EL PRESIDENTE BARACK OBAMA decidió ampliar por un año la vigencia de su decreto en la que declaró una emergencia nacional sobre Venezuela. Según la Casa Blanca, la situación en Venezuela constituye «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.», por lo que declaró «una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza».
El decreto del año pasado exacerbó la confrontación estadounidense con el gobierno de Nicolás Maduro y le sirvió a éste a montar toda una tramoya, un espectáculo, recogiendo firmas para que «Obama anule ese decreto». Las firmas fueron llevadas a Panamá a la reunión de presidentes en la Cumbre de las Américas donde nunca fueron entregadas. En esa ocasión Maduro pretendió montar un show con las firmas pero el plan fue dejado de lado ya que la gran noticia en la reunión presidencial fue el encuentro del presidente Barack Obama con el presidente de Cuba Raúl Castro.
Varios de los señalados en el Decreto fueron ascendidos en cargos públicos.
Los desencuentros verbales con Estados Unidos prosiguieron todo el año 2015 hasta que en junio se celebró un encuentro en Puerto Príncipe, Haití, auspiciado por el presidente de ese país Michelle Martely entre el alto diplomático del Departamento de Estado Tom Shannon y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello acompañado por la canciller Delcy Eloina Rodríguez y quien funge de encargado de la embajada venezolana en Washington Maximiliem Arbeláiz, un venezolano-francés que ha servido de emisario entre Washington y Caracas. Éste funcionario ha confesado en la intimidad que el gobierno de Maduro no le hace caso y no lo escuchan. Arbeláiz quien venía de ser embajador en Brasil quería coronar su fugaz y ascendente carrera diplomática -que comenzó de la mano del temible Temir Porras en Paris- como embajador «ante el imperio gringo».
Cansado de las promesas hechas en las diferentes reuniones entre los representantes de Venezuela y Estados Unidos y en los que la Casa Blanca exigía cambios en la política venezolana en referencia a los problemas planteados en el decreto original, no le quedó otro recurso que mantener la vigencia del decreto.
Las razones principales: incumplimiento de las promesas en referencia al libre ejercicio de la democracia, de la libertad de expresión, del control de la violencia contra opositores y de combatir la desenfrenada corrupción de los funcionarios civiles y militares del gobierno de Maduro. A eso se añaden los juicios y prisión de varios dirigentes políticos sin que se les haya permitido presentar pruebas y descargos a su favor.
Pensando que con la reunión en Puerto Príncipe las cosas iban a cambiar se dejó un compás de espera en el Norte. Tras las elecciones del 6D donde una vasta mayoría de los venezolanos rechazó el modelo socialista y corrupto del gobierno de Maduro los ojos del mundo se posaron en Venezuela. Estados Unidos envió mensajes de felicitación por el respeto a la democracia en las elecciones venezolanas. Días después comenzaron los cuestionamientos al régimen de Maduro tras las acciones que desde la agónica Asamblea en manos del PSUV se desataron en contra del triunfo opositor.
Alertas tras los nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los ataques a los demócratas a las afueras del Capitolio Federal el 5E y más recientemente, el pasado lunes, con la Sentencia #9 del TSJ desconociendo las atribuciones de la Asamblea Nacional fijadas en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la Casa Blanca decidió renovar el controversial decreto del año pasado.
Si bien es cierto que el año pasado se sancionó a 7 funcionarios civiles y militares del gobierno venezolano y este año no lo hicieron, es bueno advertir que ya hay una lista de funcionarios actuales que podrían ser señalados en cualquier momento.
La presencia en suelo norteamericano de más de una docena de «patriotas cooperantes» han permitido «mapear» propiedades y fortunas provenientes de corrupción, lavado de dinero y hasta tráfico de estupefacientes.
Promesas fallidas del gobierno incluyen cese de acoso a opositores, respeto al Estado de Derecho en tribunales y fiscalías, cese de persecuciones y represión violenta por parte de organismos de seguridad del gobierno y colectivos armados contra opositores desarmados, guerra frontal contra el narcotráfico y detención de sus traficantes, detección y/o detención de vuelos originados en territorio venezolano cargados de droga así como el cierre de alguno campamentos guerrilleros colombianos en el territorio nacional.
Todo esto indicaría que ya no creen en los ofrecimientos del gobierno venezolano. Casualmente hoy se anunció la compra por parte de PDVSA de dos tanqueros con petróleo WTI a empresas de EE.UU.
HACE UN AÑO, MARZO 2015
La orden ejecutiva emitida por el Presidente Obama se enfoca en aquellos funcionarios o empleados del gobierno de Venezuela que el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén involucrados en:
– Acciones o políticas que debiliten los procesos o instituciones democráticas; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;
– Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o
– Corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.
La orden presidencial también autoriza el Departamento del Tesoro, mediante una consulta con el Departamento de Estado, a aplicar sanciones a cualquier persona determinada a:
– Ser un líder actual o exlíder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o
– Ser un funcionario actual o exfuncionario del gobierno de Venezuela. Los sancionados
Los siete funcionarios venezolanos sancionados por la Administración Obama son:
– Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Benavides Torres es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB emplearon la fuerza en contra de los manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.
– Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). González López es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014. Como director general del SEBIN, se asoció con la supervisión de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar varias lesiones, el personal de SEBIN cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
– Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. Noguera Pietri es un exlíder de la GNB, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego.
– Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal de nivel nacional de la 20ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela. Haringhton Padrón, en su capacidad como fiscal, acusó a varios miembros de la oposición, incluido al exlegislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015 al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos.
– Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. Por ejemplo, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales.
– Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y exdirector general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela. Bernal Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.
– Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Vivas Landino es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.
HACE NUEVE MESES EN JUNIO 2015
LA FOTO DE LAS SONRISAS CON EL ENVIADO
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, EN HAITÍ
De izquierda a derecha y muy sonreídos tras 90 minutos de conversa: Tom Shannon del Departamento de Estado de EE.UU.; el presidente de Haití Michell Martely, la canciller venezolana Delsy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y como si no le dejaran entrar en la foto oficial, el encargado de negocios o jefe de la Misión en Washington el venezolano-francés Maximiliem Arbelaiz, para el que Maduro aboga le den su placet como embajador.
RESEÑA DE EL UNIVERSAL
lunes 15 de junio de 2015 04:11 PM
Washington.- La reunión en Haití del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la canciller Delsy Rodríguez con el alto diplomático estadounidense, Thomas Shannon, fue «positiva y productiva», señaló este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Jeffrey Rathke.
Las conversaciones «tocaron todos los elementos de nuestra relación bilateral. Fueron reuniones positivas y productivas», dijo Rathke a periodistas, reseñó AFP.
Rathke solo mencionó el encuentro de Shannon con Rodríguez. Pero el Parlamento venezolano había señalado que la Canciller estuvo acompañada de Cabello durante el encuentro, que duró más de hora y media el sábado en Haití, y se enmarcó en el proceso para recomponer los desgastados lazos diplomáticos entre Venezuela y Estados Unidos.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que carecen de embajadores desde 2010, se encuentran en tensión desde marzo pasado, cuando el presidente Barack Obama firmó sanciones contra siete funcionarios del gobierno venezolano en un decreto que se refería a la situación del país como una «amenaza» para Estados Unidos.
Cabello calificó el encuentro como «un paso importante para el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambos países», según el comunicado del Legislativo.
Según una fuente del Departamento de Estado, los representantes venezolanos y estadounidenses habían acudido a Haití por invitación del presidente Michell Martelly para discutir el apoyo de sus países a las elecciones y las labores de reconstrucción en ese país.
Cabello, un militar considerado como número dos del chavismo y que acompañó al fallecido Hugo Chávez (1999-2013) durante su golpe de Estado de febrero de 1992, ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas al ser investigado por la fiscalía federal estadounidense, según un reporte del diario The Wall Street Journal.
Shannon es un funcionario ya conocido para Maduro de su época como canciller de Venezuela entre 2006 y 2013, y se ha reunido al menos una vez con el mandatario en las dos visitas que ha realizado a Caracas en los últimos dos meses.
Los familiares de una de las víctimas del procedimiento policial en la Cota 905 aseguran que las autoridades se lo llevaron con vida de su vivienda en el sector El Naranjal
Runrunes
Los familiares de Edison José Alcalá, de 21 años de edad, lo buscaron durante toda la noche y la madrugada de este martes sin saber que estaba muerto. Recorrieron angustiados destacamentos militares y comisarías. Pidieron revisar listas de detenidos para ver si su nombre aparecía entre los 134 detenidos por organismos de seguridad durante la “Operación Protección y Liberación del Pueblo”, como llamó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, a la toma de sectores populares en la Cota 905, en Caracas.
Aproximadamente a las 2:00 de la madrugada fueron hasta sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la Zona 7 de Boleíta, pero allí tampoco dieron con él. Sin noticias, optaron en la mañana por ir hasta la morgue de Bello Monte, donde este martes 14 de julio encontraron su cadáver. Su madre, Nieves Alcalá, reconoció el cuerpo a las 10:00 de la mañana.
Las hermanas de Alcalá coinciden en que las autoridades lo detuvieron en el barrio El Naranjal de la Cota 905: “A él se lo llevaron con vida. Hubo gente que lo vio cuando lo bajaron”, aseguró una de sus hermanas.
Edison tenía 21 años y vivía con su abuela. Había trabajado en una panadería, pero se retiró hace unos meses “por problemas con uno de los encargados”. Más recientemente había conseguido trabajos esporádicos como albañil, relataron algunos familiares.
Una de sus hermanas contó que no se percataron del procedimiento policial hasta la mañana: “Nos dimos cuenta cuando había amanecido porque vimos los policías y guardias por todo el barrio”. La toma de todos los sectores de la Cota 905 comenzó durante la madrugada y participaron más de 2.000 funcionarios, según dijo el ministro González López.
La última vez que tuvieron información del paradero de Edison fue a las 11:00 de la mañana del lunes, cuando conversó por teléfono con su papá. “Le dijo que estaba bien, que estaba en la casa”. Más tarde se enteraron, por los relatos de vecinos, que las autoridades se lo habían llevado.
La familia se dirigió a El Paraíso, donde intentaron averiguar sobre su paradero. Cerca de las 2:00 de la mañana les dijeron que lo habían trasladado a la Zona 7, en Boleíta, donde está una de las sedes de la PNB. Pero allí tampoco lo hallaron. “Mi hermano estaba vivo, lo sacaron de su casa con vida ¿Cómo es que nos dicen que estaba en la lista y ahora está muerto?”, se pregunta una de sus hermanas
Al menos cuatro de los 14 muertos durante el procedimiento policial en la Cota 905 habían sido identificados por familiares. Entre estos están Danny José Sojo Velásquez, de 31 años, quien en 2011 estuvo preso en el Rodeo I y fue trasladado en para el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, según consta en una lista de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, aunque en esta no se indican los delitos por los que estuvo detenido. Otro de los fallecidos fue identificado como Carlos Luis Castro, de 23 años.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) custodiaron durante toda la mañana de este martes los accesos a la Medicatura Forense. Los familiares de los fallecidos que entraban a hacer el reconocimiento de los cuerpos eran casi escoltados por los policías, que evitaban que los periodistas pudiesen acercarse para hacer su trabajo.
Un informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) revela que el organismo asistió en la identificación y localización de usuarios de Twitter que fueron luego detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). William Castillo, presidente de CONATEL, remitió al entonces director del SEBIN y actual ministro del Interior y Justicia, Gustavo Enrique González López, un dossier detallado sobre varias cuentas. La documentación forma parte de las acusaciones impulsadas por el Ministerio Público en los procesos judiciales.
De los ocho tuiteros detenidos entre septiembre y octubre de 2014, cinco continúan en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide. El asesinato del diputado Robert Serra y las acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aceleraron la persecución y captura de tuiteros. El Ministerio Público no ha podido probarles los delitos por los que fueron detenidos. Agobiados por el encarcelamiento y los retrasos en los procesos judiciales la mayoría de los tuiteros apresados ha optado por declararse culpable de delitos menores para salir en libertad.
@albertoyajure
“SOMOS SOCIALISTAS… ANTIIMPERIALISTAS… REVOLUCIONARIOS Y TAMBIÉN CHAVISTAS”. Todas las mañanas escuchan el himno del Sebin. Reciben a sus familiares los días jueves y domingo desde las 11:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, a menos que las autoridades decidan ese día suspender las visitas. Sus madres, padres y hermanos llegan sobre las 10.00 am a la enorme mole de concreto conocida como El Helicoide, en el sector Roca Tarpeya de Caracas.
Son conocidos como los “tuiteros presos”. Sus días transcurren detrás barrotes, en celdas de la policía política de Venezuela. La mayoría ha permanecido hasta ocho meses encerrado, a la espera de procesos judiciales que abogados penalistas y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos califican de irregulares.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) elaboró informes técnicos para identificar y localizar a usuarios de Twitter que fueron luego detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Un dossier, al que tuvo acceso Runrunes, fue enviado el 12 de junio de 2014 por William Castillo, presidente de CONATEL, al entonces director del SEBIN —y actual ministro del Interior y Justicia— Gustavo Enrique González López. El informe contiene más de 30 páginas de información técnica y detalla aspectos de métrica y tráfico de las cuentas: número de identificación de la cuenta, cantidad de seguidores, tuits promedios enviados por día, porcentaje de incidencia (cuántos tuits son republicados con RT y cuántos reciben menciones), gráficos por horas en las que el usuario tuitea y desde cuántos dispositivos (computador o teléfono móvil), etiquetas que emplea o que ha posicionado y cuentas más mencionadas.
En una de las páginas se desglosa: dominios de sitios en Internet usadas por algunas de las cuentas, información de registro de los dominios, direcciones IP y análisis de ranking de tráfico; el alcance estimado de usuarios nuevos por mes, y ubicación geográfica del servidor. La documentación de CONATEL —que fue preparada por los funcionarios Jeagni Sánchez; revisada por Jhonder Depablos; y aprobada por Edgar Rojas— había sido solicitada por el SEBIN una semana antes. Los informes fueron luego usados por el Ministerio Público para sustentar las imputaciones de detenidos en los procesos judiciales.
De ocho usuarios de Twitter que fueron detenidos entre el 22 de agosto y el 15 de octubre, cinco continúan tras las rejas. Familiares, amigos, abogados penalistas, detenidos, y defensores de derechos humanos cuentan parte de las historias detrás de una razia contra algunos de los tuiteros que expresaron comentarios y opiniones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Los allegados de los “tuiteros” tienen miedo de declarar a los medios de comunicación. Pocos acceden a responder preguntas, siempre bajo la condición de mantenerlos en el anonimato. Ninguno quiere arriesgarse a perjudicar las causas, molestar a las autoridades o los fiscales.
En casi todos los casos, el Ministerio Público (MP) ha actuado de oficio, sin que medien denuncias formales. Los juicios se han desarrollado entre retardos, diferimientos y la suspensión reiterativa de audiencias. A cuatro de ellos se les ha mantenido en Caracas, alejados de sus estados y de los tribunales que llevan sus causas en Barinas, Maracaibo y Valencia.
El asesinato del diputado del PSUV, Robert Serra, ocurrido el primero de octubre de 2014 en Caracas, es uno de los denominadores comunes en las detenciones y juicios a seis de ocho tuiteros. Los comentarios y referencias sobre el caso publicados en Twitter cambiaron las vidas de Lessi Marcano, Ginette Hernández, Víctor Ugas, Inés González, Abraham Muñoz y Daniely Benítez.
La de Benítez es la única causa que ha sido sobreseída. Fue acusada en señal abierta de televisión por el presidente de la AN, Diosdado Cabello, de predecir el luto en la Asamblea Nacional antes del asesinato de Robert Serra, detenida durante 48 horas, liberada con una medida cautelar y finalmente absuelta en junio pasado.
Las acusaciones del número dos del chavismo movilizaron a fiscales y cuerpos de inteligencia de varias entidades: Los tuiteros habían sido señalados por Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), en su programa de televisión “Con el mazo dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), donde también fueron anunciadas las detenciones de seis de los ocho acusados.
#LaFiscalía20
Del un total de ocho procesos judiciales, cuatro han tenido un mismo desenlace: los acusados se han declarado culpables y admitieron delitos con penas menores, muy distintos a los que les fueron imputados al momento de las detenciones. El MP recomendó a los acusados y a sus familiares que revocaran la asesoría legal que recibían organizaciones como el Foro Penal y que aceptaran defensores públicos o privados a cambio de imputaciones más leves.
“La Fiscal 20, Katherine Haringhton, conversaba con un hombre en el tribunal cuando me divisó a lo lejos. Pasado un rato se me acercó y me dijo: ‘Yo no debería decirle esto, pero le recomiendo que le cambie esos abogados a su familiar. Es la única manera para ayudarla en este caso’. Ellos [el Ministerio Público] no querían que tuvieran defensores del Foro Penal”, asegura un allegado de uno de los acusados.
La Fiscalía 20 del MP, a cargo de Haringhton, procesó judicialmente a manifestantes, estudiantes, dirigentes de oposición e integrantes de organizaciones no gubernamentales. La Fiscal apareció en la lista de siete funcionarios sancionados por la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por su vinculación o asistencia en la violación de derechos humanos durante las manifestaciones de 2014. Luego de este hecho fue condecorada por el presidente Nicolás Maduro y ascendida al cargo de Viceministra de Investigación Penal.
Alfredo Romero, abogado y director ejecutivo del Foro Penal,confirma que el MP presionó a los acusados y a sus familiares para que cambiaran sus abogados defensores y además accedieran a declararse culpables a cambio de penas más leves: “Esta es una práctica común de la Fiscalía en estos casos que viola el derecho a la defensa y constituye una especie de extorsión porque los acusados están en todo derecho de elegir su defensa. El MP debería promover la defensa fuera del Estado, porque descongestiona la Defensa Pública”.
Al menos tres detenidos que recibieron sentencias menores a cinco años de cárcel han solicitado la excarcelación por suspensión condicional de la pena. Este procedimiento, introducido en el texto del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) en la reforma de 2012, permite a los acusados solicitar ante el juez la anulación del proceso en aquellos delitos de “acción pública” cuya pena no exceda los ocho años. Otra de las condiciones para acceder a esta medida es que los juicios hayan sido procesos “abreviados” (como la admisión de los hechos por parte del acusado). Pese a esto, algunas liberaciones no se han producido.
El MP ordenó evaluaciones psicosociales hasta en dos ocasiones a varios de los tuiteros detenidos, la última en marzo de 2015. Los resultados de los exámenes, sin embargo, no han llegado hasta los tribunales para que los jueces evaluen la suspensión de las condenas. “Es un mecanismo para mantenerlos presos, porque no hay voluntad para liberarlos. De ser así, ya lo hubiesen hecho. Cada quien tiene el derecho de elegir cómo defiende su caso, pero la admisión de hechos no es una garantía para la liberación inmediata”, resume Romero.
#ALaCárcelPor140Caracteres
“Nos arruinaron la vida por un bendito tuiter”, se lamenta una mujer, entrada ya en años, y vinculada a uno de los acusados. La mirada se le pierde en un punto de esa vista amplia, panorámica —casi de postal— que tiene sobre Caracas: “El 31 de diciembre nos reunimos toda la familia aquí, justo aquí, en este lugar, a mirar hacia El Helicoide”, relata mientras baja el rostro justo antes de quedarse sin palabras.
Algunas de las acusaciones contra los tuiteros son consideradas improcedentes a los ojos de algunos defensores. Por ejemplo, en el caso de Daniely Benítez —flautista del grupo musical Só Sambistas e integrante durante más de diez años del Sistema Nacional de Orquestas— el MP nunca pudo probar ningún delito porque ella ni siquiera tenía acceso a la cuenta de @Hiipolita.
José Vicente Haro, su abogado defensor, afirmó que fue detenida de manera irregular durante cinco días. «El Sebin rompió puertas en su apartamento y se llevó cuatro computadoras, una laptop, dos pendrives y equipos que aún no han sido devueltos», dice. Cabello la acusó en televisión pública de haber escrito los tuits que anticiparon un duelo en la AN, pero Benítez fue luego absuelta por un tribunal. El diputado no se ha retractado de sus acusaciones.
“¿Cómo es posible que Diosdado haya acusado a todo el mundo en televisión de haber cometido delitos y la Fiscalía no haya hasta ahora probado la culpabilidad en ningún caso? ¿Cómo es posible que él [Cabello] diga ahora que va demandar a diarios por publicar informaciones que lo acusan de ser un narco, pero nuestros familiares se quedaron presos injustamente por unos tuits? ¿Cómo denigró y difamó a los nuestros, pero todavía no se da cuenta del daño que le ha causado a mi familia?”, se pregunta el allegado de uno de los detenidos.
Haro también trabajó como abogado defensor del tuitero Leonel Sánchez Camero, quien ahora es asistido por otro abogado. El titular de la cuenta @AnonymusWar, fue uno de los primeros detenidos, en agosto de 2014. Fue acusado por supuestos delitos de instigación al odio, conspiración y ultraje.
“Publicaba información, opiniones, comentarios. También hacía mucho RT a otras cuentas y mencionaba a funcionarios, entre ellos a Diosdado Cabello. La Fiscalía 20, a cargo de Haringhton, hizo la acusación. Hay informes enviados al Sebin —algunos elaborados por Conatel— que revelan el contenido de mensajes directos (DMs) de Twitter. Y esto es muy grave, porque el Estado violó la privacidad de sus comunicaciones. Su caso está en un tribunal en Barinas, pero a él lo tienen en El Helicoide”, relata Haro.
A Víctor Ugas, procesado por publicar fotografías del cadáver de Robert Serra, se le acusó —además de un cargo por revelación indebida de información— por un delito de espionaje, contemplado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. La foto del cuerpo del diputado Serra estuvo en manos de otros usuarios de la red social que incluso se ofrecieron a distribuirla vía correo electrónico; también fue publicada por un portal web radicado en Argentina que por esos días fue bloqueado por Conatel. El MP no ha demostrado que Ugas hubiese vulnerado o accedido de manera ilegal a ningún sistema informático para hacerse con la fotografía.
Las acusaciones vinculadas con el caso Serra tenían una marca: La Fiscalía achacó a todos los detenidos delitos de ultraje a funcionario público, sin embargo la presunta víctima (Robert Serra) había sido asesinada. Romero cuestiona algunos aspectos de las acusaciones: Las detenciones e imputaciones vinieron a partir de declaraciones de un funcionario en televisión; y no hubo familiares que denunciaran el supuesto ultraje. Y explica que para que pueda demostrarse ultraje, la víctima debe sentirse ultrajada. En este caso, la víctima no estaba, y sus familiares, que pudiesen sentirse afectados, no fueron los que hicieron la denuncia.
“Las detenciones e imputaciones vinieron tras una declaración de alguien en televisión. Y hay casos, incluso en otros países como Inglaterra o España, en los se ha detenido a personas por tuitear mensajes racistas. Pero, hay que detenerse: ¿quién es el afectado, la presunta víctima? ¿quién se sintió difamado o agredido o ultrajado por esos tuits? porque si la víctima no se sintió ofendida,… ¿sus familiares sí?”.
Uno de los casos que ha cobrado notoriedad es el de Inés González Árraga, de la cuenta @InesitaTerrible. El Sebin la mantuvo detenida incluso después de que un tribunal le dictara una boleta de excarcelación. El MP la acusó tres cargos: ultraje a funcionario, ultraje violento e instigación pública. En el juicio ofreció disculpas a los familiares del diputado Serra, a quien había llamado delincuente y señalado de “armar” a niños en el 23 de Enero.
Sobre este caso, Romero explica: “Pidió disculpas, como es un escarmiento. La acusan de instigación pública, pero ese es un delito que hay que definirlo, delimitarlo, y probarlo, porque, ¿cómo se demuestra que alguien que publica un mensaje tiene influencia sobre otros? No estoy de acuerdo con insultar, humillar y difamar en redes sociales, pero debe existir proporcionalidad. Podrían acarrear multas, castigos, pero nunca encarcelamiento”.
#LaVidaEnUnaCeldaDelSebin
Un solo pasillo conecta las celdas donde están confinados los detenidos del Sebin en El Helicoide. En una primera celda, denominada “Preventiva 1”, el hacinamiento es la norma: hasta 23 detenidos comparten casi 15 metros cuadrados. Algunos están acusados por delitos comunes. No hay luz, ni camas para todos, los reclusos hasta duermen en el piso por turnos o descansan de pie.
Más adelante hay otro calabozo, exclusivo para funcionarios. Un grupo de estudiantes y acusados por estafa, fraude y homicidio están recluidos en una celda que en el Sebin llaman “Preventiva 2”. Aquí está Leonel Sánchez Camero, titular de la cuenta @AnonymusWar. Hay un baño, pero el espacio es reducido y los reclusos tienen dificultades para moverse, relata uno de los detenidos que revela algunos detalles con la condición de que no se publique su nombre.
En otra celda están recluidas 15 mujeres, entre ellas Inés González Árraga, de la cuenta @InesitaTerrible; y Ginette Hernández, a quien las autoridades asociaron a la cuenta @Hiipolita, en la que se publicaban predicciones, mensajes religiosos, y consultas de tarot. Hay allí un televisor con la señal de canales del Estado, un equipo de DVD, una cocina pequeña y una nevera. La primera pregunta que una de las detenidas hace a sus familiares cuando llegan de visita: “Denme noticias. ¿Qué está pasando allá afuera?”.
Los días en esta celda transcurren entre películas, manualidades y lecturas. Todas las tareas están repartidas por turnos: Hernández cocina a veces, le gusta tejer y hacer manualidades; mientras que González Árraga tiene asignada la limpieza y dedica parte de su tiempo a leer textos de química.
En “Preventiva 3” hay otros 18 detenidos, ocho de ellos duermen en el piso. No hay literas, los colchones están montados sobre tablas y cajones. Allí está el arquitecto Lessi Marcano, quien fue el autor los tuits de la cuenta @Hiipolitaque predijeron que habría luto en la Asamblea Nacional una semana antes del crimen de Serra.
José Isaías Roa, Mayor (R) de la Aviación y ex Fiscal Superior del MP en Apure y Sucre también está en esa celda, en la que hay un televisor, un equipo de DVD y una pequeña cocina eléctrica. Allí compartieron con el director del semanario 6to Poder, Leocenis García, quien fue llevado al Hospital Militar tras iniciar una huelga de hambre; y el banquero Álvaro Gorrín, quien después de salir en libertad donó 80 colchones para los detenidos.
Las tres comidas del día llegan en envases de aluminio. En ocasiones hay dos paramédicos y un médico residente, pero los reclusos se quejan de no tener atención especializada en casos de emergencia. Golpean los candados de las celdas y los barrotes cuando hay una urgencia y algunos reconocen que los han trasladado hasta el Hospital Militar. Refieren que al menos dos presos en El Helicoide fueron liberados después de descubrirse que tenían tuberculosis.
El trabajo más arduo recae en las familias, que se encargan de llevar provisiones: artículos de aseo personal, frutas, alimentos enlatados, comida congelada (pollo, carne), agua potable —que no les dan allí dentro—, libros, revistas, películas. Además regresan a casa con bolsas llenas de ropa sucia, que lavan y devuelven en la próxima visita. La madre de uno de los detenidos en El Helicoide planifica todas sus actividades de la semana en torno a los días de visita. Hace colas en supermercados y farmacias, padece fuertes dolores en la espalda que —afirma— se deben a la carga de pesados paquetes y botellones de agua mineral. Dice que la sostienen el apoyo emocional y económico de allegados y los abrazos durante los días de visita.
El encarcelamiento ha dejado sus marcas: depresión, miedo, paranoia. Las familias se quiebran por saberlos en un calabozo y ellos se lamentan de que sus padres, madres y hermanos sufran por su confinamiento. Uno de ellos admite: “La depresión aquí es tal, que quien no tenga la fortaleza de aguantar esto, fácil se puede morir… No es fácil… Nada fácil…”
“Me voy a amarrar a mi cama, a mí no me van a llevar a una cárcel”, fueron las palabras que un recluso dijo a sus familiares un día antes de la muerte del piloto Rodolfo González, a quien Nicolás Maduro, llamó “El Aviador” durante una cadena nacional. La amenaza de un posible traslado a cárceles había sembrado el miedo entre los reclusos. González se ahorcó en su celda en El Helicoide durante la noche del jueves 12 de marzo.
“Lo conocía muy poco, apenas habíamos cruzado palabra una o dos veces que coincidimos en la salida para tomar el sol. No hablaba con casi nadie. Esa noche fue un desastre, había mucho miedo. Luego, después de las 11 pm , supimos que algo había pasado cuando escuchamos a los guardias correr de un lado a otro”.
La madre de una detenida se lleva las manos a la cabeza cuando recuerda el momento en el que recibió la noticia. Había compartido varias veces con la esposa de González. Los estudiantes detenidos durante las manifestaciones de 2014 hicieron un acto en su homenaje, rezaron y le dedicaron algunas palabras en la visita del domingo 8 de marzo.
“Se construyen vínculos muy fuertes allí adentro —afirma la hermana de una tuitera detenida— porque compartir una vivencia así no es algo sencillo. Solo se tienen ellos. Quizá el día de mañana todos le encontremos sentido a esto. Por alguna razón tenían que conocerse”.
#EsperanLibertad
Abraham David Muñoz (@AbrahamDZ), detenido en Valencia, fue puesto en libertad con medidas cautelares.
Daniely Benítez (@pretinha76) fue absuelta tras haberse dictado en junio el sobreseimiento de su causa. Logró reunir algunos fragmentos y reescribir la tesis de grado que perdió en las computadoras sustraídas de su vivienda por el Sebin. Se graduó de la Escuela de Artes de la UCV, cerró su cuenta de Twitter y salió del país.
María Magalys Contreras (@marletmaga), de 55 años, padece problemas psiquiátricos y renales. Se declaró culpable de delitos menores. Su sentencia fue suspendida y se le permitió salir en libertad con una medida de régimen de presentación y trabajo comunitario.
Ginette Hernández no pudo asistir a su acto de grado. Admitió el delito de falsa oferta y agavillamiento. Continúa detenida y espera una suspensión de la pena.
Lessi Marcano (@Hiipolita) admitió culpabilidad por delitos menores. Aún espera de la suspensión de su sentencia.
Víctor Ugas (@VictorUgas, la cuenta ya no está activa) sigue preso en El Helicoide.
Inés González Árraga (@InesitaTerrible) reconoció delitos de instigación pública y el MP desistió los cargos de ultraje a funcionario y ultraje violento. Su familia y abogados acudieron a la Embajada de España, país del que también es ciudadana, y solicitaron ayuda legal y diplomática. Se desconoce si el Gobierno de España adelantó alguna diligencia. Padece endometriosis, que le produce fuertes dolores abdominales. Requiere someterse a una operación. Espera por la suspensión de su pena.
Leonel Sánchez Camero (@AnonymusWar) continúa detenido en El Helicoide. Padece “fuertes” dolores en la espalda. La audiencia para el inicio de su juicio fue suspendida hasta en cuatro ocasiones, la última vez en mayo de este año. Su caso está en un tribunal de Barinas, a donde lo trasladan en aeronaves militares custodiado por agentes del Sebin. De seguir preso, cumplirá un año tras las rejas en agosto.
Leonel Sánchez Camero
47 años
Economista
Acusación fiscal: Instigación al odio, conspiración, ultraje, acceso indebido y posesión de equipo para falsificación.
Es el primer tuitero detenido. La cuenta tenía 100 mil seguidores. Publicaba información, opiniones y hacía RT a otros mensajes. Mencionaba directamente a funcionarios del Gobierno, entre ellos Diosdado Cabello. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional lo menciona varias veces: antes y después de su detención. Conatel asistió al Sebin en la elaboración de un informe técnico sobre esta cuenta, en la que se divulgan mensajes privados. Lo detuvieron en Barinas, en un hato donde vivía con su mamá y una de sus hermanas. Llegaron aproximadamente 100 funcionarios, se llevan todos los equipos y se lo llevaron en un avión de la Fuerzas Aérea. Estuvo 20 días detenido en la sede del Sebin, en Plaza Venezuela, conocida como ‘La Tumba’. De allí fue trasladado a El Helicoide. La Fiscalía 20. La fiscal Katherine Haringhton fue quien hizo la acusación. Su audiencia de inicio de juicio ha sido diferida cuatro veces, la última el 11 de mayo. Su caso está en el Tribunal Primero de Juicio de Barinas. Padece dolores en la espalda. Forma parte del Opus Dei. Se dedicaba a la compra y venta. Militó en el partido Convergencia. Y trabajó para el Gobierno de Caldera en Caracas y algunos en el interior.
Inés Margarita González Árraga
42 años
PhD. en Química
Acusación fiscal: Ultraje a funcionario público, ultraje violento, instigación pública. Se declaró culpable por delitos menores de incitación al odio y el MP desestimó los dos cargos por ultraje.
Es licenciada en Química y tiene un PhD por la Universidad de Akron, en Ohio, EEUU. Trabajó en el IVIC. El Sebin se presentó dos veces en su residencia, en Maracaibo, tras sus tuits en los que llamó a Robert Serra “criminal”. La citaron a declarar pero, cuando acudió, la dejaron detenida. El Tribunal le dictó una medida de excarcelación, que nunca fue acatada por el Sebin. Su defensa introdujo un recurso de Habeas Corpus, pero ella no pudo presentarse en el tribunal porque estuvo todo el tiempo retenida en el Sebin. La orden fue revocada. En el juicio ofreció disculpas a la familia del diputado y se arrepintió de sus mensajes. Está recluida en El Helicoide. Durante más de seis meses le prohibieron hacer llamadas telefónicas. Padece de endometriosis y fuertes dolores abdominales. Le dictaron condena de tres años de cárcel. Solicitó al juez la suspensión condicional de la pena.
Víctor Andrés Ugas Azócar
26 años
Acusación fiscal: Revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático.
Lo acusaron por publicar en Twitter fotografías del cadáver del diputado Robert Serra. Fue detenido en Carúpano, estado Sucre. En la audiencia preliminar, los fiscales 153ª y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), María Maffia y Luís Cadiz la fiscal 9° y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), María Perdomo y Gabriela Sequea, respectivamente, imputaron al joven por la presunta comisión de los delitos de revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático, contemplado en Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Le dictaron privativa de libertad y permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Lessi José Marcano
48 años
Arquitecto, «vidente».
Acusación fiscal: Fraude informático, instigación pública e instigación al odio. Se declaró culpable por delitos de oferta engañosa y agavillamiento.
Es el autor de la cuenta @Hiipolita, que tuiteaba sobre mensajes políticos, religiosos, predicciones y consultas de tarot. Contrató a su sobrina, Ginette Hernández, para que manejara el correo electrónico en el que se recibían las consultas esotéricas. Marcano fijaba el precio de las consultas tarotistas. Algunas se respondían en el Twitter de @Hiipolita. En esa cuenta se publicaron predicciones de que habría luto en la Asamblea Nacional (AN) una semana antes del crimen de Robert Serra. La Fiscalía 20, a cargo de Katherine Haringhton, hizo la acusación. Fue presentado el 17 de octubre ante el Tribunal 33 de Control de Caracas, junto a su sobrina Ginette Hernández. Fue mencionado por el presidente de la AN, Diosdado Cabello. Solicitó la suspensión condicional de la pena.
Ginette Hernández Marcano
23 años
Estudiante de la Escuela de Artes (UCV).
Acusación fiscal: Fraude informático, instigación pública e instigación al odio. Se declaró culpable de oferta engañosa.
Trabajaba para su tío, Lessi Marcano, autor de la cuenta @Hiipolita. Administraba la dirección de correo electrónico para consultas de tarot. Ginette recibía los correos con las consultas esotéricas y los reenviaba a Lessi Marcano. Ginette tenía apenas dos semanas trabajando como community manager en el canal E! Entertainment Television en Caracas cuando cuatro patrullas con agentes del Sebin irrumpieron las oficinas de la empresa en Las Mercedes para llevarla detenida. Su tío, quien realmente se dedica a los oficios esotéricos, pidió al Sebin que lo apresaran a él y no a su sobrina. Al final, dejaron a ambos detenidos. También fue acusada por la Fiscalía 20, a cargo de Katherine Haringhton. Se declaró culpable por delitos de oferta engañosa, entre otros cargos. Recibió una sentencia de casi dos años, que terminaría a final de año. También solicitó la suspensión condicional de la pena. Sigue detenida en El Helicoide.
María Magaly Contreras
55 años
Ama de casa.
Está en libertad con régimen de presentación y trabajo comunitario. Estuvo privada y le dieron cautelares en abril. Tiene problemas renales y psiquiátricos. Vive en el sector La Cañada, de Maracaibo, en el estado Zulia. Estuvo recluida en El Helicoide.
Daniely Benítez Benítez
33 años
Estudiante de la Escuela de Artes (UCV). Músico con 25 años en el Sistema Nacional de Orquestas, miembro de Só Sambistas, con varios discos.
Acusación fiscal: Fraude informático, instigación pública e instigación al odio.
Estudiaba en la misma escuela de Ginette Hernández. Fue detenida irregularmente durante 5 días puesto que la ley estipula que el máximo antes de ser presentado en un tribunal es 48 horas. El Sebin practicó un allanamiento con cerca de 50 funcionarios en el domicilio de Benítez. Se llevaron cuatro computadoras, una laptop, todos los pendrives. No era amiga de Ginette, pero sí la conocía. La acusación también fue impulsada por la Fiscalía 20, a cargo de Katherine Haringhton. Quedó en libertad con una medida cautelar de presentación cada 30 días. Fue sobreseída en junio de 2015. Diosdado Cabello la acusó en televisión de ser la autora de los tuits en la cuenta @hiipolita y nunca se retractó de las acusaciones contra Daniely ni pidió disculpas. Los equipos sustraídos de la vivienda no han sido devueltos. La tesis de grado de Daniely debió ser reconstruida con extractos de material que tenía impreso. Logró graduarse de la Escuela de Artes de la UCV.
Abraham David Muñoz Marchán
18 años
Estudiante de Ingeniería (Universidad de Carabobo, UC).
Acusación fiscal: Instigación al odio, instigación para delinquir y delito informático.
Vive en Morón, estado Carabobo. Los agentes del Sebin ingresaron violentamente en su casa y se lo llevaron sin orden de aprehensión ni conocimiento de delitos, presuntamente por sus comentarios sobre la muerte de Robert Serra, indicó organización Venezuela Awareness. El 9 de octubre fue trasladado a la sede del Sebin en el Helicoide, Caracas.También fue mencionado por Diosdado Cabello en su programa ‘Con el mazo dando’. Fue puesto en libertad con medidas cautelares. Su defensa estuvo a cargo del Foro Penal Venezolano.
El mayor general Gustavo Enrique González López fue designado este lunes 9 de marzo por el presidente Nicolás Maduro como nuevo ministro de Interior y Justicia, en sustitución de la almiranta Carmen Meléndez, quien pasará a ocuparse de tareas del Ejecutivo.
El mayor general González López ocupaba desde el 17 de febrero el cargo de director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Sustituyó a Manuel Gregorio Bernal Martínez, quien ocupaba el cargo desde el 23 de enero de 2014. Pero González López también comparte su rol en Inteligencia con la dirección del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
González López ha sido incluido —junto a otros siete funcionarios, entre los que se encuentran militares de alto rango y la fiscal Katherine Haringhton— en la lista de sancionados por Estados Unidos por su vinculación a la violación de derechos humanos en Venezuela.
Este funcionario, a quien se le vincula estrechamente al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha acumulado poder dentro del madurismo. Como director del Cesppa, González López ha ejercido funciones y acciones, entre las que destacan: solicitar y evaluar informaciones «de interés para el nivel estratégico de la nación»; pero también ha tenido en sus manos la potestad para censurar y declarar el carácter de reservado, clasificado o de divulgación limitada a cualquier información considerada sensible para el Gobierno; También está entre sus potestades la distribución de información al Presidente la toma de decisiones; y unificar el flujo informativo sobre aspectos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno.
González López egresó de la Academia Militar en la promoción de 1982. Se graduó en la posición 45° entre 102 oficiales. Entre sus compañeros de promoción destaca el exdirector de la Disip, exministro de Defensa y actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva. El presidente Maduro lo describió en septiembre de 2013, al designarlo como director del Cesspa, como un “patriota y estudioso de la seguridad”.
Su ascenso vino de la mano de su designación, en 2006, como presidente de la empresa estatal Metro de Caracas y Metro Los Teques, cuando también trabajaba para la Gobernación del estado Miranda, en ese entonces en manos del actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello (Psuv), según reseñó la entonces Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Durante su gestión en el Metro ocurrieron varios eventos importantes: se inauguró el Metrocable San Agustín; se produjo el primer choque de trenes en la historia del sistema, que causó un muerto y 14 lesionados el 30 de julio de 2007 en la estación Plaza Sucre; pero también se firmó –en septiembre de 2008 y sin licitación– el contrato para la rehabilitación de la Línea 1 por $1.845 millones. El expresidente Chávez aprobó en febrero de 2008 los recursos al consorcio español UTS-CSM para la dotación de trenes, restitución de vía férrea, sistemas de electrificación, pilotaje, señalización y mantenimiento.
El periodista Manuel Isidro Molina escribió en su columna en el semanario La Razón (07/12/08) que el contrato era “una de las más grandes estafas a la nación”. El lunes 21 afirmó que González López, junto a la asesora jurídica de Cametro, Marisela Estrada La Riva, y el vicepresidente de grandes obras, Francisco Ramírez, “fraguaron toda una operación” para la rehabilitación de la Línea 1 del sistema que se le dio a este holding español. “Ellos hicieron su agosto allí. Chávez aprobó la partida y Ramírez renunció en marzo y se fue a montar la empresa con los españoles”, aseguró Molina, quien dijo que la denuncia le había llegado de fuentes “confidenciales” con todos los soportes.
Luis Román, vocero de Familia Metro, afirmó que el costo del contrato es casi igual al que pagó Panamá por la construcción de su sistema metro. “Aún no han terminado las obras y les han dado créditos adicionales”, señaló vía telefónica.
En diciembre de 2008, Chávez lo nombró comandante de la 5ta. División de Infantería de Selva, Teatro de Operación N° 5 y Guarnición de Ciudad Bolívar. El regreso González López pasó a retiro este julio y fue reincorporado al servicio activo en septiembre, un hecho que Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, considera “bastante inusual”.
Chávez designó a González López comandante general de las Milicias Bolivarianas en 2010, un componente creado en 2008 a partir de la enmienda constitucional. El diputado Adel El Zabayar, de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional (AN), defiende la gestión de González López en las Milicias porque “han cumplido al pie de la letra todas las directrices del comandante Chávez”.
En 2011 fue ascendido por el expresidente Chávez al rango de mayor general. En los últimos meses se desempeñó como secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico.
Desde su nombramiento al frente del Cesppa, González López no ha dado declaración. Su silencio contrasta con las críticas hechas al órgano, cuyo decreto de creación fue sometido a una reimpresión el jueves pasado por “fallas en los originales”. Fueron eliminadas menciones a enemigos internos y externos y la obligatoriedad de entes públicos y privados de dar información al Cesppa.
El mayor general Gustavo Enrique González López, uno de los siete señalados por el gobierno de Estados Unidos en sus anuncios de hoy, será el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, anunció el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión.
Maduro dijo que González López ocupará este despacho “para que vaya con su condecoración del imperio estadounidense a garantizar la paz del país, la seguridad ciudadana y nacional (…). A luchar por la paz, la seguridad ciudadana. Una nueva responsabilidad, porque sé que está preparado para eso y para más”.
A su vez, la almiranta en jefa Carmen Meléndez pasa al ministerio de la Secretaría de la Presidencia. “Con su disciplina, su trabajo, su trayectoria, su experiencia, venga a reforzar todo el trabajo que me toca a desarrollar a mí por nuestra patria. Así que a partir de hoy, la almiranta en jefa será la nueva ministra de la Secretaría de la Presidencia. Gestión de gobierno y eficiencia. Máxima eficiencia”.
Carlos Osorio, hasta ahora ministro de la Secretaría de la Presidencia, pasa a ser coordinador del Estado Mayor contra la Guerra Económica y mantiene su cargo como vicepresidente para el área de soberanía alimentaria. “De verdad es complejo ocuparse de la agenda mía, que es diaria”, admitió el mandatario.
Este es el documento que firmó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el que declara emergencia por situación en Venezuela y ordena sanciones contra siete funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó este lunes sanciones contra siete militares de alto rango —entre ellos el director del Servicio Bolivariano e Inteligencia— y una fiscal del Ministerio Público incluyen el bloqueo y congelación de propiedades en el territorio estadounidense, además de la prohibición de entrada.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este lunes la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos. Las sanciones incluyen el bloqueo de propiedad y la negación de entrada a territorio estadounidense.
En el documento Obama considera a estos funcionarios una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la política exterior.
“Por ende declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza y declaro: Todas las propiedades e intereses en propiedad que están en los Estados Unidos o puedan entrar al territorio de los Estados Unidos o en posesión de cualquier persona dentro de los Estados Unidos están bloqueados y no podrán ser transferidos, pagados, exportados, liquidados”, reza el documento.
El documento considera a los funcionarios venezolanos en la lista como responsables o corresponsables de: (1) acciones y políticas que debilitan los procesos democráticos e instituciones; (2) actos de violencia o conductas que constituyen serios abusos y violaciones de derechos humanos contra personas involucradas en manifestaciones contra el gobierno de Venezuela desde febrero de 2014; (3) acciones que prohíben, limitan o penalizan el libre ejercicio de la libertad de expresión y de asociación pacífica; y (4) corrupción política por altos funcionarios dentro del Gobierno de Venezuela.
Las sanciones incluyen a seis militares de alto rango, entre ellos al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la fiscal del Ministerio Público, Katherine Harrington.
La canciller Delcy Rodríguez descartó declarar este lunes sobre el tema durante una rueda de prensa de Petrocaribe en Caracas.
Los funcionarios sancionados son:
Antonio José Benavides Torres: Fecha de Nacimiento; 13 Jun 1961; Cédula No. 6.371.374; Mayor General y comandante del Región Estratégica para la Defensa Integral (Redi) para la zona central; Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana. Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra los manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
Manuel Gregorio Bernal Martínez: Fecha de nacimiento 12 julio 1965; Cedula No. 6.976.131 General de Brigada, comandante de la 31st Brigada Armada del Ejército Bolivariano; Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina del Fiscal General.
Gustavo Enrique González López: Fecha de Nacimiento 02 noviembre 1960; Cédula No. 5.726.284 Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); Mayor General, presidente del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). González López es responsable o cómplice de ordenar, controlar, o que haber participado, directa o indirectamente, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela desde febrero de 2014. Como Director General del SEBIN, se asoció con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela. Bajo la dirección de González López, el SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de detenciones forzadas y extrajudiciales en Venezuela.
Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fecha de Nacimiento 05 de diciembre de 1971; cédula No. 10.548.414. Fiscal con competencia nacional del Ministerio Público. Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, por los delitos de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato y golpes de Estado basados en información poco plausible —y en algunos casos— fabricados. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
Justo José Noguera Pietri: Fecha de Nacimiento 15 de marzo de 1961; Cedula No. 5.944.426; Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Ex comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela. Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Fecha de Nacimiento 26 de mayo de 1962; cédula de identidad No. 6.357.038; Director de la Policía Nacional Bolivariana. Pérez Urdaneta es el líder actual de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014 . Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional hizo uso de fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición real.
Miguel Alcides Vivas Landino: Fecha de Nacimiento 08 de jul de 1961; Cedula No. 7.617.778 Mayor General; Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); Excomandante Región Estratégica para la Defensa Nacional (REDI) de la zona andina.
