LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, al presentar y publicar su tercer informe sobre Venezuela el pasado lunes 12 de febrero, denunció la «situación alarmante y catastrófica por la que atraviesa Venezuela», explicando que «se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017».
La crisis económica ha sido usada por el Ejecutivo para justificar tener cada vez más poder y declarar un estado de excepción que ya se ha vuelto indefinido, pero el informe aclara que esta “no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros, sobre todo para los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad”.
Al respecto, Acceso a la Justicia destaca que el Gobierno tiene importantes e ineludibles responsabilidades en su rol de Estado establecidas por la Constitución (artículo 3, entre otros), pero ha profundizado esta crisis económica intencionalmente con políticas públicas para tener más control social, con el propósito de perpetuarse a costa del bienestar de la población.
Debemos subrayar que se ha hecho lo mismo desde hace más de 12 años, a pesar de que Heinz Dieterich, uno de los impulsores del régimen, advirtió sobre el fracaso de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo a partir de 2008, así como también lo hicieron importantes representantes del régimen como Jorge Giordani o Rafael Ramírez, quien en 2014 criticó la gestión de Maduro por mantener las mismas medidas.
A pesar de ello, y bajo el argumento de implantar el Socialismo del siglo XXI, que es el modelo político de Chávez, el Gobierno ha seguido adueñándose de los medios y bienes de producción tomando medidas expoliadoras, incluso en 2017, cuando según la ONG Cedice sumaron 11.852.
Todas estas acciones han sido llevadas a cabo bajo el manto de un conjunto de normas inconstitucionales, dictadas por el gobierno anterior a Maduro, sobre todo en la época de la Asamblea Nacional (AN) compuesta sólo por el chavismo (2005-2010). Entre estas destaca la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual habilitó al Gobierno nacional a «proceder a la adquisición forzosa» de bienes y actividades relacionadas a este sector «sin necesidad de obtener autorización por parte de la AN».
Tras ella fueron aprobadas leyes como la de Tierra y Desarrollo Agrario (2005), de Tierras Urbanas (2009) y Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (2009), que crearon vías expresas para las expropiaciones en el país. Una modificación a esta última ley permitió que todos los bienes pudieran ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición de que “se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado”.
Esta política fue fortalecida con normas como la del Sistema Económico Comunal (2010), de Regularización de Asentamientos Urbanos (2010) y la de Costos y Precios Justos (2011), esta última reformada en 2014 y 2017.
Acciones y consecuencias
Es con dicho entramado de normas que Chávez inició su plan nacionalizador en 2007: violando la Constitución y haciendo alusión al carácter estratégico de los servicios y la energía, procedió a estatizar la Electricidad de Caracas, la CANTV (telecomunicaciones) y más de cincuenta contratistas petroleras.
Al año siguiente también atacó áreas clave como la construcción, la industria de alimentos, la banca, la siderurgia y el comercio, nacionalizando empresas como las cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, Sidor y el Banco de Venezuela.
En 2009, les llegó el turno a las productoras de alimentos: la procesadora de arroz Cargill, los molinos de Monaca (productoras de harina de trigo), las plantas de Aceite Diana (aceite de maíz), Lácteos Los Andes y las principales torrefactoras de café. Estas acciones siguieron tomando vuelo y, en 2010, las cadenas de supermercados Cada y Éxito, Owens Illinois y Agroisleña pasaron a manos del Estado, mientras cientos de fundos, agroindustrias y empresas empezaron a correr paulatinamente con la misma suerte.
Esta férrea política de estatizaciones (que no puede ser separada de medidas como la regulación de precios y el control de cambio, pues todas se dirigen al control social a través de la economía) al ser profundizadas por Maduro y al no tener divisas para paliar con importaciones u otras políticas como hacía Chávez, los efectos nocivos de estas medidas han llevado, entre otros males, a cuatro años de recesión, severa escasez, al primer ciclo hiperinflacionario venezolano y a una pobreza extrema de más de 51,51%, todo lo cual viene acompañado de la condena que supone a la población el sortear obstáculos inenarrables para simplemente acceder a insumos básicos.
Resulta entonces obvio quién es el responsable de la catastrófica situación actual, hecho contrario al discurso oficial que, sin mayores explicaciones, la atribuye a una supuesto guerra económica, cuando en realidad el origen de la misma está en el propio Gobierno.
El hecho de que este proceder haya sido sostenido durante más de una década con resultados negativos, y que haya sido mantenido por Maduro de manera intencional, a pesar de las advertencias de miembros del mismo Gobierno y los efectos nocivos probados de su implantación como han sido los crecientes índices de pobreza desde el inicio de su mandato, podría acercar la revolución socialista a la comisión de crímenes de lesa humanidad, al constituirse su política gubernamental, ya sistemática, en “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).
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