¿Para qué sirve la Asamblea Nacional si el régimen, empleando a fondo la militancia roja rojita de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, invalida sus decisiones y leyes?
Mírese como se quiera, ese es, a partir de esta semana, la esencia de la inestable realidad política de Venezuela.
La causa eficiente de esta tormenta por venir es la sentencia del TSJ devolviéndole su vigencia al decreto de emergencia económica, rechazado por el poder legislativo de acuerdo con la inequívoca norma constitucional sobre los estados de excepción. Una reacción que, por supuesto, no toma a nadie por sorpresa, pero que tal como lo hemos repetido en esta columna desde el mismo y crucial instante en que los electores le dieron su abrumador voto de confianza a la propuesta de cambio formulada por la oposición, nos recuerda que los deseos no empreñan.
A partir de esta encrucijada, grosero autogolpe de Estado contra la constitución, contra las leyes y contra la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, ha estallado en Venezuela lo que el lunes pasado calificamos de “confrontación de todas las confrontaciones. Un conflicto absoluto”, que sencillamente reproduce el trágico desenlace de la pugna del presidente José Tadeo Monagas y la mayoría opositora del Congreso, ocurrida la tarde del 24 de enero de 1848, con el asalto al convento de San Francisco, sede entonces del Congreso, y la muerte de varios diputados.
La sentencia del TSJ representa para la Asamblea un ingrato ultimátum. O enfrenta con todas sus consecuencias este último desmán del oficialismo por conservar el poder “como sea”, o sus diputados se hacen los locos, como siempre han propuesto algunos dirigentes pobres de espíritu en nombre del falso argumento de que “los tiempos de Dios son perfectos.” Sin asumir en ningún momento el desafío político y existencial que el chavismo le ha presentado a Venezuela desde hace 15 años. Como si el estado de derecho reinara soberanamente en el espacio venezolano y nuestro proceso político discurriera apaciblemente por los senderos de la normalidad democrática.
En el fondo se trata de no ver ni escuchar lo que en realidad configura la conmovedora realidad de un pueblo que ya está a punto de perder irremediablemente la paciencia. De ahí que nos preguntemos si a las víctimas sistemáticas del hampa, de la violencia y de la miseria total, sin precedentes en la Venezuela republicana, cuya representación más cabal son las colas y la indignación sin límites de los ciudadanos de todas las tendencias, les bastará la respuesta que Henry Ramos Allup, acompañado de los diputados de la oposición, le dio el viernes al TSJ.
En esta ocasión, en rueda de prensa, denunció una vez más Ramos Allup la complicidad del tribunal y el Ejecutivo en el empeño de sostener al gobierno Maduro contra viento y marea, y reiteró que el régimen tiene los días contados, pero, y eso abrirá sin duda un amargo debate en el seno de la oposición, aceptó, si no la legitimidad, sí la legalidad de la medida judicial. Y añadió que si bien el objetivo del TSJ es negar la legalidad de los actos de la AN, ellos continuarán cumpliendo con sus funciones de legislar y controlar. O sea, que aun sin confesarlo, admitió que el poder legislativo acepta pasar a ser en la práctica un simple jarrón chino, aunque con una diferencia de importancia. En los próximos días, declaró, la Asamblea informará cuál será el mecanismo constitucional acordado por la oposición para producir el cambio del gobierno, ya no en el plazo de 6 meses, sino mucho antes.
Ese es, por supuesto, el clamor desesperado del silencio que se escucha en todas las esquinas de Venezuela. Un grito todavía silencioso, pero que en cualquier momento, si Maduro y compañía no abandonan la inútil y muy costosa defensa numantina de su “revolución” y si la oposición no encuentra la forma de concretar por las buenas su promesa de cambio, puede impulsar a los ciudadanos, indignados con unos y otros, a transformarse por las malas en una fuerza incontenible y colectiva del cambio. ¡Ojala que no sea necesario!
