Gobierno venezolano

EL OBSERVATORIO DE DELITO ORGANIZADO adelantó este jueves un registro de 40 funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y altos funcionarios del gobierno nacional que se han visto involucrados en el tráfico de drogas en un período entre agosto del 2015 y agosto del 2016.

Entre los funcionarios que aparecen reseñados en la investigación se encuentra: Néstor Reverol, Freddy Alirio Bernal Rosales, Cliver Alcalá, Amílcar Figueroa Salazar, Henry Rangel Silva, Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal Barrio.

El registro hemerográfico, que recoge la información de 40 militares de alto y bajo rango incursos en el delito organizado, fue realizado mediante la detallada revisión manual de más de 20 diarios de circulación nacional, regional e internacional así como emisiones televisivas de noticieros y portales web de noticias.

De acuerdo al diario ABC de España reseñó en el 2015 que más del 80 % de la droga que sale a Europa y otros mercados pasa por Venezuela, cifra que de acuerdo al director del Observatorio y de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, deja al descubierto la gravedad del tráfico de drogas en Venezuela y considera que “las Fuerzas Armadas Nacionales son una de las instituciones más vulnerables a ser penetradas por el crimen organizado».

Para Cedeño, es de gran importancia la corrupción que acecha a las fuerzas armadas, puesto que son ellos los encargados de salvaguardar las fronteras y aduanas del país, justamente los lugares por donde la droga transita.

Para Mildred Camero, ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), desde la Reforma a la Ley de Drogas en el 2005 que permitió a los componentes de la FANB a conocer e instruir en materia de drogas, se comenzó a agravar el tráfico de estupefacientes en el territorio nacional, debido a la falta de experiencia en materia de investigación, instrucción penal y demás aspectos. «De inmediato, se dan cuenta como el negocio de las drogas genera tanto dinero y de una manera u otra comienzan a compenetrarse con grupos de narcotraficantes, muchos se sienten identificados con la ideología política del régimen, y viene el acercamiento a los grupos subversivos como las FARC, los Paracos, y demás grupos de bandoleros que operan en la frontera colombo-venezolana», dijo Camero en entrevista realizada por el periodista Héctor Landaeta.

A continuación se presenta la lista de los 40 funcionarios registrados por el Observatorio de Delito Organizado:

 

*Con información del Observatorio de Delito Organizado

El gobierno trata a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales como ciudadanos de segunda al no aprobar los recursos para cubrir el pago del bono de comida y medicinas establecidos en la ley, afirmó Freddy Guzmán, dirigente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

Entre las medidas para mejorar el ingreso económico de los trabajadores del sector público y privado, con el incremento del sueldo mínimo y el ticket alimento, los beneficiarios del IVSS solo percibirán el aumento de la pensión homologada con el salario mínimo, que pasó de 15.051,15 a 22.576,57 bolívares mensuales a partir del 1° de septiembre próximo.

La Ley del Bono de Alimentación y Medicinas para Pensionados y Jubilados del Sector Público y Privado fue aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de marzo, y enviada al presidente Nicolás Maduro para que asignara los recursos destinados a cumplir la obligación.

La legislación indica que inicialmente se pagará a los pensionados 10.000 bolívares al mes por concepto del bono, monto que subirá progresivamente con la inflación. El gobierno elevó una consulta sobre la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia, que la declaró constitucional el 30 de abril pasado. “Han transcurrido cuatro meses y el Ejecutivo se mantiene en silencio con respecto al pago, lo que es una muestra clara de discriminación cuando eleva el ticket de alimentos a 42.000 bolívares mensuales para los trabajadores activos”, denunció Guzmán.

Las últimas cifras anunciadas por el gobierno señalan que el número de pensionados del Seguro Social es de 3.073.338 de personas, lo que representa para el Ejecutivo erogar 30,7 millardos de bolívares al mes.

Más información en El Nacional.

Gobernar no significa tener la capacidad necesaria para garantizar resultados efectivos. Es sólo una referencia de poder. Y el poder puede detentarlo quien luego de esforzarse por alcanzarlo, indistintamente de los métodos empleados, logre obtenerlo para la causa aducida y por las razones convenidas ante un propósito predeterminado.

Sin embargo, tener o conservar el poder no es el problema a resolver de cara a enderezar los entuertos que en estos años de gestión pública han emergido en Venezuela. El problema tiene una connotación enmarcada fundamentalmente por el carácter sociopolítico del mismo. Aunque ideológicamente, podría pensarse que responde a postulados asociados con el socialismo. Pero no con el socialismo (científico) que refiere el marxismo. El socialismo que ha venido intentándose establecer en el país, responde a criterios documentados en la praxis política que ha vivido la Cuba sometida por las pretensiones hegemónicas implantadas por el Castrismo desde 1959.

O sea que bajo el nombre de socialismo, el régimen venezolano buscó encubrir discreciones que permitieran dirigir los lineamientos de un proyecto político militarista, hacia objetivos que solamente beneficiaran a un sector reducido de la población. Sector éste, políticamente encuadrado con intereses alineados con las necesidades de la dirección política del referido proyecto. Precisamente, por razones así establecidas, desde un principio, el régimen se vio obligado a disfrazar un proceso de elaboración y toma de decisiones que aparentara realidades casadas con la democracia a la que hacía referencia la misma Constitución aprobada como burdo “mascarón de proa”.

Así, el cuerpo de este gobierno autoritario, buscó siempre mimetizarse bajo procesos electorales amañados con el fin de proporcionar una imagen de amplitud y de libertades difíciles de comparar con realidades asomadas por otras naciones que se preciaban de ejercicios de gobierno democrático. De esta manera, comenzó a promocionar la imagen de un país regido por un ordenamiento subordinado a leyes exigentes de paz, bienestar del pueblo, cumplimiento de derechos y deberes, tanto como de preceptos que reivindicaban la institucionalidad democrática y el desarrollo económico y social.

Pero todo fue la fachada fingida de un proyecto político que exaltaba el pluralismo político, la descentralización, la alternabilidad y los mandatos revocables. De hecho, la Constitución elaborada con tal propósito, fue novedosa en los susodichos aspectos. Asimismo, fue portadora de un nuevo trazado de país que exaltaba derechos educacionales, económicos, culturales y políticos. Pero nominalmente. Todo sirvió de portada para justificar en nombre de la mentada “revolución bolivariana”, determinaciones que disfrazadas de innovadoras, dieron al traste con el esfuerzo de instituir un sistema político que expresara la magnitud de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.

Tan fogoso texto constitucional, ocultaba lo que el tiempo pudo develar. O sea, producir una transformación en el pensamiento del venezolano a fin de alterar su comportamiento en lo económico, político y en materia de organización social. Un cambio que, solapadamente, promoviera el empobrecimiento del pueblo venezolano. Para lograrlo, el régimen acudió a maquinar todo un oscuro plan que, como recurso de dominación política, provocara una actitud de resignación en el individuo de tal forma que lo mantuviera impasible ante las imposiciones que groseramente ordenara el alto gobierno. Y que continúa haciéndolo.

La decisión, innegablemente humanitaria, de ayudar al pueblo ecuatoriano con motivo del desastre natural que desarregló la vida de importantes comunidades de tan hermoso país, dejó al descubierto el denigrante talante del régimen y que define cada una de sus retorcidas ejecutorias. Tal como destaca el aforismo bíblico: “luz de la calle, oscuridad en la casa”. ¿Entonces, por qué la razón del desgaste de la calidad de vida que en los últimos años ha venido acentuándose, al extremo de incitar desolación, hambre y graves penurias en el venezolano, además de hostigarlo inculcándole miedo, desesperanza y confusión? Sin duda que debajo de tanta retórica populista, la intención gubernamental es arrastrar al país a un estado de atontamiento que permita idiotizar actitudes pues así podría tramar las razones posibles para mantener el poder. Sin disimulo alguno de contrariar lo que el propio Bolívar refutaba ante la tentación de un mismo hombre de permanecer largo tiempo en el poder. Por eso llegó a señalar que “es una manía miserable el querer mandar a todo trance” porque como también expresó que “es insoportable el espíritu militar en el mando civil” He ahí la maraña que el régimen armó para mantener sometido al pueblo venezolano. Eso evidencia cuán elevado, sacrificado y absurdo ha sido el precio de la revolución.

@ajmonagas

El gobierno venezolano y la oposición iniciaron un forcejeo en torno a la aplicación de una amnistía para presos por motivos políticos aprobada en el Parlamento, que el presidente Nicolás Maduro amenazó con bloquear.

Un día después de que la mayoría opositora en la Asamblea sancionara el proyecto que pretende sacar de la cárcel a unos 76 presos, Maduro reiteró que la ley «no pasará» bajo ninguna circunstancia.

«Es la ley más criminal que jamás se haya aprobado en el país. Yo pregunto: ¿es esa ley de impunidad criminal la que nos va a conducir a la paz? ¿A quién beneficia, a los que mandaron matar a nuestro pueblo en febrero de 2014?», cuestionó Maduro este miércoles en un acto público.

La promotora de la iniciativa, Delsa Solórzano, rechazó este miércoles la advertencia y señaló que «en un país democrático un presidente no emite sentencias».

Sin embargo, admitió que «son muchos los pasos que faltan para lograr la libertad de los presos políticos», por lo que «el trabajo apenas comienza».

La normativa también plantea beneficiar a centenares de «perseguidos y exiliados» por su oposición al chavismo, que gobierna Venezuela desde hace 17 años, según Solórzano.

«Sabemos que más jueces y fiscales de los que ustedes se imaginan están dispuestos a aplicar la ley de amnistía», aseguró desafiante la asambleísta, recordando que uno de los artículos prevé sanciones para los funcionarios que «retarden injustificadamente la aplicación» de la norma.

Entre los detenidos figura el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertos.

Tras la aprobación del instrumento, Maduro tiene diez días para promulgarlo, pedir modificaciones o someterlo a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el «bufete jurídico» del chavismo.

«Estamos en una cuenta regresiva, son diez días que vamos a estar recorriendo Venezuela y el continente para llevar esta ley de amnistía. Comenzamos la gira de la libertad», anunció Lilian Tintori, esposa de López, en rueda de prensa junto con Solórzano.

Maduro aduce que se trata de un «autoperdón de asesinos» que intentaron poner fin al gobierno de su antecesor, Hugo Chávez, y al suyo mediante acciones violentas que derivaron en violaciones de derechos humanos.

En lugar de una amnistía, el gobernante socialista ha propuesto convocar una «comisión de la verdad» para investigar los delitos que se le imputan a los beneficiarios de la normativa.

– Reformar el tribunal –

«Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional», advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño. «La convocatoria (a debate) no cumple con los extremos legales. Es una sesión írrita y por tanto írrito su producto», añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una «consulta pública en toda Venezuela» con «ONG, universidades, expertos y las víctimas».

Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, si Maduro la envía al TSJ.

Por ello, la oposición discute desde el martes una reforma a la ley que regula la corte, incluida su estructura nominal.

«Vamos a modificar la composición del TSJ, la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela», advirtió Solórzano

 

El Gobierno venezolano rechazó hoy las nuevas sanciones impuestas por la administración de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y advirtió de que se reservará «todas las acciones necesarias» para defender su soberanía.

El Ejecutivo venezolano rechazó «de forma categórica el comunicado emanado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el cual, mediante mecanismos lesivos de derechos humanos se reincide en la violación del Derecho Internacional».

El Gobierno venezolano advirtió que se reserva todas las acciones que en el campo diplomático y del Derecho Internacional «fuesen necesarias para defender la soberanía e independencia de nuestra Patria, y permitan rechazar éstas medidas de agresión contra Venezuela».

Venezuela reaccionó a través de un comunicado al anuncio realizado el lunes por el Departamento de Estado de EEUU de nuevas sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano considerados por Washington «responsables o cómplices» de violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno venezolano afirmó que las medidas «coercitivas» impuestas en su contra «contravienen la voluntad de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe expresada en la declaración de profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales» suscrita por la III Cumbre de Jefes de Estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) hace una semana.

El Ejecutivo lamentó asimismo «la continuidad de las agresiones por parte de los Estados Unidos de América que atentan contra un diálogo de respeto que rige la actuación internacional del Gobierno venezolano, y en cambio opte por continuar violentando los principios de soberanía nacional».

Venezuela aseveró que no reconoce «bajo ningún concepto la pretensión imperialista de imponer una jurisdicción extraterritorial ni injerencia de ningún tipo por parte de potencias extranjeras».

En julio pasado, Estados Unidos ya impuso restricciones de visado a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos y en la represión de protestas de grupos opositores a Maduro.

Además, en diciembre pasado el presidente de EEUU, Barack Obama, firmó una ley aprobada por el Congreso que incluye la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios venezolanos vinculados, según Washington, con la violencia y la represión de las protestas de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y cientos de heridos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que se mantienen a nivel de encargados de negocios, han sido complicadas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro.

 

Uno tiene ya más de quince años escuchando cuentos. Parece que la manera de compensar la incapacidad de planificar e implantar soluciones a los problemas de los venezolanos se quisiera subsanar con historietas que pretenden justificar el peor desempeño de gobierno alguno en nuestra historia republicana.

Muchos de estos cuentos han estado relacionados con supuestos atentados contra quienes han ocupado la presidencia. Uno tiene que obligatoriamente preguntarse: ¿quiénes están detrás de estos supuestos magnicidios? ¿Por qué no hay personas detenidas por estas denuncias? Más importante aún: ¿cuál es el interés de alguien de cometer tan atroz crimen? Y surgen preguntas adicionales: ¿por qué el resto de los presidentes de nuestras Américas no sufren de tan grave amenaza?

Todo indica que tales denuncias ocurren cuando hay la necesidad de cambiar los temas en la agenda pública o cuando se quiere generar sentimientos de solidaridad con los presidentes. En todo caso, ha funcionado como mecanismo para mantener esa división artificial de nuestra sociedad que ha caracterizado la política venezolana en los últimos tres lustros.

El otro macro-cuento que se mantiene permanentemente en el discurso oficialista es el de la amenaza de golpe de estado. Este es quizás el que genera más confusión visto el control que el gobierno actual dice ejercer sobre el aparato militar venezolano. Tan solo el primero de Febrero, Maduro denunció que Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, estaba metido en un plan para derrocarlo.

Y vienen las preguntas: ¿Se puede dar un golpe de estado sin la participación de los militares venezolanos? ¿Tiene Biden tanta ascendencia sobre nuestros militares como para llevarlos a una ruptura del hilo constitucional? ¿Es acaso una denuncia de Maduro de la existencia de una grave fractura en el seno de nuestras fuerzas armadas? ¿Por qué otros países de las Américas no sufren de amenazas similares?

Ante la incapacidad de atender eficazmente la crisis económica que nos acogota y empobrece minuto a minuto, se vuelve a apelar a la historieta de la guerra económica que llevan a cabo los supuestos miembros de la oligarquía venezolana. Les confieso que ante tan trillado argumento quedo más confundido.

¿Qué es lo que tenemos en Venezuela como gobierno? ¿Es un gobierno socialista o es una oligarquía? Porque la existencia de oligarcas lleva a pensar que ellos son los que tienen el poder y que los oficialistas no pintan mayor cosa. La triste realidad, sin embargo, es que la economía venezolana nunca había estado tan intervenida por un gobierno como en este preciso momento que usted lee estas líneas. Eso es lo que a la postre explica la magnitud del desastre que estamos viviendo. Quienes son incapaces de mantener un hospital funcionando o de impedir que el hampa se haya apoderado de las calles, pretenden tener éxito manejando la industria y el comercio del país.

Para explicar la escasez se acude a la historieta del contrabando. No voy a negar que ese haya sido un problema de larga data en nuestro país. Pero, por eso mismo: ¿cómo es que el contrabando produce desabastecimiento en estos momentos y no lo hacía antes? ¿Qué ha pasado con la guerra contra el contrabando? Se entiende que si la misma ha sido exitosa, entonces debió haber desaparecido el problema que supuestamente generaba.

Lo cierto del caso es que el gobierno se maneja en el éter de una propaganda insensata que lo único que desnuda es su incapacidad para conducir el país. Se monta todo un tinglado, una ficción,  donde el gobierno venezolano termina siendo la triste víctima de una conspiración planetaria. Todos se han puesto en contra de un gobiernito que, a decir verdad, no le genera dolor de cabeza alguno a ninguno de los supuestos enemigos.

En mi modesta opinión, la inacción de este gobierno y su permanente uso de las historietas, se debe a que no entienden el problema por el que atraviesa el país y no logran atinar con las medidas que se deben poner en práctica para salir del atolladero.

Antes del párrafo de cierre, un dato: a Venezuela le entraron por concepto de petróleo entre 1999 y 2013 más del doble de dinero que el que facturamos entre 1918 y 1998. ¡Más del doble!

A los venezolanos nos gustaría que no nos contaran en este momento aciago, a dónde fueron a parar la inmensa cantidad de recursos que entraron a la nación durante los últimos quince años. ¿Qué obras de envergadura representan semejante gasto? ¿Dónde están depositados los ahorros a los que apelaremos en la época de vacas flacas? ¿Cómo nos vamos a mantener competitivos en un mercado petrolero cada vez más reñido? ¿Cuándo es que se van a implantar las medidas que sacarán a Venezuela de la crisis? ¿Cuándo, quienes gobiernan, van a pedir al pueblo les excuse el habernos hundido en tan profunda crisis en plena bonanza petrolera?

Esas son las historias que estoy seguro a los venezolanos nos encantarían escuchar.

 

@botellazo

 

 Luis Eladio Pérez es el Embajador del gobierno de Juan Manuel Santos en nuestro país, y ha hecho unas revelaciones muy importantes: “El Colombia es Venezolano”. Eso, que parecería el título de alguna historia absurda, es el titular que leo en la primera página de El Impulso, en Barquisimeto.

El  Colombia, recordarán ustedes, era -según el gobierno venezolano- el gran jefe paramilitar que, siguiendo instrucciones supuestamente de Álvaro Uribe, habría asesinado a Robert Serra y a su asistente. El gobierno venezolano dedujo que, por su apodo, el presunto asesino era del vecino país y eso cuadraba perfectamente en la trama que elaboraron a propósito de Uribe y los paramilitares. Pero el Embajador Pérez revela la verdad y aún va a más: “A Serra lo mataron sus propios escoltas”; como titula hoy Versión Final, en Maracaibo: “El Colombia”, acusado de ser el presunto autor del crimen, no es colombiano ni paramilitar, es ciudadano venezolano. Lamentamos que el gobierno venezolano haga acusaciones sin saber algo certero. Todo es para estimular la xenofobia”.

Qué grave que el Embajador de Colombia le diga al gobierno venezolano: “es lamentable que ustedes hagan acusaciones sin saber algo”. El editorial de Tal Cual viene a propósito de esto: “Hablando de mentiras frescas”. El editorialista Xabier Coscojuela nos relata cómo fue todo el proceso de manipulación en el caso Serra. A éste lo matan sus propios escoltas, y, aunque los motivos del crímen ya son ampliamente conocidos por la opinión pública, el gobierno se empeña en mentir y en decir que esto formaba parte de un plan paramilitar contra los dirigentes de la revolución. Más o menos lo mismo que ocurrió con Eliécer Otaiza, cuyo crimen, según Nicolás Maduro, había sido planificado en Miami y llevado adelante por el imperio, pero resultó que fue también un crimen del hampa común.

Recordarán que en ese contexto se llegó acusar que a Diosdado Cabello le habían hecho un atentado con un francotirador. Cuando al propio Cabello le consultaron, en una entrevista en El Universal, dijo de manera tajante: “yo no voy hablar de eso.¨

¿Por qué no van hablar de eso? ¿Por qué inventan y mienten con tanta facilidad? ¿Por qué todavía no han aceptado su error en el caso Otaiza? ¿Por qué tampoco en el caso Serra? ¿Por qué hicieron un silencio total sobre el supuesto atentado contra la vida de Diosdado Cabello?

Pero, más allá de estas fantasías, de estas mentiras, la vida de los venezolanos se nos ha hecho marcar por la violencia.

Hoy abundan, por ejemplo, los titulares a propósito de la llamada “Masacre de el Guárico”. O titulares como el de La Voz, en Guarenas: “EL CICPC abatió a cinco delincuentes en el Tuy”. La Región, en Los Teques: “Cae abatido tras lanzar granada a Comisión policial en Guaremal”. El Nacional, en Caracas, nos hablan de cómo a un individuo que estaba viviendo solo le lanzan una bomba molotov.

Estamos hablando del país de la violencia, donde la verdaderas noticias son la muerte, las balas, la sangre.

 

César Miguel Rondón

@cmrondon

Pensar distinto en Venezuela es considerado un delito para este Gobierno

El Secretario General Nacional de Primero Justicia y diputado a la AN, Tomás Guanipa, repudió la persecución del Gobierno en contra de líderes de la Unidad Democrática; y aseguró que la misma es una estrategia para desviar la atención de los venezolanos de los problemas del país.

En este sentido, se solidarizó con  ex alcalde de San Diego, Enzo Scarano,  y los demás presos políticos de la cárcel de Ramo Verde. Asimismo alertó sobre la supuesta intención que tienen desde el Tribunal Supremo de Justicia de despojar de inmunidad parlamentaria a Ismael García.  “Estos hechos demuestran que en este país pensar distinto y luchar por un cambio, es considerado delito por este Gobierno”

Guanipa señaló que los verdaderos problemas de los venezolanos giran alrededor de la economía, por lo que cuestionó las estimaciones hechas por el ministro de finanzas, Rodolfo Marco Torres, para el año 2015.

“Es mentira que el precio del 80% de los productos del país esté calculado a dólar a 6,30, es un engaño que nieguen que habrá una devaluación pronto y es una burla a los venezolanos que este Ministro diga  que el dólar paralelo es una ficción, cuando todos los ciudadanos sabemos que su precio es 100 bolívares y el que moviliza la economía nacional”.

Asimismo el Parlamentario se refirió al índice inflacionario del país y aseguró que los pronósticos que hizo el Gobierno para el año que viene son irreales “este 2014 la inflación rondará el 70%; es irresponsable y manipulador decir que en el 2015 será 25%. Es imposible lograr una reducción inflacionaria de 50% en 12 meses; si Marco Torres lo logra estemos en presencia del próximo premio nobel de economía”.

“La hallaca hecha con productos de Mercal costaba el año pasado 9 bolívares este año costará 27 bolívares, es decir 200% más, la inflación en alimentos y bebidas este año es del 91% y es inocultable para la población. El Gobierno debe entender que con demagogia y mentiras no frenará la crisis del país”.

Guanipa finalizó explicando que cuando se elija la nueva Asamblea Nacional, existirá la posibilidad de dar un cambio radical en la correlación de fuerzas políticas y  de frenar el modelo de gobierno que se impulsa desde el oficialismo.