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ELN y Los Rastrojos intercambiaron disparos en Táchira durante los ejercicios militares
El reporte del gobierno venezolano habla de la captura de los tres paramilitares, pero no de los funcionarios que resultaron heridos y que fueron trasladados en los helicópteros de la Fuerza Armada, refiere Infobae

La alcaldesa de la localidad colombiana de Puerto Santander, María Virginia Torres, informó este domingo que la frontera colombo-venezolana fue cerrada desde el lado de nuestro país, específicamente en el puente internacional «La Unión», por enfrentamientos registrados por efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e integrantes de la banda delincuencial «Los Rastrojos».

Torres manifestó a la emisora La W en Colombia que el enfrentamiento se registró en Boca de Grita, municipio García de Hevia en el estado Táchira. Aseveró que «el comercio cerró sus puertas por la misma situación, en este momento está cerrado el puente internacional, la policía y el Ejército están haciendo su trabajo de resguardar la frontera colombo-venezolana».

Indicó que debido a esta eventualidad, se han atendido a más de 200 personas desplazadas por esta situación, aunque estiman que en el municipio más de 500.

Al parecer, tres ciudadanos resultaron heridos durante los enfrentamientos y atendidos en Puerto Santander, que según BluRadio, son dos colombianos y un extranjero.

El comandante de la Policía en Cúcuta, José Luis Palomino, confirmó que en efecto «es una confrontación entre el ELN y Los Rastrojos. Se reportan dos lesionados con arma de fuego que llegaron desde Venezuela a Puerto Santander y son atendidos» y que muchos de los desplazados provienen de Venezuela y llegaron a Puerto Santander, donde serán albergados en un coliseo.

«También se tiene conocimiento que algunas personas llegaron al lugar a desocupar establecimientos comerciales (…). Hay personas llegando en busca de refugio tras las detonaciones y el intercambio de disparos», añadió Palomino.

Unidades del Ejército y la Policía se desplegaron en la zona de frontera para garantizar la soberanía y atender a los migrantes atemorizados por los enfrentamientos.

De acuerdo a la cuenta Twitter de El Diario, un panfleto del ELN circuló en el que amenazaba a los integrantes de Los Rastrojos.

La situación se registró durante el fin de semana, durante la realización de los ejercicios militares convocados por el Ejecutivo venezolano llamado «Escudo Bolivariano 2020», con el fin de «repeler» ataques de supuesta intervención extranjera y para poner en marcha la nueva legislación de la Fuerza Armada Nacional, donde la Milicia ya entra como un componente armado.

De acuerdo a una fuente consultada por Infobae, los efectivos del ELN «tomaron Boca de Grita anoche (viernes) y destruyeron La Enfermería, como le decían al cuartel central de Los Rastrojos. Ayer sábado, después del mediodía, varios de los paramilitares, incluyendo su comandante alias Brayan, se desplazaron hasta Caño Motilón en el Catatumbo, en tres vehículos y trasladaban en el planchón de una camioneta a varios heridos”.

 

Capturan a 14 integrantes de «Los Rastrojos» en Táchira

 

En el marco de los ejercicios de defensa nacional denominados «Escudo Bolivariano 2020» Freddy Bernal, Coordinador Nacional del los Comites Locales de Abastecimiento Popular (CLAP) y «protector» de la entidad tachirense desde el 31 de Enero del 2018 (una suerte de gobernación paralela que montó el chavismo ante la derrota que sufrió el PSUV en las últimas elecciones regionales) informó a tráves de su cuenta en Twitter que se habian capturado unos 14 intengrantes de la banda e indicó que fueron desmantelados los depósitos clandestinos de gasolina y de igual forma, se inutilizaron 22 mil 200 litros del combustible y se desmanteló el «aparato logístico» de la banda en sector, donde un centro hotelero resguardaba a sus integrantes.

 

Con informacion de Unión Radio y Tal Cual Digital 

 

 

 

Guanipa denuncia que colectivos armados mantuvieron retenida caravana de Guaidó

EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL Y DIRIGENTE DE PRIMERO JUSTICIA, Juan Pablo Guanipa, denunció la tarde de este domingo que colectivos armados (paramilitares del chavismo) rodearon la caravana que acompañaba al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, cuando esta iba en la vía entre la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en Zulia, y el estado Falcón.

«Estamos en la vía a Falcon y un grupo de colectivos armados nos tiene retenidos y amenazados junto al presidente Juan Guaidó. No nos dejan pasar y tampoco retroceder. El Cobarde del usurpador usa sus hordas para amedrentarnos», reclamó en un mensaje en Twitter el parlamentario, alrededor de las 6:00 pm.

Una hora más tarde, Guanipa aclaró que aunque el grupo logró salir del lugar y resguardarse, parte del equipo fue agredido y amenazado por los «paramilitares armados».

Carlos Moreno: Los 18 años que truncaron los colectivos en San Bernardino durante las protestas de 2017
Al joven, estudiante de Economía de la UCV, lo mataron tres días antes de que cumpliera su mayoría de edad. Había salido de su casa con la idea de ir a jugar fútbol, pero paramilitares que arremetieron contra una concentración en la plaza La Estrella, en Caracas, le cegaron la vida antes de que llegara a su destino. Hace un año, se convirtió en el primer caído en la capital venezolana en medio de las protestas

 

Lorena Meléndez G. | @loremelendez

ANA BARÓN RECUERDA QUE CARLOS, su hijo menor, tenía apenas tres años cuando le detectaron déficit de atención. Fue así como halló explicaciones a la impulsividad e hiperactividad del niño y cómo ella comenzó una búsqueda para asegurarle que pudiera ser educado de la mejor forma posible. Lo cambió de escuelas, acudió a médicos y psicopedagogos, le aplicó tratamientos, supervisó cada una de sus tareas, lo infló de ánimo cuando no quería hacer nada, lo consoló cuando cuestionaba su condición, lo impulsó a que pasara sus materias, a que nunca le quedara un año escolar. Carlos se volvió el centro de su vida, tanto así que Alejandra, la mayor, a veces le reclamaba un poco de atención. “El asesino de mi hijo no sabe todo lo que yo luché”, comenta mientras aprieta los labios y trata de contener las lágrimas que ya recorren su rostro, mientras hace su mejor esfuerzo para que la voz, ya rota, no se le quiebre. Su nombre completo era Carlos José Moreno Barón y tenía 17 años de edad cuando el miembro de un colectivo paramilitar lo mató en medio de la protesta del 19 de abril de 2017.

“Yo lo veía y pensaba ‘él es mi reto, yo quiero salir adelante con él’. Trabajé para él, todo lo hice para él. Yo decía, mi hijo ya va a cumplir los 18 años (…) y pensaba que iba a ser un reto más grande porque me iba a decir que era mayor de edad y que podría hacer lo que él quisiera. Pero ahí iba a estar yo, luchando, lo iba a seguir haciendo. Y nada, me mataron todo”, asevera.

Carlos, quien era estudiante del primer semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue la primera víctima que cayó en Caracas durante las manifestaciones. Solo en el municipio Libertador del Distrito Capital mataron a 24 personas en el contexto de las movilizaciones antigobierno que se extendieron por cuatro meses de 2017. En ese período, en todo el país, cayeron 20 menores de edad. Quince de ellos eran parte de los 38 jóvenes que cursaban bachillerato o carreras universitarias.

Aquella mañana del 19 de abril, alrededor de las 9:30 am, había convencido a su mamá de darle permiso para salir a jugar fútbol con unos amigos. Era feriado, no había clases y la oportunidad era perfecta para irse a hacer lo que más le gustaba. Sin embargo, no era un día cualquiera. En 26 puntos de la capital venezolana se concentrarían manifestantes para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir la anulación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que días atrás habían disuelto la Asamblea Nacional. Uno de estos lugares de concentración era la Plaza La Estrella, en San Bernardino, apenas a cinco cuadras de la casa del muchacho.

Ana no quería que él saliera, precisamente porque el sitio a donde iba Carlos, unas canchas de la urbanización Chuao, estaría lleno de marchistas. Temía que lo tocara de cerca la represión que había visto en día anteriores y que, para la fecha, ya había dejado cinco muertos. Pero él insistió.

“¿Tú me ves a mí vestido para ir a una marcha?”, le dijo el adolescente a su madre. Melvin, su hermano de crianza, cuestionó también su salida. Al final, ambos cedieron. A Carlos nada lo detenía. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”, comenta hoy Ana, sabiendo que era imposible conocer qué iba a pasar horas después.

Carlos se marchó con el morral negro que siempre cargaba, en donde llevaba el efectivo que le había dado su madre para que desayunara unas empanadas, su teléfono y poco más. Sus familiares, todavía hoy, desconocen por qué fue a parar a la plaza La Estrella de San Bernardino, hacia el norte, cuando debía encaminarse hacia el sureste de la ciudad. Tampoco encontraron mensajes en su teléfono o en sus redes sociales que confirmaran que se iba a encontrar con otros muchachos para anotar unos goles, tal como lo había avisado.

El adolescente, apunta su madre, nunca mentía sobre lo que iba a hacer. Ana piensa que quizás había desistido de ir a Chuao e iba a las canchas del Hotel Ávila, en San Bernardino, donde también solía jugar fútbol. Días después de su muerte, a ella le llegaron muchos comentarios de personas que estuvieron en la marcha. Hubo quienes lo vieron allí solo y le advirtieron que era muy jovencito para andar en una protesta, pero él siguió en el sitio. No se sabe si esperaba encontrarse en ese lugar con otros compañeros, si solo estaba de paso, o si realmente se había ido a protestar, tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso.

Lo cierto es que Carlos estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman La Estrella, que no es más que la intersección de la avenida homónima con la Caracas, Gamboa, Cajigal, Este 5, Anauco y El Parque. Justo en esta última se había ubicado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

Otro episodio que llama la atención es el paso de un camión, que los testigos identifican como del gobierno, en medio de la concentración. El vehículo pesado recorrió la avenida Gamboa, en dirección a la plaza y, pese al poco espacio, cruzó hacia la avenida La Estrella sin importar que iba en contrasentido. Los marchistas gritaron al conductor, pero este siguió su camino. En medio de ese caos, cuando ya el camión había avanzado, se escucharon los balazos.

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco. Esa es, por cierto, la vía más rápida para llegar a la plaza desde Cotiza, en donde está la sede del Frente 5 de Marzo, cuyos miembros fueron los presuntos responsables del asesinato. Para arribar hasta allí, debieron bajar por el Mercado de Las Flores, tomar la avenida Fuerzas Armadas, cruzar en la avenida Panteón y luego seguir por la avenida Anauco, un tramo que sin tránsito –como estaba Caracas en ese feriado– se cruza en unos seis minutos.

Los motorizados arribaron al sitio cerca de las 10:30 am haciendo disparos y lanzando bombas lacrimógenas. Quienes pudieron, huyeron por las distintas avenidas del gas y los tiros. El final de la avenida La Estrella, en donde estaba Carlos, había quedado revuelto luego del paso del camión. El muchacho cayó justo en la intersección. Su cabeza y la sangre que derramaba quedaron encima del rayado.

Ana vio una y otra vez los videos que circularon sobre los momentos posteriores al ataque. En dos de ellos, Carlos está en el suelo, mientras los manifestantes que lo rodean gritan, se lamentan, maldicen. Una joven, con uniforme médico, reconoció que aún tenía signos vitales y alertó que debían llevarlo rápido al hospital más cercano. Un hombre cargó en sus brazos al muchacho, ya inconsciente, y lo montó en la moto que lo trasladó hasta el centro de salud.

Poco después, Ana supo que le habían disparado a un joven en la manifestación de San Bernardino. Se enteró porque a su hija Alejandra se lo contó una vecina. “¿Ven? Por eso es que no me gusta que vayan a marchas”, soltó la madre para recordar las veces que se había negado a asistir a cualquier acto político. En los minutos siguientes, sonó el teléfono. Llamaban del Hospital de Clínicas Caracas para informarle que había sucedido algo con Carlos. Del otro lado del auricular, nadie tuvo el valor de contarle del disparo, solo le dijeron que fuese al centro de salud en compañía de alguien más.

Ana, Alejandra y Melvin salieron cuanto antes a la clínica. “Yo pensaba que lo habían detenido porque le había dicho algo a un policía en la calle”, cuenta la madre, quien recalca que la impulsividad de Carlos le hacía alterarse ante cualquier injusticia, así que una reacción contra algún uniformado era de esperarse. Mientras caminaban, se dieron cuenta que todas las vías que conducían hacia la clínica estaban cerradas por las movilizaciones, así que tuvieron que rodear la plaza La Estrella para poder llegar. “Yo ni siquiera pasé por donde estaba la sangre”, dice.

Al llegar, Ana se identificó y ahí lo supo todo. A pesar de que lloraba, no comprendía la gravedad de lo que acababa de pasar. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”, agrega. Pensaba que lo iban a operar, porque eso le habían dicho los médicos, escuchaba cuáles eran las consecuencias del disparo y la posibilidad de que quedara tetrapléjico, lloraba, pero aún así estaba segura de que Carlos iba a “salir de eso”. Sin embargo, en medio de la intervención quirúrgica, el muchacho sufrió un paro respiratorio. No pudo resistir más.

Los 16 del 5 de Marzo

“En mi mente, yo ni siquiera me he puesto a indagar la vida del que mató a mi hijo, porque es que a mí no me ha dado chance de pensar en nada sino en Carlos. Yo sé que (quien lo asesinó) está preso y que así están cuatro más y todo eso, pero que yo sepa quién era ese señor, dónde andaba él, si tiene familia o no tenía familia, a mí no me importa porque, qué me puede importar a mí una persona si a mí quién realmente me importa es mi hijo y ya no lo tengo”, sentencia Ana mientras seca con la punta de los dedos sus párpados húmedos. El dolor de aquel 19 de abril de 2017 continúa intacto un año después a pesar de que ella se haya dedicado a trabajar y a ocupar el tiempo para evadir la ausencia de su muchacho, que hoy ya sería mayor de edad.

Del procedimiento judicial que se abrió sobre el asesinato de su hijo, apenas conoce detalles. Ana sabe que aunque hay solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, solo cuatro han sido capturados y acusados. Uno de ellos es el supuesto autor material de la muerte del adolescente: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años de edad, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. El arma con la que impactó a Carlos la consiguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa durante un allanamiento. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.

La aprehensión de Camacho Delgado se produjo un día después de la de otro miembro del colectivo: Alexander José Linares, de 40 años de edad. A él lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Tras un interrogatorio, señaló a Camacho Delgado como la persona que había disparado. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo.

No es la primera vez que el nombre del colectivo 5 de Marzo aparece en los titulares. Su líder fue José Odreman, asesinado el 7 de octubre de 2014 en el edificio Manfredy de Quinta Crespo, en Caracas, por funcionarios del Cicpc. Su muerte provocó la destitución del ministro de Interior y Justicia de la época, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo con un reportaje de Efecto Cocuyo, en los último tres años han caído al menos nueve miembros del “frente” en distintos hechos que van desde enfrentamientos armados hasta rencillas con bandas criminales.

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Carlos fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares. El primero fue Brayan Principal, de 14 años, quien cayó el 11 de abril en medio de un ataque a una protesta que se efectuaba en las adyacencias del urbanismo Alí Primera, al norte de Barquisimeto, estado Lara. El caso de Carlos es uno de los seis, cometidos por colectivos, en los que hay victimarios acusados. No obstante, ninguno ha recibido sentencia.

Rebelde y libre

El estandarte de la Escuela de Economía de la UCV se extendió el lunes pasado en la sala Bernardo Ferrán (aula 307) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de estudios. A media mañana, una delegación del Centro de Estudiantes le rindió un homenaje a Carlos para recordar cómo, hace un año, lo habían perdido.

“Este no es un evento para estar tristes, es un evento de júbilo (…) Aceptamos lo que pasó, pero no olvidamos”, dijo al comienzo del acto Félix Ruiz, organizador y compañero de estudios de Carlos. Pero después de hacer un acróstico en la pizarra, de las palabras de José Guerra –diputado de la AN y profesor de la Escuela– y de entonar una canción en su memoria, los testimonios de los estudiantes rompieron el protocolo. Hablaron con la voz quebrada, con la impresión aún de la muerte repentina. Una y otra vez repitieron que jamás pensaron que la tragedia los tocaría tan de cerca. Ana, en primera fila, los escuchó conmovida.

Fernando Bustamante, secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes, rememoró lo duro que fueron los días de las protestas. “Lo más bonito que me pasaba cada día era cuando, en la noche, llegaba vivo a la casa y saludaba a mi mamá. Que no se haya logrado eso con Carlos es una razón más para luchar”, comentó justo antes de admitir que lloraba cuando veía en los medios noticias relacionadas con el asesinato del chamo rebelde al que pudo convencer de que votara por él en unas elecciones estudiantiles luego de jugar una partida de voleibol.

“Hoy Carlos no podrá estar bajo las nubes, hoy está sobre ellas”, afirmó el secretario de Cultura estudiantil, Moisés Medina, quien nunca imaginó que tendría que despedir a un compañero durante su vida universitaria.

Richard Mujica, uno de sus más cercanos compañeros, lo describió como un muchacho tratable y excelente amigo. “Él no estaba interesado en la política, sino centrado en su carrera y en el fútbol (…) A él le arrebataron la vida por la incompetencia de los que nos gobiernan”, señaló.

Jonathan Pérez, uno de sus amigos, se enteró del asesinato a través de un grupo de Whatsapp. Varios de su clase comentaban que habían matado a Carlos en una manifestación, pero Jonathan, al borde de su cama, buscaba cualquier otra vía para confirmar si lo que decían era verdad. Se sintió desesperado.

“Yo había hablado con Carlos dos días antes y nunca llegué a pensar que esa fuera la última vez que lo iba a ver, que no iba a estar otra vez sentado en clases o que nunca más iba a voltear en un examen y me iba a encontrar su rostro con una expresión con la que me preguntaba cómo iba. Es algo que no esperas, es algo muy duro”, añadió fuera del micrófono.

Ana dice que el mayor anhelo de Carlos siempre fue ser libre. “Quizás por eso murió un 19 de abril”, agrega. Todavía, algunas tardes, se asoma al balcón de su apartamento, justo al lado de las bicicletas con las que salía a recorrer la ciudad, con la idea de que lo verá jugando en el callejón.

Brayan Principal: el dolor de perder a un niño en medio de las protestas

Marbelis Giménez, madre de Brayan Principal, en su casa

Hace un año mataron al primer menor de edad que cayó en el contexto de las manifestaciones de 2017. El adolescente de 14 años fue víctima de un balazo disparado por un hombre a quien identifican con los colectivos armados de Barquisimeto. Su familia está a la espera del inicio del juicio

 

Texto y fotos: Karina Peraza Rodríguez | @KaryPerazaR

LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VIO, Brayan David Principal Giménez, de 14 años de edad, estaba en una casa muy alta. Se veía alegre, enérgico y vestido como siempre andaba. Le gritó para saludarla y ella, que estaba al otro lado de la vivienda y embargada de alegría, sintió fortaleza porque así supo que el mayor de sus cinco hijos estaba bien. Luego, abrió los ojos, volvió a la realidad. La tristeza la invadió porque, otra vez, se trataba de un sueño. Su hijo no estaba con ella. No lo está desde el pasado martes, 11 de abril de 2017, cuando fue baleado en medio de una protesta antigobierno que se desarrollaba en horas de la noche a las afueras del urbanismo Alí Primera, una “Misión Vivienda” ubicada al norte de Barquisimeto, en el estado Lara. De ese impacto en al abdomen, el adolescente nunca pudo reponerse. Murió al día siguiente.

El vacío se siente en el apartamento 3 de la torre 17 C del mencionado urbanismo donde residía Brayan desde 2014 junto a sus padres, abuelos y cuatro hermanos menores. Su madre, Marbelis Giménez, tenía nueve meses de haberse quedado viuda. Su esposo murió por las múltiples complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que sufría, una enfermedad incurable del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Desde hace seis años, cuando se le detectó el padecimiento, los médicos le habían advertido a la mujer que la vida de su pareja sería corta, así que ella se dedicó a atenderlo. Lo mismo hacían sus hijos, en especial Brayan, quien había pasado a ser el hombre de la casa. En él ella había depositado todos sus anhelos, pensaba que cuando creciera un poco más la iba ayudar.

Él era mi esperanza porque era el mayor de todos. Me duele mucho que en estos momento no esté conmigo, me duele en el alma, me duele en el corazón, como madre. Quisiera tenerlo y abrazarlo”, expresó Marbelis, con sus ojos claros llenos de tristeza. La pérdida de su esposo y la de su niño fueron tan duras que, durante las semanas posteriores a la muerte de Brayan, no le provocaba ni comer. “No hacía más que llorar y abrazar su ropa”, acotó.

María Elizabeth Giménez, tía de la víctima, explicó que el joven era muy apegado a su abuelo y solía ayudarlo en una bodega. Allí hasta vendía panes para ayudar a su mamá. Pero la pérdida del muchacho hizo que todo cambiara. La nostalgia dejó sin fuerzas al abuelo y con estas se fueron también las ganas de abrir otra vez su negocio. Para escapar del dolor, decidió mudarse a Acarigua a principios de este año, una situación que devastó a Marbelis, quien hoy se siente más sola que nunca sin sus padres en casa.

“A mi papá le pegó fuerte. Él no se hallaba aquí, así como yo. A veces salgo, llego y vengo pensando en él, en que su vida fue corta. Por culpa de esas protestas en contra del gobierno, mi hijo está muerto”, sentenció.

Los hermanos de Brayan –dos niños de 13 y 10 años de edad, y dos pequeñas de 6 y 7 años– preguntan mucho por él. En hojas y en paredes de su apartamento le han hecho pequeños  homenajes, le dicen cuánto lo aman y extrañan. Marbelis ojeó un “Proyecto de vida” que él entregó en su escuela y pensó en que ninguna de las metas que allí plasmó las pudo cumplir. Tenía en mente tres carreras: quería ser marino o ingeniero petroquímico, aunque su mayor anhelo era ser del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Para ese mismo trabajo que hizo al culminar el sexto grado, pintó una lámina con el logo de la institución, el mismo que hoy reposa en las paredes de su casa, a un lado de las pancartas y escritos realizados por su madre. En el proyecto nombraba mucho a su familia, porque para Brayan eso era lo más importante.

Crimen confuso

Entre las 8:00 y 8:15 pm del 11 de abril, Marbelis envió a su hijo a comprar una masa o unas empanadas, lo que consiguiera para cenar como ya lo había hecho en otras ocasiones. Brayan caminó hasta la entrada del urbanismo, donde suelen ubicarse muchos vendedores. Supo que en la vía principal, a unos ocho metros de donde él estaba, había una manifestación en la que quemaban cauchos.

Los vecinos de la urbanización Yucatán levantaron esa noche una barricada, tal como lo habían hecho en múltiples sectores de Barquisimeto en aquellos días. Los residentes de Alí Primera, afectos al Gobierno, salieron para confrontarlos. Hasta ese momento, el enfrentamiento no había pasado de los insultos. Pero de pronto se formó una balacera.

Todos corrieron y allí estaba Brayan, quien se había asomado justo en el momento equivocado. Un proyectil que entró por el costado izquierdo, le perforó linealmente el abdomen y salió por el costado derecho, lo derrumbó. Un adolescente de 17 años, residente de Yucatán, también resultó herido. A ambos los trasladaron hasta el ambulatorio María Sequera de Tamaca y, de allí, los remitieron de inmediato a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Algunas versiones indican que Brayan David caminó y pidió ayuda. Lo cierto es que se lo llevaron mientras que a Marbelis le fueron a avisar tres vecinos, pero ella no podía creer lo que había sucedido. En medio del asombro y la angustia, se quedó encerrada en el urbanismo. Nadie pudo entrar, ni salir esa noche de Alí Primera. Los colectivos y las barricadas levantadas por los manifestantes hicieron imposible que alguien pudiera moverse de allí.

A Brayan lo asesinaron en la entrada de la Misión Vivienda Alí Primera

María Elizabeth, la tía de Brayan, fue quien se trasladó con su esposo al hospital y desde allí llamó a cada instante a Marbelis para darle noticias del niño. El proyectil le perforó por completo el intestino al muchacho y, además, le afectó la columna vertebral. Su tía nunca lo pudo ver, pero la médico tratante le explicó que iba a quedar en silla de rueda, sus necesidades fisiológicas las haría a través de una bolsa.

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth.

A las 5:00 am del 12 de abril, Marbelis y sus padres pudieron llegar finalmente al hospital donde estaba Brayan. Una hora después, la cirujana le explicó que el adolescente sería sometido a una segunda intervención a las 8:00 am. Pero alrededor de las 11:00 am llegó la peor noticia. “No pudimos hacer nada”, dijo la médico al anunciar la muerte del chico de 14 años, el primer menor de edad caído en una protesta antigobierno de los 20 que se registraron durante 2017. Fue la segunda víctima en el estado Lara, donde hubo dos decenas de muertos en los 120 días que duró el conflicto en las calles.

Brayan fue uno de los seis jóvenes, menores de 18 años, asesinados por las balas de los colectivos paramilitares durante 2017. Hubo otros siete chicos que fueron víctimas fatales de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. También se reportaron otros seis cuyo victimario hoy se mantiene desconocido y uno que resultó muerto por un civil. De los 20 que murieron, 15 eran estudiantes. En total, 17 fueron impactados por armas de fuego con municiones que iban desde proyectiles, hasta balines metálicos y bombas lacrimógenas. También hubo un arrollado, un asfixiado y un electrocutado.  

La mayor cantidad de homicidios de menores de edad en las manifestaciones se presentó en Táchira, donde cayeron seis adolescentes. En Carabobo, Distrito Capital y Miranda perdieron la vida cuatro muchachos por estado.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

El colectivo y las amenazas

En un primer momento, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven y, por esto, el caso cayó en manos de Carlos Muñoz, Fiscal 21 con competencias en Derechos Fundamentales. Pero poco después se descartó esta hipótesis y se hizo cargo la abogada Cristina Coronado, quien era Fiscal 20 del Ministerio Público en aquel entonces.

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos.

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan David Princial Giménez, vino del mismo urbanismo Alí Primera. Presuntamente, quien disparó fue “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

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Héctor Yohan Zapata Felice es el nombre de “El Maracucho”. Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad. Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma y estar presente en el momento del asesinato de adolescente. Sin embargo, Rivas murió en manos de una comisión del Cicpc en enero pasado, antes de que lograran detenerlo.

La  audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. Para el próximo 24 de abril está programado el inicio del juicio. La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas.

Hoy, la madre del caído no siente temor por ella, aunque sí por sus hijas. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. Confía en que si el Cicpc investigó lo sucedido y señaló a “El Maracucho” como el culpable, es porque así fueron los hechos. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”, recalcó Marbelis.

Gobierno desaparecido

Cuando todo ocurrió, voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco del asesinato de Brayan, acudieron al sepelio y hasta condenaron los hechos. Aseguraron que eran manifestantes opositores quienes habían disparado. Tomaron dicho crimen como bandera política, dijeron que habían asesinado a uno de los suyos.

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó y su apartamento aún está vacío y con más carencias que antes.

El urbanismo Alí Primera, al oeste de Barquisimeto

Por su cuenta, Marbelis redactó una carta a mano y la introdujo en el Ministerio de Educación en Lara para solicitar trabajo. Eso, dijo, es lo único que le fue otorgado. Hoy es obrera en la institución educativa del urbanismo. Lo agradece y con eso se ayuda, pero no trabaja todos los días porque la situación económica la ha arropado; confiesa que pasa mucha hambre, porque hay días que no tiene qué comer. Viaja a Acarigua, en Portuguesa, donde sus padres la ayudan. Hace unos días se trajo un kilo de caraotas y dos de maíz, que le rendirán por tres días a ella y sus cuatro hijos, siempre que los acompañe con arepa. La bolsa del CLAP le llega cada tres meses y solo se la venden si llegan completas las 4.000 destinadas al Alí Primera.  

La mujer, a quien se le siente una voz suave pero triste, expresa que ella y sus hijos son más felices cuando están en otro lado. No se ve y tampoco quiere que sus hijos crezcan en ese urbanismo. La falta de comida, la inseguridad y lo más importante su niño, su esperanza, ya no están.

La normalización de los colectivos: de la impunidad de Valentín Santana al Estado Mafioso
Durante los ejercicios militares del pasado 25 de febrero, el líder del colectivo La Piedrita –quien tiene tres órdenes de captura, dos de estas por homicidio – estrechó las manos de Érika Farías, Ernesto Villegas, Carolina Cestari y del general de división Fabio Zavarse, sin soltar su arma de fuego. El mensaje de los videos que muestran el momento, de acuerdo con expertos consultados, apuntan a la “lógica del terrorismo de Estado”, que busca sembrar miedo en quienes disienten, y dejan claro que el gobierno apoya la impunidad de los grupos armados

 

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NO USA PASAMONTAÑAS, TAMPOCO VA DE NEGRO, pero sí está armado como el resto del grupo. Valentín Santana lleva unas gafas oscuras que se le incrustan en los ojos y dos prendas rojas que le hacen ver la cara pálida: una boina y una chaqueta marcadas con el símbolo de La Piedrita, el colectivo que lidera en la parroquia 23 de Enero. Del hombro izquierdo, a la altura de la cintura, le cuelga el complemento de su indumentaria: un subfusil Uzi. Así se expone ante una cámara, rodeado de otros paramilitares que exhiben sus fusiles AR15, mientras promete fidelidad a Nicolás Maduro y asegura que siempre defenderá a Venezuela con las armas.

El video de Santana – quien desde hace más de una década tiene tres órdenes de captura emitidas por tribunales , dos de estas por homicidio – circuló el pasado domingo en medio de los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018 que se desplegaron en el 23 de Enero, donde hace vida La Piedrita, como una especie de ensayo para impedir una hipotética intervención extranjera. Los colectivos armados fueron parte de esta actividad: tomaron edificios, se subieron a las azoteas, dispararon al aire, izaron banderas. Las autoridades locales gubernamentales no solo lo supieron, sino que también le dieron su visto bueno a los hechos.

Un segundo video muestra este apoyo (minuto 1:02 del video de arriba). Santana grita “Chávez vive, la patria sigue”, con el puño el alto, y comienza el desfile de funcionarios. Allí se ve a la alcaldesa de Libertador, Érika Farías y a la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, desviarse de su recorrido por la zona para estrecharle la mano y besar la mejilla del líder paramilitar que porta un subfusil a la altura de la cintura. También se observa cómo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, se devuelven para saludarle y darle palmadas en el hombro a Santana, que apenas se mueve de su sitio. Los cuatro miembros del gobierno, escoltados por guardias nacionales, se detienen al pasar por el territorio de La Piedrita y uno de ellos, el militar Zavarse, hasta se permite una broma: “Por favor, le mandas el video a Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional) de mi parte”, le comenta al jefe del colectivo.

“Esa es la normalización de la actuación de estos grupos paramilitares con funcionarios del Estado”, sentenció Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, quien recordó que los colectivos ya han ejecutados labores propias de las fuerzas de seguridad del Estado: han reprimido protestas, han tomado partido en programas de seguridad ciudadana, como lo hicieron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y han participado en operativos de cuerpos especiales como el que cometió la Masacre de El Junquito, donde mataron a Óscar Pérez y a 6 de sus aliados, junto a Heyker Vásquez, quien era líder del colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Para Rodríguez, el mensaje de ambos videos se basa en la “lógica del terrorismo de Estado” que busca sembrar el miedo en quienes disienten. Relató que al día siguiente de los ejercicios militares, el lunes 26 de febrero en horas del mediodía, esos mismos colectivos hicieron una marcha hasta la sede de la asamblea nacional constituyente y asistieron encapuchados y con armas de fuego. “Ningún cuerpo de seguridad evitó que esto ocurriera”, reclamó.

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El uso de fusiles y subfusiles por parte de estos grupos paramilitares también llamaron la atención del experto. “Las armas sofisticadas que tienen no se le ven a los policías que están en la calle, sino a grupos especiales policiales o militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) o las FAES. Eso da cuenta del nivel de penetración que los colectivos tienen en las fuerzas de seguridad y cómo son parte de esa estructura”, enfatizó.

Rodríguez indicó que tal penetración refuerza la construcción del Estado militar y policial, en el cual los ciudadanos cumplen acciones propias de estas fuerzas, que van desde la delación y vigilancia hasta los ajusticiamientos. “Además, se refuerza la tesis del enemigo interno y externo y promueve estas figuras tan peligrosas como los son grupos civiles armados”, acotó.

El Estado mafioso

Hugo Chávez mencionó a Valentín Santana durante una alocución en 2009, justo antes del referéndum aprobatorio de la Enmienda Constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente de la República. Pero lejos de hacer una intervención para alabarlo, el entonces jefe de Estado lo criticó duramente por haber amenazado de muerte a Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, y advirtió que su lugar debía ser la cárcel.

“Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita (…) y él dice algo mucho más grave: que si ellos consiguen a una persona, y le dan nombre y apellido (dice sin referirse a Granier), lo van a matar (…) Yo hoy llamé a la fiscal de la República para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie (sic.). El Estado actuará, ellos deben asumir sus consecuencias, actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal”, apuntó Chávez. Pero nada pasó.

Todavía hoy, el líder de La Piedrita sigue libre, pese a que desde 2007 tiene una orden de captura por porte ilícito de arma de fuego, uso de documento falso y homicidio intencional simple, emanada por el juzgado 45to del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en función de control. De acuerdo con una declaración pública de la otrora fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su expediente hay otras dos detenciones pendientes, dictadas en 2008 y 2009, por homicidio y lesiones personales.

Pero en esos años, según una nota del diario El Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no se le había ordenado su búsqueda. Sin embargo, en febrero de 2009, el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, había asegurado que las fuerzas de seguridad del Estado estaban detrás del rastro de Santana desde enero de 2008, y no habían logrado dar con su paradero.

La impunidad de Santana es tal que en 2017 lanzó su candidatura a la asamblea nacional constituyente, aunque perdió. En medio de esa campaña, el 20 de julio, distribuyó un video para denunciar que el Cicpc perseguía a los colectivos del oeste de Caracas y los culpaba por la muerte de Xiomara Scott, la mujer que fue asesinada en la avenida Sucre de Catia por pistoleros que atacaron a quienes votaban en la consulta opositora del 15 de julio. Por esos días, vecinos de la zona indicaron que la reacción del líder se debía a que los uniformados habían ingresado a uno de los locales comerciales controlados por su grupo.

“Ya hay dos detenidos, uno es un colectivo de Los Frailes. Le allanaron el local a los compañeros del Frente Miliciano Sucre. ¡Qué eficientes son ellos cuando se trata de los pobres! (…) Ustedes osan a tocar el territorio de La Piedrita y lo más seguro es que me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”, advirtió.

Rodríguez sostuvo que, con el paso de los años, los colectivos se fortalecieron y, en la actualidad, no solo tienen armas. “Hoy controlan la venta de comida, que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a precios super elevados, controlan territorios y ejercen labores de represión contra adversarios políticos”, insistió.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, apuntó que las relaciones entre el gobierno y estos grupos de civiles armados se inscriben en uno de los conceptos que la organización ha utilizado para definir a quienes hoy están en el poder.

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“Nosotros hemos manejado la teoría del Estado mafioso, donde hay una cantidad de líderes dentro de la estructura gubernamental que están en conjunción con fuerzas delincuenciales (…) Parte del metamensaje del ‘Estado mafioso’ hacia afuera es que está apoyado por personas que no responden ante la ley, en este caso, los colectivos”, afirmó Cedeño, al interpretar el video de Santana al lado de Cestari, Farías, Villegas y Zavarse. “Son tratamientos diferenciados ante la ley que mandan un mensaje que dice que comulgan con esas fuerzas, que ellos tienen su apoyo y que por eso pueden actuar de manera impune”, siguió.

Cedeño distingue a los colectivos deportivos y culturales de grupos armados como La Piedrita, a los cuales identifica como megabandas criminales vinculadas al delito organizado.

“La diferencia con las megabandas está en que estos se autodefinen como colectivos y en las conexiones que tienen con el gobierno, sobre todo con una alcaldía como la de Libertador, que ha sido señalada de bajarles recursos (…)”, recalcó el director de Paz Activa.

El experto también recordó que, desde siempre, los lazos de los funcionarios del Ejecutivo con los colectivos han sido ambiguos. Incluso Hugo Chávez se zafó una vez de la relación con estos grupos en una entrevista concedida a CNN en Español en 2009.

“Yo he repetido que condeno cualquier forma de violencia. Hay un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación que son propiedad de la burguesía. Hay un laboratorio que fabrica hechos de violencia y, cuando apenas terminan de ocurrir, de una vez señalan al gobierno”, aseveró cuando le preguntaron sobre los colectivos armados identificados con el oficialismo.

“Es un discurso velado, ambivalente, ambiguo. Ellos (el gobierno) no dicen que los apoyan”, señaló Cedeño, quien recordó que cuando el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quiso enfrentarlos y recuperar la institucionalidad, lo destituyeron de su cargo. A ese funcionario se le señala de ser el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el  el edificio Manfreddy de Quinta Crespo, donde José Odreman, líder del 5 de Marzo, y otros cuatro miembros de colectivos del oeste de Caracas fueron asesinados por el Cicpc en octubre de 2014.

La más reciente declaración sobre la cercanía del gobierno y los colectivos la ofreció el pasado jueves, 1 de marzo, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien marcó distancia con estos grupos, pese a que participaron en los ejercicios militares del fin de semana.

«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos», dijo el el titular de Defensa. Cuatro días antes, sin embargo, Valentín Santana le estrechaba la mano a tres funcionarios del gobierno y al jefe del Zodi Capital, sin siquiera despojarse del subfusil que le cruzaba el torso.

 

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Colectivo califica de sacrificio la muerte de Heyker Vásquez durante la Operación Gedeón

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El «Movimiento Popular 7 de Octubre» hizo circular entre sus contactos un comunicado que califica a la «Operación Gedeón» – hecho en el que murió Óscar Pérez junto a seis de sus aliados – como una «masacre», y que indica que Heyker Vásquez, uno de los dos integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que cayó en el operativo, fue «sacrificado» durante el suceso.

Vásquez, quien también era líder del colectivo Tres Raíces, es mencionado como un «combatiente revolucionario» y su muerte es comparada en el documento con la de Juan Montoya, el coordinador del Secretariado Revolucionario (una coalición de grupos armados pro gobierno) que fue asesinado el 12 de febrero de 2014 por un miembro de su colectivo, y con José Odreman, la cabeza del Colectivo 5 de Marzo que fue ejecutado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en octubre de ese mismo año.

Aunque una imagen que circuló del cadáver de Vásquez indica que, por las características de la herida de bala que recibió fue atacado a sus espaldas, el vice presidente de Tres Raíces, Eudi Otaiza, aseguró que el disparo lo recibió de frente por parte de los «terroristas», cuando iba a combatirlos dentro del chalet en donde se escondían.

La versión de Diosdado Cabello, diputado y primer vicepresidente del PSUV, difiere de este señalamiento y añade que Vásquez estaba negociando con Pérez y su equipo cuando, al acercarse a la vivienda, lo balearon.

De acuerdo con el comunicado, que critica la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, en el suceso nunca hubo intención de establecer un mecanismo de mediación que permitiera que los rebeldes, comandados por Pérez, salieran con vida de la emboscada. Para el Movimiento, el hecho fue la «expresión de un comportamiento fascista» que pretendía enviar un mensaje desde el Ejecutivo: quien lo enfrenta, se muere.

«No se le dio tiempo a la negociación, no se quería negociar, no se querían vivos. Se dio la orden de asesinarlos porque se necesitaba una acción ejemplarizante», apunta el comunicado.

El «Movimiento Popular 7 de Octubre» se define como una coalición de colectivos «de trabajo revolucionario». Su nombre proviene de la fecha de los sucesos de Quinta Crespo, ocurridos en octubre de 2014, donde Odreman y otro miembro de su colectivo, Maikol Contreras, murieron a manos del Cicpc en el edificio Manfredir, en la avenida Baralt de Caracas.

Aquí el comunicado completo:

PRONUNCIAMIENTO DEL MOVIMIENTO 7 DE OCTUBRE ANTE LOS HECHOS DE LA MASACRE DE EL JUNQUITO

(Todos los integrantes del Movimiento Somos de Izquierda Revolucionaria Radicales)           

*Masacres: Señal Inequívoca de la caída de Gobiernos*

La primera masacre de nuestra Quinta República fue la de Quinta Crespo, donde asesinan cobardemente a nuestros hermanos combatientes José Odreman y Maikol Contreras.

No conocimos a Oscar Pérez ni a nadie de su grupo. No compartimos su ideología  (que aparentaba ser de derecha) ni los métodos foquistas que asumieron estos ciudadanos. Por sus videos nos parecía un joven con mucho show y preparación mediática, con posturas de poca profundidad ideológica y muchas consignas. Llegamos incluso a valorar la posibilidad de que fuese creación del propio Gobierno. Luego nos enteramos, por la vía de una vieja amiga, que a uno de sus familiares, una persona que Oscar Pérez conocía, lo habían detenido y torturado ferozmente para tratar de ubicarlo. La única vinculación que tenía esta persona con Oscar Pérez es que ambos eran masones. También nos enteramos que detuvieron a varias personas que trabajaron con él en una película, entre ellos a un fotógrafo de Santa Rita, Aragua. Luego vimos afiches pegados en alcabalas donde se decía que Oscar Pérez era un asesino, a pesar de que en ninguna de las operaciones que hizo hubo algún asesinato. A estas alturas comenzamos a pensar que no podía ser una creación del Gobierno por el nivel de despliegue que se estaba haciendo con allanamientos, inclusive en nuestra parroquia combativa del 23 de enero y la furia con la cual estaba actuando el Gobierno.

Somos de izquierda, con trayectorias revolucionarias y expresos políticos, porque la izquierda mundial defiende la democracia, la vida, las ideas, el respeto a los DDHH, el respeto a las mayorías populares, la justicia social. Son principios irreductibles del pensamiento de izquierda y progresista en general.

Cuando el gobierno de Luis Herrera Campins, ese 4 de octubre de 1982 ejecutó el despliegue militar por tierra y aire en Cantaura contra un campamento guerrillero, toda la izquierda y organizaciones de DDHH alzaron su voz y calificaron de masacre este hecho, entre otras razones, por el uso desproporcionado de la fuerza. Todos los años se reúnen en Cantaura sectores de izquierda para conmemorar esta fecha.

Cuando el 6 de noviembre de 1985, el ejército colombiano inició la incursión en el Palacio de Justicia de Colombia en contra de la operación realizada por el M19, con el trágico saldo de 103 personas muertas. También allí, la izquierda latinoamericana condenó el hecho como una masacre.

En 1989, frente a la aplicación de un paquete neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez que disparó los precios de los alimentos y el aumento del pasaje, el pueblo venezolano se lanzó a las calles a saquear los comercios. En ese momento, la decisión del Gobierno fue sacar el ejército a la calle y ametrallar a miles de ciudadanos para luego meterlos en fosas comunes.

Cuando Fujimori ordenó el 22 de abril del 1997 la incursión armada a la residencia del embajador de Japón y en la misma se ajusticiaron a los militantes del MRTA que tenían tomado el edificio, toda la izquierda latinoamericana se pronunció condenando el hecho.

Recuerdo también que cuando Uribe introduce las acciones paramilitares en Colombia, todos los tratados de guerra, como el estatuto de Roma, fueron violentados. A las guerrilleras las violaban y a los guerrilleros apresados los torturaban y asesinaban. Así actúa la derecha en el poder.

Hace varios años, un profesor de la UCV, exiliado chileno y buen amigo, me decía «una de las diferencias de la violencia que administramos los revolucionarios a la violencia que ejecutan las policías, paramilitares, etc, es que nosotros respetamos la vida», y me ponía como ejemplo el atentado que el 7 de septiembre, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizara al dictador Augusto Pinochet, en el que quedan heridos varios de sus escoltas. El FPMR no ajustició a ninguno de ellos.

Cuando en 2004 se detectó la presencia de 135 paramilitares, se realizó un operativo de disuasión y negociación que trajo como consecuencia la detención, sin un solo tiro, de los paramilitares. Toda esta operación fue coordinada por el presidente Chávez y dirigida por el general Miguel Rodríguez Torres. Luego, Chávez perdonó los delitos y devolvió a esos jóvenes a Colombia. Así actúa la izquierda en el poder.

Dicho esto, para una persona de izquierda queda bien claro que nosotros militamos en la vida, en el respeto mas profundo a la humanidad. Las acciones de ajusticiamiento extrajudicial, venganzas, torturas, tratos crueles a prisioneros, adversarios, políticos, disidentes o combatientes rendidos no solo son inaceptables, sino claro símbolo de prácticas fascistas.

Lo ocurrido ayer en El Junquito, en donde un grupo insurrecto (es decir, alzados contra el Gobierno y movidos por ideales políticos) de 10 jóvenes miembros de organismos de seguridad, luego de haber anunciado públicamente su rendición y estar negociando las condiciones de su entrega (pidiendo las mismas condiciones que exigió Chávez en el 92: fiscales y medios), son atacados con lanza cohetes anti tanques, con explosivos y con cientos de hombres elites, sin haber agotado los procedimientos de negociación en este tipo de situaciones (que hasta días podría haber durado), es un mensaje claro del gobierno a cualquier revolucionario que no defienda lo indefendible, o civil o militar que decida desafiarlo: quien nos enfrenta se muere. Pero es, en última instancia, la clara expresión de un comportamiento fascista del sector del gobierno que dirigió esa operación. No se le dio tiempo a la negociación, no se quería negociar, no se querían vivos. Se dio la orden de asesinarlos porque se necesitaba una acción ejemplarizante.

El Gobierno tratará de huir hacia adelante diciendo que ellos abrieron fuego primero, lo cual a todas luces es descontextualizado porque nadie negocia disparando ni entregando las armas. Si se negocia, se mantienen distancias y cuando se llegan a acuerdos, se produce el desarme. Si hubo muertos en medio de la negociación, es que estaban tratando de incursionar las fuerzas externas. Si se hubiese apostado realmente a la negociación, ni un solo muerto tendríamos que lamentar. Quizás algunos funcionarios afuera querían negociar y otros querían asesinar. Pronto se sabrá qué ocurrió afuera realmente. También tratarán de confundir vinculando a los insurrectos con personalidades nacionales para que los no experimentados en política salgan corriendo detrás del palo y distraigan la atención del hecho central: el gobierno de Maduro realizo nuevamente otra masacre.

Ya ha habido bastantes señales de profunda descomposición ética y política de este gobierno. Sin embargo, jamás creímos que serían tan gorilas como para hacer algo que los expusiera en su plena condición reaccionaria. Jamás creímos que harían una masacre públicamente como la primera que fue en Quinta Crespo contra nuestros compañeros de lucha Odreman y Maikol (porque las OLP son masacres sin medios). Ayer (el 15 de enero), se traspasaron todos los límites de las zonas confusas, de la permisividad ética, de la elasticidad de los principios. Ayer, el gobierno demostró su militancia en el abuso, en el autoritarismo, en la soberbia y mandó un mensaje con su muerte colosal. Ayer se demostró que no hay constitución ni garantías al derecho mas importante de todos, el derecho a la vida. La constitución es el gobierno. Luego, hay que preguntarnos ¿Quiénes nos están gobernando?, ¿qué mecanismos legítimos y reales le quedan a la sociedad para controlar a este gobierno que perdió toda capacidad de autoregulación? ¿acaso si llega a haber un estallido social como en 1989, El Caracazo, este Gobierno también ordenara ala FAN que se ametralle al Pueblo como lo hizo CAP? Y que muchos de estos militares que están en el Alto Gobierno salieron a ametrallar a nuestro pueblo desarmado en el Sacudón del 89.

Los hechos de El Junquito también comprueban que este gobierno está actuando con mucho miedo a su caída, con pánico, porque si se sintiese fuerte hubiese negociado con este puñado de jóvenes rodeados y sin mayor incidencia orgánica o programática en las masas. Siente esta pequeña dirigencia que se les acaban las alternativas, que la mayoría del pueblo ya no cree sus mentiras, que su salida inevitable del gobierno hará público cosas muy oscuras que los condenará. Por eso están dispuestos a todo, incluso a sacrificar al pueblo, y como les pasó a nuestros combatientes revolucionarios: Danilo Anderson, Juan Montoya ( Juancho), Jose Odreman, Maikol Contreras, Eliézer Otaiza, a Robert Serra y, ahora, Heiker Vásquez, a quien sacrificaron en esta nueva masacre y a los valores humanos más elementales.

Pero de todo esto, lo que nos deja sin palabras, no es que la lógica mafiosa haya tomado control de los hechos del 15 de enero en El Junquito, sino el silencio que han guardado cientos de «camaradas» que históricamente lucharon en contra de las masacres, que entienden perfectamente la diferencia del ejercicio de la violencia de la izquierda y el de la derecha, que se les hace imposible justificar tan grotesco hecho. Allí está el naufragio ético más desconcertante para el pueblo.

Pero después de los hechos de ayer, ya no puede haber ingenuos de izquierda, confundidos de la vieja guardia, «guerrilleros» luchando internamente, internacionalismo solidario automático. Esto rebasó todos los limites y exige pronunciamientos claros. O se está con el respeto a la vida, a la libertad de disentir, a la justicia, o se esta con la muerte, con el atropello, con el abuso, con la injusticia.

Podemos fallar como amigos, como padres, como hijos, como vecinos, como militantes de izquierda revolucionaria de causas justas, pero no podemos fallar como seres humanos. Es hora de pronunciarnos en defensa de la vida.

Movimiento Popular 7 de Octubre ​​

JUANCHO VIVE, ODREMAN VIVE, MAIKOL VIVE, HEIKER VÁSQUEZ VIVE CARAJO

Colectivo Tres Raíces: Ha muerto el león más feroz del 23 de Enero
El vice presidente del colectivo Tres Raíces, Eudi Otaiza, aseguró a Runrun.es que Heyker Vásquez, líder de ese grupo armado, fue víctima de “una ráfaga traidora disparada por los terroristas”
El hombre que cayó durante la Masacre de El Junquito, donde murió Óscar Pérez, fue “invitado” a formar parte de las filas de las FAES desde que estas se crearon el año pasado en medio de las protestas antigobierno. Su “preparación militar” le permitió convertirse en uno de sus jefes
El hecho de que el gobierno haya difundido la imagen de Vásquez con otro nombre responde a una “medida de seguridad” adoptada por el colectivo y acatada por el Ejecutivo

 

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LA TARDE DEL 16 DE ENERO transcurría con tranquilidad en la parroquia 23 de Enero, al oeste de Caracas. Nada irregular se percibía cuando se subía desde la avenida Sucre, por “El Rincón del Taxista”, hasta la salida del Metro en Agua Salud. Tampoco había ruido por la Zona Central, e incluso la “Redoma del 37”, donde se ubica la sede principal del colectivo Tres Raíces, estaba desolada.  A pocos metros de allí, en los alrededores del Bloque 40 de la Zona F, el ambiente cambiaba de forma radical: en uno de los galpones comerciales que funciona como sitio de reuniones del mencionado colectivo había un funeral musicalizado con trova cubana. Los dolientes se veían desde la calle. Eran decenas y muchos de ellos, con sus vestimentas negras, exhibían terciadas sobre su cuerpo armas largas sin ningún pudor. En el estacionamiento, dos camionetas oscuras con las siglas de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, una división de la Policía Nacional Bolivariana) habían trasladado hasta allí a no menos de 10 de sus funcionarios uniformados, quienes también estaban armados. Todavía no eran las 5:00 pm. Rodeados por esa atmósfera velaron durante 24 horas a Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera, funcionario policial y líder del grupo paramilitar (colectivo) Tres Raíces, quien murió el día anterior cuando presuntamente se enfrentaba a Óscar Pérez – el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se había revelado contra el gobierno de Nicolás Maduro – y a los seis compañeros con los que este se escondía en un chalet de El Junquito. Cuando sacaron el féretro para llevarlo hasta el Cementerio del Este, los fusiles de sus dolientes dejaron de ser un accesorio: ahí sonaron las ráfagas de disparos en el aire para homenajearlo.

 

  “Ha caído el león más feroz que se ha conocido en el 23 de Enero”, dijo Eudi Otaiza, vice presidente ejecutivo de Tres Raíces, para describir a Vásquez Ferrara, el hombre al que considera todo un icono de lucha dentro de la parroquia. “Su ferocidad no se relacionaba con ser una persona mala, sino que él se caracterizaba por poner en jaque a los enemigos de la comunidad, a los enemigos mismos que fueron los que en un momento pudrieron la zona”, añadió.

Otaiza apuntó que la visión de Vásquez, desde niño, había sido siempre la de tener algún día la fuerza y la valentía de acabar con el narcotráfico de su vecindario. “Y lo logró”, aseguró.

Pero esa ferocidad también se traducía en el poder que detentaba. Vásquez Ferrara era el líder del grupo paramilitar que durante más de una década ha controlado a punta de armas las Zonas E y F del 23 de Enero, además de El Mirador, y que mantiene bajo su poder la distribución de los alimentos a través de la administración de al menos cuatro establecimientos de Mercal. Era precisamente en la Zona F donde, según un vecino del sector, se vendían en horas de la madrugada bultos de alimentos de primera necesidad a revendedores.

Los de Tres Raíces fueron los mismos que, en junio de 2016, encabezaron una manifestación frente la estación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Catia para exigir que liberaran a cinco de sus miembros que habían sido detenidos días antes por este cuerpo policial. Carl Johackson Salazar González, Manuel Augusto Espinoza Amaro, Antonio Rafael Rodríguez Ferrara, Daniel Alfredo Martínez López y Jorge Luis Vásquez Gil eran colectivos y presuntos implicados en el secuestro de un comerciante extranjero. Pero las acciones de esa protesta fueron mucho más allá. Al no haber logrado su cometido, Tres Raíces convocó a los otros colectivos de la parroquia y cerró todos los acceso de la zona, quemó cauchos y paró la actividad del transporte público, al tiempo que pidió la renuncia del entonces jefe de la PNB, Eduardo Serrano, y del jefe de la Estación Policial Sucre (Catia), Marino Ostos. Horas después, las calles fueron reabiertas, los miembros del grupo armado fueron liberados (porque, según la versión oficial, hubo inconsistencia en las actas policiales) y los funcionarios, destituidos. El colectivo Tres Raíces había ganado ese round a un grupo de la PNB.

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“Era tan respetado que las fuerzas policiales lo invitaron a ser parte de ellos y el compañero Heyker Vásquez se formó como policía. Era la persona que sabía de leyes, de tácticas militares, sabía lo que era un daño colateral. Nos explicó muchas cosas y nos guío en el camino”, reveló Otaiza, quien detalló que el líder de Tres Raíces llevaba varios años dentro de las filas de la PNB.

Pero Vásquez no trabajó activamente con los uniformados hasta que se entrenó con las FAES, el grupo que, de acuerdo con Otaiza, surgió por la necesidad de enfrentar los altos índices de inseguridad del país y de “retomar y devolver la paz (que se había instaurado) con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.

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“En ese momento, el diseño (de la nueva división de la PNB), como lo dice en su ley las FAES, era buscar dentro de las fuerzas policiales la preparación y capacitación de sus mejores funcionarios para ir al curso de las Fuerzas de Acciones Especiales. Por supuesto que el compañero Heyker estaba súper capacitado para quedar en el curso y, a través de lo que es su grado de integralidad de conocimientos quedó liderizando el grupo”, contó el vicepresidente de Tres Raíces.

Ese grado de autoridad que ostentaba dentro de las FAES está relacionado con la identidad falsa que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, otorgó a Vásquez Ferrera durante la rueda de prensa en la que difundió quiénes habían sido los nueve caídos durante la operación que mató a Óscar Pérez. Ahí, aunque mostró su foto, lo nombró como el “supervisor jefe” Andriun Domingo Ugarte Ferrera, uno de los dos funcionarios muertos en el presunto enfrentamiento.

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El  cambio de identidad responde, según Otaiza, a una medida de seguridad. “Cuando el compañero Hansin (Dávila) cae, antes de dar la noticia, tuvimos que tomar muchas medidas de seguridad porque nosotros somos asediados por los cuerpos de seguridad. Cuando dicen que caen funcionarios, indicamos nombres y direcciones falsas para poder movilizar a los familiares y resguardar ciertos objetivos de interés de nuestra organización y para que los cuerpos apátridas que siempre nos han atacado tengan ese falso positivo”, apuntó Otaiza. “Todas esas cuestiones, al menos dentro de lo que es el tema militar de nuestra organización, son falsos señuelos que se hacen para nosotros poder seguir articulando dentro de nuestro radio de acción libre de ataques de cualquier enemigo ya reconocido”, recalcó.

La bala traidora

La primera vez que se escuchó el nombre de Heyker en medio de la operación contra Pérez y sus compañeros, fue cuando se viralizó una nota de voz supuestamente grabada por Freddy Bernal, el ministro de Agricultura Urbana, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Hoy ha sido un día importante en la defensa de la revolución bolivariana y socialista. Un grupo de patriotas, como Heyker, han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días, los revolucionarios de siempre, los que son capaces, más allá del discurso, de arriesgar la vida por las ideas y, en este particular, por el legado del comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo”, decía el audio que Bernal habría enviado a sus aliados vía Whatsapp.

Aunque no hubo versión oficial de cómo Vásquez Ferrera murió, Otaiza sostuvo que el líder de Tres Raíces ingresó a la vivienda donde se guarecía Pérez y ahí recibió un balazo. “El compañero Heyker Vásquez cae víctima de una ráfaga cobarde, porque fue de espaldas, de uno de los terroristas que estaba dentro de la casa donde se escondían los allegados a Óscar Pérez y recibe un impacto en el pecho de un AK-47, un arma de guerra que le perfora el chaleco antibalas”, comentó el miembro del colectivo.

Otaiza se contradijo en su propio testimonio, pues afirmó que el ataque se produjo a espaldas de Vásquez Ferrera, pero la bala le llegó al tórax. Por eso, casi de inmediato aclaró que el tiro alcanzó al jefe del colectivo “en combate” cuando apenas se volteó. “El disparo es de frente. Ese es el orificio de una bala calibre .7 62. En la fotografía insana que sacó el Cicpc no voltean al compañero para que no se vea la magnitud de lo que estaba por su espalda”, agregó. Contrario a esta explicación, expertos han apuntado que la herida que se ve en la imagen fue provocada por la salida del proyectil y no por la entrada del mismo. 

La noche de este miércoles, 17 de enero, el diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dio en su programa de televisión una nueva versión de cómo sucedieron los hechos. Según el parlamentario, fue José Alejandro Díaz Pimentel, uno de los compañeros de Óscar Pérez, quien pidió la presencia de Vásquez Ferrara (a quien Cabello le asigna el cargo de funcionario de inteligencia de la PNB) para negociar su entrega, ya que ambos se conocían porque vivían en el 23 de Enero. “Heyker fue a hablar dos veces con ellos para que se entregaran. Le pidieron cigarros, y Heyker les llevó cigarros, y le dijeron ‘dile a tu jefe que nos vamos a rendir’ (…) Iban entrando en dos vehículos hasta el sitio. Sorpresa. Cuando Heyker se bajó del carro, su mismo amigo Díaz Pimentel, lo mató (…) Y le lanzaron granadas a los vehículos en donde iba la gente que iba a detenerlos”, afirmó el diputado.

Lo que sí reveló Otaiza es que junto a Vásquez Ferrera ingresaron otros miembros de Tres Raíces. No precisó, sin embargo, si estos también pertenecían a las FAES. “Al lado estaban los lugartenientes de nosotros que, en un momento determinado, sacaron al compañero para poder prestarle primeros auxilios. Heyker sale caminando y dice ‘me dieron’. Lo que pasa es que lo lejano, complicado e intrincado de la zona boscosa donde hubo el enfrentamiento, complicó la llegada al centro asistencial”, relató el colectivo. Vásquez Ferrera tardó 45 minutos en arribar al Hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado a unos 20 kilómetros de la zona en donde estaba el chalet de Pérez. Hasta allí llegó sin signos vitales.

Con esta historia, Otaiza salió al paso ante las dudas de que la muerte de Vásquez Ferrera hubiera sido como la de Juancho Montoya, el jefe del Secretariado General Revolucionario de Venezuela que cayó en medio de las protestas del 12 de febrero de 2014 por un balazo que le propinó uno de sus compañeros de colectivo, Hermes Barrera.

“La verdadera hipótesis aquí es que el compañero Heiker cayó víctima de una ráfaga traidora disparada por los terroristas. El señalamiento de la Fundación Tres Raíces es que no podemos dejarnos confundir y es un mensaje que se debe hacer público, es el mensaje que se le puede enviar a todos los enemigos, a los que nos adversan, o los que en este momento están celebrando o piensan que ha caído el líder y que la fundación Tres Raíces está vulnerable”, dijo Otaiza con un tono tajante.

Aseveró que con el colectivo no pasará lo mismo que sucedió con Montoya, cuando “todo el mundo se separó y se fracturó”. “La Fundación Tres Raíces viene de más de 15 años de formación político-ideológica. Aquí nosotros sabemos qué es lo que estamos defendiendo y qué estamos jugando y que si aquí, por momentos, cae la bandera en el piso, va a estar el que viene atrás para enarbolarla, enorgullecerla y demostrar que nosotros somos garantes de la explosión del poder popular en la zona y que jamás estaremos ni seremos el eslabón débil de la parroquia 23 de Enero”, insistió.

El historial

Aquella ferocidad a la que apeló Otaiza al hablar de Vásquez Ferrera hace pensar también en las solicitudes de captura por homicidio y extorsión que pesaban sobre el líder caído del grupo paramilitar. De acuerdo con la cuenta  en Twitter @DignidadMP, alimentada por fuentes del Ministerio Público leales a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, el funcionario y colectivo tenía sobre sus hombros seis investigaciones en curso a raíz de delitos cometidos entre los años 2010 y 2013. No terminó tras las rejas porque las órdenes de detención nunca fueron ejecutadas los organismos de seguridad o porque estas fueron obstruidas por órdenes del Poder Judicial que no permitieron actuar a los jueces de control.

 

Los señalamientos contra Vásquez Ferrera no son negados por Otaiza, quien prefiere responder a ellos con una anécdota. Rememoró que un día acudió junto al líder del colectivo a la sede principal del Cicpc para reunirse con los directivos de ese cuerpo a fin de acordar su actuación en la parroquia. En medio del encuentro, se escuchó una transmisión por radio.

“Ellos decían que había 662 expedientes que acusaban de actos delictivos al compañero Heyker y él contestó que siempre iba a hablar y a denunciar. En ese preciso momento había caído abatido un escolta de Rafael Ramírez en el ‘Árbol de los Peluches’ (en 23 de Enero), y en la transmisión decían que aparentemente lo habia abatido Heyker Vásquez, cuando él estaba sentado ahí con ellos. Y entonces él dijo, ‘ahora ese también me lo pones en ese expediente’”.

Para Otaiza, los delitos por los que señalan a Vásquez Ferreira estaban relacionados simplemente con el lugar en donde ocurrían, justo en el área controlada por Tres Raíces: las Zonas E y F, y El Mirador.

“Si había una denuncia y decían que abatieron a dos personas frente al INCE, donde tiene radio de acción Tres Raíces, inmediatamente se abría un expediente con responsabilidad directa al compañero Heyker Vásquez. Y resulta que eran problemas de narcotráfico de los muchachos de El Plan que bajaban y mataban en el radio de acción de la Fundación. Nosotros no somos omnipotentes ni omnipresentes y ellos esperaban que nosotros no estuviéramos para cometer un acto delictivo”, aclaró.

Pese a los delitos, las acusaciones, las incongruencias, en Tres Raíces despidieron a su líder en Facebook con imágenes y palabras que recordaron su acción en el barrio.Así, rememoraron el Infocentro que fundó, su hacer en el Inces e incluso los cultivos que legó al colectivo y que fueron visitados por Lorena Freitez, la ex ministra de Agricultura Urbana que fue sustituida por Bernal, mientras estaba en el cargo. “Recuerda, compadre, que no te nos fuiste. Reposa en lo alto, león de Tres Raíces”, se lee en la publicación.

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Entrevista | Luisa Ortega Díaz: Gobierno tecnificó y perfeccionó su plan para reprimir las protestas

Foto: ortegadiaz.com

En noviembre, Luisa Ortega Díaz llevó a la Corte Penal Internacional, en La Haya, los expedientes de 79 venezolanos que murieron en medio de las protestas de 2017
Para la fiscal en el exilio, el Plan Zamora fue diseñado por el Ejecutivo para atacar a los manifestantes como si se tratase de un grupo militar
Afirmó que, cuando el Ministerio Público investigaba las muertes ocurridas durante los cuatro meses de protestas de este año, los fiscales se encontraban con múltiples obstáculos
Su despacho, aseguró, solicitó a Estados Unidos la investigación sobre los sobrinos de Cilia Flores acusados por tráfico de drogas. Pero estos nunca llegaron a su despacho
Aseveró que tiene todas las pruebas sobre el caso Odebrecht para implicar a Maduro y a otros altos funcionarios

 

@loremelendez

BOGOTÁ. ESA MAÑANA DEL DOMINGO 26 de noviembre, en una pastelería de la selecta zona norte de Bogotá, Luisa Ortega Díaz vestía un blazer sobrio y un pantalón azul marino. Llevaba también una blusa clara que contrastaba con su conjunto oscuro y que iba acorde con su cabello rubio intenso, el tono que la ha identificado durante los últimos dos lustros. El atuendo era el mismo que se le había visto desde hacía 10 años, el tiempo que ha sido Fiscal General de la República, aunque la asamblea nacional constituyente la haya destituido y la persecusión política la haya obligado a salir del país clandestinamente en una lancha con rumbo a Aruba en agosto pasado. Lo único que había sacado previamente, confesó, eran sus títulos y credenciales académicas.

Aunque la sobriedad de su vestuario se ha mantenido, la fiscal en el exilio ha cambiado por completo sus formas, esas que preservaba al momento de hablar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta mediados de 2016. Desde hace año y medio, la mutación había dado varios pasos hacia adelante, cada vez más agigantados, y como muestra de ello dejó sus condenas los excesos policiales de las OLP, a las ilegales actuaciones de los colectivos y hasta al Tribunal Supremo de Justicia por intentar disolver la Asamblea Nacional. Atrás quedó quien durante años se expresó con un lenguaje institucional que, más que señalamientos, mantenía silencios en casos polémicos como los de Franklin Brito, la jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López. Hoy, por ejemplo, es capaz de decir que el Ejecutivo implementa acciones propias de regímenes comunistas y dictatoriales.

“Hay una política del gobierno propia de los nazis y de (Joseph) Stalin que fue aplicada también en la España de Franco. Eliminan los pasaportes sin ningún motivo, sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna razón, sin que exista un expediente para controlar a la gente. Si te vas, te vas ilegalmente, y vas a pasar trabajo afuera, y si te quedas aquí vas a estar sometido a la persecución del gobierno. Una vez, y esto siendo fiscal general, oí a una funcionaria de un consulado decir “nosotros no entregamos los pasaportes a quienes lo solicitan hasta que no verificamos en internet quién es”. Ese es el criterio que tienen para dar o no un pasaporte cuando eso es un derecho y eso tienen a miles de venezolanos en todo el planeta en una situación de indefensión. Eso es violatorio de los derechos humanos”, comentó. Y luego vino una advertencia bajo el velo de la revelación: “cuando consigné las denuncias (contra Maduro) ante la Corte Penal, nos reservamos consignar nuevas evidencias y nuevos hechos”.

Hoy, también tiene el valor para afirmar que quienes asumieron el control del Ministerio Público (MP) destruyeron, entre muchas cosas más, la Unidad de Criminalística de la institución.

“Ese era un laboratorio para investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las experticias no fueran hechas por los cuerpos policiales a los que se les atribuía la violación. Bueno, eso fue totalmente desmantelado. Los insumos y equipos costosísimos, y cuyo mantenimiento era impecable, todo desapareció. Se llevaron los químicos, los kits, todo lo que han podido llevarse se lo han llevado porque no hay un control”, sentenció.

¿Qué pasó en el Ministerio Público luego de que la ANC la destituyó?

La irregular situación, la ilegal e inconstitucional toma militar del MP me obligó a mí a adoptar esta medida de venirme a Colombia, así como obligó a varios trabajadores del MP, entre ellos directores, a salir de Venezuela. Ahora el Ministerio Público quedó en manos de delincuentes, tanto que una de las autoridades que está al frente se encargó, siendo una fiscal investigadora, de construir expedientes y sembrar evidencias para culpar a muchos venezolanos, y ahora quien está al frente del MP lo que ha venido haciendo es complacer al gobierno nacional para que este permanezca en el poder, se consolide en el poder, no para hacer justicia, que es el fin único del sistema de justicia. Nosotros no encontramos eso en el actual Ministerio Público, además de que han desmantelado la institución. Es el Sebin el que está dentro de sus  instalaciones manipulando expedientes, construyendo evidencia desde la mentira no desde la verdad para incriminar a la gente por capricho. La información que yo tengo de los propios trabajadores es espeluznante porque obligan a los fiscales a adoptar o tomar acciones que no corresponden a una investigación cierta, so pena de privarlos de libertad o de perseguirlos (…) Además, otra cosa, tengo información de que más de 600, casi 700 trabajadores han sido despedidos en estos tres meses. Un número exagerado. Y otros cientos han sido obligados a renunciar.

¿Tienen prueba de eso?

Sí. La lista la tenemos.

El patrón en las protestas y los 79 expedientes en La Haya

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Foto: ortegadiaz.com

Hasta el momento en el que usted estuvo al frente del Ministerio Público, ¿a qué conclusión se llegó en el tema de las muertes durante las protestas? ¿qué patrón identificaron?

Violación sistemática de los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno a asesinar y encarcelar, a perseguir a toda la disidencia política. Tú lo puedes ver en las manifestaciones (…) Nunca dejaron los manifestantes llegaran a su destino a cumplir su objetivo. Ellos mismos provocaron esta situación para encarcelar, asesinar, para perseguir a las personas y se produjeron acciones dirigidas a sectores, a poblaciones enteras como es el caso de Los Verdes, de las Residencias Victoria (ambas en El Paraíso, Caracas). Allí destruían la propiedad y esto fue aplicado a nivel nacional en varias zonas como para hacer una razzia, una limpieza social. Llegaban derribando las rejas, destruyendo los ascensores, quemando apartamentos: rasgaban los muebles, quebraban los enseres, los adornos, mataban a las mascotas. Sacaban preso al que resultara sospechoso, sencillamente porque querían. Bajaban a los estacionamientos y destruían los vehículos, tipo nazi y tipo Stalin en la Unión Soviética (…) Por supuesto esto se fue incrementando y ellos se fueron tecnificando y  perfeccionando. Ya no solamente adoptaban medidas para impedir que las manifestaciones se desarrollaran libremente, porque las convocatorias eran a manifestaciones pacíficas – ellos no tienen por qué presumir que son violentas y para eso están ellos, para evitar que las manifestaciones sean violentas– sino que se armaban, usaban armas de fuego, modificaban los proyectiles para hacerlos más letales, de modo tal que pudieran eliminar más número de personas. Cuando yo pretendía hacer una investigación de las muertes de alguna de estas personas, que lamentablemente perdieron la vida durante alguna de las manifestaciones, me encontré con todos los obstáculos, empezando por la Guardia Nacional. Nunca se dio respuesta al tema de Pernalete, así como nunca se dio respuesta a varias solicitudes que nosotros hicimos, como la del conductor de la tanqueta.

INFOGRAFÍA Fuentes policiales aseguran que a Juan Pernalete lo habría matado el impacto de una lacrimógena

¿Cómo perfeccionaron esa estrategia de atacar a los manifestantes? ¿Seguían un patrón?

Sí, hay un plan que nosotros entregamos en La Haya, el plan Zamora, donde se ve cómo gestionaron la seguridad ciudadana, como si fuese un Ejército a combatir a otro Ejército, ese fue el criterio (…) Una cosa es el orden público y otra es el orden interno, y la GN asumió que el orden público era un tema de orden interno, algo así como que, si viene un carterista y arrebata una cartera a una persona, eso es orden público. Ellos consideran que eso debe ser tratado como orden público para militarizar la seguridad ciudadana, que fue lo que hicieron con el 8610 (la resolución que en enero de 2015 legalizó el uso de armas de fuego para el control de las protestas), que tuvieron todos los obstáculos para aplicarlo por las objeciones que yo hice. Hay una comunicación que yo le dirigí al ministro, con ocasión a esa resolución. Ahí se comenzó a institucionalizar el uso de arma de fuego en las manifestaciones, no solamente por los resultados de las personas fallecidas, heridas. Porque no solamente las que perdieron la vida, sino la cantidad de lesionados durante esos eventos. Creo que estaba en el orden de los dos mil. Fueron tecnificando y perfeccionando, era normal asumir que toda la Fuerza Armada debía portar armas de fuego y, claro, es altamente letal cuando tú te vas a una manifestación o a abordar un tema de seguridad ciudadana y portas un arma de fuego. Lo más probable es que pierdan la vida muchos venezolanos que a lo mejor han transgredido la ley, otros no, pero no tienen derecho a morir de esa manera. Eso fue lo que ocurrió en Barlovento, no sé si tú recuerdas, mataron a muchachos inocentes. El único delito de ellos era ser pobres, y la seguridad ciudadana fue abordada como un tema militar.

¿Se giraron órdenes desde el alto mando militar o policial? ¿Ustedes tienen algún tipo de prueba de esto?

No, fíjate lo siguiente: ellos nunca escribieron el plan, porque en las OLP tú buscas algún documento escrito y no lo encuentras. Y las operaciones tampoco eran escritas, todo era hablado, pero te puedo decir que en esas reuniones todos los que participaban eran militares. Inicialmente yo era convocada, pero cuando comencé a hacer objeciones, más nunca me convocaron a esas reuniones. Eran todos militares.

¿Desde cuándo se comenzaron a hacer esas reuniones? ¿Desde el inicio de la OLP?

No, en 2015 comenzaron. Me convocaban a mí y yo siempre hacía objeciones, decía ‘eso no puede ser, eso tampoco, eso tampoco’ … y no me convocaron nunca más.

¿Cuál era el criterio que utilizó el MP para elaborar la lista de víctimas en medio de las protestas?

El criterio era relación directa o indirecta con los eventos. Hay un caso en el que murieron electrocutadas varias personas. Si bien es cierto que ahí no hubo acción directa del Ejecutivo o de una fuerza policial, pero la circunstancia que estaba ocurriendo en ese momento y lo que estaban ejecutando en ese momento esas personas (un saqueo) fue producto de la situación del país. Es decir, que tiene una relación directa. En ese momento, el problema de los alimentos ya era terrible. Cuando yo salí de Venezuela, conseguir medicamentos y algunos alimentos era imposible. Había que bachaquearlos o traficar las influencias para poder hallarlos. Y la gente desesperada. Otros lo hacen también no por necesidad, sino por ir a echar broma, empiezan a saquear. Y eso fue lo que pasó en este comercio.

Runrun.es tiene más víctimas en ese hecho. Lo comprobamos a través de testimonios e incluso tenemos sus cédulas de identidad …

Nosotros pudiéramos contrastar esas cifras. Me gustaría porque a lo mejor estamos equivocados. Nosotros, acuérdate, teníamos la información de primera mano y yo no tenía ningún interés en ocultar esas cifras. Y algo que cuidé mucho en el Ministerio Público fue dar las cifras. Sean malas o buenas, eso te permite crear políticas de Estado.

Y hubo además otros casos. En Petare se registraron varios que no están en la lista. Está el de Carlos Eduardo Aranguren, que había bajado de su casa, en Barrio Unión, hasta la redoma de Petare. Ese día, el 2 de mayo, hubo muchos enfrentamientos con colectivos. Su familia dice que lo mató la Guardia Nacional …

En el país, no sé si viste las cifras, pero hay más de 1.800 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Pero no todos ocurrieron en el marco de las manifestaciones. Es probable que haya sido registrado como una muerte a manos de los cuerpos de seguridad, pero no en el marco de las manifestaciones, que es una situación distinta.

Pero esto sí ocurrió en medio de disturbios … Hubo muchísimas manifestaciones allí ese día…

Pásame el nombre y nosotros revisamos …

Hubo muchos casos así. Se los voy a pasar … También quería preguntarle sobre el caso de Neomar Lander. ¿A qué conclusiones pudieron llegar?

Yo no te lo sabría decir. Aunque la gente piensa que yo manejo los casos, es imposible que lo haga con tantos. En el de Pernalete, a mí me conmovió mucho la mamá y el papá. Ellos fueron a mi oficina, al papá se le subió la tensión y hubo que sacarlo al servicio médico. Eso me impactó mucho. Nosotros en ese momento estábamos casi orientados hacia donde se conducía la investigación, pero yo me comprometí con ellos y les dije que con seguridad ese caso lo íbamos a sacar. Hay unos que recuerdo más que otros, pero nosotros tenemos esos expedientes completos. Nosotros consignamos los expedientes de casi todos los fallecidos en las manifestaciones allá en La Haya, los expedientes completos. Y la Corte (Penal Internacional) creo que tiene que admitirlo. Nadie había llevado esas cosas. Son muchísimos casos, claro, es imposible llevarlos todos. Pero llevé 79 expedientes y son muchísimos. Aparte de esos 79, llevé experticias, inspecciones balísticas, autopsias. Y estamos en eso, recogiendo más.

Les comparto parte de lo que fue la rueda de prensa que ofrecí el día miércoles 24 de Mayo, en la que presenté como Fiscal General un balance de la situación nacional hasta aquel día. … Es importante decir que hasta la fecha se registraban un total de 55 personas fallecidas por hechos de violencia, de aquellas víctimas fallecidas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo se habían registrado, un total de 1000 personas lesionadas, de los cuales 771 civiles y 229 funcionarios. 336 bienes públicos y privados quemados o saqueados, que representan incalculables pérdidas patrimoniales. … Consideré importante detenerme en ese tema, porque si el país se encuentra pasando por dificultades económicas importantes estos destrozos agudizarán los problemas que está padeciendo la población para abastecerse de alimentos y medicinas, esto viene es a contribuir a la escasez. 24/05/2017

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¿Por qué se seleccionaron esos 79 casos?

Acuérdate de que yo trabajo con un equipo y eso fue discutido por el equipo. Yo sigo mucho lo que dice el equipo y ahí hay situaciones en las que yo entro a revisar. El equipo me dijo: ‘doctora, vamos a recoger estos 79 que están perfectos’.

¿Esos 79 casos qué demostraban?

Que había violación a los derechos humanos. Porque nosotros registramos 17 detenciones arbitrarias. No podíamos consignar las 17 mil, porque no las tenemos todas, pero sí consignamos un gran número. También, de asesinatos, presentamos otras autopsias que demuestran que fueron ejecuciones.

“Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron”
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¿Cuáles eran las motivaciones que se escondían detrás de las OLP que usted misma ha calificado como “operaciones de limpieza”?

Perpetuarse en el poder, crear un sistema dictatorial, no tener control sobre las acciones que ellos ejecutan, infundir miedo en la población, violar los derechos humanos. Porque, ¿qué ha ocasionado todo esto? La corrupción, la gente empieza a pedir cuentas y ellos comienzan a buscar mecanismos para esconder todas esas acciones. Entonces, reprimen al pueblo, toman las instituciones, destituyen ilegalmente a alcaldes, gobernadores, funcionarios, los inhabilitan, inventan leyes. Por eso crearon la Constituyente, algo perfecto para hacer lo que les dé la gana.

¿Pero hubo algo detrás además de esa necesidad de perpetuarse en el poder? Lo menciono porque hubo demasiadas víctimas. En Runrun.es contabilizamos más de 500 muertes en estas operaciones … ¿Hubo alguna relación con el crimen organizado, por ejemplo?

Allí hay grupos civiles armados también. Maduro dijo muchas veces que estaba armando a los civiles sin ningún tipo de preparación. Pero eso solo fue una muestra porque era una política que desde hace mucho tiempo la venían implementando. Lo veíamos en hechos concretos que ocurrían. Hubo muchos casos en donde se evidenciaba que había grupo de civiles armados…

Ciudad Caribia fue uno de estos casos…

También en Quinta Crespo … A los grupos de civiles armados les dieron autoridad. Hubo un caso, donde los civiles armados aprehendieron a unos ciudadanos, levantaron el acta policial y llevaron a las personas ante los tribunales. El fiscal del caso se opuso a eso y pidió libertad plena porque eso era el derrumbamiento del Estado de derecho. ¿Cómo unos civiles armados se estaban arrogando ser fuerza pública e iban a ejecutar una acción? Entonces, no solamente los armaban sino que les daban autoridad. Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho, que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE. Porque Maduro y el Ejecutivo son los voceros de estos poderes (…) Las democracias se caracterizan por la separación de poderes, la democracia se distingue  por la autonomía que tengan los distintos poderes, ahí no las hay. Es el Ejecutivo que quiere tener el control. A mí Maduro me dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional: “Yo no sé qué vamos a hacer para sacarlos de allí”. Y yo le dije: “Pero es que ese no es un juego democrático”. “Bueno, pero es que yo nunca voy a entregar el poder”, me contestó.

Hablando de los grupos civiles armados, ¿ustedes tienen pruebas o evidencia de la participación de ellos dentro de estos grupos tanto dentro de las OLP como dentro de las protestas?

Cientos de declaraciones de testigos.

En julio de 2016 usted hizo un primer pronunciamiento en contra de las OLP a raíz de la actuación de colectivos en una de estas operaciones en Ciudad Caribia. Y luego, en noviembre de ese mismo año, criticó los excesos policiales que se cometieron en estas. Pero, ¿por qué dejó correr un año de OLP para pronunciarse sobre todas las irregularidades que estaban ocurriendo?

Las OLP comenzaron en junio de 2015. Busca mis declaraciones…

Sí, las busqué, por eso le pregunto.

La primera vez que se plantean las OLP, el primer día que las hicieron fue una funcionaria del Ministerio Público y vino horrorizada, literalmente horrorizada. A todas estas yo ajena, porque no sabía, son políticas del Ejecutivo … Y busca mis declaraciones después. Lo recuerdo perfectamente porque esa fue la primera. Nosotros ahí tenemos una investigación buenísima y ese, creo, fue uno de los expedientes completos que consignamos porque no implicaba la muerte de una persona sino de muchas. Fue el primero que se hizo en la Cota 905 … La fiscal me dijo ‘doctora, esto es terrible’, y empieza a decirme lo que hicieron. Yo dije, ‘ya yo me voy a pronunciar’. Y busca mis declaraciones. Claro, yo siempre guardaba, y el día que salía a declarar me pronunciaba sobre eso. Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron, antes porque no sabía, pero luego de esa primera vez, yo empecé a echarles plomo. Búscalas. Es más, fíjate una cosa, vamos a buscar las declaraciones mías en 2010 contra los policías, que El Nacional abrió conmigo 5 o 6 veces, porque estaba echándole plomo a los policías por la actuación policial. Eso fue en 2010 que yo insistí en la reforma policial. Y recuerdo que esa Misión A Toda Vida Venezuela surgió por las tantas objeciones que yo hice a la actuación policial. Yo siempre he hablado de la prevención policial… Lamentablemente yo perdí esos registros porque los tenía en mi casa.

De Odebretch a los sobrinos presidenciales

Venezuela's former chief prosecutor Luisa Ortega Diaz attends a meeting with representatives from the Latin American regional trading alliance Mercosur, in Brasilia

Foto: La Patilla

¿Usted ha seguido en contacto con los fiscales que investigan el caso Lava Jato y a Odebrecht en Brasil?

Sí. Ese es un tema difícil. En el expediente que consta en Brasil, cuyas pruebas yo también tengo en mis manos, hay muchísimos elementos que comprometen la responsabilidad no solo de Maduro sino otros altos funcionarios de su gobierno. Yo confío en que la fiscal general de Brasil – una mujer muy responsable y muy seria – y el vicefiscal – con quien he interactuado muchas veces – en algún momento tendrán que accionar.

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¿Pero ha logrado tener acceso a las evidencias?

(Sonríe) Todas… Todas.

¿Qué tipo de evidencias?

Son documentos, testimonios y grabaciones.

¿Estados Unidos está investigando este tema? ¿Está investigando a los venezolanos que están implicados en el caso Odebrecht?

Desconozco. Sé que están investigando, pero no he tenido acceso. Ellos sabrán qué es lo que están investigando.

Usted ha llevado el caso de las protestas a instancias internacionales. Pero hay algunos casos que se conocieron durante sus últimos meses en Venezuela, como el de Pdvsa y Citgo. ¿Qué acciones puede hacer en el plano desde afuera con respecto a estas denuncias?

Nosotros tenemos todos los expedientes de las investigaciones que adelantamos durante mi gestión. Es más, pedimos privativa de libertad y citamos para imputar y jamás fue posible lograrlo. Te puedo citar el caso de Amuay, que fue por falta de mantenimiento…

Y también salió tardísimo ese caso. Muchos años después de que ocurrió…

Sí, es que en esa investigación la experticia no fue fácil, fue una experticia muy técnica. Es como, algunas veces, los casos de corrupción. Esas auditorías no son fáciles porque hay muchos documentos, hay que revisar, comparar… Y otros casos, como el del Coque en Anzoátegui. Esa es otra investigación que nosotros tenemos, que nunca se ha hecho nada. Hay otros casos pequeños, como uno de Pdvsa que investigamos y que incluso citamos para imputar y nunca fue posible porque no iban, no querían. Se compraron unas lanchas y el precio de las lanchas era, por decirte, 350 mil dólares, y las compraron a 1.950.000 dólares, es decir con sobreprecio, y encima no las entregaban. Teníamos muchísimas investigaciones de Pdvsa. A Pdvsa la destruyó la corrupción, la falta de mantenimiento, ahí no había mantenimiento preventivo de nada. Mira, te he dicho bastante…

¿Y por qué nunca salió una imputación contra Rafael Ramírez, quien durante tantos años fue la cabeza de Pdvsa?

Todos los altos funcionarios tienen antejuicio de mérito, ¿no? Yo no recuerdo que directamente haya habido un… Déjame estructurar esto. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es citarla para imputarla. No es suficiente hablar, tú tienes que materializar la imputación y la imputación tiene que ver con el antejuicio de mérito. No como están haciendo ahora, que sin un antejuicio de mérito despojan a la persona de su inmunidad como lo hicieron con mi esposo, que es diputado, con (Antonio) Ledezma. Y la persona llamada a sustituirlo no es quien lo sustituye sino el que ellos pusieron. Eso es una condición de Estado fallido porque las instituciones no funcionan.

¿La Fiscalía ejecutó acciones en el tema de la emergencia humanitaria, con respecto a la escasez de alimentos y medicinas?

Ese tema, el de la emergencia humanitaria, no era competencia directa del Ministerio Público. La competencia nuestra era el abordaje de algunas situaciones concretas, como por ejemplo el cierre de la Unidad de Nefrología del J.M de los Ríos porque estaba contaminando a los niños por falta de mantenimiento. Pero, íntegramente, el tema de la crisis humanitaria, no podíamos abordarlo porque no es competencia nuestra. El caso de los siete hospitales, había uno que tenía 90% ejecutado y lo desmantelaron. Y nosotros citamos a (la ex ministra de Salud, Eugenia) Sader y al hijo –que está disfrutando su fortuna en Estados Unidos– y nunca fue posible. Pedimos la privativa de libertad y citamos para imputarlos y nunca concurrieron.

¿Y sobre la escasez de medicinas se hizo algo concreto?

Nosotros hicimos reuniones con distintos hospitales y pedimos unos amparos por el tema de la escasez de medicamentos; hay unos amparos que pedimos a favor de los periodistas, a favor de médicos por la escasez de medicamentos, esos se hicieron seguidos. Nos reunimos con pacientes oncológicos que no conseguían medicamentos y pedimos amparos contra todos estos hechos.

¿Pudieron hacer investigaciones sobre el caso de los sobrinos de Cilia Flores imputados por tráfico de drogas en Estados Unidos?

Nosotros pedimos la información a los Estados Unidos y entiendo, no tengo la prueba, me dijeron que había llegado a la Cancillería, pero nunca llegó al Ministerio Público. Inmediatamente después de que ocurrió el evento, eso fue a finales de 2015, ya nosotros estábamos haciendo la solicitud.

¿Pero se pudo adelantar esa investigación?

Sí, y ese expediente sí me lo traje en original, porque eso lo desaparecen. Así como Tarek (William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente) que desapareció todas las investigaciones contra él (risas).

Por cierto que él hizo una acusación grave contra usted cuando dijo que había participado en el desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Tiene algo que decirle sobre esto?

Yo no cazo peleas personales, esto es un problema de país. Mi mensaje es para venezolanos, para buscarle solución. ¿Tú crees que a mí no me duele lo que está sufriendo la gente? A mí me da un dolor cuando yo veo aquí en Colombia a los venezolanos en la situación en la que están.