TARECK EL AISSAMI, vicepresidente de Venezuela, es el funcionario de más alto rango en el mundo que ha sido incluido en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros. En este registro, conocido como «la lista negra» están individuos relacionados con narcotráfico, terrorismo, violación de DD HH y lavado de dinero. Varios venezolanos, casi todos vinculados al chavismo, tienen un lugar en este nefasto grupo.
Tribunales del estado Trujillo anularon la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad, presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la entidad, para la solicitud de activación del referendo revocatorio. Así lo informó este sábado el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.
En rueda de prensa ofrecida en Caracas, indicó que la decisión tomada en la entidad andina se suma a lo decidido en Aragua, Carabobo, Bolívar, Monagas, Apure y Zulia, luego que fueran emitidas distintas denuncias sobre las 605.727 firmas de menores de edad, fallecidos y personas privadas de libertad.
Más temprano el gobernador de Trujillo, Henry Rángel Silva, calificó —en su cuenta en twitter— la decisión de los tribunales de la entidad como una justicia obtenida por el pueblo trujillano.
El heroico pueblo trujillano ha obtenido justicia. El tribunal penal de la entidad ha anulado el proceso de recolección de firmas
— Rangel Silva (@RangelSilva2012) 22 de octubre de 2016
Los trujillanos haremos cumplir la constitución. El fraude la MUD no quedará impune. No permitiremos que sigan engañando al pueblo
— Rangel Silva (@RangelSilva2012) 22 de octubre de 2016
Ante las medidas de varios tribunales del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió suspender la recolección del 20% de firmas prevista para el 26, 27 y 28 de octubre, hasta un nuevo pronunciamiento legal.
La licenciada Sulvia Torrealba, presidenta del Colegio de Enfermeras y miembro de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), denunció que la sede del Colegio de Enfermería de Valera, en el Hospital Pedro Emilio Carrillo, fue violentada y secuestrada por la doctora Norelys Tineo, directora del hospital.
“La doctora Norelys Tineo tomó la sede del colegio tumbando la reja principal irrespetando la autonomía y secuestrando los bienes”, denunció la licenciada.
La representante de Unete aseveró que los argumentos de la toma arbitraria de la sede son que en 2015 habían pasado un oficio solicitando el desalojo porque no hay espacio para hacer el registro de los neonatos. “Nosotros entendemos que hay necesidad, pero no se puede resolver un problema creando otro”, señaló.
Según Torrealba, la toma de la sede del Colegio de Enfermeras es por orden de los gerentes del Hospital Universitario de Valera y Segundo Urbina, presidente de Fundasalud, por lo que hacen un llamado al gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva.
“Hacemos un llamado al gobernador porque la gerencia de Findasalud se ha encargado de amedrentar y tomar la justicia por sus propias manos”.
La situación, repudiadas por Sitrasalud y otros sindicatos miembros del Comando Intersindical y Gremial de la Salud, fueron denunciadas ante la Fiscalía el mismo día.
La licenciada en enfermería aseveró que el gremio se declaró en asamblea permanente hasta que sean devueltos los bienes y la sede del Colegio de Enfermeras, el cual lleva 25 años funcionando en ese lugar. Además, detallaron que, de no tener respuestas antes del lunes, presentarán la denuncia ante el Ministerio de Salud.
El mayor general Gustavo Enrique González López fue designado este lunes 9 de marzo por el presidente Nicolás Maduro como nuevo ministro de Interior y Justicia, en sustitución de la almiranta Carmen Meléndez, quien pasará a ocuparse de tareas del Ejecutivo.
El mayor general González López ocupaba desde el 17 de febrero el cargo de director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Sustituyó a Manuel Gregorio Bernal Martínez, quien ocupaba el cargo desde el 23 de enero de 2014. Pero González López también comparte su rol en Inteligencia con la dirección del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
González López ha sido incluido —junto a otros siete funcionarios, entre los que se encuentran militares de alto rango y la fiscal Katherine Haringhton— en la lista de sancionados por Estados Unidos por su vinculación a la violación de derechos humanos en Venezuela.
Este funcionario, a quien se le vincula estrechamente al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha acumulado poder dentro del madurismo. Como director del Cesppa, González López ha ejercido funciones y acciones, entre las que destacan: solicitar y evaluar informaciones «de interés para el nivel estratégico de la nación»; pero también ha tenido en sus manos la potestad para censurar y declarar el carácter de reservado, clasificado o de divulgación limitada a cualquier información considerada sensible para el Gobierno; También está entre sus potestades la distribución de información al Presidente la toma de decisiones; y unificar el flujo informativo sobre aspectos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno.
González López egresó de la Academia Militar en la promoción de 1982. Se graduó en la posición 45° entre 102 oficiales. Entre sus compañeros de promoción destaca el exdirector de la Disip, exministro de Defensa y actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva. El presidente Maduro lo describió en septiembre de 2013, al designarlo como director del Cesspa, como un “patriota y estudioso de la seguridad”.
Su ascenso vino de la mano de su designación, en 2006, como presidente de la empresa estatal Metro de Caracas y Metro Los Teques, cuando también trabajaba para la Gobernación del estado Miranda, en ese entonces en manos del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello (Psuv), según reseñó la entonces Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Durante su gestión en el Metro ocurrieron varios eventos importantes: se inauguró el Metrocable San Agustín; se produjo el primer choque de trenes en la historia del sistema, que causó un muerto y 14 lesionados el 30 de julio de 2007 en la estación Plaza Sucre; pero también se firmó –en septiembre de 2008 y sin licitación– el contrato para la rehabilitación de la Línea 1 por $1.845 millones. El expresidente Chávez aprobó en febrero de 2008 los recursos al consorcio español UTS-CSM para la dotación de trenes, restitución de vía férrea, sistemas de electrificación, pilotaje, señalización y mantenimiento.
El periodista Manuel Isidro Molina escribió en su columna en el semanario La Razón (07/12/08) que el contrato era “una de las más grandes estafas a la nación”. El lunes 21 afirmó que González López, junto a la asesora jurídica de Cametro, Marisela Estrada La Riva, y el vicepresidente de grandes obras, Francisco Ramírez, “fraguaron toda una operación” para la rehabilitación de la Línea 1 del sistema que se le dio a este holding español. “Ellos hicieron su agosto allí. Chávez aprobó la partida y Ramírez renunció en marzo y se fue a montar la empresa con los españoles”, aseguró Molina, quien dijo que la denuncia le había llegado de fuentes “confidenciales” con todos los soportes.
Luis Román, vocero de Familia Metro, afirmó que el costo del contrato es casi igual al que pagó Panamá por la construcción de su sistema metro. “Aún no han terminado las obras y les han dado créditos adicionales”, señaló vía telefónica.
En diciembre de 2008, Chávez lo nombró comandante de la 5ta. División de Infantería de Selva, Teatro de Operación N° 5 y Guarnición de Ciudad Bolívar. El regreso González López pasó a retiro este julio y fue reincorporado al servicio activo en septiembre, un hecho que Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, considera “bastante inusual”.
Chávez designó a González López comandante general de las Milicias Bolivarianas en 2010, un componente creado en 2008 a partir de la enmienda constitucional. El diputado Adel El Zabayar, de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN), defiende la gestión de González López en las Milicias porque “han cumplido al pie de la letra todas las directrices del comandante Chávez”.
En 2011 fue ascendido por el expresidente Chávez al rango de mayor general. En los últimos meses se desempeñó como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico.
Desde su nombramiento al frente del Cesppa, González López no ha dado declaración. Su silencio contrasta con las críticas hechas al órgano, cuyo decreto de creación fue sometido a una reimpresión el jueves pasado por “fallas en los originales”. Fueron eliminadas menciones a enemigos internos y externos y la obligatoriedad de entes públicos y privados de dar información al Cesppa.
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