el estado comunal encuentra como punto de apoyo el denominado Poder Popular, una idea que, por cierto, data del año 2007 con la propuesta de reforma constitucional (rechazada por los venezolanos mediante referendo), que había presentado el entonces presidente Hugo Chávez Frías, y cuyos postulados esenciales aparecen en 2010 recogidos en la Ley Orgánica del Poder Popular (publicada en Gaceta Oficial número 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010), que expresamente establecen que la participación ciudadana se ejerza siempre en favor del socialismo.

Por razones obvias, el  Estado comunal se inscribe dentro de un modelo socialista, tal como se lee en el artículo 2 del borrador: “El pueblo en Venezuela se constituye en un Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, esencia de la Patria Bolivariana Socialista, para ejercer directamente el poder popular mediante la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo, en función de producir los bienes, prestar los servicios, distribuirlos e intercambiarlos con justicia social”,  que justificaría, en opinión de Acceso a la Justicia, el detrimento de los derechos individuales (la vida, la libertad y la propiedad) frente a los derechos sociales, en especial a través de la llamada propiedad social y colectiva.

2. Limitación importante de la propiedad privada y constitucionalización de la “propiedad social” y “propiedad colectiva”. El artículo 117 del borrador del texto constitucional dispone que son formas de propiedad “La propiedad social, la propiedad colectiva y la propiedad particular”.

La propiedad privada es una institución fundamental en el Estado constitucional de derecho y además es un derecho humano, pues está estrechamente vinculado con el ejercicio pleno de otros derechos y libertades, clave en los regímenes democráticos (artículo 115 de la vigente Carta venezolana).

Visto el borrador constitucional en su integridad pareciera que la propiedad es básicamente del Estado, pues ninguna persona tiene el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes; esta última expresión, que sí está en el artículo 115 del texto vigente, fue eliminada del proyecto, que en su artículo 117 sólo se limita a señalar que la “propiedad particular es la propiedad que pertenece a seres humanos o personas jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos”. Esta omisión del derecho a disponer de los bienes propiosno es menor, pues se deja el derecho de propiedad como un cascarón vacío sin un elemento esencial constitutivo, como sí ocurre en el texto todavía vigente.

Tan grave como lo anterior, y muy vinculado a la limitación o quizás eliminación de la propiedad privada tal como se entiende normalmente, es el principio introducido en el proyecto constitucional (artículo 114) según el cual el Estado debe hacer prevalecer “los intereses humanos de la sociedad humana y del ser humano” sobre “el interésindividualista de acumulación de riqueza en manos de particulares”.

Esta condena a la acumulación de riqueza, que se repite en el artículo 19, implica que este hecho es negativo per se, y para quienes crean que esto sólo aplica a quienes tengan millones y bienes enormes les tenemos noticias: la norma no hace esa distinción, de modo que quedaría al arbitrio (o más bien a la arbitrariedad) del Estado establecer cuándo una acumulación de bienes es contraria al Estado socialista. Un ejemplo sencillo aplica: si usted tiene un carro o apartamento que no usa, tranquilamente un funcionario podría poner en duda la “utilidad” de tales posesiones y darlos en propiedad “social”, dado que la Constitución es contraria a la acumulación de riqueza.

3. Supresión de la independencia de los poderes públicos. El artículo 141 del borrador del texto constitucional dispone que “Para cumplir funciones específicas el Poder Popular Nacional se estructura en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral”.

Aunque al mismo tiempo establece que “Cada uno de estos Poderes tiene sus funciones propias y los órganos a los que incumbe su ejercicio se articularán armónicamente en función de la plena realización de los fines esenciales del Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social”.

Uno de los principios básicos de un Estado democrático constitucional de derecho es el de la independencia, división o separación de poderes, que desaparece para ser sustituido por el de la supuesta “articulación armónica”, en la que en realidad el ejercicio autónomo de las funciones no estaría garantizado, lo que significa un retroceso en la larga tradición de nuestro constitucionalismo, especialmente en la protección de los derechos humanos, dada la falta de resguardo de estos que el ejercicio de un poder sin separación genera.

Un ejemplo perfecto de este tipo de situación es el artículo 265.21 de la propuesta, al establecer que el presidente de la República está facultado a “Disolver la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la declare en desacato y no restablezca la situación en el lapso de un mes, o en cualquier otra situación de acuerdo con lo establecido en este texto constitucional”. 

Otra muestra clara es la falta de independencia de los magistrados del máximo tribunal del país, como bien se lee en el artículo 292, numerales 3.5 de la propuesta, al exigírseles, entre otros deberes, que cada magistrado debe estar “conscientemente comprometido (…) con el programa de patria bolivariana”, y manejar “con propiedad la doctrina de Simón Bolívar el Libertador”, es decir, que la actuación de los magistrados se circunscribiría al modelo socialista, por lo que no pueden ser neutrales ante cualquier opinión contraria al mismo, lo que convierte a los jueces en algo contrario a lo que deberían ser: imparciales, ajenos a la ideología y al proselitismo político.

4. Inclusión del delito de “traición a la patria”. Al respecto, se advierte que el artículo 409 del supuesto proyecto de texto constitucional busca “exorcizar” a la disidencia política con el establecimiento y aplicación del delito de traición a la patria.

En la actualidad, este delito está tipificado en el Código Penal, sin embargo, no se justifica su consagración en el texto constitucional, ya que se trata de una materia que es competencia propia del legislador. De hecho, ninguna Constitución americana contempla este tipo de delito, ni siquiera la cubana, lo que pone en evidencia la magnitud del exabrupto y la intención totalitarista de quien redactó este texto.

Acceso a la Justicia advierte que esta previsión tiene la clara intención de someter y castigar a cualquier persona que decida enfrentar a un modelo draconiano de carácter significativamente socialista que para nada admitiría el pluralismo político y el respeto por la diversidad de ideas.

A ello debe agregarse que se considerará traidor a la patria a quien perturbe “el normal funcionamiento de centros de salud, centros educativos”, lo cual, siendo tan genérico, fácilmente puede ser interpretado como la condena del derecho a huelga, pues efectivamente un paro de maestros o enfermeras afectaría el funcionamiento de las instituciones en las que laboren, situación que pone de manifiesto el grado de represión vinculado al concepto de traición a la patria. Obviamente también se afecta con esto la libertad académica y la autonomía universitaria.

Vale acotar que además se considera traición acciones “dirigidas a perturbar el normal funcionamiento de la circulación vehicular y peatonal”, lo que implica la prohibición de la protesta, pues cualquier marcha pacífica afecta el tránsito, negándose un principio básico de cualquier estado de derecho y de los derechos humanos más fundamentales.

Con información de Acceso a la Justicia

La Fiscalía ante la Corte Penal Internacional ha anunciado un “examen preliminar” sobre la situación de Venezuela. Su titular, Fatou Bensouda, así lo hace saber el pasado 8 de febrero. Es una buena noticia.

Desde ya celebran las organizaciones de derechos humanos y hasta Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien trabaja desde hace meses en la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos, para afianzarse, por la narco-dictadura militarista de Nicolás Maduro Moros.

La decisión de la fiscalía de la Corte se sincroniza, casualmente, con el conjunto de sanciones individuales impuestas a funcionarios del régimen de Maduro por parte de la comunidad internacional, al encontrarlos comprometidos con crímenes de trascendencia internacional como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo desde el Estado.  

La Corte, con sede en La Haya, es presa de un contexto al que no puede ser extraña. Lo ha sido hasta ahora su Fiscalía, a pesar de las numerosas denuncias que le son presentadas desde cuando ejerce el poder Hugo Chávez Frías.

El Estatuto de la Corte, adoptado en 1998, en cuya negociación participan diplomáticos venezolanos, ahora tiene como probables sujetos al causahabiente de Chávez y sus colaboradores. Acaso pueda encontrar la Corte, en algún momento, elementos para invocar, en contra de éstos, uno de los crímenes que tipifica aquél, como los de lesa humanidad.

Hasta aquí todo bien.

La fiscal Bensouda, no obstante, asume distancia y con asepsia discursiva que mejor corresponde al colegiado de los jueces, evita no llevar más allá su compromiso. Habla de un examen preliminar o, dicho en términos coloquiales, de sacar de los archivos las denuncias, pero no todas, sólo las relacionadas con los hechos de abril de 2017.

Advierte el uso presunto de “fuerza excesiva” para dispersar y reprimir manifestaciones, el encarcelamiento y maltratos sufridos por miles de opositores, sin dejar de aclarar, aquí sí, que algunos de éstos eran violentos contra las fuerzas de seguridad. Y afirma, al paso, que debe respetar el principio de complementariedad, revisando y hasta orientando lo que están haciendo los poderes de la dictadura para enmendar sus propios crímenes.

Bensouda confiesa que se ocupa de mirarnos con curiosidad desde 2016. Ello se explica, a lo mejor, dada la circunstancia de ocuparse a diario de las complejidades y violencias que acusa el planeta en su conjunto y que son muchas.

Probablemente no sepa que, desde hace 18 años, se pone en marcha un proceso para la destrucción del tejido social y las instituciones republicanas de Venezuela, a fin de hacer de su territorio la sede de una organización criminal global. Los jueces y fiscales – con quienes dice hablará – están sujetos a los dictados de Maduro y, bajo sus instrucciones o la de sus esbirros, acusan y condenan a quienes objetan las maldades del régimen; tanto como purifican a sus simpatizantes bajo la consigna de que todo cabe dentro de la revolución, nada fuera de ella.

Bensouda ha sido premiada por la Comisión Internacional de Juristas. Fue la abogado de la Presidencia, la fiscal general y luego ministra de justicia (1998-2000) de Jahya Hammed, militar que ejerce como Jefe de Estado de Gambia bajo el Consejo Provisional de las Fuerzas Armadas, luego de haber derrocado al gobierno democrático y civil de Dawda Jawara, médico veterinario. Sucesivamente, Hammed asume como presidente de la República en elecciones, pero sin observación internacional y bajo protesta de la oposición, con un partido de militares de ideología autoritaria. Y las gana todas, como Chávez, hasta que en 2017 lo obligan los mismos militares a dimitir.

El gobernante al que sirve la fiscal ante la CPI manda por 23 años, que no suman ni Chávez ni Maduro, y a la sazón, al igual que éstos, es acusado de violaciones de derechos humanos, de reprimir a la prensa libre. Afirma que los Estados Unidos y Gran Bretaña lo derrocaron.

Dos frases hacen célebre al soldado gambiano y le emparentan con el desquiciado Maduro: «Nunca se debe poner en peligro la paz y la estabilidad en el altar de la llamada democracia», «no hay manera en la que yo pueda perder, a menos que todas las personas en Gambia se hayan vuelto locas».   

No hay fecha, pues, para iniciar una investigación sobre Maduro. La fiscal no lo menciona. Habla de Venezuela, que como Estado no puede ser llevado a La Haya. No tiene fecha límite su examen preliminar de la represión de 2017. El destino de la misma depende de una prueba diabólica, de una política de Estado sistemática y generalizada que sólo puede demostrarse si Besouda – que no lo ha hecho – toma en cuenta las masacres de febrero de 2014 y de El Junquito de 2018. Ya veremos.

correoaustral@gmail.com

Acaso sea lo propio de estos tiempos posdemocráticos más ganados para el narcisismo, en los que ni siquiera se es sensible al dolor ahogado de las víctimas de las ergástulas de la dictadura, de quienes sufren un ostracismo forzado que les obliga colgar títulos para lavar pocetas en tierras extrañas, o de los hombres o mujeres que dejan su piel y aliento en procura de lo que no encuentran para medio alimentarse, para medio sanar sus dolencias. Y es que todos a uno son tratados, siguen siendo tratados, como datos de encuestas o mercancías electorales, nada más.

En quienes hacen política desde la acera de la dictadura tal comportamiento se explica, por desviaciones “ideológicas” y hasta conductuales. Únicamente les interesa preservar la maquinaria del Estado a costa de la vida misma, pues este es el instrumento para la ejecución de los crímenes de narcotráfico, corrupción y lavado de dineros sucios en los que se encuentran comprometidos desde cuando Hugo Chávez Frías, el “patrón del mal”, hace casi veinte años, pacta dicho despropósito con las FARC, con el régimen cubano y los gobiernos libio e iraquí. Lo saben bien los servicios de inteligencia extranjeros. Y quienes, desde adentro, se hacen los tontos, es que tienen miedo a perder los espacios logrados dentro de ese Leviatán mefistofélico, por coludidos, o por que viven aterrados siendo sus rehenes.

El caso es que ahora, para colmo, el tiempo del amor hacia el pueblo o de la simulación democrática – sostenida para distraer la práctica de la narco-política y repartir sin mayores peligros sus dividendos, confundiéndolos con los de las finanzas públicas o los que provee la industria del oro negro – ha llegado a su final. Que los esbirros de Nicolás Maduro asesinen a mansalva a 140 jóvenes de la resistencia sin que les tiemble el pulso, o que éste se engulla una empanada frente a los moribundos por la hambruna, son meros síntomas de esa desnudez revolucionaria y terminal.

Que se haya cargado y hecho trizas luego, el mismo Maduro, el voto universal, directo y secreto para imponernos una constituyente dictatorial que persiga, condene o doblegue, por encima y más allá de la ley, a todo aquel quien se le oponga, es texto del mismo libreto. Lo del joven Yon Goicoechea clama al cielo, todavía más por las complicidades “opositoras” habidas en su tortura blanca, antes de que acepte ser candidato a alcalde por la tolda del redivivo Marqués de Casa León, Henri Falcón. Y las declaraciones de Manuel Rosales a CNN, no bastando lo anterior, son un monumento a la doblez y amoralidad que rasga en la política vernácula y constata su desprecio cabal por el soberano.

“El hombre es todo y los principios y las instituciones valen bien poco”, decía Bolívar, El Libertador, según González Guinán. Y es ese, qué duda cabe, el catecismo que siguen quienes diciéndose opositores llaman al voto popular cuando la constituyente dictatorial se los ordena, para elegir gobernadores, césares de ocasión, validando no solo el origen espurio de dicho acto electoral sino convalidando que se omita elegir, en contra de la Constitución, a las legislaturas estadales, que son las casas del pueblo. Lo que se repite, recién, cuando piden el voto para elegir alcaldes bajo decisión de la misma narco-constituyente, pero excluyendo los concejos deliberantes, cabezas de la representación popular en cada municipio.

Así, no de otra manera, por importar poco el respeto al pueblo y sus mandatos, ahora se decide por la libre y anuncia – arguyéndose un pedido de la comunidad internacional inexistente y la que, antes bien, se apresura a sancionar a la dictadura – el regreso al diálogo, para partir confites con los jefes del narco-estado venezolano en República Dominicana; en ese desprestigiado santuario en el que se cruzan, como en un casino, ángeles y demonios.

Narra la historia que al Padre Libertador le incomoda la deliberación popular, de allí su rechazo al Congreso de 1811. Prefiere el Senado vitalicio y su presidencia perpetua como opciones e impone, por ende, “sus” constituciones de 1819 y 1826. Le fastidia la omnipotencia del parlamento creado en Cúcuta en 1821 y el año siguiente cuestiona a la municipalidad de Caracas que expresa y hace públicas sus reservas a la Constitución de la Gran Colombia, manifiesta que no tuvo voz propia el pueblo que representa en su formación y critica que no se le permita sancionarla sino jurarla como un acto de conquista, con lo que atentaría contra lo que más importa según el propio Bolívar, “porque de la unión [bajo el despotismo] resultaba un pueblo más fuerte y más poderoso”.

La redemocratización de Venezuela habrá lugar, en suma, cuando se le permita a la soberanía popular decidir integralmente sobre sus destinos, dibujar sus caminos, no simplemente elegir a los mandones de turno, sean revolucionarios o camuflados, sean o no opositores a pie juntillas. Es lo que pienso.

correoaustral@gmail.com 

Laura Helena Castillo | @laurahcastillo

Yeannaly Fermín | @yeannalyfermin 

NACIERON CON VOCACIONES DISTINTAS, su reconocimiento y apoyo nacional e internacional no admiten comparaciones y el rendimiento inicial de cada una las presentan como dos modelos de fabricación diferente: la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro no fue votada en referéndum aprobatorio, sus 545 constituyentistas fueron elegidos el 30 de julio, se instaló el 4 de agosto y cumplió dos meses de funcionamiento el 4 de octubre sin haber aprobado ninguna modificación a la Carta Magna. La Asamblea Nacional Constituyente de Hugo Chávez fue aprobada en referéndum el 25 de abril de 1999, sus 131 constituyentistas fueron elegidos el 25 de julio, se instaló el 3 de agosto y, durante los primeros 2 meses de funcionamiento, habían sido aprobadas 16 modificaciones a la Carta Magna.

Según el abogado constitucionalista, Carlos García Soto, una de las principales diferencias entre los dos procesos es que en el de 1999 hubo un referéndum aprobatorio para que los ciudadanos decidieran si querían ir o no modificar la Constitución. Otros contrastes entre ambas asambleas constituyentes han quedado sobre papel. De acuerdo con el artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ANC tiene el objeto “de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Esto fue la que hizo la de 1999 desde las primeras sesiones plenarias. Pero en el estatuto de funcionamiento, aprobado el 24 de agosto de 2017 por la mayoría de tendencia chavista que integra el actual organismo, se definió un objetivo más abstracto: “La paz y tranquilidad pública, como necesidad, anhelo y derecho de la nación; un diálogo nacional, el reconocimiento mutuo y el entendimiento; perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia uno postpetrolero, mixto, productivo y diversificado, que sirva a la igualdad, prosperidad y futuro de la nación”. Las discusiones de la plenaria de la ANC, más enfocadas en atender el contexto político posterior a las protestas opositoras, en responder el rechazo internacional al organismo y en legislar -usurpando funciones de la Asamblea Nacional, según denuncian diputados-, aún no se enfocan en el debate de fondo para el cual fue electa: modificar la Carta Magna.

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, hizo un balance el 4 de octubre para evaluar los primeros dos meses, en los que la instalación de la Comisión de la Verdad ha sido una de las decisiones más promocionadas aunque, según Rodríguez, trabaja bajo perfil: «La Comisión para la Verdad ha venido trabajando de forma silenciosa, levantando cada expediente de privados de libertad en razón de la violencia política y sus delitos conexos (…) esto porque tiene una finalidad (…) presentar a la plenaria de la Asamblea Constituyente una propuesta de Ley de Amnistía». 

También dijo Rodríguez que será la semana que viene cuando se presenten las propuestas de capítulo para la nueva Constitución. 18 años atrás, en el segundo mes de trabajo ya los constituyentes -que eran cuatro veces menos, en cantidad, que los de ahora- habían aprobado cambios de fondo, algunos de ellos polémicos, como la unicameralidad del Congreso, la división territorial, las reelección de magistrados, etc. Claudio Fermín, dirigente político que fue uno de los seis opositores electos en aquel momento, recuerda que los primeros 60 artículos se discutieron con amplitud, mientras Hugo Chávez hacía un viaje a China. Pero que al regreso del primer mandatario la dinámica cambió: “Los diarios de debate recogen poca cosa ante la manera despótica con la que Luis Miquilena, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, miembros de la directiva, empezaron a aplicar el alicate a las intervenciones. Después del artículo 65 o 66, los debates se hicieron insostenibles. A su regreso de la gira, Chávez al parecer dio instrucciones de no perder tiempo con forasteros de la oposición y apurar el proceso. Donde yo creo que hay mayor riqueza y mayor data sobre cuanto lo que allí discutíamos era en las comisiones, cuyos presidentes eran más amplios y se podían dar debates de 7 u 8 horas”.

A partir de una revisión del diario de debates de 1999, de reportes de prensa y de declaraciones oficiales, Runrunes hizo un calendario, cara a cara, de la actividad de cada ANC.

En la comparación que se hace en el calendario, se puede observar que la ANC de 1999 trabajó enfáticamente en refundar las leyes de la nación, las 20 comisiones creadas para la reforma de la Constitución debatieron durante cinco meses y la misma fue aprobada por 3 millones 301 mil 475  de votos a favor del Sí, un equivalente al 71,78%. En la Constituyente del 2017, se puede apreciar que no han discutido ningún tema pertinente a la modificación de la Constitución anterior, se aprecia también que desde su instalación, han sesionado en pocas oportunidades.

Nicolás Aznaréz

El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.

La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de su constitucionalidad.

Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.

Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.

Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros…”) solo puede tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no para convocarlo.

Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria del Gobierno.

Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas veces se ha dado en Latinoamérica.

Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la confrontación.

*Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau son profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de València y fueron asesores del proceso constituyente venezolano de 1999.

Hugo Chávez le debe mucho a Raúl Baduel. Cuando en 2002 Chávez fue obligado a dimitir como presidente de Venezuela tras una masacre de manifestantes en Caracas, fue el general Baduel, un antiguo aliado político, quien lo restableció al poder después de que una junta de oposición había suspendido ilegalmente la Constitución.

En agradecimiento, Chávez hizo ministro de defensa al general Baduel. Pero al jubilarse, el general se atrevió a oponerse a la campaña de Chávez para abolir los límites de los mandatos. Fue acusado de robar 10 millones de dólares y encarcelado. Dos días antes de completar su sentencia, este mes, el General Baduel fue acusado de traición a la Patria.

Su trato muestra que tan acorralado se siente el gobierno de Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez. El Sr. Maduro tiene una calificación de aprobación de sólo el 18% de acuerdo con Datanálisis, una encuestadora. La economía está en caída libre debido a la mala gestión y los precios bajos del petróleo. Para atender su deuda externa, el gobierno redujo las importaciones a un tercio de su nivel del año 2012.

Los venezolanos están sufriendo privaciones inéditas en lo que fue el país más rico de Sudamérica. Según un estudio realizado por tres universidades, el 82% de los hogares vive ahora en la pobreza. Eso se compara con el 48% en 1998, cuando Chávez llegó al poder. El aumento de la pobreza se da luego de la mayor recaudación de ingresos petróleros jamás registrada en Venezuela. De los 1 millón de millón de dólares que el régimen recibió de ingresos petroleros, tal vez un cuarto de ello (250 mil millones de dólares) fue robado por agentes internos, según un grupo de expertos del International Crisis Group. La mortalidad infantil está aumentando y los venezolanos mueren innecesariamente por la escasez de medicamentos. Los que pueden, se van; quizás 2 millones de venezolanos ahora viven en el extranjero.

Para permanecer en el poder, el régimen socialista de Maduro está extinguiendo la democracia. La oposición ganó una gran mayoría en la elección legislativa de 2015. Desde entonces, el gobierno ha utilizado su corte suprema, elegida a mano, para anular al parlamento. De manera similar, la autoridad electoral,  bloqueó la campaña de la oposición por un referendo revocatorio. No pudo convocar elecciones para alcaldes y gobernadores regionales, el año pasado. La autoridad electoral exige ahora el nuevo registro de los partidos de oposición, un proceso cuyas reglas son tan poco prácticas que parece destinada a abolir muchos de ellos.

Las conversaciones entre la oposición y el gobierno, negociadas por el Vaticano y la Unión Sudamericana de Naciones, se derrumbaron en enero debido a que el señor Maduro mostró poco interés en liberar a los presos políticos o en restaurar el gobierno constitucional. En cambio, se está volviendo más represivo. Su nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, encabeza un “comando nacional anti-golpe”. Esto ha mantenido al general Baduel en la cárcel y encarcelado a varios otros oficiales del ejército junto con miembros de Voluntad Popular, un partido de oposición cuyo líder, Leopoldo López, ha estado prisionero desde 2014. Una de las fantasías del régimen es que enfrenta constantes intentos de golpe. La otra es el culto oficial casi religioso de esta semana a Chávez, quien murió de cáncer hace cuatro años

¿Qué se puede hacer para detener la implosión de Venezuela?, organizar un rescate humanitario y lograr su retorno a la democracia? Radicales de la oposición confiaron en un levantamiento popular. Pero la represión ha funcionado: la gente parece demasiado asustada y preocupada por su supervivencia para sostener protestas masivas. Una solución negociada sigue siendo la opción más plausible. Pero demanda presión de adentro y de afuera.

Estados Unidos ha apretado un poco los tornillos. Donald Trump recibió a Lilian Tintori, la esposa de López, en la Casa Blanca el mes pasado, y pidió su liberación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en la lista negra al Sr. El Aissami, acusándolo de narcotráfico (lo que niega). Pero las sanciones tienen un efecto dudoso y probablemente harán que los funcionarios estén aún menos dispuestos a ceder el poder. Algunos republicanos quisieran que Estados Unidos dejara de comprar petróleo venezolano; que causaría molestias pero proporcionaría un pretexto para la represión.

La mejor opción es que los Estados Unidos se unan a otros países latinoamericanos para presionar al régimen para que acepte conversaciones. El año pasado Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, invocó la cláusula democrática del grupo para pedir la suspensión de Venezuela. No consiguió suficiente respaldo. Ahora puede intentarlo de nuevo. El cambio político en América del Sur, combinado con la decisión de Venezuela de abrir la dictadura, ha dejado al señor Maduro más aislado que en el pasado.

La presión diplomática por sí sola no será suficiente para cambiarlo. Pero ayudará. También es necesaria una oposición más eficaz: ya es hora de que sus grupos de disputas se unan en un solo partido con un líder. Las alternativas son duras: la consolidación de una dictadura latinoamericana, o la posibilidad de derramamiento de sangre a gran escala. La región debe hacer todo lo posible para evitar ambos.

A cuatro años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, el reto del chavismo es mantener su legado y sus programas sociales bandera, con un Gobierno rechazado por la mayoría de los venezolanos al considerarlo culpable de la crisis económica que afecta a los más pobres, la base electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El carisma y liderazgo de Chávez, junto a unos jugosos ingresos petroleros, el control sobre las instituciones y el respaldo electoral fueron lo que dio piso a su movimiento para estar en la cúspide, lo que hoy no tiene el presidente Nicolás Maduro ni el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y lo que mantiene al chavismo contra la pared.

“Cómo ser populista en tiempos donde no hay grandes ingresos petroleros, ese es el mayor reto del Gobierno”, afirma Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores.

El Gobierno no puede quitarse el apellido Chávez, asegura el analista, ante la carencia de un figura dentro del chavismo que liderice el proceso revolucionario, lo que Maduro -afirma- no ha podido lograr.

Félix Seijas, director de la firma Delphos, recuerda que Chávez dejó envestido a Maduro para que “no se desatarán los demonios internos en el chavismo”. Pero -asegura- no sirvió de mucho con la caída de los ingresos del Gobierno, lo que sostenía popularmente al ejecutivo chavista.

«Cuando Maduro llega a la Presidencia de la República los precios del petróleo bajan y esa era una crisis que había que manejar de una manera muy hábil. Chávez tenía esa habilidad y carisma, Maduro no la tiene».

Su fallecimiento

El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro, presidente encargado de la República, anunció su fallecimiento desde el Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo de Caracas: “A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías, luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años”. Hoy sus restos reposan en el Cuartel de la Montaña.

Liderazgo

Con la muerte de Hugo Chávez, el chavismo quedó sin liderazgo. Del 60 por ciento de aceptación que dejó el líder revolucionario a su gobierno, hoy Maduro apenas conserva 20 por ciento. Para Félix Seijas, director de la firma Delphos, el problema es que el jefe de Estado no tiene el carisma y la habilidad discursiva de su antecesor. A ello, se le suma la crisis económica (alta inflación, desabastecimiento y escasez), que la mayoría de los venezolanos endosa a Maduro. Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, señala incluso que ya la gente le resta apoyo a Chávez, porque reconocen que es corresponsable de la crisis del país al haber dejado a Maduro. «Hasta el chavismo lo evalúa así», dice Ramírez.

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Si bien una parte importante del militantismo izquierdista global es cómplice, tanto como los gobiernos de derecha que nos miran desde una óptica utilitaria, de nuestra tragedia, el diagnóstico inicial sobre la actual explosión del desorden lo hace la izquierda y es muy certero. Lo malo es que luego lo usan para alimentar, sobre tal explosión y el desarraigo o desencanto con la ciudadanía democrática, mitos, providencialismos y, al término, imponer la dictadura mediante el consenso de sus víctimas.

Lo que intento decir es que Venezuela, en 1998 y al igual que hoy, es un rompecabezas. Las ataduras ciudadanas dentro del Estado desaparecen y el sentido de la territorialidad política y partidaria hace aguas, desde el mismo momento en el que se derrumba la Cortina de Hierro y sobreviene la globalización de las comunicaciones.

Aquí y en otras latitudes emerge la desarticulación social y las sociedades pierden su direccionalidad común atrapadas por lo virtual y la velocidad de vértigo que es propia del mundo digital, y hecho inevitable como el nacimiento de la imprenta.

Los ex ciudadanos, huérfanos y ajenos a las cárceles de ciudadanía que son sus Estados y gobiernos, o bien se hacen “millenials” para mirarse en el ombligo a través de las redes sociales y en sus móviles, o acaso regresan hacia atrás en búsqueda de identidades primitivas sustitutas. Se integran en cavernas o nichos sociales fundamentalistas y excluyentes, negadas a la otredad democrática y aprovisionadas por inflados derechos a la diferencia, como las ambientalistas, feministas, indigenistas, afrodescendientes, LGBT, esotéricas, alternativas, de descamisados, y paremos de contar.

Durante el período de simulación democrática que cubre Hugo Chávez (1999-2012) tal realidad se profundiza, pero queda oculta, sin solución constitucional adecuada. Ello por la preeminencia del carisma articulador que éste despliega, une el desorden social a su alrededor, y por la simulación que impone de un Estado de bienestar históricamente agotado, apalancándolo sobre la bonanza petrolera asistencialista.

La oposición democrática, entre tanto, desvencijada por provenir del andamiaje partidario que le sirve de correa a la caja de huesos y sin músculos que es el Estado-Institución a partir de los años ‘90, se reagrupa individual y paulatinamente. En buena lid moviliza voluntades con eficacia y las armoniza, montada sobre un riel binario en el que combina la dialéctica propia de la organización pública democrática ortodoxa declinante con la urgencia de contener y darle salida a la anomia en curso, que el mismo Chávez usa para afirmar su dictadura marxista electiva.

Durante los años 2002 a 2004, la oposición al régimen militarista y marxista de Chávez, que cuenta con una legitimidad de origen democrático mientras vacía a la democracia de su contenido, alcanza interpretar al país invertebrado y apartidista. Lo refleja sin tapujos en la forja de la célebre y luego denostada Coordinadora Democrática (CD).

¡Que el contenido político de los Acuerdos de Mayo logrados por ésta con la mediación de la OEA y el Centro Carter no haya sido respetado por el gobierno, salvo en lo electoral, o que la oposición no hubiese alcanzado su objetivo de revocarle el mandato al presidente, no desvirtúa la premisa ni la idoneidad de su mecanismo de representación!

El contexto geopolítico internacional es otro e indiferente a la heterodoxia de Chávez, dado el poder factual que le confiere su manejo a discreción de la industria petrolera y la misma relatividad que muestra la experiencia democrática en la región.

Pero muerto Chávez y pasado el tiempo de las vacas gordas, llegados sus causahabientes, incluso herederos del narco-estado que aquél forja a partir de 1999, la verdad aflora con mayor crudeza y es neta la explosión del desorden.

El colegiado dictatorial venezolano es consciente de lo improrrogable del engaño democrático. Maduro casi pierde o pierde su elección presidencial, pero se queda en Miraflores sin pueblo, menguante, bajo los cuidados de un Tribunal Supremo a su servicio. Y ese pueblo de hilachas, otra vez, durante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, lo aísla más, a él y a sus conmilitones.

En contrapartida, si bien la nueva fórmula orgánica unitaria de la oposición –la Mesa de la Unidad Democrática– se ve favorecida, la razón de ello salta a la vista. Es la frustración, la indignación, la hambruna, la desnudez del engaño revolucionario, pero no la adhesión a los partidos que dominan dentro de aquélla o a las cosmovisiones inexistentes dentro éstos, simples franquicias electorales, como tampoco a la MUD por su falta de representatividad.

El colegiado gubernamental dispone en lo inmediato de fuerza de violencia para sostenerse, tanto como intenta articular al rompecabezas venezolano con base a las dádivas de unos CLAP de utilería que no engañan. Mas la Asamblea y la MUD, debo decirlo en tono constructivo, giran sobre el eje de una dinámica política formal que es mera ficción, extraña a lo objetivo.

En suma, golpeándonos la explosión del desorden y presa Venezuela de las urgencias y en lucha vital por su sobrevivencia, de nada le sirve ahora la dramatización teatral democrática. Sólo quien mire al rompecabezas en su conjunto podrá mover y armar sus piezas, y podrá salvar a nuestro pueblo de las garras de un narco-estado ante el que nadie es inmune, y que se alimenta de la selva de los egoísmos sociales y de la tolerancia moral de los políticos para reinar en paz. No hay espacio para los narcisistas.

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