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Jubilados advierten que tomarán acciones superiores a la huelga de hambre si no hay respuesta del CVG
El grupo aseveró que el próximo miércoles se concentrará frente a la sede del CVG para reclamar el cumplimiento de acuerdos

Por Francesca Díaz (Correo del Caroní)

Jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) advirtieron que tomarán acciones superiores a la huelga de hambre si continúan sin obtener respuestas por parte de la junta interventora.

El pasado 23 de agosto el presidente de la CVG, Héctor Silva, firmó un acta donde se comprometió a conformar una mesa de trabajo con los adultos mayores, dos meses después continúa sin cumplir con lo acordado.

«Les hacemos un llamado de atención. No es una amenaza. La próxima semana le hacemos un llamado a todos los jubilados y pensionados, desactivados, accionistas a que hagan presencia el próximo miércoles a las 8:00 de la mañana. No vamos a permitir que después de firmar esta acta, se vayan a burlar de nosotros», expresó el presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar, Hugo Medina.

El acta fue el resultado de nueve días de huelga de hambre encabezada por Medina y cuatro jubilados frente a la CVG. 

«Si vamos a tomar otra acción será superior a la de la huelga de hambre. Le ratificamos el llamado a que atiendan los compromisos que asumieron el 23 de agosto con los jubilados y pensionados, trabajadores activos y accionistas clase B. Seguiremos en la calle, cueste lo que nos cueste”, puntualizó Medina.

Durante 2023, jubilados y pensionados a lo largo del país han protagonizado tres huelgas de hambre para exigir beneficios y seguridad social. Esto debido a la falta de cumplimiento de las empresas nacionales con el pago de prestaciones sociales y la atención médica.

Además, la falta de aumento salarial mantiene las pensiones fijadas en menos de 5 dólares, lo que impide que los adultos mayores puedan costear sus tratamientos y medicinas por su cuenta.

Siete presos políticos militares cumplen 15 días de huelga de hambre en Ramo Verde
Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado

Siete presos políticos militares cumplieron 15 días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida como la cárcel de Ramo Verde.

De acuerdo con una nota publicada por TalCual, los privados de libertad iniciaron la huelga de hambre para exigir que inicie el juicio en su contra y se les respete el debido proceso.

«Siguen igual, ya son 15 días en huelga de hambre y nada que se ocupan de su caso», comenta Odalis Bermúdez, hermana del sargento primero del Ejército Rubén Bermúdez.

Se trata de los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero, quienes fueron detenidos el 18 de enero de 2017, tras ser llamados a declarar a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

 

Este grupo estaba destacado en la Brigada 42 de Paracaidistas (Maracay, Aragua) y estuvo incomunicado durante cinco días en Caracas.

El pasado 23 de octubre, la jueza Eudismarys León, a cargo del Tribunal 23 de Juicio de Caracas, aplazó nuevamente la apertura de juicio al grupo y fijó la nueva audiencia para el próximo 6 de noviembre.

Los militares tampoco fueron atendidos por el director general del Servicio Penitenciario Militar, general de División Luis Ojeda Araujo, quien les prometió que conversarían sobre sus exigencias para que se inicie el juicio y se respete el debido proceso.

La hermana del sargento Bermúdez reiteró su solicitud a las delegaciones negociadoras del oficialismo y oposición que tomen en cuenta al grupo para las excarcelaciones que se realizaron al margen de los acuerdos de Barbados.

Este grupo de presos políticos fue sometido a torturas como golpes, descargas eléctricas y aislamientos tras vincularlos al caso del fallecido general Raúl Isaías Baduel por un supuesto intento de golpe de Estado.

En el caso también se encuentra el general retirado Ramón Lozada Saavedra, quien fue detenido el 21 de enero de 2017.

 

El grupo estuvo año y medio en espera de una audiencia preliminar y en noviembre de 2021 se les notificó que su caso pasaba a la jurisdicción civil del Tribunal 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, por la supuesta presencia de un civil.

Nueve presos políticos vinculados al caso Cotiza iniciaron huelga de hambre
El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución

 

Este lunes, 9 de octubre, nueve presos políticos condenados por el alzamiento militar de Cotiza iniciaron una huelga de hambre para exigir que los tribunales atiendan su solicitud de redención de pena.

Geomar Martínez Natera, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirinos, Hebert Glok Vásquez, Yeiser Montero, Kervin Manuel Charles, Neomar Salcedo y Edgar Díaz Vivenes, son los sargentos de la Guardia Nacional que iniciaron la huelga de hambre dentro del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocida como la cárcel de Ramo Verde.

El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución. En el caso de Luis Bandres, la apelación de su condena se encuentra en la Sala de Casación Penal.

Los familiares de este grupo solicitaron a la Fiscalía General que interceda y revise las solicitudes de los militares, y se garantice sus derechos fundamentales dentro de la cárcel de Ramo Verde.

Comentaron que el grupo en huelga espera reunirse con el general Luis Ojeda Araujo, director del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil) para entregarle unos documentos donde se denuncia la falta de atención por parte de los tribunales.

Caso Cotiza 

El 21 de enero de 2019,  en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en el sector de Cotiza, hubo un alzamiento militar en donde al menos 24 efectivos militares se sublevaron, asaltaron armas y llamaron a la gente a salir a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro. 

24 sargentos involucrados en la sublevación militar fueron condenados a penas de siete años y nueves meses; mientras que al sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ultraje a la Fuerza Armada.

El hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles en el sector en respaldo a los militares, que horas después se propagaron en distintos sectores de la ciudad.

*Con información de TalCual

El preso político Igbert Marín Chaparro sigue en protesta para exigir sus DDHH
Sería la tercera ronda de protesta que hace el Teniente Coronel del Ejército  venezolano para exigir el cese, reconocimiento y restitución humanitaria de sus torturas desde 2018

El abogado del preso político Igbert Marín Chaparro, Edgard Simón Rodríguez, informó este primero de octubre que el militar acusado por el gobierno de Nicolás Maduro desde el 2018 mantiene una tercera ronda de protestas pacíficas para exigir la garantía de sus derechos humanos

«No permitir la visita de amigos y familiares no directos significa un maltrato psicológico que está prohibido no sólo en la ley nacional sino en distintos tratados y convenios internacionales de DDHH», recalca el abogado en un comunicado de prensa.

Marín, teniente coronel del Ejército, mantuvo dos huelgas de hambre en 2021 y en 2022 para exigir el cese, reconocimiento y restitución humanitaria de las torturas y tratos inhumanos que recibió desde su detención. Ahora, preso en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Gran Caracas, exige tener el derecho a las visitas generales.

Marín decidió no salir de su celda ni para ir al patio de la Dgcim como forma de protesta, acción que ya el Estado vulneraba tanto a él «como a otros presos políticos en su misma situación». 

«El 4 de septiembre se le hizo la solicitud al Ministerio de Asuntos Penitenciarios por parte de los familiares y hasta ahora no ha recibido respuestas», agrega el abogado.

Presos políticos en protesta

Rodríguez le exigió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, que ordene el levantamiento inmediato de esta medida de prohibición, que vulnera los derechos humanos de los presos políticos.

Mientras Igbert Marín Chaparro mantiene su protesta, otros presos políticos mantenían una huelga de hambre para requerir su libertad y atención médica inmediata.

Desde el 25 de septiembre, el sargento Primero de la Guardia Nacional Alberto Salas Piñango hace una huelga de hambre para exigir un traslado a un centro de salud, debido a los dolores que sufre desde hace más de un mes por viejas fracturas producto de torturas.

Si bien el 30 de septiembre liberaron a ocho presos políticos, los privados de libertad siguen sin justicia en Venezuela. La ONG Foro Penal estima que hay otros 274 presos políticos en Venezuela, de los cuales 147 son militares y 127 son civiles. De ese grupo, al menos 145 aún no tienen una condena firme por parte del sistema de justicia venezolano. 

El preso político Alberto Piñango inicia huelga de hambre para exigir atención médica
El sargento fue objeto de torturas desde su detención por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en 2019 bajo las acusaciones del Estado venezolano en el caso  «Operación Cotiza»

El preso político Alberto José Piñango Salas, sargento Primero de la Guardia Nacional Bolivariana,  inició este lunes 25 de septiembre una huelga de hambre para exigir que se cumpla su traslado a un centro de salud para atender los dolores en varias partes de su cuerpo por viejas fracturas producto de torturas.

Isaura Salas, madre del sargento, solicitó a las autoridades que atiendan la orden de traslado y atención médica que ya otorgó el Tribunal de Ejecución que interpela por el caso «Operación Cotiza», una supuesta sublevación militar que ocurrió en Caracas, en enero del 2019, que dejó a 24 militares como presos políticos

«Mi hijo se vive quejando, las esposas de sus compañeros me han llamado y dicen que está muy mal. Por favor, se los agradezco de todo corazón», rogó Isaura Salas en redes sociales.

De acuerdo con la información de la ONG Foro Penal, Piñango Salas fue objeto de torturas durante su detención por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El Ministerio Público no reconoció ninguna de las denuncias sobre golpes con objetos contundentes y asfixia mecánica durante su detención y desaparición forzada.

Violaciones al debido proceso de Alberto Piñango

El sargento Piñango, así como los otros 23 militares del caso «Operación Cotiza», estuvo privado de libertad sin ningún juicio por tres años y cinco meses. Para el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaba que Alberto José Piñango Salas estaba en un estado médico urgente: su dentadura estaba lesionada y varias muelas estaban infectadas por falta de atención sanitaria.

No fue hasta el 24 de junio del año pasado que los 24 sargentos tuvieron un juicio. En 17 horas condenaron a Piñango y a otros 22 militares a siete años y nueves meses por las acusaciones de motín, desobediencia y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Mientras tanto, el sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la FANB.

Con Piñango, al menos cuatro los militares privados de libertad están en huelga de hambre en Ramo Verde. Los presos políticos Carlos Macsotay, Ricardo González y Antonio Scola Lugo cumplieron este lunes cinco días en protesta para exigir su liberación inmediata o el inicio del juicio en su contra por la llamada «Operación Armagedón».

*Con información de Luisa Quintero (Diario TalCual)

 

Tres presos políticos militares iniciaron huelga de hambre por retraso en juicio
Las detenciones de los nueve militares se hicieron el 17 de mayo de 2018 en diferentes bases militares. El 11 de diciembre de 2018 se ordenó el pase a juicio, que aún no ha iniciado

 

Foto: TalCual

 

El pasado jueves, 21 de septiembre, tres presos políticos militares acusados de participar en la «Operación Armagedón», iniciaron una huelga de hambre en Ramo Verde por el retraso de cinco años y tres meses que lleva el juicio.

El capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo inició la huelga de hambre la mañana del jueves. En la tarde se sumaron el mayor de la Aviación Ricardo González Torres y el teniente de Navío Antonio Scola Lugo.

La huelga de hambre de los militares se genera como medida de presión para que inicie el juicio o se produzca la extinción de la causa y la liberación de todos los detenidos, por haber cumplido más de la pena mínima (tres años) estando en prisión sin juicio.

Según la versión oficial del gobierno, la “Operación Armagedón” se gestó en 2017 y tenía como objetivo tomar la Base Aérea de la Carlota en Caracas, evitar la reelección de Maduro en las presidenciales de 2018, y finalmente, el magnicidio del gobernante. 

 
Por el caso «Operación Armagedón» se encuentran detenidos el capitán de Corbeta Luis Humberto de la Sotta y Carlos Macostay Rauseo, el teniente coronel Ruperto Molina Ramírez; los mayores Abraham Américo Suarez Ramos, Adrián de Gouveia de Sosa y Ricardo Efraín González Torres; el teniente de Navío Antonio Scola Lugo; y los capitanes de Fragata Elías José Noriega Manrique y Luis Alberto Cunes.

Cinco años esperando el juicio

Las detenciones de los nueve militares se practicaron el 17 de mayo de 2018 en diferentes bases militares, tras la filtración de un documento que obtuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y fue usado durante la audiencia de presentación ante el Tribunal Militar 1° de Control, a cargo de la jueza Claudia Pérez de Mogollón, para privarlos de libertad. El 11 de diciembre de 2018 se ordenó el pase a juicio, que aún no ha iniciado.

El grupo, acusado de instigación a la rebelión y contra el decoro militar, fue objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, que no fueron investigadas por los tribunales militares o la Fiscalía General, donde se denunciaron estos delitos. 

El 14 de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas solicitó liberar al grupo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha emitido medidas cautelares de protección a favor de De La Sotta, Macsotay y Scola Lugo, pero no se han cumplido por parte del gobierno venezolano.

*Con información de TalCual

Pensionados y jubilados de la CVG desmienten acuerdos en la mesa de diálogo
Los trabajadores Pablo Millán, Hipólito Cedeño, José Rodríguez, Francisco Díaz y Francisco Jaime declinaron de la huelga durante el fin de semana, ya que vivieron complicaciones de salud por crisis hipertensiva y palpitaciones

 

El bloque de pensionados, jubilados y sobrevivientes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que se reunió el pasado 18 de agosto con representantes de la junta interventora de CVG, desmintió que se hayan logrado acuerdos en la mesa de diálogo, así como las aseveraciones del supuesto rechazo y repudio por la huelga de hambre organizada en las adyacencias de la corporación por la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol).

Los adultos mayores pertenecientes al bloque aseveraron que la reunión forma parte de un cronograma pautado el 7 agosto y que no tuvo relación con la huelga de hambre, ya que estaba pautada antes de que esta fuera emprendida. Asimismo, rechazaron las aseveraciones de la CVG, la cual en un comunicado oficial afirma que “manifestaron repudiar las acciones mediáticas de los manifestantes de Fedajupebol”.

La reunión se dio a conocer a la opinión pública el sábado 19 de agosto. En este sentido, los asistentes fueron vituperados en redes sociales por “hacerle el juego” a la CVG; sin embargo, ellos afirman nunca haber fijado esa posición y, a su vez, denuncian que el objeto de la reunión fue manipulado por la directiva para desestimar la protesta.

Eleazar Rojas, trabajador de CVG Bauxilum, formó parte del bloque que se reunió con la junta interventora de la CVG, representada por el vicepresidente Alexis Rodríguez Cabello, y la vicepresidenta de Recursos Humanos, Ana Mediomundo. El trabajador alegó que fueron utilizados por la directiva y que la reunión no arrojó ningún avance.

“Este bloque se conformó en 2018. Esta es la fecha que aún estamos teniendo reuniones. Esta última reunión fue una emboscada. Se aprovecharon de su poder mediático. Nosotros rechazamos lo que ocurrió. Deberían aprovechar ese poder para solventar otras cosas. No deben aprovecharse de trabajadores que tienen hasta 84 años, hacen un esfuerzo para acudir a la reunión y nos salen con este tipo de manipulaciones. La reunión lo que buscó fue generar una matriz de opinión contra la huelga”, expresó Rojas.

El trabajador manifestó que tienen tiempo en reuniones, pero que esta vez se promocionó la junta en redes sociales para manipular la opinión pública y hacer ver que se había llegado a un acuerdo con los pensionados, además para desestimar el apoyo de la protesta encabezada por Hugo Medina.

“Esa reunión y agenda tiene tiempo, está planificada desde el 7 de agosto. Ellos han querido darle largas a esto para traducir un hecho humanitario en algo político”, destacó Rojas.

Jubilados se retiran de la huelga por complicaciones médicas

Los trabajadores Pablo Millán, Hipólito Cedeño, José Rodríguez, Francisco Díaz y Francisco Jaime declinaron de la huelga durante el fin de semana, ya que vivieron complicaciones de salud por crisis hipertensiva y palpitaciones.

En este sentido, la recomendación médica fue levantar la huelga para restituir su salud. El trabajador Hugo Medina continúa en huelga, alcanzando ya las 110 horas de protesta continua.

“Han dicho que esto es una guarimba. Que el toldo lo puso María Corina Machado… Esto es producto del esfuerzo de nosotros. Nos hemos caracterizado por luchar con nuestro propio equipo”, aclaró Medina.

OVP: 91 reos en Lara hacen huelga de hambre para exigir mejores condiciones
La organización explicó que los detenidos reclaman por la falta de agua potable, las «condiciones inhumanas a las que sobreviven» y la negativa de trasladarlos a tribunales.

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 14 de junio que 91 presos de un calabozo policial del Cicpc del estado Lara se declararon en huelga de hambre por la negativa de las autoridades de trasladarlos a tribunales y por las condiciones en las que «sobreviven».

A través de una nota de prensa, la organización explicó que los reos se negaron a recibir los alimentos que les llevan sus familiares en protesta por la falta de agua potable, las «condiciones inhumanas a las que sobreviven» y la negativa de trasladarlos a tribunales.

De acuerdo con el OVP, los familiares explicaron que en Lara hay «graves» problemas con el suministro de agua, por lo que «desde hace meses» los propios funcionarios y familiares deben pagar por camiones cisternas, cuyo costo es de entre 35 y 40 dólares.

El OVP agregó que el pasado fin de semana, los camiones cisterna no pudieron llegar a la sede del Cicpc por «escasez de gasolina».

Requisa en los calabozos

Por otra parte, denunció que los reos fueron llevados al patio del Cicpc mientras llovía para hacer una revisión dentro de los calabozos.

«Durante la requisa les botaron objetos personales, les sacaron las colchonetas que son compradas con mucho esfuerzo por los familiares, les decomisaron un televisor que era su única distracción y desde ese momento pararon los extractores de aire», apuntó.

La organización afirmó, además, que muchos de los presos que están en esa sede policial tienen órdenes de traslado a cárceles, pero estas no son ejecutadas «porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les asigna cupos».

Asciende a ocho la cantidad de presos muertos en lo que va de 2023

Un hombre que estaba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix se convirtió en el octavo privado de libertad fallecido en el estado Lara en lo que va de 2023. José Félix Bracho Paz fue llevado al hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto para que lo atendieran de una complejidad de salud que padecía, pero a los pocos días de atención médica murió. 

El sábado 13 de mayo, funcionarios de la cárcel que se ubica al norte de la ciudad trasladaron a Bracho Paz para que lo atendieran pues tenía dificultades para respirar y en el centro de salud luego de varios exámenes le diagnosticaron un tumor en el pulmón. 

Bracho Paz era oriundo del estado Zulia y fue penado por el tribunal 5 de esa región por el delito de abuso sexual agravado y continuado. Debía pagar 16 años en la cárcel y ya había estado 10 años en físico. 

Dos días y medio transcurrieron en el hospital y los cuidados de Bracho Paz se complicaron porque estaba solo y sin familiares y el 15 de mayo a las 9:40 de la noche sufrió un paro respiratorio fulminante. 

Al día siguiente, parientes llegaron a Barquisimeto y confesaron a los medios de comunicación de Lara que ellos habían solicitado una medida humanitaria para atender el cáncer de Bracho Paz en su vivienda y bajo sus cuidados pero esta nunca fue otorgada. 

En todo el estado han muerto 7 privados de libertad masculinos y una femenina durante este 2023. Bracho Paz sería el tercero registrado en Fénix luego de  Inés Antonio Pérez y Jesús María Alvarracín Camargo quienes fallecieron en abril también por enfermedades. 

Con información de EFE