Movimiento de Trabajadores sin Tierra aliado de Lula atacó residencia de la presidenta del Tribunal Federal de Brasil, en Belo Horizonte el 06ABR18. Foto: @otempo
La Corte Internacional de Justicia confirmó oficialmente el 04ABR18 haber recibido una demanda por parte del gobierno de Guyana contra Venezuela. El documento presentado por Guyana representa una gran derrota para los intereses de Venezuela.
En 1966, la entonces joven democracia venezolana logró la firma por el Reino Unido de un compromiso, denominado Acuerdo de Ginebra, mediante el cual el imperio británico reconocía la existencia de un pleito por los límites entre la Guyana Británica y Venezuela en la región del Esequibo. La actual república guyanesa heredó y asumió el compromiso adquirido que obliga a un proceso bilateral de negociación de los límites terrestres los cuales condicionan los límites marítimos. De hecho, en el segundo gobierno de Rafael Caldera a finales de los años noventa, según relatara su canciller Miguel Angel Burelli, Venezuela y Guyana sostuvieron negociaciones bilaterales procurado un arreglo sobre el diferendo como ya antes había ocurrido a finales de los años setenta. Para la diplomacia venezolana de la era democrática era clave lograr un acuerdo limítrofe que garantizara a Venezuela una salida propia al océano Atlántico y en función de eso se manejaron los negociadores venezolanos.
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La llegada del gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el abandono de la presión diplomática venezolana sobre Guyana alegando que el diferendo era una herencia colonial. La actual debilidad política de Venezuela, el descubrimiento de grandes acumulaciones de petróleo en el mar disputado por los dos países y una activísima diplomacia guyanesa que cuenta con respaldo político y financiero de grandes petroleras de EEUU, China, Holanda, Canadá entre otros, llevó a que Guyana decidiera romper con las negociaciones bilaterales que hasta ahora estuvieron bajo el ala protectora de la Secretaría General de la ONU. Guyana se propuso llevar el caso, de forma unilateral, a consideración de la Corte Internacional de Justicia. El Secretario General de la ONU Antonio Guterres notificó el 30ENE19 a los dos gobiernos sobre su decisión de suspender el mecanismo de “buenos oficios” en procura de una solución al diferendo, optando por enviar el caso a consideración de la CIJ para que esa instancia judicial sea la vía para la “solución” de la controversia, lo cual fue interpretado por Guyana como una obvia victoria.
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La demanda introducida por Guyana el 29MAR18 ante la CIJ desconoce los compromisos adquiridos en 1966 sobre la procura de una solución al diferendo. Guyana, en el escrito firmado por su vicepresidente y ministro de relaciones exteriores Carl B.Greenidge, solicita que la CIJ declara que los límites entre los dos países son aquellos fijados en un Laudo Arbitral de 1899 el cual Venezuela considera nulo. El Acuerdo de Ginebra de 1966 imponía a los dos Estados la obligación de alcanzar un acuerdo. Ahora, de prosperar la demanda guyanesa no habría negociaciones limítrofes ni procura de un acuerdo.
Si bien la movida de Guyana era predecible desde finales del año 2016, la cancillería chavista no pareciera contar con una estrategia para atender el grave caso. Según fuentes cercanas al gobierno Maduro, la cancillería estaría procurando la contratación como asesor del jurista español Antonio Remiro Bretons quien ha representado a los gobiernos de Cristina Kirchner, Daniel Ortega y Evo Morales en pleitos contra Uruguay, Colombia y Chile.
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El jueves 05ABR18 un juez federal brasileño de primera instancia, asentó duro golpe contra el liderazgo castrochavista continental. Sergio Moro, titular de un tribunal en la ciudad de Curitiba, emitió orden de prisión contra Luiz Inacio Lula da Silva, el líder sindical brasileño que alcanzó la presidencia de su país en 2003 y llevó a su partido al poder por catorce años. El 12JUL17, Moro condenó a Lula a nueve años de cárcel tras encontrarlo culpable de lavado de dinero y corrupción pasiva al haber recibido de la constructora OAS un apartamento en la zona costera del estado de São Paulo. El inmueble habría sido una propina por favores recibidos de Lula en el entramado de corrupción triangulado entre el partido de Lula, la petrolera estatal Petrobras y un cartel de empresas constructoras. Se trata de uno de los seis procesos judiciales que se siguen contra Lula por casos de corrupción. La sentencia de Moro fue confirmada en segunda instancia el 24ENE18 por unanimidad de tres jueces del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, quienes incrementaron la condena a doce años y un mes. La condena en segunda instancia representaba la automática inhabilitación política de Lula en razón de la llamada “Ley de Ficha Limpia”. Los abogados de Lula realizaron todas las posibles apelaciones ante Moro y ante el tribunal regional. Finalmente Lula pidió al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo Tribunal Federal la aprobación de un Habeas Corpus que impidiera su encarcelamiento alegando derechos a permanecer en libertad mientras existan recursos legales de apelación de la condena. Desde el año 2016, la justicia brasileña se rige por una decisión del Supremo Tribunal Federal que considera que la confirmación de una sentencia en segunda instancia es condición suficiente para el inicio del cumplimiento de la condena.
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El 04ABR18, el Supremo Tribunal Federal, por votación de seis a cinco rechazó el Habeas Corpus presentado por Lula. El 04ABR18, el Tribunal Regional de Porto Alegre declaró sin lugar las últimas apelaciones de la defensa de Lula e inmediatamente autorizó al juez Moro para dictar la orden de encarcelamiento la cual fue hecha pública en menos de media hora. Los jueces encargados del caso actuaron con especial prisa temiendo que el poderoso Lula pudiera lograr un favor judicial en los altos tribunales en Brasilia. Lula, quien confiaba en los votos de jueces que ingresaron al STF con su apoyo, se vio ante la temida realidad de su inminente detención. El juez Moro dictó una serie de condiciones para garantizar la seguridad y el honor de Lula: le concedió 24 horas para que se entregara voluntariamente en la sede de la Policía Federal en Curitiba donde fue acondicionada como celda una amplia sala de reuniones. Moro expresamente prohibió el uso de esposas en caso de que la policía debiera apresar a Lula. El expresidente optó por refugiarse en la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, su antiguo centro de actividad política, situado en São Bernardo do Campo en el cinturón industrial de São Paulo. El PT y demás partidos que respaldan a Lula hicieron llamados para que sus militantes se concentraran alrededor del sindicato y realizar protestas en las principales ciudades del país. El llamado no produjo la masiva reacción esperada por el PT dejando sin piso una posible declaración de “resistencia” por parte de Lula.
El 06ABR18 Lula no se entregó a las autoridades y sus abogados desde tempranas horas presentaron fallidos nuevos recursos ante los dos máximos tribunales federales tratando de posponer el encarcelamiento. La presión política ejercida por el lulismo no tuvo resultados y al final del día los representantes de Lula negociaban la fecha y las condiciones para la entrega del sentenciado incluyendo que se le permitiera asistir y hablar en una ceremonia religiosa en recuerdo de su fallecida esposa organizada en último momento. El evento “religioso” en realidad fue un mitin político en el cual Lula tomó la palabra para atacar al sistema judicial y a la prensa brasileña. Vestido con un saco formal, escoltado por funcionarios policiales que vestían corbata, sin esposas, tras un viaje en avión desde São Paulo, en la noche del sábado 07ABR18 Lula arribó en helicóptero a la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Allí vivió su primera noche como expresidente condenado por corrupción.
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Lula no cuenta con heredero político dentro de su partido y no se muestra dispuesto a entregar el liderazgo. De hecho, el anuncio de su candidatura tenía el doble propósito de intentar librarlo de una condena judicial y confirmarlo como la cabeza del PT y de la izquierda brasileña. Inhabilitado como candidato presidencial y con una inminente prisión, Lula se ha dejado ver reiteradamente junto al jefe del radical Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, el dirigente izquierdista Guilherme Boulos. Las fotos del fotógrafo personal de Lula, Ricardo Stuckert, han dejado constancia de la presencia de Boulos en el entorno de Lula.
Lula da Silva y Guilherme Boulos el 05ABR18 en São Bernardo do Campo. Foto: Instituto Lula/ Ricardo Stuckert
Guilherme Boulos fue parte de la selecta delegación brasileña que acompañó a Lula y Dilma Rousseff a la ceremonia privada fúnebre en honor a Fidel Castro en Santiago de Cuba el 04-05DIC16. Al día siguiente, Boulos participó en un encuentro de las principales figuras del castrochavismo continental incluyendo a Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y al anfitrión Raúl Castro de la cual quedó debida constancia fotográfica.
El 03MAR18, cuando ya era alta la posibilidad de ser encarcelado, Lula asistió al acto de lanzamiento de Boulos como candidato presidencial del Partido Socialismo e Liberdade. El 29MAR18, Boulos estuvo presente en la tribuna durante un acto de masas realizado en Curitiba, en el cual Lula concluía su caravana propagandística por el sur del país. El 06ABR18, cuando el expresidente ya conocía la orden de encarcelamiento y se refugiaba en la sede del sindicato de metalúrgicos, los portales lulistas dieron especial difusión a una fotografía de Lula y Boulos captada en la sede sindical esa noche. Aún resulta prematuro suponer que Lula apoyaría desde la cárcel una candidatura radical como la de Boulos, por ahora son sólo especulaciones… Pero cualquier cosa puede ocurrir en la política brasileña de estos días: el 07ABR18, al final de su largo discurso antes de entregarse a las autoridades, Lula pidió el apoyo de sus seguidores para Boulos y para la diputada Manuela Pinto Vieira d’Ávila del Partido Comunista de Brasil convirtiéndoles en sus virtuales herederos políticos, ninguno de ellos es militante del PT.
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Por cierto, la presidencia de Brasil será asumida el día 13ABR18 por Cármen Lúcia Antunes Rocha, la magistrada que preside el Supremo Tribunal Federal y quien votó contra el Habeas Corpus introducido por los abogados de Lula para frenar su encarcelamiento. Cármem Lúcia, como es conocida en los medios de prensa brasileños, estará al frente del gobierno mientras dure la ausencia de Michel Temer quien estará participando en la Cumbre de las Américas en Perú.
El 06ABR18, piquetes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, aliados políticos de Lula, atacaron el edificio donde reside la magistrada Cármen Lúcia en Bello Horizonte, estado de Minas Gerais.
