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Guardia Nacional Bolivariana

GNB impide el paso a venezolanos en la frontera con Colombia
Un ciudadano llamado Elmar, declaró al medio La Opinión y criticó que Migración Colombia imponga el “pico y cédula” para ingresa

A pesar de que Colombia autorizó la apertura gradual de la frontera con Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el paso de los ciudadanos este miércoles, 2 de junio.

A las 7:00 de la mañana del miércoles, funcionarios de Migración Colombia retiraron las vallas que impedían el tránsito peatonal a través del puente internacional Simón Bolívar.

Varios medios de comunicación colombianos reportaron cómo venezolanos estaban sentados, con maletas y bolsas, luego que la GNB les impidió ingresar a Venezuela.

“No hay paso, nada, Venezuela no quiere abrir”, dijo una mujer que caminaba y fue grabada por Norte Noticias.

Asimismo, una mujer que caminaba regreso desde la mitad del puente hasta Colombia nuevamente dijo al mismo medio: “Nos dejaron pasar”.

“Mi hijo se llama Evenin Ochoa. Está bastante mal del ojo. Tiene una cita médica con Carlos Iván Pérez en la clínica Peñaranda. Le dieron la cita un día antes para respetar el paso en Colombia y la GNB no lo deja pasar. ¿Tiene que cojear para que lo dejen pasar? No puede ser posible”, dijo una señora angustiada a W Radio.

También, un hombre llamado Elmar, declaró a La Opinión y criticó que Migración Colombia imponga el “pico y cédula” para ingresar incluso para las personas que necesitan ir al médico.

La autorización de abrir la frontera por parte del gobierno de Iván Duque comenzó a regir este miércoles, pero sin la aprobación del régimen de Maduro.

En Sucre se registró una víctima cada tres días durante segundo semestre de 2020
La ONG Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui contabilizó 50 presuntas ejecuciones extrajudiciales 

Desde el 1ero de julio hasta el 31 de diciembre de 2020 fueron contabilizadas 50 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Sucre, lo que significaría la muerte de un ciudadano cada tres días a manos de efectivos de fuerzas de seguridad, así lo informó el director institucional de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, quién además detalló que 48 de estas personas eran hombres y 2 mujeres.  

Sucre, dónde se encuentra ubicada la capital de la entidad, fue la localidad que lideró este tipo casos con la mitad de las muertes (25), seguida de Andrés Eloy Blanco y Bermúdez, con seis fallecidos cada uno.

En el resto de los municipios el registro de muertes quedó de la siguiente manera: Andrés Mata: 3, Arismendi: 3, Cruz Salmerón Acosta: 3, Montes: 1, la comunidad de Chúpere, ubicada entre la
frontera entre Ribero y Mejía, un caso, mientras que en Ribero: 1 y Valdez: 1. 

En cuanto a la presunta responsabilidad de estas muertes, se encontrarían inmiscuidos funcionarios del Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes), con 16 fallecidos.

Asimismo se registró la muerte de seis ciudadanos tras la participación de una comisión mixta integrada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES).

Otras seis muertes ocurrieron en manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). La organización también registró la muerte de 5 personas en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), otras 5 perdidas en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Entre estos hechos lamentables también perdieron la vida tres ciudadanos tras la
acción en conjunta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el
Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas). 

Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 16 y 39 años, situación que Magallanes calificó como “realmente grave” debido a que va contra el derecho a la vida de todos los ciudadanos, el número de víctimas, el irrespeto a las normas por parte de los funcionarios de seguridad, y además la existencia de casos de menores de edad.

El representante de la ONG precisó que estos casos han sido elevados a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Octubre cierra con siete presuntas ejecuciones extrajudiciales en Sucre
La policía del estado es el principal victimario de acuerdo a la Fundación de Derechos Humanos 

Durante octubre de 2020 la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoategui  (FDDHHANZ) contabilizó siete presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Sucre, informó el director de la institución, Alcides Magallanes, quién reiteró que este tipo de actuaciones van contra el derecho a la vida y contra la misión y visión real de los cuerpos de seguridad del Estado. 

Tan solo en el municipio Sucre, región en la que se ubica la capital de la entidad oriental, se registraron seis de las muertes, siendo la Policía del estado Sucre responsable de dos pérdidas humanas e institución que desde julio hasta noviembre ha enlutado familiares y amigos de 13 ciudadanos. Las otras cuatro personas murieron en manos de la Policía del Municipio Sucre (IAPMS) (1), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) (1), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) (1) y  las Fuerzas de Acciones Especiales (1). 

Asimismo perdió la vida un joven de 18 años en Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta, durante un presunto enfrentamiento con una comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

En cuanto a esto Magallanes precisó que es necesaria la humanización y reinstitucionalización de los cuerpos de seguridad en el país e informó que los casos serán elevados a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Caracas.

35 personas han muerto en tres meses a manos de funcionarios en Sucre
El Instituto Autónomo Policía del estado Sucre lideró las prácticas de vulneración a la vida

Al menos 35 personas han muerto en manos de funcionarios de seguridad en el período correspondiente a julio, agosto y septiembre de 2020 (tercer trimestre) en el estado Sucre, así fue registrado por el Observatorio de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en Sucre, Nueva Esparta y Monagas. 

El Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes) lideró éstas prácticas de vulneración a la vida con nueve ciudadanos fallecidos, mientras que le siguen la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) con seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con cinco víctimas. Los municipios con más registros de exceso policial fueron Sucre, con 15 casos y Bermúdez y Andrés Eloy Blanco con seis casos cada uno.

 El director institucional de la ONG, Alcides Magallanes, aseguró que continuarán trabajando en honor a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y familiares, y para que éste tipo de actividades cesen en los organismos de seguridad ya que en ningún lugar del mundo deberían existir organizaciones que actúen como cuerpos de exterminio. 

Magallanes indicó que los casos serán elevados a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la capital venezolana, Caracas

Por otra parte recalcó la necesidad de que el Estado adopte de inmediato las recomendaciones de  Naciones Unidas para Venezuela, para que entre mucho de los objetivos de las mismas, esté evitar nuevos crímenes y violaciones, que inicien las investigaciones exhaustivas, transparentes e imparciales y sean sancionados los involucrados.

DDHH olvidados | Un corazón que volvió a latir
Cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2017, Óscar se unía a las manifestaciones para mostrar su descontento
La oficina de Acnudh señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos en dichas protestas

Carmen Ruiz estaba en su casa en Puerto La Cruz cuando un amigo le escribió por Facebook para preguntarle si conocía a un joven que tenía agregado entre sus contactos. “Él es mi hijo”, le contestó. El siguiente mensaje que recibió le heló la sangre: “Está herido”. 

La angustia la invadió. Quería salir corriendo, pero no encontró ningún transporte que la pudiera llevar a la capital. Estaba desesperada, pero no tenía otra opción. Tuvo que esperar al día siguiente mientras miles de preguntas revoloteaban en su mente porque nadie le explicaba la gravedad de lo sucedido ni el estado de su hijo.

En una calle de Altamira, en medio de una protesta antigubernamental en Caracas, el corazón de Óscar Navarrete había dejado de latir. Una bomba lacrimógena impactó en el lado izquierdo de su pecho y le provocó un paro cardiorrespiratorio. El 18 de mayo de 2017, el joven estuvo sin signos vitales por 40 minutos. 

La gente que tenía alrededor lo montó en una moto y fue trasladado a una clínica cercana en el este de la ciudad. Los médicos le practicaron reanimaciones pero no respondió ni al primero, ni al segundo, ni al tercer intento. “Ellos acostumbran a hacer tres reanimaciones, pero a él le practicaron cuatro”, cuenta su madre. Cuando ya no había muchas posibilidades de que reaccionara, Óscar lo hizo. 

El muchacho quedó en estado de coma. Pasó unos cuantos días en terapia intensiva y cuando lo movieron a una habitación tras mostrar una pequeña mejoría, un segundo paro cardíaco hizo que estuviera otros 25 minutos sin signos vitales. Hicieron las segundas maniobras de reanimaciones para regresarle el aliento.

Los doctores fueron directos con el diagnóstico: “Tu hijo va a quedar en estado vegetal”. Con todos los pronósticos en contra, Carmen se negaba a aceptar la idea de que ya no había más nada que hacer por él. Tampoco hizo caso de la sugerencia de desconectarlo de las máquinas. Ella pensaba que si Dios le había dado una segunda oportunidad a Óscar, más nadie le podía arrebatar la vida de esa manera.

En esas condiciones fueron trasladados a un centro de rehabilitación de un hospital público para iniciar con las terapias para recuperar la movilidad. Carmen cambió las paredes de su habitación por las del centro de salud. No se separaba de su hijo, a quien atendía y cuidaba a tiempo completo con paciencia y amor. 

Óscar fue reaccionando poco a poco al tratamiento fisiátrico. Al inicio estuvo con la mirada perdida, sin moverse, sin reaccionar a las terapias. Le pusieron un gastrostomo y un trasqueostomo porque no podía comer ni respirar por sí mismo. No caminaba y tampoco hablaba. 

La primera señal de su recuperación fue cuando su mirada tuvo intención. Empezó a buscar a la gente y a seguirles el paso con los ojos. Carmen vio la diferencia en su hijo y lo supo: Óscar estaba saliendo del estado vegetativo.

Volver a nacer

Óscar Navarrete se había mudado a Guarenas con sus abuelos en búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales. Tenía 18 años y estudiaba el último año de bachillerato. Cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2017, él se unía a las manifestaciones para mostrar su descontento. A veces iba con algunos miembros de su familia, a veces solo. 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó 6.729 manifestaciones entre abril y julio de 2017 en todo el territorio nacional. Es decir, 56 protestas diarias. 

El 18 de mayo, en una actividad llamada “marcha contra la represión”, Óscar vio a la cara el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado cuando una bomba lacrimógena disparada a quemarropa, a menos de 10 metros de distancia, le golpeó el pecho. Manifestantes y paramédicos le contaron a Carmen que el responsable había sido un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

El joven es parte de los 4.000 heridos en las protestas de 2017, estimación realizada por la organización Foro Penal Venezolano. En un informe señalaron que el impactar con bombas lacrimógenas directamente hacia el cuerpo de la gente representa una “conducta de represión sistemática y agresiva” que poco tiene que ver con la intención de dispersar manifestantes, “sino más bien de causarles heridas y contusiones de gravedad”. 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos en dichas protestas, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios que fue generalizado y siguiendo un patrón común. 

“Desde que comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de barreras para separar a las personas que participaban en las protestas”, reza el informe publicado en 2017. Señalaron que la GNB empleó el grado de violencia más alto contra manifestantes. 

Según cálculos de médicos registrados en el informe de Acnudh, entre 10.000 y 12.000 personas pudieron haber sido lesionadas en los primeros 100 días de protestas. 

Mientras estaban en la clínica, durante los primeros días después de lo ocurrido, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se acercó al sitio en busca de Óscar para llevárselo preso. “Ellos creían que mi hijo estaba mejor”. Lo querían imputar por agravio a la propiedad del Estado. Carmen hizo la denuncia en el Ministerio Público, pero hasta la fecha no han recibido respuestas ni han sido identificados los culpables.

Desde ese día de mayo de 2017, la vida de Óscar no volvió a hacer la misma. No pudo continuar con sus estudios, su sueño de estudiar criminología para parecerse a los personajes policiacas de sus series de televisión quedó suspendido.

Una vez superado el diagnóstico del estado vegetal, el joven tuvo que aprender todo otra vez desde cero: caminar, comer, hablar, escribir. Por culpa de un edema cerebral tras pasar tantos minutos sin signos vitales, tampoco recuerda lo que pasó hace tres años cuando salió a protestar y cayó herido. Ha recuperado algunos recuerdos, pero hay muchos momentos que siguen en blanco. Todavía se le complica registrar nuevas memorias a corto plazo: si hace algo, es probable que se le olvide al poco tiempo. 

El camino de la recuperación no ha sido fácil. Los pasos que ha dado han sido poco a poco, pero no han sido suficientes. La lucha ha sido a largo plazo.

Al año de estar en el centro de rehabilitación, fueron desalojados. El director del hospital se había enterado que un joven de las protestas estaba en el sitio. La orden fue recoger sus pertenencias y salir de ahí, sin haber recibido el alta médica y sin haber completado sus terapias. “Nos corrieron como unos perros”. Pasaron un tiempo en Guarenas, hasta que regresaron a su hogar en el estado Anzoátegui.

A partir de ahí, el proceso de mejoría se hizo más cuesta arriba. Carmen no cuenta con los recursos económicos para costear tratamientos, pastillas, inyecciones, exámenes, consultas, rehabilitaciones. Incluso para trasladarse hasta Caracas para sus terapias. Muchas veces, pide donaciones o colaboraciones para cubrir los gastos de Óscar, aunque en ocasiones puede pasar tiempo sin tomar un medicamento o hacer un ejercicio.

Y aunque ha avanzado, tres años después su recuperación no ha terminado. Hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Carmen no deja de luchar ni un minuto por el bienestar de su hijo y no pierde la esperanza de que se haga justicia.

Denuncian abusos de militares a ciudadanos en gasolineras
Aseguran que usuarios, que pasan horas e incluso días de cola para surtir combustible, son desalojados del lugar bajo amenazas o sobornados para poder permanecer en la fila

La oposición denunció los «abusos» que comenten los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra los usuarios de las gasolineras, quienes tras hacer horas e incluso días de cola para repostar son desalojados del lugar bajo amenazas o sobornados para poder permanecer en la fila.

Venezuela enfrentó entre finales de marzo y mayo pasado varias semanas de una grave escasez de gasolina que mantuvo a miles de conductores en largas filas durante días para poder repostar hasta que llegaron, a finales de mayo, cinco buques con combustible iraní que abastecieron las estaciones de servicio.

Pero en las últimas semanas la escasez amenaza de nuevo y las colas interminables vuelven a ser parte del panorama venezolano, especialmente en las gasolineras que venden combustible subvencionado.

Con la vuelta de las filas de vehículos a la espera de surtir regresaron también los abusos, ya denunciados por numerosos usuarios en marzo y abril, que aseguraban que los funcionarios de la GNB les pedían dinero para poder permanecer a la espera de su turno o los desalojaban del lugar.

Nicolás Maduro aseguró entonces que tomaría medidas al respecto y averiguaría qué funcionarios se estaban lucrando a costa de la necesidad de los venezolanos, pero los abusos, si bien disminuyeron al reducirse la escasez y no haber largas filas, no desaparecieron.

Ahora, ante el temor a quedarse nuevamente sin gasolina, volvieron las colas y con ellas, según la oposición, los abusos de autoridad por parte de los funcionarios que sin explicación alguna amenazan a los usuarios.

La Asamblea Nacional alertó esta misma semana de que se están agotando las opciones para que el país caribeño pueda abastecerse de gasolina, un recurso que ya no produce pese a su amplia capacidad instalada y su materia prima.

La reciente incautación que hizo Estados Unidos de cuatro buques cargados con gasolina que navegaban hacia Venezuela para abastecerse de nuevo sembró el pánico entre los ciudadanos ante la posibilidad de volver a vivir lo ocurrido en marzo y mayo.

El cargamento que llegó en mayo supuso nuevas normas para la distribución del combustible, incrementando su precio hasta 0,50 dólares por litro, cuando antes de la crisis un solo dólar era suficiente para llenar los depósitos de miles de vehículos.

Además, la obligación de pagar el combustible en divisa en las estaciones de servicio no subvencionadas desarmó a miles de venezolanos sin acceso a dólares.

La opción que les queda es hacer cola durante horas o días en las escasas gasolineras que el Gobierno dejó con subvención, a un precio de 5.000 bolívares (0,0000035 dólares) el litro.

GNB mató a un hombre e hirió a otro en medio de pelea en bomba de gasolina en Anzoátegui
Tras la muerte de Carlos Chaparro, un grupo de personas saqueó la vivienda y un local comercial del militar

 

Todo comenzó este sábado, 25 de julio, alrededor de las 3:00 pm, cuando un grupo de militares permitió la entrada de varios vehículos a la estación de servicios Buenos Aires, en el municipio Aragua de Barcelona, al centro de Anzoátegui. De acuerdo con El Pitazo, el sitio estaba cerrado y a las afueras aguardaban desde hace 17 días personas que esperaban echar gasolina a sus carros. La situación enfureció a los que esperaban y comenzó el reclamo. 

Así inició una disputa que incluyó botellazos y terminó en balacera. Un guardia nacional (GNB), identificado como el capitán Carlos Borregales, presuntamente disparó contra la multitud y mató a Carlos Enrique Chaparro, de 47 años, e hirió a Cristóbal Ruíz, de 51.

 

Tras la muerte de Chaparro, una multitud saqueó la casa del militar en horas de la noche, así como un local comercial de su propiedad, de acuerdo a lo que reseña Diario El Vistazo.

Pasadas las 10 pm del sábado, el fiscal general de la República designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, designó a fiscales para que se esclarezca el caso.

 

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina
Conductores pasan días haciendo cola para surtir gasolina

Durante el proceso de cuarentena, por la presencia de la pandemia Covid-19 en el país, la escasez de la gasolina ha generado largas colas, que se prolongan hasta por tres días. La situación tiene en mayor descontento a los venezolanos y los índices de violencia en el estado Aragua han aumentado.

En las estaciones de servicio de la entidad se registran interminables colas para surtirse de gasolina; al parecer, la prioridad ante la emergencia sanitaria sólo la tienen los militares. Los médicos y enfermeras caminan hasta 48 kilómetros diarios para ir a su sitio de trabajo y regresar a sus hogares, desde San Juan de los Morros -en Guárico- hasta el Hospital Nuestra Señor de la Caridad, ubicado en San Sebastián de los Reyes en Aragua, ante la ausencia de transporte público.

El pasado 27 de abril, tras varios días de cola para obtener el combustible y ante la imposibilidad de abastecerse, los aragüeños protestaron con quema de objetos en la vía de Turmero, municipio Santiago Mariño.

Así mismo, el ex concejal del municipio Sucre, en Aragua, Simón García -mejor conocido como “Pipo”-, fue detenido al protestar por las irregularidades en el suministro de gasolina en el estado, ya que tenía una semana en la fila y el combustible no llegó. Además, 5 personas más fueron privadas de libertad por, presuntamente, la misma razón, según confirmó la abogada del Foro Penal, Zuleima Siso. Por otra parte, el 1 de mayo, la Policía de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disolvieron una protesta con bombas lacrimógenas en el sector de La Barraca en Maracay, concentración que estuvo motivada por las irregularidades en el surtido de gasolina correspondiente al terminal de placa vehicular que inició el 27 de abril.