Jefes de las Farc esperan el resultado del plebiscito del 02OCT16 arrellanados en el Club Habana en Cuba. Foto: @Alapepastorfarc
Juan Manuel Santos orientó su campaña publicitaria para el plebiscito como una falsa disyuntiva entre la paz y la guerra. El propio Comité Nobel de Noruega, que confirió a Santos el Nobel de la Paz el 07OCT16, argumentó en su veredicto que “el plebiscito no era una votación a favor o en contra de la paz”, sino una consulta sobre el “controversial” acuerdo alcanzado con las Farc.
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Los estrategas de la campaña oficialista en Colombia entendían que el único enemigo a vencer en el plebiscito era la abstención y su meta era lograr el umbral mínimo de votos requeridos por ley, dando como supuesto que el voto por el “no” sería minoritario. Pero el “si” al Acuerdo perdió el plebiscito porque el aparataje clientelar político nacional y, básicamente local, que buscó votos para Santos en las elecciones presidenciales de 2014, no se movió para acarrearle electores a las mesas en la consulta por la paz. Santos intentó validar políticamente su Acuerdo con las Farc mediante un mecanismo electoral el cual intentó ganar como si se tratara de una elección, fracasando en el intento. A favor del acuerdo sólo se pronunció el 18,27% del electorado mientras el 18,42% lo rechazó. El tema de las “Farc” la noche del 02OCT16 pasó nuevamente a ser un asunto a negociar entre las élites gobernantes en Colombia, cuyas contradicciones no logró resolver Santos en los seis años que lleva en conversaciones con las Farc.
Santos, al contrario de lo que expresa la propaganda en su contra, difícilmente puede calificarse como un agente “castrochavista”. Pero las Farc no es una organización legalista, democrática y pacifista como ahora pretende presentarse. Además, los resultados del plebiscito dejaron ver que las Farc y la izquierda legal colombiana poseen un peso electoral mínimo en la Colombia actual.
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Tras horas de evidente confusión e incertidumbre, la misma noche del 02OCT16 el gobierno colombiano arrancó un plan para salvar el proceso de paz con las Farc. Santos identificó a los expresidentes Alvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como los voceros legítimos de quienes se opusieron al Acuerdo. El gobierno aceptó lo que rechazaba hasta ese momento: el Acuerdo con las Farc puede ser modificado. Tanto el uribismo como el Gobierno coinciden en que una eventual renegociación debe hacerse entre el Gobierno y las Farc sin participación de terceros. Pareciera que nadie en Colombia, gobierno, oposición y las Farc, desean convocar a una nueva consulta popular sobre un eventual futuro acuerdo modificado. El uribismo, que en 2015 había coqueteado con la idea de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ahora habría desechado esa ruta y considera que el Presidente posee facultades constitucionales para canalizar un acuerdo modificado. La vocería de las Farc insiste en que el Acuerdo firmado es un “tratado internacional” inmodificable y que puede ser puesto en vigencia por Santos sin atender a los resultados del plebiscito.
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Los negociadores de Santos y de las Farc, tras sostener largas conversaciones en Cuba posteriores al plebiscito, emitieron un comunicado que deja ver las tensiones existentes. Los jefes guerrilleros cómodamente residenciados en La Habana, se niegan a considerar cambios sustantivos en el Acuerdo. En el comunicado conjunto leído en el Hotel Palco de La Habana el 07OCT16, las Farc aceptan seguir “escuchando un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016”. La mención a esa sentencia indica que las Farc mantienen la posición de no renegociar el Acuerdo y exigir que sea puesto en vigencia independientemente del resultado del plebiscito. El comunicado se refiere a “ajustes y preocupaciones” que serán “discutidos” por el Gobierno y las Farc “para dar garantías a todos” y no a eventuales cambios de fondo.
Las reformas que la oposición está exigiendo al Acuerdo Santos-Farc son de fondo. La oposición rechaza la amnistía general implícita en el Acuerdo que cobijaría incluso a los altos mandos de las Farc, la creación de tribunales especiales, la no inhabilitación política de los guerrilleros procesados y su consecuente incorporación a la política. Todos ellos son aspectos centrales del Acuerdo y son impugnados por la oposición.
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La ejecución de los términos para la desmovilización acordados por el gobierno colombiano con las Farc no se ha paralizado. Tras la derrota en el plebiscito del 02OCT16, el gobierno Santos decidió continuar la aplicación de lo pactado con la guerrilla en lo atinente a la cesación del fuego y los preparativos para la movilización de guerrilleros hacia las denominadas zonas de concentración. La decisión de Santos cuenta con el apoyo de los opositores al Acuerdo, los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes igualmente se han pronunciado a favor de que la “comunidad internacional” continúe las tareas de monitoreo y verificación que ya parcialmente están cumpliendo. El general argentino Javier Pérez Aquino, designado como jefe de la misión de observadores de la ONU para Colombia, se encuentra cumpliendo funciones en el país al frente de un cuerpo que ya alcanzaría varias centenas de funcionarios internacionales. Se espera que la Secretaría General de la ONU apruebe la continuidad de la presencia de sus observadores a pesar de los resultados del plebiscito.
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El 04OCT16 el Ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, emitió una Directiva normando el cese al fuego por parte de las tropas colombianas con vigencia hasta el 31OCT16. El anuncio fue entendido por diversos medios de prensa y hasta por las Farc, como un plazo para el reinicio del conflicto armado. Sin embargo la Directiva ministerial fue emitida para cubrir un vacío normativo sobre la actividad de los militares ante las Farc, organización que aún permanece armada y al margen de la ley. El cese al fuego oficial que arrancó el 29SEP16 fue establecido mediante el decreto suscrito el 26AGO16 por Santos el cual no contempla plazo final y que no ha sido derogado. El reinicio del conflicto armado es un escenario analizado por planificadores militares colombianos y de países vecinos, pero que oficialmente es negado tanto por el Gobierno Santos como por las Farc.
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Las fotografías que circuló la agencia AFP el 02OCT16 que mostraban al jefe de las Farc, Timoleón Jimenez Timochenko y a otros jefes guerrilleros arrellanados en grandes butacas, fumando habanos en una lujosa sala del exclusivo Club Habana, hacen dudar que la actual jefatura de las Farc, cuyas edades promedian los sesenta años y que han pasado cuatro en Cuba, regrese a las montañas de Colombia a retomar un conflicto armado en el cual han sido derrotados. Una eventual retomada del conflicto armado en Colombia sería con unas Farc dirigidas por nuevos jefes con el peso de la poderosa narcoeconomía globalizada que está estructurando una nueva geografía del narconegocio en Suramérica sediento de combatientes propios.
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El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien en su momento rechazara el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, visitó Brasilia el 06OCT16 siendo recibido no sólo por el canciller Jose Serra sino por el propio presidente Michel Temer. Durante la audiencia concedida por Temer a Almagro en el Palacio de Planalto fue tratado el tema “Venezuela” y la evidente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no realizar en 2016 el referendo revocatorio presidencial auspiciado por la Oposición. La tesis de suspender al gobierno Maduro de la OEA, en aplicación a la Carta Democrática, fue analizada en la reunión ya que nuevamente comienza a cobrar cuerpo.
Tres días antes, el 03OCT16, Temer visitó Buenos Aires y Asunción, celebrando reuniones y firmando declaraciones con Mauricio Macri y Horacio Cartes, tanto sobre temas bilaterales como sobre gestiones específicas del Mercosur en las cuales omitieron totalmente al gobierno chavista. El Mercosur se está recomponiendo sin chavismo y a favor de resolver viejas trabas a los acuerdos comerciales que dieron razón de ser al mecanismo. Argentina, Brasil y Paraguay se han convertido en el epicentro de un grupo de gobiernos latinoamericanos que se consultan y actúan en conjunto sobre Venezuela, se disponen a retirar la condición de “miembro pleno” del Mercosur a Venezuela, y están propugnando su suspensión del Mercosur y de la OEA por violación a las respectivas clausulas democráticas.
Michel Temer y Mauricio Macri reunidos en la residencia presidencial argentina Quinta de Olivos el 03OCT16. Foto: Presidencia Brasil
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Evo Morales decidió normalizar sus relaciones con el gobierno brasileño abandonando la línea de Cuba y Venezuela que desconocen a Michel Temer como mandatario de Brasil. Morales en una rueda de prensa el 03OCT16 en La Paz, intentó explicar las razones por las cuales ahora sí reconoce a Temer como mandatario. “Si bien ha habido un golpe congresal, me he informado que es legal, que se han cumplido los procedimiento normativos, pero no tienen legitimidad, eso entiendo», dijo Morales.
La declaración del presidente y líder cocalero boliviano es un verdadero trabalenguas argumental que mantiene la tesis izquierdista según la cual el enjuiciamiento y destitución de Dilma Rousseff habría sido un “golpe”. Pero Morales igualmente asegura que la presidencia de Temer es “legal” aunque “no tiene legitimidad”. Tras justificar su nueva evaluación del gobierno brasileño al cual ha repudiado hasta le fecha, Morales ordenó el regreso a Brasilia de su embajador José Kinn. Con una ya sensible reducción de sus ingresos fiscales, para Morales resulta urgente concretar negociaciones de venta de gas a Brasil.
Edgar C. Otálvora
@ecotalvora
