Según los datos aportados por los medios digitales, 4 niños y niñas quedaron huérfanos. Dos de ellos presenciaron la muerte violenta de su madre
El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció el pasado 13 de octubre la falta de políticas por parte del Estado para atender a niños huérfanos por femicidio de sus madres.
De acuerdo con el monitoreo que realiza Cepaz, cada 23 horas hubo una acción femicida en Venezuela durante el mes de agosto, lo que se traduce en 4 femicidios consumados y 7 en grado de frustración.
Según los datos aportados por los medios digitales, 4 niños y niñas quedaron huérfanos. Dos de ellos presenciaron la muerte violenta de su madre.
Cepaz destacó que este es uno de los fenómenos asociados a los femicidios más preocupantes por la vulnerabilidad que tienen los niños.
La organización enfatizó la falta de acciones concretas por parte del Estado para lograr la protección integral de los huérfanos, especialmente, cuando éstos han presenciado la muerte violenta de sus madres, el suicidio posterior del padre, o han permanecido junto al cuerpo de la madre luego de asesinada.
Las regiones de Venezuela donde se registraron mayor incidencia de femicidios consumados en el último reporte de Cepaz son Miranda, con cuatro casos; Yaracuy y Aragua, con dos casos en cada uno y Guárico, Mérida y Nueva Esparta, con dos casos en cada uno. Mientras que la mayor incidencia de femicidios frustrados aparece registrada para el estado Bolívar, con dos casos.
El 95,8% de las víctimas de femicidio consumado eran de nacionalidad venezolana. Hubo una víctima adolescente de 17 años. El 47,5% de las víctimas de los femicidios consumados en agosto estaban en edades comprendidas entre 31 y 60 años de edad. Dos de las víctimas de la tercera edad avanzada superaban los 85 años.
Los estados con mayor ocurrencia de casos fueron Carabobo con 14,3%; Distrito Capital también con 14,3%; Miranda con otro 14,3% y Táchira con el mismo porcentaje de casos
El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró que nueve niños quedaron huérfanos en Venezuela en el mes de febrero, producto de 21 femicidios consumados.
Según Cepaz, uno de los niños presenció el femicidio de su madre, mientras que, en promedio, hubo una acción femicida cada 28 horas en el país.
El Observatorio señala que los estados con mayor ocurrencia de casos fueron Carabobo con 14,3%; Distrito Capital también con 14,3%; Miranda con otro 14,3% y Táchira con el mismo porcentaje de casos.
En enero de 2022, Cepaz registró que siete menores quedaron huérfanos y que ocurrieron 21 femicidios consumados y 6 femicidios frustrados.
Sobre las víctimas de femicidio, Cepaz indicó que todas eran de nacionalidad venezolana. El 19% era menor de 15 años. El 23,8% estaba entre 19 y 30 años. El 9.6% tenía edades comprendidas entre 76 y 84 años. Una de las víctimas de femicidio estaba embarazada.
Contexto femicida
Sobre la acción dirigida a causar la muerte violenta, Cepaz registró que en 23.8% de los casos, las víctimas fueron baleadas; en un 23.8% fueron acuchilladas y en un 14.3% golpeadas.
En el 9.5% de los casos se trató de femicidios en el contexto de delincuencia organizada; hubo 19% femicidios íntimos; 14.3% femicidios sexuales y otro 14,3% femicidios familiares.
Respecto a la relación entre víctima y agresor, en el 19% de los casos, el victimario estuvo dentro del marco de la misma familia (padres, padrastros, hermanos, hijos, hijastros, primos).
Mientras que en el 9% de los casos el agresor no mantuvo vínculo o relación alguna con la víctima y en otro 19% se registró que la relación afectiva entre víctima y agresor estaba constituida por vínculos de parejas y exparejas, con o sin convivencia bajo el mismo techo.
Con relación a la aparente motivación de los hechos, en el 4,8% de los casos el femicidio estuvo precedido de una escena de celos o alegatos de infidelidad íntima. En un 4,8% medió como motivación la venganza de organizaciones criminales y en otro 14,3% la agresión sexual.
Violencia fuera de las fronteras
También, en el mes de febrero, hubo 6 muertes violentas de venezolanas en el exterior. No hubo femicidios en grado de frustración
En promedio, cada 6 días hubo una acción femicida contra una mujer venezolana en el exterior.
El 33.3% de los femicidios de venezolanas en el exterior ocurrieron en Colombia. Otro 33,3% ocurrió en Chile. Las edades registradas de las víctimas no reportaron un patrón significativo, ya que el rango fue muy abierto.
«El 66.7% de los agresores eran venezolanos; el 16.7% eran de nacionalidad extranjera y en el 16.7% no se estableció. En el 50% de los casos los agresores están en fuga», señaló Cepaz.
Los hijos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se convierten en afectados colaterales, objetos de este delito. Desde ese momento en adelante, su vida se verá obstaculizada con constantes barreras por no contar con la figura de alguno de los padres, sumado a las implicaciones emocionales de tener que lidiar con una pérdida tan trágica. Las relaciones personales, el sustento económico, la confianza en las instituciones de justicia y la escolaridad tienden a ser de las variables más afectadas en el entorno de los niños cuyos padres fueron ejecutados.
Durante el año 2021, Monitor de Víctimas registró un total de 76 ejecuciones extrajudiciales, las cuales han dejado un saldo de 73 huérfanos. Mientras que, en los casi 5 años de trabajo de Monitor de Víctimas, se ha podido contabilizar un total de 1309 jóvenes, menores de 18 años, que han quedado huérfanos a raíz de 984 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
2018 figura como el año en el que más niños quedaron huérfanos por presuntas ejecuciones extrajudiciales, con un total de 382 menores de 18 años huérfanos a raíz de 368 homicidios. Manteniéndose la tendencia de que por cada 10 ejecuciones extrajudiciales hay entre 9 y 11 huérfanos.
La orfandad tiene grandes repercusiones en la vida de los jóvenes. En la mayoría de los casos, los padres ejecutados representaban el único sustento económico con el que las familias contaban en el hogar.
Esto deja a la familia en una situación de crisis, en donde además toca lidiar con todas las repercusiones psicológicas que la ejecución tendrá en ellos.
A esta dura realidad se verá sometido el bebé de 3 años de José Gregorio Clemente. La familia Clemente, compuesta por la víctima, su esposa y su hijo, se encontraba caminando por El Paraíso el 12 de julio de 2021 cuando funcionarios de las FAES dispararon varios tiros dirigidos a sus costillas. Otra víctima inocente del Operativo Gran Cacique Guaicaipuro.
Los sucesos de una ejecución extrajudicial son trágicos y permanecen como un recuerdo muy oscuro en la memoria de los jóvenes. Perder a un padre de una manera tan drástica y violenta tiene mayores repercusiones psicológicas que perder a un padre en situaciones naturales.
Las consecuencias dependen de factores como la edad en la que el hijo presenció la muerte (si es que la vio o lo sacaron de su casa antes del suceso) de su padre o madre y cómo la familia decide afrontar el duelo. De 0 a 5 años los recuerdos no son tan precisos, y los familiares se pueden encargar de ello durante la crianza. Sin embargo, estos niños podrían manifestar sus preocupaciones, miedos y tristezas de una forma en la que, si no es bien atendida y a tiempo, las consecuencias a largo plazo podrían ser aun mayores.
Por otro lado, niños más grandes pueden recordar perfectamente y generar sentimientos relacionados con el dolor y la ira hacia los verdugos de su padre. La forma en la que se debe abordar el duelo de los niños siempre cambiará dependiendo de las circunstancias del suceso.
El resentimiento ahora se vuelve parte de la vida de estos hijos. Crecen con el sentimiento de que les arrebataron a alguien muy preciado. Perdieron a sus padres en manos de aquellos que juraron protegerlos.
Los operativos policiales han demostrado no ser eficientes en el control de la criminalidad; por el contrario, estos son funcionales a que ocurran hechos de uso desproporcionado de la fuerza como las ejecuciones extrajudiciales, lo que contribuye a nutrir el ciclo de violencia en la ciudad.
El duelo causado por las ejecuciones extrajudiciales es un proceso aún más difícil. Cerrar el ciclo resulta casi imposible, pues la falta de garantías para la obtención de justicia y la debilidad del sistema judicial empeoran el proceso para los familiares de la víctima.
El Estado no responde por los niños
La falta de institucionalidad y políticas públicas de protección a las víctimas solo empeora la situación. No existe apoyo por parte del Estado ni de las autoridades para ayudar a los jóvenes y a los familiares que quedan a su cuidado.
Los cuerpos de seguridad del Estado deben cumplir con sus funciones que es proteger y defender a todos los venezolanos. Respetar los valores institucionales y recuperar la confianza de las personas. Hacer cumplir la justicia según el margen de la ley y no según el juicio de aquellos con el poder.
En Caracas Mi Convive creemos que las políticas de mano dura implementadas por el gobierno no son efectivas para disminuir los índices de violencia, sino que su implementación solo empeora la situación social de Venezuela. Generan terror, pérdidas de personas inocentes y aun más desconfianza en las autoridades. La represión y el miedo infundido por estas políticas solo generan resentimiento y odio a las instituciones del país por las personas afectadas. Los derechos de las personas y en especial de los niños deben ser respetados y defendidos por cada uno de los órganos del Estado. Son derechos inalienables de todos los venezolanos.
607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas, de los cuales 58% fueron asesinados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 5 de cada 10 eran jóvenes menores de 25 años y 41% de los casos ocurrieron dentro de sus vivienda, según registros de Monitor de Víctimas
@fabicrisci17
DANNYS OROPEZA TENÍA 18 AÑOS Y ERA BACHILLER, vivía con su familia paterna. Su tía Neida Oropeza lo describe como “moreno, delgado y aficionado al basket”. Fue asesinado en el sector San Andrés de El Valle, municipio Libertador, en un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
El joven salía de casa de la familia de su madre cuando los perros comenzaron a ladrar: Había llegado la FAES. “Su abuela vio pasar a los funcionarios y al momento se escuchó la explosión. Dicen que cuando él estaba terminando de subir las escaleras de la vereda, la policía lo detuvo. Luego supimos que estaba muerto”, contó Oropeza. El cuerpo de Dannys tenía 10 disparos. “Nosotros no teníamos por qué temer cuando habían explosiones o tiros; mi sobrino no estaba en nada malo ni había estado preso.”
Según las subcategorías de violencia policial registradas por Monitor de Víctimas -ejecuciones y resistencia a la autoridad- fueron registradas 568 víctimas, mientras que con otros delitos cometidos por los funcionarios suman 607 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en 2018, lo que representa la mitad del total de los 1.371 homicidios que ocurrieron en el Distrito Capital de Venezuela ese año. Esto significa que hubo un aumento 48% respecto a 2017, cuando las policías mataron a 409 personas. Incluso en el segundo semestre de 2018 el incremento fue de 61% con respecto al segundo semestre de 2017.
El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años. Cinco de cada 10 personas muertas eran menores de 25 años, y 35 víctimas eran menores de edad. 12% de estos jóvenes eran estudiante, 16% estaba desempleado y 22% trabajaba en la construcción. El resto se dedicaba al comercio informal, trabajos de mototaxi, barbería y mecánica.
Estigmatización social: jóvenes, morenos y de bajos recursos
La tarde del 2 de agosto una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC) entró por la parte trasera de la casa de Lewis Reyes, en el sector González Cabrera de El Junquito, en el municipio Libertador. Lo desnudaron y lo golpearon en el pecho. Los funcionarios sacaron a su novia de la casa y los vecinos se empezaron a concentrar afuera, desde la calle vieron cómo los funcionarios lo arrodillaron y golpearon en el interior de la casa. Después oyeron los disparos.
Los vecinos grabaron videos y tomaron fotos del momento, pero los funcionarios los obligaron a borrarlos. “La policía llegó sin una orden y la gente quiso ayudar porque mi nieto era muy querido en la zona, pero no lo permitieron, incluso, a un muchacho hasta lo detuvieron”, contó su abuela, Elsy Laguna. Lewis estaba en régimen de presentación desde hacía cuatro meses, había estado preso por tenencia ilegal de una arma.
Lewis Reyes era uno de los 23 jóvenes, menores de 25 años, que estaban estudiando y fueron asesinados por la policía en Caracas. A sus 22 años estaba terminando el bachillerato. Su madre había emigrado con el hijo más pequeño, y él vivía con su novia y su hermana mayor.
La socióloga Verónica Zubillaga explica que la escalada de violencia en los últimos años se le puede atribuir al lanzamiento en 2009 de “una nueva etapa de operativos militarizados que abrió paso a una práctica de matanza extralegal». Así lo asegura su artículo “Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática”, publicado en junio de 2018 en la Revista M de Río de Janeiro.
La académica agrega que estos modelos se han convertido en una forma de control sobre los sectores populares y una estrategia para mantener la hegemonía del poder, ubicando al Estado como un actor fundamental de la violencia en el país.
En el ensayo se documentan los testimonios de violencia policial hacia hombres jóvenes que habitan en barrios caraqueños. Estas muertes revelan una estigmatización social y territorial “centrada en hombres de piel oscura que viven en zonas de bajos ingresos”. Las partes altas de los barrios comenzaron a ser llamados “corredores de la muerte» después que Freddy Bernal, expolicía, exdiputado y excoordinador de la Comisión para la Reforma Policial, utilizara el término.
Las denuncias plasmadas en el artículo de Zubillaga se ven reflejadas, además, en las cifras recabadas por Monitor de Víctimas en 2018 en el Distrito Capital. 66% de las víctimas de homicidio por resistencia a la autoridad y ejecuciones eran de piel morena; en el municipio Libertador 7 de cada 10 homicidios fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado; 32% de los casos de jóvenes menores de 25 años asesinados por la policía ocurrieron en las parroquias Sucre, El Valle y Petare, del municipio Sucre.
Leonardo Silva, líder comunitario de la organización Caracas Mi Convive en Catia, explicó que en la parroquia Sucre “cuando llega la policía todos los vecinos se esconden. Si ven jóvenes entre 18 y 19 años los desnudan y los matan. Aunque no estén al margen de la ley, igual los identifican como delincuentes”.
La policía: El más sofisticado grupo de crimen organizado en Venezuela
Un tiro en la pared le recuerda a Nelly Rivas la muerte de su nieto Adrián. Apenas le avisaron que lo habían matado, salió a casa de su hija y en el camino vio pasar la furgoneta que llevaba el cuerpo del joven. La madrugada del 21 de septiembre, el CICPC entró a casa de Adrián rompiendo la puerta en Filas de Mariches y lo asesinó frente a su esposa, su hija de tres años y su madre. A su mamá la agredieron verbalmente y la apresaron.
Adrián de Jesús Sanabria tenía 23 años, era moreno, alto, “bien simpático”, contó su abuela. Trabajaba vendiendo frutas con su papá. Lo señalaron de ser miembro de una banda de robo de vehículos, pero Rivas aseguró que nunca había tenido antecedentes penales.
Según los datos recabados por Monitor de Víctimas, 41%de los homicidios cometidos por la policía ocurrieron dentro de las viviendas. Las muertes a manos de los cuerpos policiales en los hogares aumentaron 100% con respecto a 2017. Pero las ejecuciones dentro de las viviendas van acompañadas de violaciones a la propiedad privada por parte de los funcionarios, pues ingresan a las residencias sin una orden judicial, como establece la ley. En la mayoría de los casos destruyen las viviendas, roban y maltratan a los familiares de las víctimas.
Son recurrentes las denuncias de robos de enseres domésticos y el anonimato con el uso de capuchas, explica Zubillaga en el informe. Este patrón definiría al sector estatal militarizado como «el más sofisticado y poderoso grupo de crimen organizado venezolano en la actualidad».
Los líderes comunitarios de Catia cuentan que las comunidades viven con miedo. “Casi siempre hacen los operativos en la noche y se llevan todo de las casas. Los funcionarios no tienen identificación, llegan con la cara tapada o las máscaras de la muerte”.
La abuela de Adrián consideró que si su nieto había cometido un delito debían llevarlo preso, no matarlo. “Uno no sabe, pero mi nieto no estaba en nada malo y aquí no hay pena de muerte. Cuando Adrián estaba recién nacido tuvieron un accidente, su hermano mayor murió pero a él no le pasó nada… Imagínese, para que me lo vengan a matar así”, dijo entre lágrimas.
El joven era la fuente principal de ingresos de su hogar, y ahora que no está, entre todos los miembros de su familia están ayudando a su esposa. Nelly Rivas contó que estaba esperando cobrar la pensión para poder comprarle útiles escolares a su bisnieta.
Adrián fue una de las 175 víctimas asesinadas por la policía en 2018 que eran responsables de sus hogares, lo que resulta en 474 personas desamparados económicamente.
434 huérfanos, la cifra de la que nadie habla
Según las estadísticas de Monitor de Víctimas, Adrián Sanabria era también una de las 212 personas asesinadas en 2018 por los cuerpos de seguridad que tenían hijos menores de edad. En 2018, 434 niños y jóvenes perdieron a uno de sus padres.
La hija de tres años de Johan Escorcia también quedó huérfana. Su papá fue víctima de funcionarios de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana. El 4 de julio de 2018 los uniformados lo detuvieron, requisaron y dentro de la casa de la casa lo desnudaron y le dispararon.
En la vivienda, ubicada en El Morro de Paulo Sexto en Petare, se encontraba su esposa, su hijastra de siete años y su niña pequeña, quien no deja de repetir cómo fue la muerte de su padre y quién lo hizo. A la familia la sacaron de la casa y luego lo ejecutaron.
“Él no tenía antecedentes ni armas. Cuando nosotros llegamos a su casa nos dijeron que era un allanamiento pero no tenían orden de detención. Si hubiese cometido un delito, tenían que llevárselo preso pero no matarlo. Los funcionarios estaban con la cara cubierta y una de ellos nos dijo que ya no podía hacerse nada” contó Yuleidis Escorcia, hermana de Johan.
Escorcia es una las 328 víctimas que fueron asesinadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el FAES en 2018, organismo responsable de 6 de cada 10 homicidios, siendo el primer victimario entre los cuerpos policiales. 35% es responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC). El porcentaje restante corresponde a policías municipales y Guardia Nacional Bolivariana.
Zubillaga señala que las declaraciones de los funcionarios, plasmadas en el informe, revelan que, más allá de los policías que cometen los homicidios, está «una red de funcionarios y superiores que ignoran, excusan, apoyan e inclusive recompensan estas muertes».
Cinco de las seis muertes por asfixia sucedieron en robos y tres de ellas en viviendas.
En este mes también se registró el mayor número de casos de orfandad durante 11 meses. 58 de las víctimas de homicidio en abril eran padres de menores de 18 años, lo que representa 121 niños huérfanos. Además, 52 de los muertos por violencia eran responsables de la economía de su familia dejando 142 personas desatendidas monetariamente.
UN TOTAL DE 49 NIÑOS Y JÓVENES menores de 18 años han perdido a sus madres en los últimos nueve meses como consecuencia de la violencia que azota a la ciudad de Caracas, donde se han perpetrado al menos 68 asesinatos de mujeres entre mayo de 2017 y enero de 2018, según registros realizados por el Monitor de Víctimas.
La última de las víctimas, Wileidy Alejandra Pérez Ochoa (25) madre de una niña de cuatro años, fue asesinada en la puerta de su casa en el barrio El Esfuerzo de Petare donde fue acribillada por un grupo de antisociales
Informaciones policiales señalan que la victima se encontraba en su vivienda cuando recibió una llamada telefónica en la que le pedían que saliera. «Le dijeron que necesitaban hablar con ella, cuando salió a ver quién quería hablar con ella le dispararon, no le dieron tiempo de nada», dijo un funcionario policial que adelanta la investigación.
Wileidy recibió al menos 15 disparos. La mayoria de ellos en la cabeza.
Los investigadores que adelantan las pesquisas para esclarecer el crimen de Wileidy Alejandra Pérez Ochoa señalan que la principal hipótesis es la venganza. Hace un par de meses la pareja de la víctima fue asesinado por un grupo de azotes de la zona. Los sujetos fueron sido detenidos y liberados. A partir de ese momento la mujer comenzó a recibir llamadas intimidatorias. Las amenazas terminaron por hacerse realidad el lunes cuando la emboscaron y asesinaron.
Violencia contra las mujeres
En el período comprendido entre mayo de 2017 y enero de 2018, fueron perpetrados 1.253 asesinatos, de ellos 68 corresponden a mujeres lo que representa aproximadamente 5,5% del total de los crímenes registrados en los cinco municipios que integran la ciudad de Caracas.
Según datos recopilados por el Monitor de Víctimas al estudiar el lugar dónde ocurrieron los crímenes, se observa que los municipios más densamente poblados y pobres de Caracas, Libertador y Sucre del estado Miranda, concentran 85,2% de los crímenes. En Libertador se registraron 47 muertes, 69% de los asesinatos, le sigue el municipio Sucre con 16%, lo que se traduce en 11 decesos. Lejos se ubican Baruta, con seis, El Hatillo con dos muertes y Chacao con una.
Cuando se observa cuáles son los principales móviles de los 68 homicidios de mujeres, se observa que el robo, seguido por la violencia de género, ocupan los dos primeros lugares con 16 y 14 crímenes cada uno.
El tercer lugar lo ocupan simultáneamente las balas perdidas y las venganzas con siete muertes por renglón, en este último aparte se ubica el asesinato de Wileidy Pérez Ochoa.
En relación al espacio donde se produjeron los crímenes, la calle continúa como una de las zonas más peligrosas, 36 asesinatos ocurrieron en la vía pública. Además llama la atención la elevada cifra de homicidios perpetrados en las viviendas de las víctimas, 29 mujeres murieron en sus casas, más de la mitad de las víctimas de robos y de violencia de género, nueve víctimas en cada caso perecieron en sus hogares, según datos recogidos por el Monitor de Víctimas, iniciativa que emprendieron Runrun.es y la ONG Caracas Mi Convive con el objetivo de estudiar el problema de la violencia, sistematizando la recopilación de datos estadísticos sobre las víctimas de la inseguridad en Caracas con el objetivo de visibilizar las consecuencias de la violencia.
Gilber Sosa Arellano no verá crecer a su hija. No la llevará a pasear en la moto con la que se ganaba la vida, ni cantará en ninguno de sus cumpleaños. Al joven de 20 años lo asesinaron unos policías vestidos de civil en Brisas de Propatria, kilómetro 1 de El Junquito el 6 de junio de 2017, cuando la bebé tenía apenas 4 meses. Salía en motocicleta a trabajar cuando lo interceptaron unos policías vestido de civil que lo buscaban por supuestamente haber matado a un conductor de jeep, un cargo por el cual nunca presentaron pruebas los agentes que amedrentaban constantemente a su familia. Su mamá, de 18 años y sin empleo fijo, ahora tiene que hacerse cargo de ella a duras penas.
La hija mayor de Maikel Jordan Padilla Puerta sigue llorando por su papá, asesinado el primero de julio de 2017 por agentes de Policía Nacional Bolivariana en Roca Tarpeya, Caracas, donde vivía alquilado con su segunda pareja. La niña de 6 años, con la tristeza intacta, siempre había sido muy pegada a su padre, aunque seis meses antes se había separado de su mamá y ya no vivía en la misma casa con ella y su hermanito de 4 años. Cuando su mamá, que es peluquera, salió embarazada, Maikel abandonó sus estudios universitarios penitenciarios para trabajar como mototaxista y atender a su hija. Nunca dejó de hacerlo hasta el momento de su muerte, que lo sorprendió con ropa de dormir a media mañana de aquel sábado por dos tiros en el pecho que dispararon los policías que entraron sin orden de arresto a su casa de una sola puerta y sin ventanas.
«Cuando a uno le matan a un hijo, lo único que podemos hacer es vivir con el dolor. Si pido justicia, lo que puedo lograr es que me maten a los otros que me quedan», dice la abuela de la hija de Maikel.
Son apenas dos casos de los 520 niños y adolescentes que han perdido a sus padres por causa de la violencia entre mayo y septiembre de 2017 en el área Metropolitana de Caracas, registrado por el Monitor de Víctimas.
Del total de 755 personas que murieron violentamente durante cinco meses en Caracas, 280 padres (37% del total) dejaron huérfanos menores de 18 años. Lo que se traduce en que cada día la violencia dejó 4 niños y adolescentes sin padres durante 5 meses en Caracas.
El número de casos de padres asesinados guardan proporción con los municipios más violentos de Caracas. 68% de los homicidios de personas que dejaron huérfanos ocurrió en el municipio Libertador entre mayo y septiembre de 2017. Le siguen Sucre (25%); Baruta (5%); Chacao (1%) y El Hatillo (0,7%).
En investigaciones sobre violencia se suele registrar quien murió pero no quienes dependían de ellos y quedaron desastidos. Los hijos son víctimas indirectas a las que esa pérdida afectará su manutención, estabilidad emocional, escolaridad, en definitiva toda la vida, resalta el educador y terapeuta Oscar Misle.
Esta investigación de Monitor de Víctimas pretende visibilizar con datos precisos y nombres a esas víctimas invisibles de los homicidios que ocurren en Caracas. En su mayoría niños y adolescentes que no reciben ninguna asistencia del Estado, para quiénes no existen políticas públicas destinadas a darle protección.
El aumento del número de homicidios en Venezuela está directamente ligado al crecimiento del número de huérfanos de la violencia, si se tiene en cuenta la edad promedio de esos hombres, analiza Misle. El director de Cecodap recuerda que en 2016, según el Ministerio Público, se registraron 21 mil homicidios, de los cuales 55,48% tenían entre 15 y 30 años, es decir, dentro del rango de ser padres.
La mayor proporción de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 eran jóvenes: dentro de franja entre los 19 y 30 años (57,8% de las muertes). Mientras, 8 menores de edad de un total de 280 tenían hijos menores de 18 años.
El incremento de la cantidad de número de niños y adolescentes que pierden a sus padres por la violencia debe ser atendido como un problema de salud pública, sostiene Misle. “Reviste un impacto no solo individual, sino también comunitario y nacional que puede inscribirse dentro de un espiral de violencia”.
“Se tiende a pensar en los huérfanos por la violencia como casos individuales cuando en realidad representan un impacto colectivo. El proceso de duelo por asesinato puede ser complejo y tarda en elaborarse”, observa el psicólogo e investigador Manuel Llorens. “Es necesario pensar en personas afectadas y su entornos. Hay que ayudar no sólo al individuo con terapia sino ofrecer contención a toda una comunidad y sociedad”, enfatiza.
La muerte de un padre que es el principal y/o único proveedor trastoca aún más la vida de una familia. Es el caso de Darwin José Valera, asesinado la madrugada del primero de septiembre de 2017, cuando cumplía su turno como vigilante de una construcción en el este de Caracas. El dolor de su esposa Joselyn y sus cuatro hijos menores de edad es tan grande que ninguno quiere estar más en la pequeña casa prestada de un solo ambiente donde vivían en el barrio Unión de Petare.
Valera era muy pegado con sus 4 hijos de 19, 12, 7 y 4 años y se rebuscaba “como sea” para conseguirles comida, lo que se había convertido en el principal problema del último año en el que acostarse a dormir sin haber comido comenzaba a ser una angustia frecuente. Hasta vendió algunas de sus herramientas de albañil para comprar alimentos. Como cristiano, procuraba ser el mejor ejemplo para sus hijos.
Las niñas de 7 y 12 años lloran cuando hablan de su papá, están distraidas en clases. El más pequeño de 4 años (que tiene que ser operado de una hernia) también lo extraña. El mayor de 19, que sufre de pérdida de masa muscular, se fue a vivir con su familia en Trujillo para aligerar las cargas de la familia.
Ahora no solo Joselyn y sus 4 hijos tienen que bregar con el dolor de la pérdida de Valera sino también buscar como mantenerse. Hasta ahora, solo reciben una parte de la insuficiente pensión de su mamá como ayuda.
Pero también deben soportar la impunidad. La primera versión sobre su muerte causada por el impacto cuando iba con un compañero de trabajo en moto quedó descartada con el acta de defunción, que certifica que murió por “shock hipovelico (hemorrágico) causado por herida por arma blanca al tórax”. Se presume que fue por “ajuste de cuentas” contra su compañero de trabajo, quien estuvo en una cárcel y tiene antecedentes penales.
Tanto Llorens como Misle coinciden en que los duelos por la violencia son los más difíciles de procesar. Observan que no será lo mismo la muerte natural o enfermedad, incluso la causada por un accidente de tránsito, que también es súbita, que la producida por un asesinato -por una tercera persona- lo que produce una mezcla de dolor, rabia, impotencia y resentimiento.
Llorens considera que el proceso de duelo de esos huérfanos dependerá de la edad: no es lo mismo un bebé (que puede ser amortiguado por la disposición de los cuidadores) que un niño de 5 o 10 años. “En todo caso, se trata de una pérdida traumática que genera consecuencias difíciles en sus vidas. Hay que tener en cuenta el nivel de afectación de círculo familiar – madre, abuelas, tías- que quedan a cargo de esos niños. Puede que no haya adultos disponibles para ayudar a tramitar su dolor. Muchas familias, que son a su vez víctimas, no pueden prestar ayuda”.
La muerte del proveedor del hogar implicará un impacto socieconómico enorme que afecta desde la nutrición hasta la escolaridad, dice Llorens. «El chamo queda desamparado por la muerte súbita producto de la violencia que le arrebata a su principal sustento, lo cual se complica aún más en un contexto de grave económica como el venezolano», agrega Misle.
Cuando muere el padre o la madre, la custodia es asumida por un familiar o entidad, que no está preparada para atender este tipo de población, observa Misle. «Muchos se ven obligados a dejar la escuela para conseguir recursos y adopta estrategias de sobrevivencia, desde el bachaqueo hasta el microtráfico de drogas y prostitución».
El mayor número de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 en Caracas eran proveedores del hogar: comerciantes (33 de 280), seguido por obreros (32); mototaxista (20); desempleado (18) y otro (18); albañil (12) y comerciante informal (11).
La mayor proporción de las personas asesinadas que dejaron huérfanos eran bachilleres (43,9%). 40% habían terminado la primera mientras que 6,7% tenían estudios universitarios; 1,8% ningún nivel académico y apenas 0,7% alcanzaron cuarto nivel educativo.
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Muchos de los niños huérfanos tienen que vivir otro duelo: mudarse a la vivienda de algún familiar que asume su cuidado, perdiendo ya no solo su casa, sus amigos, su entorno conocido. Incluso la escuela que le quedaba cerca de su casa. “En el mejor de los casos, se mudan con parientes. En el peor, a la calle”, dice Misle. «El aumento de muertes de proveedores del hogar también podría tener relación con el incremento de los niños en situación de calle.»
También existe mucha migración de familias que huyen de criminales a otras zonas o ciudades buscando “un sitio más seguro”, lo cual implica una dramática seguidilla de pérdidas para el niño, observa Llorens.
Ninguna clase social está exenta del peligro de perder la vida en Venezuela. “Cada vez se observan más casos de huérfanos en colegios privados cuyos padres han sido víctimas en robos o secuestros. Sin embargo, en los sectores populares resulta más rudo”, apunta Misle.
El duelo
El proceso de duelo por muerte violenta pasa por las etapas de negación, rabia, culpa y aceptación, y puede durar entre 1 y 2 años. Existen duelos prolongados que inhabilitan a la persona a retomar su vida, o vuelven a la cotidianidad pero sin la misma energía.
En el caso de los niños que pierden a sus padres, puede expresarse en depresión (más común en las niñas) o en hostilidad, agresividad y violencia -que en realidad tiene que ver con angustia, miedo, ansiedad- lo que muchas veces es incomprendido en la escuela y comunidad, que no tienen herramientas o plan de contingencia para atender a los huérfanos por violencia, advierte Misle.
Un duelo prolongado puede traer consecuencias psicosociales como dificultades para vincularse y pérdida de la empatía y confianza hacia la vida y al prójimo, produciendo un repliegue hacia el círculo más íntimo. «Se rompe el tejido social, se reducen los espacios para la convivencia y salidas consensuadas para los problemas comunes», analiza Llorens.
También puede generar un sentimiento de venganza que deriva en la transmisión transgeneracional del trauma. «Esa herida a próximas generaciones instaurando ciclos de violencia que se mantienen en el tiempo».
La manera como fueron asesinados impactará a los hijos, observan los especialistas. Los cuatro principales móviles de los homicidios de los 280 padres registrados entre mayo y septiembre de 2017 en la zona metropolitana de Caracas fueron: robo (77 casos); ajusticiamiento (56); causa indeterminada (44) y ajuste de cuentas y/o venganza, conflicto del pasado (19).
También influye en los hijos quien asesinó a los padres. Civiles o personas independientes son los principales victimarios (106 de 280 casos). En segundo lugar, bandas criminales (63); luego PNB (44) y agentes del Cicpc (42), según datos de Monitor de Víctimas.
Resalta que la vía pública es el lugar más común donde ocurrieron los asesinatos de padres (199 de 280 casos, es decir 71%). La vivienda de la víctima se ubica en el segundo lugar (65 casos), 23% del total. El resto (5,7%) corresponde a establecimientos comerciales, instalaciones educativas y trabajo.
Muro de contención
En Venezuela no existen políticas públicas para atender a la población vulnerable de los huérfanos por la violencia del cual es responsable el Estado, que debe velar por la vida y protección de los ninos y adolescentes, defiende Misle.
Para el director de Cecodap, «el Sistema Nacional de Protección debe garantizar programas de resguardo a los huérfanos, involucrando a los consejos municipales de derecho, universidades y escuelas. Esta labor no puede dejarse únicamente a las familias y comunidades, que no cuentan con las herramientas. Se requiere un apoyo sistemático integral para atender a las víctimas de la violencia».
Trauma psicosocial
Más allá de considerar la muerte violenta como una experiencia traumática individual – entendiendo por trauma a una vivencia extrema que afecta a los niños dejándole una marca desfavorable para su vida- los homicidios y su correspondiente número de huérfanos en Venezuela debe ser entendido como un trauma psicosocial, considera Llorens.
El psicólogo venezolano se remite a este término elaborado por el jesuita y psicólogo Ignacio Martí Baró, quien estudió las heridas que dejó en la población la guerra civil de El Salvador y que tiene muchas resonancias con lo que está ocurriendo en Venezuela.
La experiencia prolongada de la guerra en El Salvador repercutió en sus habitantes afectando la manera de ser y actual de los habitantes del país centroamericano. Quizás no tuvo un efecto uniforme de toda la población, aunque si condicionado por la extracción social, grado de participación en el conflicto y características personales.
“Visto así, la violencia prolongada en Venezuela podría estar generando un trauma psicosocial entre los venezolanos, incluidos los niños”, sostiene Llorens.
Pero el mismo Martin Baró plantea que el sufrimiento de la guerra – la violencia, en el caso venezolano- , ofrece a algunas personas la oportunidad de crecer humanamente. Puede dar la oportunidad de desarrollar virtudes humanas como el altruismo y la solidaridad”.
El diputado al Consejo legislativo del estado Aragua, José Ramón Arias, denunció que 2 mil 107 niños, niñas y jóvenes quedaron huérfanos a consecuencia de la inseguridad, durante los 4 años de gestión de Tareck El Aissami como gobernador del estado Aragua.
“En el año 2013 cuando El Aissami iniciaba su gestión 435 niños quedaron huérfanos producto a que sus padres murieron a consecuencia de la violencia que se registra en la entidad” precisó Arias y mencionó que al cierre el año 2016 está cifras se incrementó en 70 % , al contabilizarse 734 niños porque sus padres murieron en un hecho violento.
Precisó que la promesa del ex Ministro de Interior Justicia de garantizar la seguridad a los aragüeños al llegar al Gobernación de Aragua, “fue una farsa”, por cuanto aseguró que en sus cuatro años de gestión frente al gobierno regional el riesgo de ser víctima del hampa en el estado Aragua se incrementó en 129 %.
El diputado regional y coordinador regional adjunto de Primero Justicia en Aragua informó que también en con el actual gobierno, se contabilizó 5 mil 523 muertes de aragüeños en manos de la delincuencia.
El dirigente de la tolda amarilla destacó que el estado Aragua es la entidad que ha recibido más ataques con armas de guerra contra sedes policiales, destacando que en el 2016 se contabilizaron 19 ataques a comisarías de 10 municipios y en los últimos dos años son más de 30 ataques dejando saldos de funcionarios asesinados y heridos.
“Según lo que refleja la prensa nacional y regional, 202 funcionarios de seguridad fueron asesinados en Aragua en la gestión del quien hoy Nicolás Maduro coloca como vicepresidente y le da la responsabilidad de la vida de los venezolanos”, dijo Arias.
