La ANC tendría una vigencia de dos años, pero en 2019 se aprobó un decreto que extendió su vigencia a finales del 2020
El constituyente Hermann Escarrá informó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) culminará sus funciones el 30 de diciembre de este año 2020.
Durante una entrevista que ofreció a Unión Radio, Escarrá señaló que la ANC deja «un importante trabajo de modernización, perfeccionamiento de la Constitución que quedará como un patrimonio que será usado en el momento que tenga que ocurrir».
A juicio de Escarrá, «no luce factible convocar un referéndum o consulta popular a los efectos de la aprobación o no del proyecto Constitucional».
Inicialmente la ANC tendría una vigencia de dos años, pero en 2019 aprobó un decreto mediante el cual extendía su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Sobre las elecciones parlamentarias del domingo, 6 de diciembre, dijo que se desarrollaron en una jornada pacífica y cívica que a su juicio, «.reflejan una gran conquista del pueblo venezolano».
«Un reconocimiento a ese pueblo que con su voto consolida el camino democrático, pacífico y constitucional», añadió el chavista en su declaración.
También, destacó la participación de un sector de la oposición que se mantuvo presto al proceso comicial de este domingo. Además, resaltó la labor y el despliegue de la FANB, Plan República y el CNE en materia de bioseguridad.
Por último, señaló que el mensaje que dejó la experiencia electoral debe propiciar una importante reflexión en medio de una profunda crisis económica, social, la pandemia y las sanciones de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Red de Asociaciones de Venezolanos en Italia rechazó la participación de Escarrá detallando que el abogado representa al “tirano” Nicolás Maduro
El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá fue invitado a la Universidad de Roma La Sapienza para brindar una conferencia sobre derecho constitucional que luego fue cancelada. La suspensión de la actividad se debió a un comunicado enviado por la comunidad de venezolanos en Italia, quienes repudiaron el hecho alegando que este representa al «tirano» Nicolás Maduro.
En la misiva dirigida al rector de la universidad, Gaudio Eugenio, la Asociación de Venezolanos en Italia rechazó la participación de Escarrá recordando que este es miembro de la asamblea nacional constituyente, organismo que no es reconocido por la Unión Europea (UE) y que representa a Nicolás Maduro. Añadieron que el constituyente está sancionado por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos por sus actuaciones en contra del parlamento legítimo de Venezuela.
«Somos defensores de la libertad de expresión y participación, de la libre iniciativa institucional. Sin embargo, consideramos que esas mismas libertades que defendemos, las atropellan por personas como el señor Escarrá», indicaron y aseguraron que «el régimen que está invirtiendo grandes cantidades de dinero para limpiar su imagen en todo el mundo», expresa el texto.
“Es vergonzoso que una universidad italiana de renombre, como La Sapienza, aloje y brinde la oportunidad de hablar a una persona que promueve los principios de una tiranía, que tiene el triste historial de ser la más cruelmente vista en el continente americano”, agrega el comunicado.
Por otra parte, un profesor de la casa de estudios tildó de discurso «antisemita» la exposición política que haría Escarrá en la institución. Esto según un tweet publicado por el periodista Daniel Díaz-Vizz.
Mientras que la casa de estudios indicó por la misma vía que la cancelación de la actividad se debía a problemas organizativos:
Días atrás, se desató una polémica en redes sociales en relación a la visita hecha por el abogado en distintos sitios del mencionado país.
¡Ah, qué tiempos aquellos, cuando el señor Hermann Escarrá convocaba a marchar sin retorno hasta desalojar al chavismo del poder! Aunque fue apenas hace una década, la memoria puede fallar, así que haré un intento por refrescarla con lujo de detalle. Venezuela entera derramaba lágrimas, más de rabia que de pena, por el cierre de RCTV. El caballero de nombre teutón participó al menos una vez en los actos multitudinarios en rechazo a la salida del aire del canal de transmisión continua más viejo de Venezuela.
Pero el foco rápidamente cambió de lugar, y Escarrá lo siguió. Hugo Chávez aspiraba a refundar el Estado, y existía la posibilidad de impedirlo con votos (oportunidad hoy negada por Maduro). La oposición, entonces, se activó para lograrlo. Escarrá integró un Comando Nacional de la Resistencia que protagonizó los eventos más altisonantes contra la reforma, en los que Chávez era llamado “tirano” por el abogado. Sus compañeros de equipo eran Antonio Ledezma, Helen Fernández, Óscar Pérez (no, no es el piloto del helicóptero) e Iván Ballesteros. La suerte que ellos han corrido con el tiempo ha sido muy distinta a la de él: uno lleva más de dos años preso; la otra, en virtud de lo anterior, está al frente de una alcaldía privada de sus funciones, en contra de la decisión del pueblo caraqueño; el tercero, en el exilio; y el último, despojado de su programa en Radio Caracas Radio.
En cambio, el señor Escarrá decidió dar uno de los giros políticos más inexplicables que los venezolanos hayan visto, para sentarse en la grada de los poderosos y privilegiados. No solo eso. Mostró que, independientemente del lado del espectro político en el que prefiera colocarse, siente una aversión por el centro, que Aristóteles identificó con la virtud. De desempeñar el papel de extremista disidente pasó a extremista del pensamiento oficial, dado a hacer propuestas draconianas contra la muy mayoritaria oposición a esta catastrófica revolución. Otrora rechazó con furia que se reforme la Carta Magna, que él mismo corredactó, sin que se pregunte al pueblo si conviene o no iniciar siquiera el proceso. Ahora aspira a hacer una ley fundamental nueva y aprueba el antidemocrático argumento de que el Presidente puede por cuenta propia activar este mecanismo cuando quiera y, peor aún, atribuirle poder absoluto. Estimado lector, por favor métase esto entre ceja y ceja: nadie puede detentar el poder absoluto. La naturaleza humana, plagada de fallas, es moralmente incompatible con la omnipotencia (de ahí que esta solo pueda ser atribuida a Dios por las sociedades que creen en él, y que en las occidentales modernas impere la separación entre Iglesia y Estado y no haya lugar para la autoridad por gracia divina de la que gozaron los reyes). Ni siquiera la génesis democrática de un cuerpo colegiado, que en este caso específico convence a pocos, legitima su reclamo al poder irrestricto. Una constituyente solo debería estar facultada para diseñar nuevas reglas que luego someterá a votación entre los ciudadanos, sin poder mientras tanto hacer lo que le dé la gana con las reglas establecidas.
En fin, sea excusado este paréntesis prolongado y volvamos a Escarrá. Doy gracias a que mi abuelo no haya podido verlo poner sus conocimientos de Derecho al servicio del oficialismo. ¡Cómo lo admiraba, cuando salía con un latinazgo o alguna referencia a los procedimientos legales y constitucionales de Venezuela u otro país, para criticar el proceder de Chávez! En efecto, una de las características discursivas de Escarrá ha sido su nada chavista tendencia a hacer gala de estudios superiores y de una vasta cultura general. Ergo, es común escucharle palabras alejadas del habla cotidiana. Ilustraré con su empleo de un término que, además, expone su talante político.
Escuche a alguien decir que, en una sesión de la “ANC”, Escarrá comparó dicha entidad con el Areópago. Justamente el comentario de esta persona fue hecho para preguntarse cuántos de los presentes en el Capitolio entenderían de qué estaba hablando el jurisperito. En honor a la verdad, no vi la sesión y no me consta que esas palabras hayan sido pronunciadas. Sin embargo, sí encontré un mensaje prácticamente igual en su cuenta de Twitter, emitido el 29 de julio: “La Asamblea Nacional Constituyente debe ser un Areópago de luces, de cultura, de pensamiento plural, de capacidad constructiva y de fortalecimiento de la República libre e independiente”.
Ahora pido que se me permita explicar el raro vocablo en el símil. El Areópago fue una importante institución política de la antigua Atenas. Tenía su sede en una colina rocosa (pagos) consagrada a Ares, la deidad marcial griega. Si las señas se terminaran aquí, el ingenuo podría hacer una asociación de ideas positiva sobre la sentencia de Escarrá, ya que la Atenas clásica fue la cuna de la democracia occidental. Pero resulta que el Areópago antecede a la democracia ateniense. Es más, la cúspide de su poderío coincidió con un período en el que la ciudad era una especie de república aristocrática.
Fungía como un tribunal que juzgaba delitos, pero además como un consejo de Estado con enorme influencia sobre todos los procesos políticos. La membresía en el Areópago estaba limitada a los hombres mayores de las familias más ricas de Atenas. Para obtenerla había que ser primero arconte, un magistrado ejecutivo del nivel más alto. En ese sentido guarda similitud con el Senado romano, cuyo carácter patricio es bien conocido.
Las cosas comenzaron a cambiar con las reformas de Solón, quien estableció una Asamblea en la que todos los ciudadanos (es decir, todos los varones libres y mayores de edad; recuerden que hablamos del siglo VI a.C.) tenían voz, voto y capacidad de hacer propuestas legislativas, independientemente de su posición económica. El Areópago tuvo que ceder buena parte de sus funciones a la Asamblea y varias instituciones designadas por la ciudadanía en pleno. A partir de entonces, la mayoría de los puestos administrativos serían ocupados por elección del pueblo. Sin embargo, la posibilidad de ser arconte y, por lo tanto, de integrar el Areópago, quedó limitada a los más ricos.
Los sucesores de Solón profundizaron la democratización de Atenas quitando atribuciones al Areópago, a favor de las instituciones electas. Como es de imaginarse, hubo resistencia por parte de los aristócratas, quienes conformaron un partido en defensa de la hegemonía de los organismos antiguos. Efialtes, el último gran reformista demócrata, dejó al viejo tribunal la única competencia de juzgar los homicidios de ciudadanos atenienses.
Queda claro que el Areópago en todo caso fue una entidad oligárquica. Si Escarrá piensa que puede comparar la “ANC” de la que él es parte con una institución de esa naturaleza, bienvenido sea. Tiene perfecto sentido. Como ya se ha esbozado en esta columna, “oligarquía” es también un término de origen heleno. A pesar de la manipulación del lenguaje, no hace referencia a un grupo selecto de personas económicamente poderosas. Oligos significa “pocos”, y arkho, “gobierno”. Es, pues, el gobierno de unos pocos. Me permito volver a Aristóteles, quien en su clasificación de las ordenaciones políticas de su era definió las oligarquías como gobiernos en los que el poder soberano es detentado y ejercido por unos pocos individuos para favorecer sus intereses, en menoscabo de los de la mayoría. Por supuesto, siempre o casi siempre el grupo poderoso políticamente también lo es económicamente, pero esa es harina de otro costal.
Con esta definición en mente, pregúntese qué es el chavismo para Venezuela en este momento, y qué representa la “ANC”. El propio Nicolás Maduro confesó con total desparpajo que la “constituyente” fue ideada a los pocos días de la victoria opositora en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Es decir, nunca hubo la intención de permitir los efectos de ser minoría política. Había que retener como fuera el monopolio sobre el poder, y los privilegios que el mismo conlleva, aunque eso supusiera pisotear la voluntad del pueblo. Muy triste papel el que Hermann Escarrá escogió para pasar a la historia, la cual, contra cualquier delirio castrista, no los absolverá a él ni a los areopagitas del siglo XXI.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, cinco olas de sanciones se han producido contra funcionarios venezolanos. La más reciente se levantó este miércoles y sus víctimas, en su mayoría pertenecen a la asamblea nacional constituyente, instalada pese a no contar con el respaldo mayoritario de la población y a denuncias de presunta manipulación del resultado de las elecciones efectuadas el pasado 30 de julio.
Los subordinados de Maduro no podrán ingresar a territorio norteamericano y además sus bienes y propiedades en la tierra del Tío Sam serán congelados, aunado a eso la Casa Blanca le prohibe a cualquier ciudadano estadounidense hacer negocios con los amonestados.
A continuación la cronología de los sancionados en este año:
–13 de febrero: El vicepresidente Tareck El Aissami y su supuesto testaferro Samark López Bello fueron incluidos en lista OFAC por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Según el informe del Departamento de Estado la gran mayoría de bienes respondían a propiedades inmobiliarias en el área de Miami, que incluían un avión privado, además de las empresas Yakima Trading Corp, Yakima Oil Trading, MFAA Holdings Limited, entre otras. «El Aissami y su colaborador Samark López tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos», dijo a periodistas un alto funcionario del gobierno de Trump, que pidió el anonimato. «Son cientos de millones de dólares», expuso.
–5 de mayo: Luego que emitieran las sentencias 155 y 156 y a los pocos días que «recularan», ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron el blanco de la llamada «Lista Clinton». Al presidente de la institución Maikel Moreno, le acompañaron el mandamás de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, quien se ha convertido en el «Robespierre» de los alcaldes de oposición; Luis Damiani; Arcadio Delgado, el ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega; Lourdes Suarez Anderson; Carmen Zuleta de Merchán y la expresidente del TSJ, Gladys Gutiérrez.
–27 de julio: Fue la más gruesa de este año y la lista de 13 incluyó tanto a presuntos violadores de derechos humanos en el marco de las protestas como a funcionarios acusados de socavar la democracia en el país a través de la promoción y ejecución de una inconsulta asamblea nacional constituyente, así como a eventuales corruptos, responsables del desangramiento económico de la nación. Por la ANC incluyeron a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena; al ministro de Educación, Elías Jaua; al fiscal nombrado por los constituyentistas, Tarek William Saab y a la ex ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Por uso excesivo de la fuerza y atropellos a convenios internacionales sobre DDHH señalaron al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; al director de la PNB, Carlos Pérez Ampueda; al comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano; al comandante general del Ejército, Jesús Suárez Chourio y al ex director de la PNB y la Redi, Franklin García Duque. También castigaron al presidente de Cencoex, Rocco Albisinni Serrano; al viceministro para Europa y Norte América, Alejandro Fleming; al presidente del BANDES y del FONDEN, Simón Zerpa Delgado y al ex Tesorero Nacional, Carlos Malpica Flores.
–31 de julio: Un día después de efectuada la elección de la constituyente, Nicolás Maduro fue incluido en la lista OFAC. «Las sanciones a Maduro, dejan claras las políticas de Estados Unidos hacia su régimen y muestra el apoyo a quienes buscan recobrar la democracia y la prosperidad del país», señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin. Maduro solo podrá ingresar a territorio americano cuando vaya a la sede de la ONU en Nueva York y por supuesto sus bienes y cuentas en bancos fueron congeladas. El «hijo de Chávez» se convirtió en el primer presidente en ejercicio de Latinoamérica en ser incluido en la lista negra «gringa». Además pasó a formar parte de la selecto club de mandatarios en ejercicio castigados junto a Robert Mugabe (Zimbabwe), Bashar Al Assad (Siria) y Kim Jong-Un (Corea del Norte).
–9 de agosto: El Departamento del Tesoro sancionó a ocho funcionarios que apoyaron y participan en la asamblea nacional constituyente. Los flamantes nuevos miembros de este roster son el ex gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach; el hermano del extinto líder de la revolución y ex gobernador de Barinas, Adan Chávez; la ex gobernadora de Cojedes, Erika Farías; la ex ministra de la Defensa, Carmen Meléndez Rivas; el ex diputado Darío Vívas; el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá; la rectora del CNE, Tania D’Amelio y el coronel de la GNB, responsable de la seguridad en la Asamblea Nacional, Bladimir Lugo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, envió un mensaje a los militares y señaló que el plan de Nicolás Maduro con la represión, la Constituyente y los juicios militares a civiles es “destruir la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional”.
“Maduro los está utilizando y empujando a desconocer el orden constitucional de Venezuela. Nosotros no queremos una Fuerza Armada que se pase a la oposición sino que cumpla con la Constitución. Maduro los está destruyendo frente a la opinión pública y en la comunidad internacional”, dijo el parlamentario.
Asimismo, el Jefe del Poder Legislativo dio detalles de la reunión que sostuvieron, el pasado miércoles, presidente Nicolás Maduro, Elías Jaua y Hermann Escarrá con los generales; y exigió a Padrino López tener un espacio para abrir el debate sobre la Constituyente con los militares.
“Tenemos derecho a mostrar nuestros argumentos a la oficialidad. Si este fuera un país democrático nosotros también podríamos llamar a la Fuerza Armada y a los generales para explicarles de forma pública nuestros razones”, agregó.
Borges reiteró que la violencia en Venezuela “se llama Nicolás Maduro”. Lo señaló como el responsable de todos los hechos desencadenados en el país en los últimos días. “El presidente enluta a Venezuela, nosotros seguiremos defendiendo la paz del voto”.
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO encargó la elaboración de la propuesta para las bases comiciales territoriales y sectoriales de su Asamblea Nacional Constituyente a una “Comisión Presidencial” integrada por 14 políticos oficialistas.
De estos, siete participaron en el proceso constituyente de 1999 convocado por el fallecido presidente Chávez, con lo que ahora estarían eliminando el “legado del comandante” en que participaron hace 18 años.
Estos son los integrantes de la Comisión Presidencial:
Elías José Jaua Milano
Preside la comisión, por orden de Nicolás Maduro. Es Ministro de Educación y Vicepresidente de las Misiones Socialistas. Ex ministro para las Comunas y el Desarrollo Social, y ex vicepresidente para el Desarrollo Territorial. Formó parte de la Asamblea Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez. Estuvo involucrado en un escándalo internacional cuando en 2014 la niñera que cuidaba a sus hijos fue detenida en Brasil por ingresar ilegalmente un arma de fuego.
Adán Coromoto Chávez Frías
Encargado de la Secretaría de la Comisión Presidencial. Ministro del Poder Popular para la Cultura. Hermano mayor de Hugo Chávez. Ex gobernador de Barinas. Es investigado por denuncias de malversación de fondos y demás irregularidades ocurridas durante su gestión como gobernador.
Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Vicepresidente del Socialismo Territorial. Fue vicepresidente de la República y gobernador de Anzoátegui. Formó parte de la Asamblea Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez. Ha ocupado todos los cargos públicos contemplados en las leyes venezolanas. Militó en Acción Democrática y en La Causa R antes de unirse al Psuv.
Delcy Eloina Rodríguez Gómez
Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Bajo su gestión, Venezuela está siendo retirada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue ministra para la Comunicación y la Información desde 2013 a 2014, época de la gran censura a los medios de comunicación.
Militar. Gobernador del estado Carabobo (2013-2017). Participó en la intentona golpista del 4F. Formó parte de la Asamblea Constituyente de 1999.Fue elegido Presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2003- 2004 y reelecto para el periodo 2004- 2005. Francisco Ameliach fue electo Diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo en tres oportunidades, en el año 2000, 2005 y 2010. Postulado por HCF como candidato a la gobernación de Carabobo y electo para ese cargo en diciembre de 2012. Entre 2010 y 2011 se desempeñó como Ministro del Despacho de la Presidencia.
Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza
Procurador General de la República desde 2015, pese a que no tiene 15 años de ejercicio como abogado según su número de Inpreabogado. Forma parte de la nómina del Seniat. Es secretario permanente del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano y director Principal del Fonden. Mintió en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU.
Elvis Amoroso
Ex diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv. Fue primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. En abril de 2016, diputados de la bancada opositora lo denunciaron ante el Ministerio Público por delitos de instigación a delinquir y apología del delito por sus declaraciones en contra de María Corina Machado.
Hermann Eduardo Escarrá Malavé
Abogado constitucionalista. Es reconocido por cambiar su apoyo político de la oposición al chavismo. Formó parte de la Asamblea Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez.
Noelí Pocaterra De Oberto
Activista política por los derechos de los pueblos indígenas. Ex diputada a la Asamblea Nacional. Formó parte de la Asamblea Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez. Posee estudios hasta el 4to año de Derecho por la Universidad Rafael María Baralt. Nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005. Desde 2012 ocupa el cargo de secretaria de pueblos y comunidades indígenas de la gobernación del estado Zulia.
Earle José Herrera Silva
Periodista. Diputado a la Asamblea Nacional del estado Anzoátegui por el Psuv. Integra la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación y el Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento.
Remigio Ceballos Ichaso
Jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb). Viceministro para Planificación y Desarrollo de la Defensa del Ministerio para la Defensa hasta julio de 2015. En septiembre de 2016, fue demandado ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público por la periodista Maolis Castro, luego de que esta recibiera una amenaza de parte de Ceballos tras publicar una investigación que dio a conocer presuntas irregularidades administrativas que habría cometido el oficial durante su gestión en la Primera Brigada de Infantería de Marina entre 2010 y 2012.
Los representantes más “conspicuos” del oficialismo aceptaron como un valor entendido que no pueden llevar una vida sin sobresaltos, y se han eximido de aparecer sin escoltas en lugares públicos, centros comerciales y afines, porque no serán recibidos con aplausos sino con abucheos o insultos. Las consignas de los manifestantes, con más de cuarenta días protestando en la calle, que reclaman con bastante ingenio libertad, y condenan la represión asesina, les están excitando la soberbia a los responsables. Basta escuchar en el canal oficialista a ese reducto de patanes con programas de televisión que denigran de todo opositor y los “marcan” para consumo de las bandas armadas a su servicio, que actúan con la complicidad de cuerpos policiales y de seguridad.
No me alegra que insulten a ningún hombre, ni en físico ni a través de las redes, pero siento un fresquito por que reciban lo suyo, aunque sea de menor cuantía, como le pasó a Hermann Escarrá al ser fotografiado mientras seleccionaba con manifiesta lascivia un auto de lujo en una concesionaria de Mercedes Benz, en Miami, donde el exilio venezolano lo tiene ubicado, como al resto de los enchufados, para hacerles el fo cuando asomen la nariz en algún mall. El doble tránsfuga de Escarrá se lo merece, pertenece a una clase política formada en la maldad, donde lo abominable es su signo distintivo.
De alguna forma, el desprecio que ahora sienten en carne propia consuela a quienes han tenido que sufrir el destierro, obligados por las terribles circunstancias de un país que se ha vuelto tóxico y donde es imposible vivir en paz. Ya son millones los venezolanos, de todas las clases sociales, que han salido huyendo por la inseguridad, o por falta de oportunidades, por carecer de un empleo digno, o se han ido por la humillación de padecer durante horas las kilométricas colas que no garantizan la compra de algún producto racionado, o por los insufribles trasnochos y sinsabores que aguantan para obtener una mísera bolsa de comida del Clap, con calidad dudosa. Y, así, una larga lista de horrores.
La repulsa colectiva que se expresa en cualquier parte del universo no permite que una clase gobernante, envilecida y para nada benévola se pueda sentir cómoda o a gusto, porque el acoso verbal va dirigido a lo que más les duele, a sus hijos o familiares más cercanos, que están más accesibles para ser abordados y recriminados en sitios públicos. Ellos tampoco pueden disfrutar libremente de su nuevo modo de vida sin ser señalados, por culpa de sus padres, como responsables de la megacorrupción que ha llevado al país a la extrema pobreza y que ha hecho que unos venezolanos, con formación académica, tengan que vivir vendiendo arepas en Australia o limpiando pocetas en Estados Unidos.
Se ha invertido la dirección en que el desprecio puede ser expresado, porque son quienes se empeñan en permanecer en el poder a cualquier precio, ¡no sus hijos!, los verdaderos blancos de las pasiones desbordadas de los venezolanos esparcidos contra su voluntad por el mundo. Esos que gritan y agreden verbalmente en espontáneos actos de repudio son las verdaderas víctimas, cuyos corazones, a fuerza de recibir golpes, se han endurecido al límite de no poder contener sus ímpetus. Subestimaron durante mucho tiempo el clima de opinión y la capacidad de reacción de la población, ahora los venezolanos perdieron la paciencia y hay deseos de hacer justicia.
En medio de una crisis terminal, la gente en la calle está dando un potente mensaje, ha tomado conciencia de su poder como sociedad civil. El gobierno colapsa. Nicolás Maduro superó todo lo permisible, es el principal responsable de los asesinatos de jóvenes estudiantes y de la detención arbitraria de opositores pacíficos, de la ausencia de libertades, mientras sigue con sus bailes irritantes. Todo esto provoca indignación. Sus torpes pasos asquean. Y mucho, muchísimo. Después, que no se queje.
Consolidar el Estado Comunal tal y como lo plantea el Plan de la Patria luce como el propósito más claro de la más reciente iniciativa presidencial. De concretarse el llamado a elecciones sectoriales o corporativas, el sistema electoral actual podría transformarse en uno de segundo y tercer grado. Los escenarios que derivarían de esta propuesta van desde la instauración legal de las bases dictatoriales, muchas de las cuales ya se aplican de facto, hasta la completa anarquía al tener en paralelo dos sectores, cada uno con su texto constitucional
EL GOBIERNO SE ATRINCHERA. La consultora política ORC advirtió hace unos meses sobre sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces la consultora dijo que el Gobierno tenía en mente un objetivo político: diseñar un proceso electoral a la medida.
La Constitución de 1999, que según Hugo Chávez era la mejor del mundo, en manos de Maduro no llegará a los 18 años. Dice el presidente que hay nueve líneas programáticas para el debate constituyente: “La paz como necesidad, derecho y anhelo de la Nación; el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia; constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas; la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos; constitucionalización de la nuevas formas de la democracia participativa y protagónica; la defensa de la soberanía y la integridad de la Nación y protección contra el intervencionismo extranjero; reivindicación del carácter pluricultural de la Patria; la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud y la preservación de la vida en el planeta”.
No obstante, voces críticas dentro y fuera del chavismo advierten que las verdaderas motivaciones del Gobierno son otras. La más importante: eludir la responsabilidad de convocar a las elecciones de gobernadores, en mora desde diciembre de 2016 y a las de alcaldes, previstas para 2017.
¿Quiénes integran la Comisión Presidencial?
Elías Jaua, actual ministro de Educación y ex constituyentista de 1999, preside la Comisión.
Adán Chávez funge como secretario. Actualmente es ministro de Cultura y fue constituyentista en 1999.
Cilia Flores, primera dama y ex constituyentista de 1999.
Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas y ex constituyentista de 1999.
Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores.
María Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios y ex constituyentista de 1999.
Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia y ex constituyentista de 1999.
Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo y ex constituyentista de 1999.
Reinaldo Muñoz, procurador general de la República.
Elvis Amoroso, asesor legal del presidente Nicolás Maduro y ex constituyentista de 1999.
Hermánn Escarrá, abogado y ex constituyentista de 1999.
Noelí Pocaterra, miembro del PSUV y ex constituyentista de 1999.
Earle Herrera, diputado y ex constituyentista de 1999.
Remigio Ceballos, vicealmirante y comandante adjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB.
De acuerdo con el discurso del Gobierno, la iniciativa presidencial es el equivalente a una rama de olivo en medio del conflicto que plantea la dirigencia opositora y a esa línea se han plegado sus voceros. Jaua dijo que convocaría a los bloques parlamentarios de la AN, tanto al Bloque de la Patria como al bloque opositor, a los rectores de universidades públicas y privadas, a los constituyentes de 1999, a las asociaciones indígenas del país, a las confederaciones sindicales, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación, a las Comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil.
El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá también se sumó al coro: “Vamos pues, a la Constituyente para buscar la Paz, para un diálogo superior para defender los derechos humanos y las libertades, las aspiraciones, anhelos y creencias del pueblo, en fin, para convivir civilizadamente en paz y libertad”.
Istúriz no se quedó atrás y en el programa de Vladimir a la 1 dijo que: “La Asamblea Nacional Constituyente es un acto de generosidad del presidente, es para evitar muertos, para evitar la confrontación”. Al trío de voceros se le sumó la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien reapareció tras meses de ausencia para afirmar que esta iniciativa buscaba “alcanzar la paz que todas y todos nos merecemos”.
Pero no todas las voces asociadas con el chavismo se han mostrado a favor de la propuesta de cambiar la Constitución de 1999. Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, rechazó el decreto y dijo que: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.
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Por su parte, reconocidos juristas venezolanos han explicado que la inicitiva presidencial, independientemente de los objetivos políticos que busque conseguir, es completamente inconstitucional.
¿A qué escenarios puede llevar la propuesta de Nicolás Maduro? A continuación los derroteros que varios expertos consideran más factibles:
1) Consolidar el Estado Comunal planteado en el Plan de la Patria
De concretarse este escenario olvídese de elecciones directas, universales y secretas.
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Tanto Nicolás Maduro como el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá dijeron que el propósito de la Constituyente era incorporar lo que no logró Hugo Chávez en 2007 por medio de la reforma constitucional, es decir, “pequeños cambios”.
Sin embargo, el análisis de ORC Consultores es otro: una constituyente tiene implícita la transformación de las estructuras estatales y adecuar la Carta Magna y las leyes a esa nueva estructura, que no es otra cosa que el gran objetivo de alcanzar y diseñar un Estado Comunal (escrito en el Plan de la Patria) con una Asamblea Nacional Comunal que escoja de su seno al Presidente del país, así como los alcaldes y gobernadores.
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, coincide con este propósito. “La razón fundamental por la cual Maduro está convocando a este fraude es para que en Venezuela no se den elecciones libres y democráticas”.
Este escenario buscaría consolidar un diseño piramidal de “elecciones” de 3º grado, en el cual el poder comunal escoge representantes que van a asambleas estadales y allí se escogen representantes a la Asamblea Nacional Comunal que luego escoge al Presidente.
Maduro asomó que la Constituyente Popular estaría conformada por unos 500 constituyentistas, 250 de los cuales serán designados directamente por las bases sociales (sindicatos y consejos comunales afines al gobierno, UBCH, grupos de interés -indígenas, mujeres, estudiantes-, afines al gobierno, etc.). La otra mitad sería elegida por votación directa a través de circunscripciones municipales que seguramente serán diseñadas por el CNE para favorecer composiciones que garanticen una mayoría para el PSUV.
El profesor universitario y doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez, considera posible que este escenario se dé con una variante: “Que el gobierno modifique la propuesta inicial y permita elecciones universales plurales, con una fórmula electoral con la que intente sobrerrepresentación como en 1999, aunque correría un gran riesgo. En una elección así, aun si la oposición no participa unánimemente sino solo la mayoría de los partidos, Maduro podría perder la elección”.
¿Qué sucedería entonces? El Gobierno tendría así tres opciones, responde Álvarez: “El fraude abierto para ganar la elección perdida; una sentencia del TSJ que anule la elección o limite las decisiones de la ANC y, por último, acatar los resultados y salir del poder, lo cual es solo posible si los militares así lo disponen”.
2) Perpetuarse en el poder y «relajar» tema de los DD.HH.
Este escenario es consecuencia del anterior. Con elecciones de 2do y 3er grado el chance de que el chavismo-madurismo se quede en Miraflores por tiempo indefinido se hace más factible.
“Creo que esta propuesta es un mecanismo para eludir la responsabilidad del CNE de convocar a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y cuidado si dentro del propósito de esa Asamblea Nacional Constituyente no está prolongar el mandato del presidente Nicolás Maduro”, estimó el periodista y ex constituyentista Vladimir Villegas.
Para el analista político Oswaldo Ramírez, uno de los “atractivos” de esta propuesta para la base dura del chavismo es la promesa de que las misiones pasarán a tener rango constitucional, tema pendiente desde el referendo de 2007. También está el hecho de que el Gobierno enmarcó esta iniciativa en el fortalecimiento de los métodos para lidiar con la “guerra económica”, por lo cual es de esperar que la Constituyente busque darle piso legal a un modelo de asignación de renta, con empresas mixtas y no dependientes del petróleo.
Otro de los escenarios que derivan de este proyecto es que la nueva constitución busque proteger aún más la noción de soberanía, degradando la aplicabilidad de los tratados internacionales, especialmente los que protegen los derechos humanos que en la actual CRBV tienen rango constitucional. Ramírez considera que un objetivo podría ser “buscar eliminar cualquier colusión futura entre tratados internacionales y la nueva constitución, seguramente dándoles un rango menor a estos tratados y colocando a la nueva constitución por arriba. Abre la puerta para salir de cualquier esquema de cooperación internacional o suscribir nuevos sin pasar por órganos de control”.
3) Cambiar la agenda comunicacional
El gobernador de Miranda asomó otra razón detrás de la convocatoria a una constituyente: cambiar la agenda. “Quieren que se desvíe la atención de la lucha contra el golpe de Estado, cambiar la agenda, pero les digo que esto forma parte del mismo paquete de golpe de Estado”.
A menos de una semana de lanzada la iniciativa, la atención de la población se ha orientado en gran medida hacia el tema de la constituyente y las implicaciones que tendría. Por ahora, parece que el tema se insertó en la agenda comunicativa con relativo éxito pese a competir con la realidad de la calle: protestas, saqueos, represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, etc.
Sin embargo, para Álvarez, la constituyente decretada por Maduro no es una maniobra para distraer. Es una estrategia política destinada a concentrar más poder, eliminar la Asamblea Nacional actual, relegitimar a su gobierno y lograr mayor control sobre el resto de los poderes.
Si la intención era cambiar la agenda, la MUD no ha pisado el peine y ha asegurado que seguirá con la agenda de lucha tal y como estaba planteada desde el inicio de las protestas.
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La “estrategia comunicacional” tampoco parece estar dando frutos fuera de Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, hizo pública el 2 de mayo una carta de 75 páginas que acompañó con un video en su cuenta de Twitter. Almagro sostuvo que “el anuncio del régimen es el fin de la Constitución de Chávez y su legado a través de un fraudulento llamado a Constituyente. Esto tiene un nombre en Derecho: un nuevo golpe de Estado promovido desde la Presidencia del país; los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo”. Para Almagro el objetivo del Gobierno está claro: “Ahora se busca consolidar [un] régimen autoritario”.
4) Acabar con la Asamblea Nacional y «meter en cintura» al resto de los Poderes Públicos
“No está planteado, en la Comisión de la que formó parte, la disolución de ninguno de los poderes en el supuesto que se gane la ANC” (sic), asegura Escarrá en una seguidilla de 11 tweets en los que intenta argumentar las bondades de la propuesta de Maduro.
— Venezuela Consciente (@VzlaConsciente) May 5, 2017
Sin embargo, Jaua aclara en un artículo publicado en su blog en qué situación quedarían los Poderes: “¿Pueden seguir funcionando los poderes públicos constituidos una vez entre en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? Pueden, pero en forma alguna podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo expresa el artículo 349 de nuestra Constitución de 1999”.
Oswaldo Ramírez considera que aunque el Gobierno dice que la constituyente es el llamado al diálogo, en realidad podría ser la base para reorganizar el Estado y que no haya impunidad para los poderes que no cooperen. Posiciones críticas como la asumida por la Fiscal General podrían ser evitadas o castigadas más rápidamente con un marco jurídico menos tolerante.
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Álvarez coincide en que uno de los objetivos de la iniciativa presidencial es acabar con la AN, pero lograrlo pasaría por el apoyo militar: “Que esa estrategia tenga éxito dependerá de cuánto respaldo logra entre los militares y en cómo actúe la oposición. Si la oposición acatara las reglas de elección corporativa que eliminan de facto el sufragio universal, estaría convalidando la ANC y cavando su propia fosa”.
El profesor universitario destaca que el Gobierno puede de todos modos imponer la constituyente así la oposición unánimemente se abstenga de participar, si cuenta con suficiente respaldo militar. “Así, una vez electa, destituye a los diputados de la AN y a los gobernadores de oposición e instaura un régimen de comunas en el que las elecciones universales y plurales podrían desaparecer”, apunta Álvarez.
Tras las reiteradas amenazas a la existencia de los partidos políticos -ilegalización de la MUD y obligatoriedad de renovar sus nóminas a nivel nacional-, otro objetivo podría apuntar a que la ANC se convierta en el lugar donde se exprese “directamente” la voz de los sectores sociales. “Esto básicamente es quitarle poder a la representación del pueblo a través de los partidos políticos”, afirma Ramírez.
5) “Un país completamente anarquizado”
Si Maduro logra imponer su proyecto, Venezuela podría terminar con dos textos constitucionales y dos parlamentos conviviendo en paralelo, esto partiendo del supuesto que ni la MUD y ni los 112 diputados concederán validez a la constituyente popular.
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“¿Qué sucedería si Maduro consigue aplicar la constituyente en la forma en la que él quiere?”, le preguntó una oyente a Capriles en su programa radial.
El gobernador le respondió: “Yo llamo al pueblo a desobedecer, como lo dice la Constitución, cualquier intento de fraude a los derechos plasmados en ella. ¿Qué pasaría con una constituyente a la cual solo concurre Maduro, a la que el pueblo no tendría derecho a votar, porque esa es otra cosa, el resultado final pretenden no aprobarlo en referéndum aprobatorio sino despacharlo con la mitad de los constituyentes elegidos a dedo y la otra mitad electa con circunscripciones que nadie conoce. ¿Qué puede pasar? Que ellos aprueben una constitución mientras que hay otra que sigue vigente, la cual aceptamos la mayoría de los venezolanos, es decir, seguirá creciendo la anarquía, la ingobernabilidad y terminaremos nosotros en un país completamente anarquizado. A eso nos quiere llevar Maduro”.
