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Guardia Nacional Bolivariana

Codehciu registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar en el primer trimestre del año
La Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo que sumó más víctimas 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó que registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de este 2022 en el estado Bolívar.

La ONG destacó que en marzo falleció un hombre identificado como Julio José Hurtado Mosquett, mientras estaba bajo la custodia del Estado.

«Murió por complicaciones de salud en el hospital Doctor Raúl Leoni Otero tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix», indicó Codehciu.

Asimismo, recordó que el pasado 30 de marzo el Diario Primicia reveló que trasladaron al hombre debido a que presentó complicaciones de salud por una úlcera.

«Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras. Una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos policiales o militares quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima», enfatizó la organización.

Ejecuciones en presuntos enfrentamientos

Añadió que, además de la muerte de este privado de libertad, otros 20 hombres fueron asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.

«La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo a medios de comunicación regionales hecho por Codehciu», indicó.

Y precisó que efectivos de la GNB estuvieron involucrados en seis presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales. A ello, se suman otras seis en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Enfrentamiento en El Callao

«El hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao. En este murieron seis hombres por arma de fuego. Supuestamente eran integrantes de la banda delictiva el Perú», denunció la ONG, que agregó que en el hecho estuvieron involucradas la GNB y la Dgcim.

De acuerdo con el reporte, el siguiente órgano policial involucrado en mayores números de ejecuciones en Bolívar fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con tres.

Por último, se registró una presunta ejecución por parte de cada uno de los siguientes cuerpos: el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO).

10 víctimas sin identificar

La ONG puntualizó que las 21 presuntas ejecuciones corresponden a 5 de enero, 9 de febrero y 7 de marzo. Y señaló que de todas las registradas en el primer trimestre, 10 no fueron identificadas en los reportes de prensa.

«Se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos», aseguró.

Destacó que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y que a su vez, los municipios más violentos son El Callao, Sifontes y Roscio.

Finalmente, Codehciu exhortó al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas.

«Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos», expresó.

 

Claves | Análisis determina que la represión calculada del gobierno podría configurar un crimen de lesa humanidad
Las detenciones arbitrarias, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado. Esto lleva a creer que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional 

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional publicaron una nueva investigación en la que se analizaron los datos de actos de represión en Venezuela.

El estudio identificó los distintos patrones en los que las detenciones arbitrarias por motivos políticos se correlacionan con las estigmatizaciones de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos.

.»Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La investigación, titulada: «Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela», se llevó a cabo a lo largo de más de un año.

El estudio analizó los registros del Foro Penal y el CDJ, ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos basadas en Caracas. A estos datos de las organizaciones, que abarcan el período desde enero de 2019 hasta junio de 2021, se le aplicaron distintos modelos estadísticos como la correlación de Pearson, y otros de analítica descriptiva como análisis evolutivos y distribución de frecuencias porcentuales. Los modelos estadísticos fueron validados por un proceso de revisión de pares (peer review).

A continuación, algunas claves del análisis hecho por las organizaciones: 

Estigmatización para deslegitimar

Las estigmatizaciones son la caracterización de personas defensoras como “terroristas”, “enemigas del Estado” u “oponentes políticos” por parte de autoridades y medios de comunicación estatales. Estas se usan para deslegitimar su trabajo, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones a derechos humanos.

Medios del gobierno, canales de la estigmatización

El CDJ ha registrado eventos de estigmatización en contra de defensores de derechos humanos entre enero de 2019 y junio de 2021 en Venezuela, a través de medios de comunicación, públicos y privados, que tienen vínculos con el gobierno. Estos utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

El Mazo Dando fue la fuente que más emitió discursos con estigmatizaciones, ocupando 20,4% del total registrado. Le sigue Misión Verdad con 15,1% y Lechuginos con 9,8%.

Las fuentes mencionadas anteriormente son las que realizaron más estigmatizaciones tres días antes de que se llevaran a cabo detenciones arbitrarias entre enero de 2019 y junio de 2021.

En 486 detenciones arbitrarias, el portal web “Misión Verdad” había realizado estigmatizaciones tres días antes de que sucediera el arresto. En el caso del programa televisivo «Con El Mazo Dando» se registraron 481 casos donde ocurrió lo mismo, y en alrededor de 100 casos, los arrestos se producían tres días después de que el portal «Lechuguinos» publicara información estigmatizante.

Detenciones arbitrarias «sistemáticas y generalizadas» y con la discriminación política como trasfondo

Para que una detención sea considerada arbitraria se toma en cuenta la forma en que se practica, que suele ser sin orden judicial, y también la falta de garantías al debido proceso.

En Venezuela, las detenciones arbitrarias por motivos políticos han sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales. Ellas, y otros crímenes de derecho internacional, son cometidos como parte de un curso de acción que ha demostrado ser sistemático y generalizado. Esto lleva a creer que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

La naturaleza arbitraria de las detenciones ha sido ampliamente documentada, pero los hallazgos de este informe indican con mayor certeza el carácter de discriminación política detrás de ellas.

En el período bajo análisis se documentaron más de 1200 detenciones arbitrarias.

Detenciones arbitrarias como consecuencia de las estigmatizaciones

La correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones llegó hasta a 77% en 2021. Mientras que en 2020, era 42% y, en 2019 29%.

Las organizaciones consideran que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución, por lo que las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos.

FAES, el cuerpo de seguridad que más practica detenciones arbitrarias

Las detenciones arbitrarias por motivos políticos son practicadas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, entre ellos: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La DGCIM, de índole militar, se ubica como el segundo cuerpo de seguridad en realizar detenciones arbitrarias cada año.

Otra progresión importante ha sido cómo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB han aumentado las detenciones que han realizado. En 2019 ocupaban el quinto lugar de cuerpos de seguridad que detuvieron de manera arbitraria, para el 2020 fueron el tercero y en 2021 se coloca como la primera fuerza de seguridad en llevar a cabo las detenciones arbitrarias.

El SEBIN, que depende del Poder Ejecutivo, y la DGCIM, que depende funcionalmente del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir del presidente de la República, y administrativamente del Ministerio de la Defensa, han fungido como órganos represores del gobierno de Maduro.

¿A quiénes afecta la dinámica represiva?

La dinámica de la represión en Venezuela se ha dirigido contra un grupo determinante de personas, que son aquellas percibidas como disidentes u opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.

En Venezuela, los medios de comunicación han sido sometidos a un control administrativo que ha implicado el cierre y la descontinuación de concesiones. En paralelo, los medios de comunicación públicos, financiados por el presupuesto estatal, y otros medios de comunicación de línea editorial cercana al partido de gobierno, han proliferado.


Puedes leer el análisis completo aquí.


#MonitorDeVíctimasCaracas | Raúl Medina fue asesinado por civiles armados durante operativos policiales en Petare

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la morgue de Bello Monte, luego de las incursiones policiales que se desplegaron en la comunidad del municipio Sucre, entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero. Además, se registró una víctima asociada a estos hechos.

 

@Yohanamarra / Foto: Carlos Ramírez

Raúl Medina Durán, de 25 años de edad, fue asesinado por civiles armados, en la parte alta del sector San José de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Eran las 7:00 p. m. del miércoles 2 de febrero cuando por lo menos tres hombres llegaron a la zona a bordo de un vehículo blanco, cuatro puertas, y dispararon a quienes estaban en la zona. Llevaban la música a alto volumen.

Según la versión que dieron los testigos a la familia de Raúl, él corrió junto con los vecinos que estaban a esa hora en la calle, incluso niños. De acuerdo con el acta policial, la víctima recibió un impacto de bala, pero aún el sábado 5 de febrero a sus parientes no les habían suministrado más detalles de lo sucedido.

“Cuando formalizamos la denuncia no nos dijeron nada. Uno de los funcionarios me dijo que fue la Policía Nacional Bolivariana en un supuesto enfrentamiento”, detalló un pariente, quien por medidas de seguridad no quiso revelar su identidad.

Entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero se desplegaron varios operativos de la Policía Nacional Bolivariana en Petare, que dejaron al menos 11 muertos, según fuentes extraoficiales.

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la medicatura forense de Bello Monte, entre ellos el de una mujer. Adicionalmente se identificó a un adolescente, de 14 años, asociado a estos operativos en la zona.

Las incursiones, presuntamente, eran para capturar a los miembros de la megabanda que lidera Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, involucrada en delitos de extorsión, homicidios y venta de drogas, y a integrantes de la banda de Los Chicorrios. Ambas se disputan frecuentemente el control territorial en Petare.

Raúl vivía con una tía en San José y trabajaba como obrero. Su familia comentó que en el acta de defunción escribieron que al joven lo asesinaron en el barrio 5 de Julio de Petare, específicamente en el sector La Y, pero aseguran que no fue ahí: “Prácticamente nos obligaron a dejar en el acta que fue en esa zona, pero esa zona no está cerca”.

En el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias fue asesinado Anderson Luis Carmona, de 27 años de edad. Su mamá, Yamileth Ramírez, fue testigo. Y su versión coincide con la que brindaron los parientes de Raúl: hombres vestidos de civil llegaron a bordo de un carro, con la música a todo volumen, y dispararon.

“Pensábamos que eran malandros, pero luego supimos que eran policías, por sus armas”, dijo la madre de la víctima.

Nueva incursión policial en Petare

Este sábado 5 de febrero se registró otro operativo, de comisiones mixtas, en distintas zonas de Petare. Fuentes policiales indicaron que fue asesinado un hombre apodado Chiripa, quien presuntamente es familiar de Wilexis Acevedo.

También fue asesinado un joven de 19 años, quien recibió una bala perdida en el cuello cuando salió a comprar jabón, pues en su casa lavaban.

Vecinos contaron al Monitor de Víctimas que la noche del sábado estaban tomados por los cuerpos de seguridad algunos sectores de José Félix Ribas, La Bombilla, Julián Blanco, barrio Bolívar y 5 de Julio. “No sé cómo haré para llegar a mi casa”, dijo una fuente.

Señalaron la presencia de funcionarios de la PNB, de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En mayo de 2020 comisiones mixtas entraron en la comunidad para atrapar al Wilexis, pero no lo hallaron. Luego, en noviembre de ese mismo año, lo hirieron en un operativo, pero no resultó detenido. Habitantes de la zona aseguran que este hombre camina por la comunidad libremente.

#MonitorDeVíctimasCaracas | Señalan a un GNB de asesinar de un tiro a un adolescente en El Paraíso
Una tía del joven pide que el caso no quede sin investigación

@SandraGuerrero1 / Foto: Carlos Ramírez

 

Estefani Figuera acudió hoy a la morgue de Bello Monte para retirar el cadáver de un sobrino, de 15 años, quien murió a causa de un tiro que presuntamente le disparó un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en el pecho.

El hecho ocurrió el viernes pasado, 21 de enero, cerca del Club de la GNB en El Paraíso, y la familia se enteró este lunes.

De acuerdo con la versión oficial, el adolescente se habría abalanzado encima del uniformado con un cuchillo y este respondió accionando su arma de fuego.

Figuera admitió que su sobrino observaba una conducta irregular y que tenía tres años en situación de calle.

En el transcurso de estos años, el muchacho, en varias oportunidades, estuvo recluido en la Fundación Otro Enfoque y en otras instituciones que se encargan de los adolescentes en situación irregular.

Figuera agregó que su sobrino fue detenido por la GNB junto con un amigo, y que fue este lunes cuando el joven quedó en libertad y le avisó a la familia del adolescente lo que había ocurrido.

La tía del adolescente manifestó que quisiera que hubiese una investigación sobre el caso.

Luego se preguntó cómo iba a tener fuerza para írsele encima a un guardia nacional con un cuchillo y que el funcionario pudiera desenfundar su arma de fuego.

“Le disparó en el pecho. Le dio en el corazón y acabó con su vida”, lamentó.

Recordó que hace siete años una comisión de la GNB le quitó la vida a un tío de ella cuando este dormía.

“Cómo se iba a enfrentar si estaba durmiendo”, se preguntó Figuera.

Matan a comunicador y líder social en Apure luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar DD. HH.
En medio del conflicto armado que se desarrolla a ambos lados de la frontera colombo-venezolana desde el inició de 2022, y que ha dejado más de 30 muertos, destaca el homicidio de José Urbina
El activista y comunicador popular fue asesinado luego de ser amenazado por un teniente coronel de la GNB, a quien denunció por encabezar una ola de detenciones arbitrarias en busca de presuntos miembros de una categoría criminal denominada por Nicolás Maduro como «Tancol»
Este homicidio guarda similitud con los casos de José Odreman (2014) y Dorancelys Tocuyo Martínez (2021)

El dirigente José Urbina fue asesinado de varios disparos la noche del 10 de enero en la localidad de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo del estado Apure, luego de denunciar en un video que había sido amenazado públicamente por el teniente coronel Ramón Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en esa localidad.

Urbina era comunicador popular en la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, líder social y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y había cuestionado una serie de detenciones arbitrarias contra habitantes de Puerto Páez que calificó como «falsos positivos» y que fueron ordenadas por Sánchez. 

El activista y comunicador acusó al militar de detener a personas inocentes con el argumento de que eran miembros de grupos «Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (Tancol)», una categoría creada por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2021 para identificar a supuestos criminales colombianos, los cuales históricamente han sido conocidos como guerrilleros (ELN), exguerrilleros (Disidencias de las FARC y FARC Segunda Marquetalia) y narcotraficantes.

En principio, se dijo que José Urbina, quien militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había sido asesinado justamente por miembros de estos grupos armados no estatales que operan entre Apure y Arauca (Colombia), en medio del sangriento enfrentamiento que vienen librando desde finales de diciembre de 2021 y comienzos de 2022 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Pero el martes 11 de enero comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a Urbina advertir sobre la amenaza que había recibido del militar. 

Aunque todavía no hay certeza sobre el móvil y los responsables del crimen ocurrido en un territorio marcado por el conflicto, la denuncia y el posterior asesinato del líder social guarda similitud con otros dos homicidios ocurridos en Venezuela en 2014 y  2021, donde las víctimas alertaron que sus vidas corrían peligro al ser amenazados por funcionarios gubernamentales.

En Venezuela ni videos, ni declaraciones públicas te salvan

Urbina no es la primera persona que hace una denuncia y, antes de ser asesinada, responsabiliza a funcionarios públicos por lo que le pueda ocurrir. 

Tal fue el caso de José Odreman, líder del colectivo Frente 5 de Marzo, que fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 7 de octubre de 2014, luego de haber responsabilizado en una transmisión de televisión a Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por cualquier cosa que le pudiera ocurrir. 

De acuerdo a Runrun.es, el 7 de octubre la policía científica, con sus efectivos de la Brigada de Acciones Especiales, ingresaron a la residencia Manfredir para hacer un allanamiento. Allí fue asesinado Carmelo Chávez, de 34 años de edad y miembro del colectivo Frente 5 de Marzo. 

Tras el asesinato, José Odreman declaró que el joven era el vigilante y había sido ejecutado mientras dormía. Odreman rechazó el allanamiento, pidió al ministro Rodríguez Torres, que cesara el ataque contra los movimientos sociales y realizó el señalamiento público contra el funcionario. 

Momentos después, en medio de un supuesto enfrentamiento con la policía, José Odreman fue ejecutado por uno de los jefes de la policía judicial, como fue captado en un video doméstico.

Un segundo caso similar fue el Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez, una mujer residente del municipio El Callao en el estado Bolívar, quien fue asesinada cinco días después de denunciar piblicamente al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado por irregularidades relacionadas con el uso del nuevo billete de 50.000 bolívares. 

El señalamiento de Tocuyo Martínez fue grabado mientras la mujer lideraba una protesta el 24 de mayo de 2021, en la que también señalaba al alcalde de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado, mientras que los habitantes pasaban hambre.

La mujer advirtió que si la mataban era responsabilidad del alcalde. Según La República, Tocuyo fue encontrada sin vida el 1 de junio de 2021.

Semejanzas o coincidencias

Es importante destacar que en todos estos casos hay varias similitudes:  

José Urbina, José Odreman y Dorancelys Tocuyo eran líderes sociales, denunciaron públicamente lo que consideraban atropellos cometidos por las autoridades contra personas de su entorno o de sus comunidades, mencionando incluso con nombre y apellido a los funcionarios a quienes consideraban responsables.

En los casos de Urbina y Odreman las denuncias estaban relacionadas con violaciones de derechos humanos, como lo son las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. También, ambas víctimas estuvieron políticamente vinculadas al chavismo.

En los tres casos los denunciantes alertaron sobre el riesgo que corrían sus vidas luego de hacer públicos los señalamientos contra los funcionarios. Sus declaraciones y advertencias quedaron registradas en videos y declaraciones televisadas que circularon en las redes sociales donde apuntaban hacía figuras del Gobierno. Todos mencionaron a quienes consideraron podrían ser sus potenciales victimarios. Sin embargo, esto no impidió que fueran asesinados.

Los casos de Odreman y Tocuyo están impunes, o al menos, los señalados por las víctimas no fueron considerados sospechosos, ni fueron investigados. El exministro Rodríguez Torres está en prisión pero por razones políticas. 

En el caso de Urbina, la posibilidad de que se haga justicia parece lejana en un estado donde desde hace más de un año se libra una batalla entre grupos criminales, entre las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y donde los casos de “falsos positivos” son cada vez más comunes.

Guardia Nacional detuvo a candidato alcalde en Bolívar
Carlos Chancellor fue liberado horas después de ser aprehendido este sábado 

Carlos Chancellor, candidato por la Plataforma Unitaria para la alcaldía del municipio Caroní en el estado Bolívar, fue detenido este sábado 25 de septiembre por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras llevaba a cabo una actividad de campaña en la comunidad bolivarense. 

La denuncia la hizo el ex diputado, Américo De Grazia. 

El candidato fue liberado horas después de haber sido recluido en el comando de la GN en el destacamento sur.

Chancellor ha sido aprenhedido en varias ocasiones por los cuerpos de seguridad del Estado. El último arresto se produjo en noviembre de 2020 en la isla de Margarita.

El candidato estuvo preso desde 2005 hasta 2011, pero fue excarcelado por un juez, sin embargo de acuerdo a De Grazia no ha sido sacado del sistema de solicitados por los cuerpos de seguridad. 

 

Denuncian ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU asesinato de presunta víctima de Guardia Nacional Bolivariana
Luis Guillermo Espinoza fue asesinado en las protestas de 2017

“Mi hijo y todos los asesinados injustamente merecen justicia”, Zulmith Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, asesinado por la GNB en 2017.

15 años de edad, hijo único, estudiante de 4to año de ciencias, con muchas cualidades y valores, dinámico, ocurrente, solidario, activo, feliz y gran amigo. Así describe Zulmith Espinoza a su hijo Luis Guillermo, quien fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en las manifestaciones del 2017.

Luis, quien era un estudiante con honores, tuvo una voz que exigiese justicia por él ante el 48°
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el diálogo
interactivo de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre
Venezuela.

Su madre, Zulmith Espinoza, quien con el apoyo de Defiende Venezuela presentó la historia y el caso de su hijo, expusó que cientos de venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos, enfrentan un patrón de impunidad estructural que niega el acceso a la justicia.

Dentro de su relato reseñó que, el 5 de junio 2017, su hijo de tan solo 15 años asistió a una
manifestación en ejercicio de sus derechos a la manifestación pacífica y de reunión. Agentes del Estado le ordenaron arrodillarse y lo amenazaron con asesinarlo, cuando intentó huir y le
dispararon con un arma de fuego en la cabeza.

“Luis Guillermo falleció el 13 de agosto de 2017 luego de luchar durante 2 meses ante un
sistema de salud decadente y el acoso de funcionarios del Estado que solo buscaban ocultar las
pruebas”, dijo Zulmith Espinoza ante el Consejo.

Cuando Zulmith se enteró de lo que había pasado con su hijo, Luis Guillermo, recuerda que se
dirigió inmediatamente al sitio donde le indicaron que estaba y al llegar encontró aglomerados
en la sala de emergencia a funcionarios del SEBIN y CICPC.

Durante los dos meses que estuvo internado en la UCI del hospital, Luis vivió la decadencia del
sistema hospitalario en el país, donde sin la alimentación necesaria llegó a ser un niño desnutrido. Siendo ese mismo niño, que se encontraba intubado, visitado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana constantemente, haciéndole vivir a él y a su madre tratos
inhumanos y degradantes que incluían amenazas por llamadas telefónicas.

Dentro de la Sesión de Consejo de Derechos Humanos, Zulmith expresó que: “El protocolo de autopsia se emitió 6 meses después de su muerte, y no refleja la presencia de esquirlas metálicas del proyectil encontradas en la tomografía inicial. En el 2018 introduje 3 escritos. El Estado asignó 2 fiscalías que en año y medio no realizaron ninguna investigación, además, hubo 4 cambios de fiscal”.

Su caso en el 2020 fue trasladado a Caracas y se cambió 3 veces de fiscal. Han pasado 4 años,
ha tenido 9 fiscales y el caso sigue en etapa de investigación. Hay 14 solicitudes de órdenes de
aprehensión que no han sido decretadas.

“En Venezuela no existe justicia. Es por esto que solicito a los miembros de este Consejo a que
sean más convincentes con el respaldo a La Misión. Mi hijo y todos los asesinados injustamente
merecen justicia”, finalizó Zulmith Espinoza.

GNB detuvo a Ramón Martínez, exgobernador del estado Sucre
Presuntamente, Martínez volvió a Venezuela con la intención de postularse como candidato a gobernador

Ramón Martínez, exgobernador del estado Sucre, fue detenido este viernes, 11 de junio, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

A través de la red social Twitter, el periodista Eligio Rojas informó que a Martínez lo detuvo la GNB en Ospino, estado Portuguesa.

De acuerdo con el comunicador social, Martínez tenía dos solicitudes por delitos de corrupción y tráfico de armas.

Ramón Martínez fue gobernador de Sucre de 1992 a 1998 y de 2000 a 2008, recuerda una reseña en el portal Poperopedia.

Asimismo, el político resultó electo por el extinto Movimiento V República, fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

También, fue uno de los fundadores del partido Podemos en el año 2002.

Martínez acompañó a Chávez hasta el año 2007, cuando rechazó el proyecto de reforma constitucional y rompió con el chavismo.

 

Además, en varias ocasiones fue demandado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador.

En diciembre de 2009 le dictaron una orden de detención y en 2010 la Contraloría de la República lo inhabilitó para asumir cualquier cargo público durante ocho meses.

Según reseña del portal Monitoreamos, Martínez volvió a Venezuela para postularse como candidato a gobernador, y tenía previsto reunirse en Caracas con el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez.