Las víctimas de la guerrilla colombiana han encontrado una vía para resarcir los daños sufridos: ir contra los bienes y activos que tienen en EE. UU. tanto el gobierno venezolano como sus operadores
@javiermayorca
El 325 Leucadendra Drive es una mansión que se ajusta al sueño de los nuevos ricos venezolanos: erigida sobre 1480 metros cuadrados de terreno en una urbanización de Coral Gables (Florida), tiene nueve habitaciones y once baños, pisos de mármol, una piscina en el jardín que da hacia la fachada del canal, donde hay un muelle de 200 metros de longitud. Allí permanecía anclado un yate de 95 pies de eslora -suficiente para relajarse en los mares del mundo-, y lo que según este estándar sería una “pequeña” lancha de 36 pies.
Según Coldwell Banker, este inmueble fue diseñado por el renombrado arquitecto estadounidense Rafael “Ralph” Portuondo. Para el momento en que lo adquirió el empresario venezolano Samark López Bello, tenía un valor estimado de 8 millones de dólares. Posteriormente, era ofrecido por el doble de este precio.
Hasta que, en febrero de 2017, López Bello cayó en desgracia con el gobierno estadounidense.
Los agentes del Departamento del Tesoro ordenaron la desocupación inmediata de la mansión, inmovilizaron los yates y congelaron todas las cuentas de este hombre, señalado como testaferro del actual vicepresidente de Economía Tareck el Aissami.
Para junio de 2020, el valor de los bienes y otros activos congelados a López Bello en EE. UU. era por lo menos 273 millones de dólares.
López Bello ha apelado sin éxito contra estas medidas en instancias judiciales y administrativas. Una de las razones del fracaso es que él ha intentado actuar a través de apoderados, puesto que al pisar suelo estadounidense sería detenido, en virtud de una acusación que lo señala de eludir las sanciones impuestas por Washington contra el régimen de Maduro. En ese juicio también figuran El Aissami, el superintendente de Criptoactivos Joselit Ramírez y dos pilotos que representaban las empresas de alquiler de vuelos charter, usados para llevar oro a Turquía y Rusia, y traer el dinero de vuelta.
De allí que el otrora dueño de la mansión de Coral Gables sea considerado como “fugitivo”.
Esa circunstancia de verse impedido de acudir en defensa de su fortuna ha dado pie a una situación que López Bello no podría visualizar en sus peores pesadillas.
Contratistas y rehenes
El 13 de febrero de 2003, una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) derribó un avión en el que volaban los estadounidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Tom Howes. Para los guerrilleros, Gonsalves y compañía no eran otra cosa sino mercenarios, que llegaban a raudales a esas latitudes bajo el paraguas del Plan Colombia. Los norteamericanos preferían describir su trabajo con el eufemismo de “contratista civil”.
Gonsalves, por ejemplo, había estado en la Fuerza Aérea de EE. UU., hasta que en noviembre de 2002 se abrió a la empresa privada, atraído por una oferta de la firma California Microwave, que a su vez era subcontratada por el gigante Northrop con el propósito de hacer un mapeo de los cultivos de coca en territorio colombiano, por mandato del Departamento de Defensa estadounidense.
Gonsalves, Stansell y Howes pasaron a formar parte de una élite de secuestrados de la principal guerrilla suramericana. Cuando recobraron la libertad luego de 1967 días en cautiverio, gracias a la refinada Operación Jaque Mate (julio de 2008), comenzó para ellos el proceso para intentar resarcir los daños ocasionados por todo el tiempo que pasaron enjaulados en la selva.
Pero las FARC no tienen dinero u otros activos que puedan ser confiscados directamente por decisión de alguna autoridad estadounidense. Usted no va a encontrar en ese país una cuenta bancaria o empresa a nombre de Iván Márquez o de Jesús Santrich. Sin embargo, otro colombiano víctima de la guerrilla emprendió un camino que serviría de ejemplo. Se trata de Antonio Caballero, cuyo padre homónimo (un diplomático de carrera) murió como consecuencia de las torturas infligidas durante su cautiverio a manos de los subversivos, en 1999. Caballero hijo logró convencer a la justicia estadounidense de que Petróleos de Venezuela era un “instrumento” de las FARC, habida cuenta de la evidente afinidad entre los regímenes de Chávez y Maduro con la estructura guerrillera, que figura en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.
Aunque las FARC se atomizaron luego del acuerdo de paz de La Habana (2016), ha continuado la proximidad con la cúpula de la organización que volvió a la lucha armada en 2019, ahora denominada Nueva Marquetalia. Y Caballero está a punto de recibir una compensación de 45 millones de dólares, congelados en cuentas de la estatal petrolera en un banco de Buffalo (Nueva York).
Los contratistas estadounidenses, así como los sobrevivientes del piloto Tommy Janis -quien murió al estrellarse el avión en la selva colombiana- optaron por ir contra la fortuna de López Bello. Tal y como hizo Caballero, invocaron los principios establecidos en dos leyes: el Acta Antiterrorista (ATA) y el Acta de Seguro contra Riesgos del Terrorismo (TRIA). La primera permite a cualquier ciudadano llevar a cabo demandas en cortes federales estadunidenses contra los perpetradores de los actos terroristas en los que fueron victimizados.
La segunda norma permite que las víctimas obtengan una compensación por los daños sufridos por tales actos. Una sentencia del juez de Florida Edwin Torres señala que, para lograr este objetivo, es necesario que concurran dos condiciones. La primera, que el dinero o los bienes reclamados estén congelados en Estados Unidos, y en segundo lugar que el propietario de ese activo sea una “instrumentalidad”, o una entidad que actúa en nombre de ese tercero objeto de reclamo. Para conseguir este objetivo, se debe recopilar toda la información posible, desde declaraciones públicas hasta los testimonios de víctimas, informes policiales y criterios de expertos.
El juez Torres recordó que los bienes y el dinero de López Bello fueron confiscados en aplicación de los principios del Acta Kingpin, mediante la cual se designa a los supuestos líderes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Y el 15 de febrero de 2019, a instancias de Stansell y compañía, el mismo tribunal dictaminó que el empresario era una “instrumentalidad” de la organización guerrillera. Entonces, fueron subastando uno tras otro los bienes que tenía en EE. UU.: tres condominios (entre ellos el de Coral Gables), las dos embarcaciones, una aeronave y cuatro automóviles.
Luego, encontraron que López tenía otras cosas por allí: un yate, llamado Hawk, por ejemplo, no estaba en los listados iniciales.
La cacería continúa.
Litigios simultáneos
Los juicios adelantados por Caballero y el grupo de Stansell se desarrollan en forma paralela. En enero, una corte de Nueva York dictaminó que los reclamos por una supuesta instrumentalidad en favor de las FARC podrían extenderse hasta seis subsidiarias de la estatal petrolera venezolana: Pdv Marina, Aceites y Solventes Venezolanos SA, Petroanzoátegui, Venfleet Asphalt Ltd, Venfleet Products Ltd y Venfleet Ltd. En febrero, la orden de entregar sus recursos a los demandantes fue suspendida a última hora, pues por primera vez se hicieron parte dos abogados que decían ser apoderados legales de la estatal (Terrance Flynn y Marcos Daniel Jiménez). Se comprobó que fueron nombrados desde Caracas por un consejo general que responde a los intereses del gobierno de Maduro.
En marzo, tocaron las puertas del tribunal neoyorkino Claire A. DeLelle, Kimberly Anne Havlin, Nicole Erb y Timothy L. Wilson, Jr del bufete White & Case, alegando que representaban al directorio ad hoc de la estatal, designado por Juan Guaidó.
El juez Lawrence Vilardo se vio entonces en una situación insólita: determinar cuál de los abogados representaba realmente a Pdvsa, con miras en el litigio sobre su relación con las FARC.
Antes de sentenciar sobre este asunto, el magistrado sugirió la posibilidad de que los dos bufetes cooperaran para intercambiar información, en aras de preservar los intereses superiores de la estatal, de la que Venezuela obtiene buena parte de su renta. Al final, esta alternativa fue descartada, pues los enviados por el régimen de Maduro se negaron, según consta en el expediente.
Vilardo acogió entonces la tesis según la cual el reconocimiento de Guaidó como presidente interino por parte de Estados Unidos fue un “acto de Estado”, que los tribunales no están facultados para cuestionar. Sobre esa premisa, los abogados de White & Case tomaron las riendas de la defensa de Pdvsa. Pero el juez se negó a otorgarles la prórroga solicitada de seis meses para estructurar mejor sus argumentos, tomando en cuenta que los demás litigios que involucran a la estatal o sus filiales también están paralizados, y que los abogados no han entregado ninguna prueba convincente que asome la posibilidad de un cambio político en Venezuela.
El 11 de mayo, el juez Vilardo fijó un plazo de 45 días como máximo para que los nuevos defensores planteen argumentos que saquen a la estatal petrolera de la esfera de los guerrilleros. En otros 30 días el demandante neogranadino deberá presentar su réplica, y en las dos semanas siguientes se emitirá una sentencia.
Corre el lapso para que los enviados de Guaidó deshagan en los tribunales estadounidenses los enredos ocasionados por la relación del régimen con las FARC, aunque sin tener acceso real a la información que permitiría sustentar sus afirmaciones.
Breves
√ En la primera mitad de 2021 la violencia penitenciaria se trasladó desde los internados judiciales a los retenes policiales. Hubo 63 víctimas en total, entre muertos y heridos, muchos de ellos en condición de gravedad. De ellas, 33 % permanecía en instalaciones del estado Monagas, especialmente en el retén de la policía regional en Maturín. Además, hubo cinco muertes en distintos hechos reportados en el Internado Judicial de La Pica y una en celdas de la policía judicial.
Mérida fue el segundo estado con la cifra más elevada de presos ultimados en este lapso, con trece.
Las armas de fuego no han sido erradicadas de los reclusorios. Durante este lapso, hubo por lo menos doce muertes ocasionadas por el paso de proyectiles. El caso más sonado fue un doble homicidio en el retén de la policía regional de Portuguesa, ubicado en Turén. Las víctimas en este hecho fueron los líderes de los presos, ultimados por un grupo que pretendía un “cambio de mando”.
√ El 1 de junio, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó una condenatoria contra dos personas señaladas de contrabando de oro y lavado de dinero producto de este comercio. Se trata de una investigación referida a hechos antiguos. Sin embargo, arroja alguna luz para comprender el camino que sigue el metal precioso extraído del Arco Minero.
En primer lugar, de acuerdo con un testigo interrogado por la policía “el oro provenía de las minas venezolanas (…) el estado ha cedido unas tierras al sur del estado de Bolívar en concesión a PMG, Rusoro y las cooperativas (…) estas empresas extraen el material antiguo”. Pero el metal sale del país gracias a un conjunto de actos de corrupción con los encargados de supervisar la actividad extractiva. Según la sentencia, esto tiene dos propósitos: facilitar la salida del mineral, y establecer un origen distinto mediante documentos falsos, para eludir los controles internacionales con respecto al oro venezolano.
“La forma en que se ha llevado a cabo el transporte del oro desde Venezuela (pago de sobornos, transporte del oro fuera de la vista de las autoridades en barco o avión) y la preparación y uso de documentos falsificados para disfrazar el origen solo puede entenderse con el objetivo de eludir la licencia de exportación. Las pruebas muestran que el propio sospechoso se refirió al comercio en cuestión como «contrabando directo», señaló el juez de la causa. En el expediente fueron documentados diecinueve envíos de oro, que totalizaron más de 1,2 toneladas. Una vez en las Antillas, era colocado en jets de KLM con destino en Amsterdam. Y de allí lo trasladaban a Amberes (Bélgica), donde operan importantes comercializadores mundiales de este metal. En el expediente fueron consignadas las transcripciones de conversaciones telefónicas en las que los implicados manifiestan que el oro surge de una relación con criminales de varias nacionalidades que operan en Venezuela.
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