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Podcast |  La nueva clase media, la Ley de Armonización y Coordinación Tributaria y las detenciones en la comunidad sexodiversa
En el episodio 226  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo «Clase media en Venezuela: ¿quiénes la conforman y de cuanto son sus ingresos?» Dos tipos de clase media confluyen en el país. Ya no solo existe el grupo que vive en urbanizaciones y cuyos jefes de familia son, en su mayoría, profesionales; hay otro porcentaje que desde las zonas populares percibe los ingresos suficientes para cubrir necesidades más allá de una canasta básica. Así, mientras unos vieron reducir sus ingresos con la llegada de la crisis, otros pudieron mantenerse o superarse con ingresos en dólares. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: Ley de Armonización y Coordinación Tributaria no ataca problemas de fondo de municipios». Expertos tributarios señalan a TalCual que, lejos de controlar la voracidad en el cobro de tributos e impuestos, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios solo estandariza la tributación estadal y municipal. De acuerdo con las fuentes, la norma «pone en cintura» a las regiones y localidades, pero no al Poder Nacional.

“El baile de los 33: derechos de la comunidad LGBTIQ+ retroceden 30 años» es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. 33 hombres fueron arrestados, expuestos al escarnio público e imputados con cargos que no corresponden a los hechos sucedidos y que pueden dar pie a una futura criminalización sistemática contra las personas sexodiversas.  La abogada Tamara Adrián explicó que fue un proceso irregular, así como por qué los cargos imputados no corresponden a los hechos y representan una violación a los derechos de los detenidos.

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

OPS pide aumentar el presupuesto destinado a la salud mental
Según el informe, la pandemia ha tenido un impacto negativo en el bienestar emocional y psicosocial de millones de personas, especialmente de los grupos más vulnerables y afectados por el virus
La organización destacó que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%

 

Este viernes, 9 de junio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe pidió aumentar los recursos del 3% al 5% del presupuesto total de salud, para hacer frente a la crisis de salud mental que se ha agudizado por la pandemia de COVID-19.

Según el informe de la OPS, la pandemia ha tenido un impacto negativo en el bienestar emocional y psicosocial de millones de personas, especialmente de los grupos más vulnerables y afectados por la enfermedad, el aislamiento, el duelo y la pérdida de ingresos.

El informe también señala que hay una gran brecha de tratamiento para los trastornos mentales en la región, que alcanza el 77,9%; además que los servicios de salud mental siguen siendo insuficientes, fragmentados y centrados en los hospitales psiquiátricos.

«La salud mental es un derecho humano fundamental y un componente esencial de la salud pública. No podemos permitir que esta crisis se convierta en una tragedia silenciosa que afecte a generaciones enteras. Necesitamos invertir más y mejor en la prevención, la promoción y la atención de la salud mental, con un enfoque comunitario, integral y basado en evidencia», dijo el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

 

Cifras alarmantes

Según cifras de la OPS, el suicidio se cobra la vida de casi 100.000 personas al año en América Latina y el Caribe. La tasa de suicidio ajustada por edad aumentó un 17% entre 2000 y 2019.

La OPS informó que ocho de cada diez personas con una enfermedad mental grave no reciben tratamiento en la región.

La organización destacó que en 2020, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%.

La OPS recomienda a los países adoptar medidas urgentes para fortalecer los sistemas y servicios de salud mental, integrándolos en la atención primaria, ampliando la cobertura y el acceso a las intervenciones basadas en la comunidad, garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, y promoviendo la participación social y el empoderamiento de los usuarios y sus familias.

Puede leer también: Fundación Rehabilitarte: Casi tres sueldos mínimos cuesta el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo

Las lluvias llegaron primero que los operativos de prevención del gobierno
A finales de abril Maduro aseguró que su gobierno tenía clasificado, «semana por semana», el comportamiento climatológico de los próximos meses. Detalló que serán 65 ondas tropicales las que llegarán a Venezuela este año

 

Llegaron las lluvias, y comenzaron los estragos. Entre los días 21 y 22 de mayo se reportaron afectaciones por precipitaciones en Distrito Capital y estados como Carabobo, Zulia, Táchira, Mérida y Aragua.

En Catia, en Caracas, usuarios reportaron el regreso de las lagunas. En Carabobo se registraron anegaciones en arterias viales. En Aragua se denunció que zonas cercanas al Lago de Valencia como Mata Redonda, Los Cocos, La Morita y Linares Alcántara se inundaron. En Táchira, en tanto, según el director de Protección Civil (PC), Yesnardo Canal, se documentaron afectaciones en el eje metropolitano relacionadas con el socavamiento de suelos. También se ha informado sobre crecidas de ríos.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) apenas estamos en la etapa inicial de la temporada de lluvias. Pese a que las lluvias forman parte de un ciclo históricamente predecible, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció de manera tardía los planes para mitigar riesgos y hacer frente a las precipitaciones, sobre todo el hecho de que estos trabajos van más allá de la limpieza superficial de ríos, quebradas o cunetas.

A finales de abril Maduro aseguró que su gobierno tenía clasificado, «semana por semana», el comportamiento climatológico de los próximos meses. Detalló que serán 65 ondas tropicales las que llegarán a Venezuela este año.

Informó que el Consejo de Vicepresidentes, dirigido por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, revisó los planes para apoyar a todos los estados, con recursos y equipos ante la llegada de las precipitaciones, aunque hasta el momento no se han dado pormenores sobre los planes para la prevención de riesgos que se han puesto en marcha. 

«Van tarde los planes de Maduro»

Para el ingeniero civil José María de Viana, los planes de prevención de Maduro van tarde. Asegura que los operativos de reparación y mantenimiento a los sistemas de drenajes primarios y secundarios requieren como mínimo seis meses.

De Viana resalta que en Caracas, durante la temporada seca, debió atenderse el sistema de drenaje secundario. A su juicio, el hecho de que en las principales arterias viales de la ciudad siempre se formen las mismas lagunas cada vez que llueve desmiente los supuestos planes del Ejecutivo.

Sobre las políticas preventivas que se deben ejecutar, José Luis López Sánchez, investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tilda de necesario que se haga remoción de sedimentos en los vasos de las presas de los ríos y quebradas. 

El mantenimiento y la gestión de riesgos no se limita a la limpieza superficial de ríos y cauces. De acuerdo con López Sánchez, también Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es menester atender los cauces naturales y las obras canalizadas.

 

 

*Vea la nota completa en TalCual

Advierten que prestaciones y otros beneficios laborales se calcularán con base a 5 dólares
Estimaciones confiables llevan a indicar que el ajuste en el salario mínimo decretado en marzo de 2022 habría perdido más del 80 por ciento de su capacidad adquisitiva para finales de febrero

 

 

Ahora no importa que un trabajador reciba 75 dólares o mucho más por concepto de bonificaciones, porque a la hora de ser calculadas sus prestaciones y demás beneficios sólo se tomará en cuenta el salario mínimo establecido en marzo del año pasado: 130 bolívares. 

Al no haber ningún aumento salarial el primero de mayo, no solo se mantiene el mismo salario decretado el 15 de marzo de 2022, el cual, de acuerdo al tipo de cambio oficial, es de 5 dólares y unos cuantos centavos hoy, cantidad muy poca para los gastos de un mes. 

Sobre esto, el director del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), Óscar Meza, en entrevista para el portal web El Impulso, advirtió que la bonificación del salario, que  es lo que ha hecho el gobierno, violenta la ley y la propia Constitución.

Meza sobre las advertencias que ha hecho la Academia Nacional de Economía, afirma que con ese salario mínimo y los bonos tengan la cuantía que sea, se ha extinguido el valor de las prestaciones sociales. 

«Cuando el trabajador tiene un salario de 5 dólares, la cantidad que se reserva para las prestaciones sociales es de un monto muy bajo, el cual no ofrece ninguna protección social al trabajador y su familia», dijo.

Preocupación de los académicos 

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en un comunicado dirigido a la nación, ha expresado su preocupación por el  deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y  salarios y rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios, siendo  particularmente  grave para los empleados del sector público, pensionados y jubilados. 

Comenta que estimaciones confiables llevan a indicar que el ajuste en el salario mínimo decretado en marzo de 2022 habría perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva para finales de febrero del presente año. 

El salario mínimo mensual, equivalente a 30 dólares cuando fue decretado, hoy apenas supera los cinco dólares, por lo que tal deterioro del salario revela niveles de remuneración realmente deplorables  para una parte significativa de la población, muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia requeridas en la Venezuela de hoy. 

Gobierno de Maduro puso en duda “imparcialidad y objetividad” de la CPI
El Gobierno presentó ante la Corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI

 

Este martes, 28 de febrero, el Gobierno de Nicolás Maduro puso «en duda la debida imparcialidad y objetividad» de la Corte Penal Internacional (CPI)  instancia, que comenzó en 2021 una investigación formal al país por presuntos crímenes de lesa humanidad. 

El Gobierno presentó ante la Corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite y los vínculos probados de dicha instancia con ONG´s, que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto».

El escrito, según un comunicado oficial, «desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

Como prueba de la «naturaleza política del proceso», Venezuela señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por el Parlamento, entonces de mayoría opositora, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales, que fue «presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución'».

Sin embargo, «al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó, expresamente, haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal», aseguró el Gobierno, que no especificó el nombre del ciudadano.

El Ejecutivo agregó que «seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación».

Víctimas venezolanas presentan sus observaciones 

En consecuencia, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI emitió una orden el 18 de noviembre de 2022 donde invita “a las víctimas y a sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía”.

Las opiniones y observaciones, que las víctimas pueden presentar llenando este formulario hasta el próximo 7 de marzo, serán compiladas en un informe por la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la CPI, quien las transmitirá a la Sala a más tardar el 21 de marzo de este año.

En enero de este 2023, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (CU-ULA) solicitó al Observatorio de Derechos Humanos de esta institución (ODH-ULA) que exponga ante la CPI la persecución a universitarios en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Por ello, el ODH-ULA coordinó una reunión con autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes de la ULA, que tuvo lugar el pasado 9 de febrero, con el fin de orientar sobre cómo presentar casos ante la CPI que aporten argumentos que permitan la reanudación de la investigación de esta instancia sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

Mayda Hočevar, directora del ODH-ULA, dio inicio a la reunión informando que este observatorio ofrece orientación y apoyo a los universitarios que han sido víctimas del Estado venezolano para llenar el formulario creado por la CPI.

Hočevar resaltó que las víctimas deben relatar allí las violaciones de derechos humanos sufridas y, sobre todo, explicar por qué consideran que bajo el régimen político actual no obtendrán justicia ni reparación. “En este momento estamos tratando de convencer a los jueces de la CPI que autoricen al Fiscal Karim Khan para que continúe la investigación sobre Venezuela”, precisó.

*Con información de EFE

Empleados públicos llegan a gastar hasta 90 % de su sueldo en pasaje
El 15 % de la masa laboral es la más afectada en el tema del pasaje y justamente es la que depende de la administración pública

 

Usuarios de la región central, norte, sur y occidente reportan que se ven obligados a ingeniárselas para buscar ingresos extras porque hasta 90 % del sueldo se le va en pasaje.

Trabajadores venezolanos se debaten entre trasladarse en «camionetica», metro (donde hay) o a pie para ahorrar lo más posible y cubrir otros gastos fundamentales del hogar.

 

Cabe destacar que el sueldo mínimo es de 130 bolívares, equivalentes a unos $5,73 (tasa del BCV al 3 de febrero), una persona necesita gastar más al mes, solo en el ir y venir de su casa al trabajo.

Marcos Zambrano es de Caricuao, al oeste de Caracas, trabaja como community manager en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, a unos 26 kilómetros de su casa. Desde hace al menos seis meses dejó de ir a su oficina todos los días debido a que gasta unos $33 dólares solo en pasaje, lo que representa poco más del 20 % de su ingreso mensual, unos $120.

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, señaló que el 15 % de la masa laboral es la más afectada en el tema del pasaje y justamente es la que depende de la administración pública.

Mora recuerda que el sector transporte lleva años proponiéndole al Gobierno que otorgue un bono a los trabajadores públicos, pero esto no ha sido tomado en cuenta. Cuestiona que la gente y los medios de comunicación enfoquen el tema del pasaje «contra los transportiste», cuando más bien «lejos de subir la tarifa, a nosotros nos la han desmejorado».

 Enfatiza en que el problema real radica en los bajos salarios y la negativa del Estado a mejorarlo.

*Vea la nota completa en TalCual

Acceso a la Justicia: Ley contra las ONG es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil
La ONG advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones, sino un universo enorme de organizaciones civiles

 

Este miércoles, 8 de febrero, la ONG Acceso a la Justicia denunció que la ley que impone el gobierno de Nicolás Maduro en contra de las Organizaciones No Gubernamentales, es una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil. 

En una nota de prensa, la ONG aseguró que la amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza y muestra una vocación totalitaria del partido de Gobierno. 

Acceso a la Justicia aseguró que el chavismo busca controlar a todas las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, por lo que «afectará a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro existentes, sean estas de hecho o de derecho».

«Atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios», señala el escrito.

Acceso a la Justicia advierte que, de la forma en que están redactados los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones (que defienden derechos humanos), sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto».

En este sentido, la ONG cree que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas «serán consideradas organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro (previsto en la ley), pues de lo contrario no podrán funcionar».

Lo que se traduce en que todas estas organizaciones deberán cumplir «la avalancha de trámites» que contempla el proyecto legal, pues, de lo contrario, podrían ser objeto de multas de hasta 12.000 dólares.

El chavismo ha reiterado que numerosas ONG funcionan como operadores políticos en contra de la revolución bolivariana, por ello busca establecer mecanismos que permitan identificar la procedencia de las donaciones que reciben.

*Con información de Efe

Experta afirma que ni el gobierno ni el sector privado tienen capacidad para aumentar el salario
A pesar de que el país está prácticamente dolarizado, la profesora aseguró que la hiperinflación no se paralizará

 

 

La economista y docente universitaria, Liuba Malpica Cruz, aseveró que ni el gobierno ni el sector privado tienen capacidad para aumentar el salario. 

“No veo que el gobierno tenga la capacidad y que sea factible un aumento de salario en la situación de crisis en la que estamos”, afirmó la economista en el encuentro virtual “Perspectiva País: Proyecciones Económicas 2023”, organizado por Medianálisis.

La aseveración de la especialista responde a una de las expectativas económicas que existen en Venezuela debido a las constantes protestas que los empleados públicos han protagonizado en las calles de todo el país.

Malpica detalló que las condiciones en el país no están dadas para un aumento de sueldo, muy a pesar del repunte económico que se registró en el último trimestre de 2023.

 

“Estamos arrastrando una crisis producto de unas políticas económicas ejecutadas hace años que no estaban acorde de la realidad. Para dar un ejemplo, los procesos de expropiación que ejecutó el gobierno ha generado una cadena de consecuencias lamentables para el país como la poca producción y, mientras, exista eso, no hay capacidad para que se apruebe un aumento de salario porque ni el gobierno ni la empresa privada van a poder pagarlo”, detalló Malpica Cruz.
desarrolla “Perspectiva País: ¿Qué esperar del 2023?”.

La especialista indica que hay un factor clave que puede generar un impacto positivo para la economía venezolana y que podría verse reflejado en las condiciones laborales de los trabajadores: retomar la confianza en la inversión.

 “El gobierno no ha generado un clima de confianza para levantar la producción. Ha llegado a pequeños acuerdos para el relanzamiento de empresas mixtas, que fue un respiro para la economía, pero no es suficiente”, indicó. 

 La hiperinflación no se paralizará

A pesar de que el país está prácticamente dolarizado, la profesora aseguró que la hiperinflación no se paralizará. A su juicio, para que esto acabe, deben crearse las condiciones para producir más y, por ende, habrá estabilidad en los precios. 

“Venezuela no se ha arreglado. Tuvo un pequeño respiro porque se llevó con coherencia la reintegración de empresas privadas al comercio, pero la realidad es que falta mucho. La influencia que puedna tener los bodegones en la economía es muy poca porque no se está produciendo lo que allí venden”, destacó Malpica.

En cuanto al crecimiento de la economía informal, dijo que esto tampoco genera avances en la economía a pesar de que haya un incremento considerable.

*Con información de Medianálisis