Sí. El dialogo como forma de resolución de todo tipo de conflictos debe ser siempre la primera carta a la mano de cualquier verdadero demócrata. Pero tengámoslo claro, en las recientes “muestras de apertura al diálogo” del gobierno venezolano no hay buena fe, ánimo conciliatorio ni sanas intenciones. No se trata de una valoración netamente subjetiva, este es un juicio que elaboro desde el análisis de los resultados objetivos de las que han sido las iniciativas similares desde 2014. Si esto es así, sobre todo tomando en cuenta que las protestas generalizadas y masivas, que lograron arrinconar al gobierno y poner en evidencia la verdadera naturaleza del régimen, fueron neutralizadas por el propio liderazgo político opositor, ¿cuáles son las razones por las que el gobierno de Maduro vuelve a sacar de su mazo la barajita del “diálogo”?
En primer lugar, es de Perogrullo que el gobierno intenta ganar tiempo. Tiempo para seguir haciendo y deshaciendo en Venezuela, tiempo para que sus más conspicuos adalides pongan a buen resguardo su botín, quizás en sistemas financieros menos exigentes y más propensos a “hacerse los locos” con respecto al origen de los caudales que reciben, pero también tiempo para congelar cualquier nueva iniciativa que les cierre las pocas puertas que, por ahora, aún les quedan abiertas. Algunos dicen que esto ya no es posible, que incluso la presencia de nuevos actores fungiendo como mediadores y garantes, algunos de ellos elegidos por los mismos opositores, evitaría que ese primer objetivo se cumpla. Pero lo cierto es que ya Maduro lo logró. No más se anunció la primera reunión “exploratoria” entre el gobierno y algunos factores de la oposición en República Dominicana, todo el proceso de imposición de sanciones a altos funcionarios del gobierno que, por ejemplo, hubiesen claramente incurrido en graves violaciones a los DDHH, esta vez a cargo de Europa, quedó en suspenso. En la Eurocámara se han adelantado algunas gestiones en este sentido, pero no pasan de ser, por el momento, más que la expresión, contundente eso sí, de las intenciones de Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. La amenaza caló profundamente en los oficialistas, que ya están comenzando a experimentar en carne propia, y a nivel personal, las consecuencias de las sanciones que ya les había impuesto EEUU. Las sanciones económicas personales (que no son contra Venezuela sino contra individuos en particular) les dieron donde les duele, y están claros en que otro golpe similar, venido ahora desde el otro lado del charco podría ser, para muchos de los agavillados en la destrucción sistemática de nuestra nación, absolutamente devastador. Que te sancione una sola nación, incluso una tan poderosa como los EEUU, es una cosa, nada deleznable, por cierto, pero que a esto se le sume el castigo similar de todo un continente es otra completamente diferente. Cuando se trata de ocultar capitales dilapidados, y de disponer de ellos a placer a costa de todo un pueblo, el mundo no es tan vasto como parece. La urgencia estaba entonces clara, y había que actuar en consecuencia. Sacar la bandera blanca, pedir “taima” disfrazada de diálogo, aunque se mantenga oculto el puñal en la espalda, fue la línea dispuesta por el poder en Venezuela. Y hasta ahora, al igual que antes, le ha funcionado.
En segundo lugar, existe otra razón que no puede pasar bajo la mesa. Ya en otros momentos habíamos advertido que el lenguaje de la ONU con respecto a lo que está pasando en Venezuela, particularmente materia de DDHH, ha cambiado. En los dos informes recientes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero especialmente en el último, ya no se hacen simples observaciones o recomendaciones plagadas de lenidad o de logomaquia diplomática. Por el contrario, el aserto, ratificado por Zeid Ra´ad Al Hussein en la apertura reciente de la 36º Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ha sido directo y contundente: “En Venezuela podrían haberse cometido Crímenes de Lesa Humanidad”. Y más allá, se ha señalado sin cortapisas (así lo dice el último informe del ACNUDH del 30 de agosto de 2017) que: “Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Estos abusos y violaciones van desde el asesinato y lesiones de manifestantes opositores a cargo de cuerpos de seguridad o militares, y hasta de grupos civiles armados cuya existencia ya se reconoce y acepta, hasta casos en los que, por primera vez en esas instancias, podrían haberse consumado desapariciones forzadas de personas. También se ha tomado debida nota de los millares de encarcelamientos arbitrarios (la misma ONU se ha pronunciado sobre esto en reiteradas oportunidades anteriores) y de las decenas de casos de torturas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los disidentes u opositores.
En otras palabras, en la ONU ya se considera que, en Venezuela, sobre todo en el contexto de las manifestaciones cívicas de 2017, existen claros indicios de que, aferrado a la idea de mantenerse en el poder “como sea”, Maduro y sus seguidores han cometido algunos de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la humanidad.
Tanto impacto han tenido estas duras afirmaciones, que esta semana que pasó en la OEA comenzó un periodo especial e inédito de audiencias, coordinadas por el Ex Fiscal ante la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo y un importante panel de expertos, dirigidas a determinar si en efecto en nuestro país se habían cometido Crímenes de Lesa Humanidad, con miras a instar, si corresponde, ante los organismos competentes, específicamente ante la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, las acciones correspondientes contra los eventuales responsables de tan graves crímenes.
Mis lectores, que seguramente saben que el gobierno venezolano, tanto con Chávez como con Maduro, ha hecho lo que le ha venido en gana con las condenas por violaciones a los DDHH dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizás podrán replicar que poco les importa a Maduro o a sus adláteres lo que se diga de ellos en esas instancias internacionales, pero en este caso estarían equivocados. Y la razón es muy sencilla: En el Sistema Interamericano de Protección a los DDHH (Comisión Interamericana de DDHH y Corte Interamericana de DDHH) las responsabilidades que se establecen son las de los Estados (algo así como una responsabilidad colectiva, “de todos”, que al final termina siendo “de nadie”), pero en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya las responsabilidades que se establecen por la eventual comisión de, por ejemplo, Crímenes de Lesa Humanidad, son personales, individuales y directas.
Sumémosle a esto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que es ley plenamente vigente en Venezuela además, desde el año 2002) ratifica el principio de la jurisdicción universal, que implica que los responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad allí tipificados pueden ser perseguidos en todo el planeta, sin importar dónde los hayan cometido; que las acciones para perseguir dichos crímenes son imprescriptibles, lo que supone que no importa cuánto tipo pase, siempre podrá investigarse y enjuiciarse a los culpables de esos crímenes; que en dicho Estatuto se consagra el principio de “improcedencia del cargo oficial”, según el cual no importa si eres o has sido presidente, gobernador, magistrado, alcalde, ministro o diputado, no puedes escudarte en el cargo que tienes o hayas tenido para evadir tus responsabilidades personales; y que además en dicho cuerpo normativo se consagra el principio de la “obediencia reflexiva”, por encima de la “obediencia debida” u “obediencia ciega”, que evita que los culpables de estos crímenes (los militares por ejemplo) puedan excusarse alegando que estaban cumpliendo “órdenes superiores”.
Todo esto lo saben Maduro y sus compañeros: El cambio de actitud de los organismos internacionales que no controlan, basado en los evidentes excesos en que han incurrido, les ha empinado, y mucho, la cuesta, porque una cosa es controlar acá al Poder Judicial y a la Fiscalía a tu antojo y otra muy distinta es tener que vértelas con la justicia penal internacional.
Por todo esto, que no por bondad o arrepentimiento, es que, a no dudarlo, se ha desempolvado en Miraflores de nuevo al diálogo como herramienta para capear este nuevo temporal ¿Tendremos plena conciencia de lo que esto implica? ¿Estaremos a la altura de las circunstancias y sabremos aprovechar, de verdad, esta nueva oportunidad –que lo es- para cambiar definitivamente el rumbo del país? Amanecerá, y veremos…
@HimiobSantome
