Sigilosa, recatada, de un día para otro y sin mucho anuncio se produjo este lunes la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan a Venezuela, quien llegó al país para el lanzamiento de «un plan de trabajo» conjunto con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Su primera escala fue el Palacio de Miraflores, donde un Maduro con liquiliqui negro lo recibió. El canal de propaganda del chavismo, Venezolana de Televisión, no transmitió en vivo ni la visita de Khan a Miraflores, ni su reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez ni la comparecencia en la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, donde compartió con el presidente del Parlamento y el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
“Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo seré. Mi trabajo es aplicar la ley. Ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación”, dijo Khan.
El fiscal de la CPI confirmó la apertura de una oficina de asistencia técnica en Caracas.
El gobierno madurista es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Quieren hacer ver al país como Estado fallido porque agarran casos puntuales para señalarnos”, sostuvo William Saab.
La investigación de la CPI quedó paralizada luego que el Estado venezolano se comprometió a investigar supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, cuestión que no ha hecho.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
En 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
Organizaciones como Vente Venezuela y otras vinculadas a las derechos humanos enviaron mensajes al funcionario, quien no dijo si en su agenda está previsto reunirse con representantes de ONG y víctimas de la represión.
“El Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan está en nuestro país. Es oportuno recordar que tenemos seis jefes de Vente Venezuela secuestrados por el régimen y seis compañeros refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas”, escribió Vente Venezuela en su cuenta en X.
No hubo reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales como esperaban millones de venezolanos que quieren saber qué va a pasar con la una eventual candidatura unitaria de la oposición.
Al parecer, el Gobierno de Nicolás Maduro no echará atrás su decisión de inhabilitar a la ganadora de la elección primaria del pasado 22 de octubre y probablemente tampoco permita el reemplazo de Corina Yoris por el hasta ahora inscrito en el tarjetón electoral, Edmundo González Urrutia.
Hasta este sábado 20 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio chance para sustituir a los candidatos en la tarjeta y en teoría se pueden hacer cambios hasta 10 días antes de la elección de este 28 de julio.
Pese a la inhabilitación que está sobre ella, Machado ha retomado sus actividades de campaña, la semana pasada estuvo en Yaracuy y Aragua y este martes planea hacer un meeting en San Antonio de los Altos.
Según el diario Tal Cual, no hubo entendimiento entre Machado y Rosales para sentarse en una mesa, Machado queria que estuvieran representantes de los diez partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática y Rosales pretendía hacerlo en privado.
El pasado 19 de marzo, ambos dirigentes se reunieron y no hubo humo blanco. Luego de la inesperada inscripción de Rosales como candidato presidencial en los últimos minutos del plazo que dio el CNE.
Esperan por María Corina
“Comenzamos una semana decisiva. Pendientes de encuentro de María Corina Machado con Manuel Rosales y la Plataforma de la Unidad. Todos los pasos deben ser en unidad con MCM, mandato obligado de la primaria del 22 de octubre”, escribió Andres Velasquez en su cuenta de X.
El secretario general de la PUD, Omar Barboza, indicó que desde hace tres semanas se está cocinando una reunión entre María Corina y Rosales.
“En mi criterio no se justifica que haya diferencias porque debemos transmitir tranquilidad a la población”, sostuvo Barboza.
Partidos insisten en que Machado convocó a reunión
Partidos políticos como Encuentro Ciudadano y Voluntad Popular reafirmaron el fin de semana pasado que en fecha 10 de abril, Machado propuso una reunión con la presencia del gobernador del Zulia y la Plataforma Unitaria.
«Hemos de destacar que desde ese momento, la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma ha hecho todas las gestiones necesarias a los fines de concretar dicha la reunión y así poder tratar los asuntos inherentes a la referida inscripción de candidatura en la tarjeta de la unidad (MUD), para la elección del próximo 28 de julio», expresó Encuentro Ciudadano en un partido.
A la opinión pública
En virtud de que desde Encuentro Ciudadano nos hemos empeñado en el manejo transparente del proceso que se lleva a cabo en torno a la inscripción de la candidatura presidencial de la unidad, informamos al país que, en fecha 10 de abril, nuestra candidata…
Por su parte, Voluntad Popular informó en su red social X que hasta el domingo 14 de abril en horas de la noche no habían recibido confirmación de asistencia a la reunión por parte de Rosales: «Seguimos a la espera de su confirmación para materializar esta reunión en pro de los intereses del país».
El pasado 10 de abril, nuestra candidata unitaria @MariaCorinaYA propuso una reunión con el gobernador Manuel Rosales y la Plataforma Unitaria.
Desde la fecha, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma, se han hecho todas las gestiones para concretar la reunión y…
Entretanto, Primero Justicia informó al país que han hecho «diferentes intentos para concretar la reunión tripartita» y lamentaron que no se hubiese materializado.
«Aspiramos que los buenos oficios del Secretario de la Plataforma Unitaria Democrática rinda frutos para su realización. Debemos materializar este encuentro en las próximas horas. Solo con unidad y voto podremos superar los obstáculos que pretende imponernos la dictadura. El país así lo merece y lo demanda», concluyeron.
UNT: «Rosales no ha recibido invitación formal»
En un comunicado en la red social X, el partido Un Nuevo Tiempo aseguró que «en ningún momento» su presidente Manuel Rosales Guerrero «ha recibido invitación formal alguna» para la reunión.
«Tampoco ha ocurrido con miembros de nuestra Dirección Nacional. Solo conocemos versiones ventiladas a través de las redes sociales. Para Un Nuevo Tiempo, lo sustantivo es dilucidar con precisión el tema candidatural en una reunión presencial de María Corina Machado, con la Plataforma Unitaria y otra de similares características de la Plataforma con Manuel Rosales», aseguraron.
Ratificaron que Rosales, «siempre ha estado dispuesto a conversar, de manera franca con María Corina Machado, tal como ocurrió el 19 de marzo».
Las acciones que tomó Venezuela de asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) parecieran ir en dirección contraria a lo que el soberano decidió en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, una consulta que el gobierno promovió como la panacea para zanjar el conflicto histórico con Guyana.
El 3 de diciembre del 2023 se celebró una consulta -de carácter no vinculante- sobre el Esequibo, donde el gobierno de Nicolás Maduro hizo cinco preguntas a la población referentes al conflicto con Guyana sobre ese territorio.
Aquel referéndum, según consideraron expertos, lo que buscaba era sacudir la apatía y movilizar la conexión con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya anteriormente había intentado lo mismo en el año 2015, precisamente en un ambiente preelectoral. Según cifras de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), participaron – supuestamente- más de 10 millones de venezolanos en esa consulta comicial por el Esequibo.
Ese evento generó una gran campaña mediática por parte del gobierno y hasta incluyó la celebración de un megaconcierto en Caracas. Y más allá de no ser vinculante, no quedó en nada.
En la consulta se plantearon cinco interrogantes a los venezolanos: la primera era si rechazaban la línea impuesta por el Laudo Arbitral de París de 1989, que el gobierno afirma, «pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba». La segunda buscaba ratificar el apoyo ciudadano alA cuerdo de Ginebra de 1966 «como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba».
En la tercera, le planteaban a los venezolanas manifestar su acuerdo «con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba» . Por su parte, la cuarta pregunta se orientaba a marcar la oposición contra las pretensiones de Guyana «de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?», mientras que en la quinta, el ciudadano manifestaría su aprobación o no a la creación del estado Guayana Esequiba.
Regalitos después del ‘toma y dame’
Después que Nicolás Maduro utilizó numerosos descalificativos contra Irfaan Ali, presidente de Guyana, en el marco de la escalada de tensión y guerra de micrófonos por el Esequibo, ambos mandatarios se reunieron y hasta se dieron obsequios.
El pasado 1 de marzo, Nicolás Maduro y Irfaan Ali intercambiaron regalos y se desearon «paz y amor» durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En ese saludo, estuvo presente el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que ejerce de interlocutor entre Caracas y Georgetown, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Ali le obsequió a Maduro un ron caribeño, que el gobernante venezolano agradeció con un «buenísimo» y a continuación dijo: «Yo también te tengo un regalo». El presente de Maduro para Ali era una caja con «puros productos hechos en Venezuela».
— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 1, 2024
Silencio rotundo durante más de tres meses
Luego de realizarse el referéndum consultivo sobre el Esequibo, los poderes del Estado anunciaron diferentes acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área y la extracción de sus riquezas.
A finales de diciembre, Nicolás Maduro ordenó el inicio de un “despliegue militar” como respuesta ante la llegada de un buque de guerra de Reino Unido a las costas de Guyana. Hasta la fecha, se desconoce qué pasó con ese despliegue. No se habló más al respecto.
Según dijo Maduro en ese momento, casi 5.700 efectivos militares participarían en la primera fase de estos ejercicios militares.
Pero además, no hubo menciones a la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, pues las compañías siguen operando allí con normalidad.
Esas escasas declaraciones del gobierno en torno al «derecho» de Venezuela sobre el territorio, se hicieron sin comentarios a todos los planes anunciados o los recursos que se gastaron en la operación.
Lo único que se supo es que el pasado 3 de abril Maduro promulgó la «Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo», cuya discusión había estado paralizada desde el 9 de enero y que contempla, entre otros puntos polémicos, prohibir optar a cargos públicos a personas que hayan apoyado la posición de Guyana, o que adopten «directa o indirectamente, conductas que favorezcan o respalden la posición de despojo de Guyana, de su gobierno, o de las trasnacionales como Exxom Mobil», advirtió Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro promulga una ley que prohibe optar a cargos públicos a personas que hayan apoyado a #Guyana. Además, faculta al presidente para prohibir contratos o acuerdos con personas jurídicas que se encuentren operando en el #Esequibo#ExxonMobilpic.twitter.com/IRYuCJIejI
#EnVivo 📹 | “Hoy estamos recibiendo una Ley ratificada en su carácter orgánico por parte del Tribunal Supremo de Justicia y yo puedo decir con pleno conocimiento de causa, con todas las potestades y el poder que me da la Constitución que la decisión del 3 de diciembre en el… pic.twitter.com/t3jJtGIDRf
— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) April 3, 2024
No reconocen la jurisdicción de la CIJ, pero le entregan documentos
Pese a que el gobierno de Venezuela insiste en que el Esequibo «le pertenece», todavía no ha podido poner un pie en dicho territorio. En cambio, Guyana sí espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, a pesar del rechazo de Caracas a esta vía.
Una de las preguntas que se hizo a la población consultaba a los venezolanos si estaban de acuerdo con la «posición histórica» de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la CIJ.
«¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?», era lo que decía textualmente la tercera pregunta.
Aun cuando el propio gobierno afirmó en su pregunta que no reconoce la jurisdicción de este organismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió este 8 de abril a la Corte para entregar documentación que prueba los derechos que tiene Venezuela sobre el Esequibo.
«Hemos venido acompañados de nuestra gente. Hemos entregado un documento histórico con la verdad de Venezuela que es un país reconocido por cumplir los acuerdos internacionales», señaló Rodríguez quien, sin embargó, ratificó que Venezuela «nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado. El laudo criminal de 1899 fue un fraude».
Venezuela entrega ante la CIJ un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y evidencias que demuestran que somos los únicos con título sobre el territorio de la Guayana Esequiba. El laudo criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la… pic.twitter.com/fOxyiP51le
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentenció este viernes 8 de marzo en el marco de un homenaje a mujeres que el Gobierno de Nicolás Maduro está vetando la posibilidad de que María Corina Machado sea la nueva mandataria de Venezuela.
“María Corina Machado, por su parte, podría ser la primera mujer presidenta de Venezuela y así lo dicen las encuestas, los testimonios, tanto en su país como aquí. ¿Se imaginan? Nuevos tiempos de aperturas, democracia y libertad, pero, probablemente no. La dictadura de Maduro está vetando está posibilidad, dispuesta a no dejar su poder aunque lo pida su pueblo”, dijo la funcionaria española.
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 8, 2024
Machado fue una de las homenajeadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero no pudo viajar a recibir el galardón debido a que tiene una medida de prohibición de salida del país. En su lugar, su hija estaba en el escenario.
«Como saben el regimen no me deja salir de Venezuela, ni siquiera desplazarme libremente por la nación», dijo Machado.
Díaz Ayuso sentenció que Machado ha desempeñado un papel importante para todos aquellos que defienden las democracias liberales en España y en cualquier otro lugar del mundo.
«Ha sufrido acoso, persecución, es mucho lo que lleva esta mujer en sus espaldas, es una valiente y por eso nos representa a tantas de nosotras”, acotó.
El acto institucional tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, donde Díaz Ayuso reconoció la labor de la ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre de 2023 y de otro grupos de mujeres en el mundo entero.
“Más que nunca se necesitan las voces de todos los demócratas del mundo para frenar los regimenes autoritarios”.
Machado esta inhabilitada para para participar en la elección presidencial del venidero 28 de julio, donde Maduro apuesta por medirse con un candidato a su conveniencia.
El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) falló por unanimidad a favor de continuar las investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y desestimó una petición del régimen chavista para poner freno a las indagaciones por parte de expertos internacionales.
La decisión permite que la CPI pueda continuar avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el marco de las protestas antigubernamentales, se centre en la búsqueda y recolección de las evidencias, examine pruebas, solicite la cooperación de algún Estado en caso de ser necesario y eventualmente pueda proseguir hacia la rendición de cuentas de los máximos responsables de los crímenes.
“Este proceso demuestra la relevancia del trabajo de las organizaciones en la sociedad civil, pues constituye una victoria no solo para estas entidades, sino también para las víctimas que, a pesar de los obstáculos, han perseverado en la búsqueda de justicia para Venezuela”, dijo la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila.
Por su parte, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo que el único responsable de que el caso esté en la CPI es el régimen de Maduro.
“Primero por cometer crímenes de lesa humanidad y segundo por secuestrar las instituciones judiciales del país”.
Diamanti agregó que la decisión de la CPI del pasado viernes refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos.
La respuesta del Estado no se hizo esperar en la boca de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. “Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo. Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios”.
De acuerdo a Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a partir de la decisión de la CPI se manejan los siguientes escenarios:
Con el fallo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestima todos los motivos o alegatos hechos por las autoridades venezolanas y confirma por unanimidad que la investigación debe continuar en vista de incapacidad del régimen madurista para hacer justicia.
El alcance de la investigación puede abarcar hechos anteriores a abril de 2017, como las protestas antigubernamentales de 2014. La fiscalía tiene la facultad de investigar todos aquellos hechos que estime susceptibles de constituir presuntos crímenes de lesa humanidad.
A la CPI no le satisface que las autoridades venezolanas realicen algunas investigaciones aisladas contra autores de menor rango. De acuerdo con la corte internacional el Gobierno venezolano no toma en cuenta los elementos contextuales.
Venezuela no hizo referencia a ninguna causa concreta en la que esté tomando en cuenta el elemento discriminatorio de la persecución.
Pueden investigarse otras formas de violencia sexual y actos inhumanos.
El Gobierno venezolano no ha demostrado una investigación progresiva, hay ausencia de pasos sucesivos en los procesos de investigación.
Con esta decisión, las organizaciones de la sociedad civil deben reafirmar su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en cada paso por conseguir la justicia.
De acuerdo con la abogada Tamara Sujú lo acusan de estar involucrado en la operación Gedeón en 2020 mientras estaba recluido en la cárcel de Ramo Verde
Después de haber recibido una medida de libertad plena, el mayor de la aviación Adrián De Gouveia fue recapturado y presentado nuevamente en tribunales, de acuerdo con la abogada defensora de derechos humanos Tamara Sujú.
El militar salió a la calle producto de las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro, la Plataforma Unitaria de la oposición y la administración de los Estados Unidos, que en Barbados suscribieron un acuerdo en octubre para la liberación de los presos políticos a cambio del relajamiento de las sanciones.
Según Sujú existía una orden de aprehensión contra De Gouveia desde 2020 por el caso Gedeón, cuestión que calificó de insólita porque el mayor estaba privado de libertad desde 2018 en la cárcel de Ramo Verde.
En una entrevista radial este 23 de enero, el directivo del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, indicó que en Venezuela no ha cesado la represión contra los adversarios políticos de Maduro y que el Gobierno aplica la modalidad de la “puerta giratoria”: por un lado libera a algunos detenidos y por el otro encarcela a un grupo alegando supuestas conspiraciones.
De acuerdo al Foro Penal, actualmente hay cerca de 260 presos políticos y la mayoría padece patologías que no son debidamente atendidas en sus centros de reclusión.
La ONG informó además que 11 presos políticos han fallecido en cautiverio.
En paralelo, el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció este lunes 22 de enero órdenes de detención contra Suju, así como contra la periodista Sebastiana Barráez, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina.
A Sujú y compañía le acusan de tener vínculos con acciones terroristas y la operación «Brazalete Blanco”.
Docentes aseguran que el Gobierno paralizó de manera unilateral las negociaciones
Denunciaron que 60 % de las escuelas están en malas condiciones
Cientos de maestros en Venezuela volvieron a las calles este lunes, cuando se conmemora su día en el país, con el objetivo de exigir al Gobierno de Nicolás Maduro la reanudación de las negociaciones para una nueva convención colectiva.
La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Márquez, aseguró que, tras «dos años» de discusión del convenio laboral, durante los que se establecieron 17 cláusulas, el Gobierno «paralizó», de manera «unilateral», la negociación.
«Le exigimos al Gobierno nacional el reinicio de la discusión de la contratación colectiva, ese es el punto de honor de las organizaciones sindicales. No puede seguir el maestro ganando una miseria de sueldo», expresó, durante una protesta en Caracas, en la segunda jornada de manifestaciones de trabajadores de este año, que comenzaron el pasado 9 de enero.
«Por un salario digno y una contratación colectiva justa» era uno de los mensajes más comunes escritos en pancartas que sostenían trabajadores en esta actividad, durante la que también corearon consignas relacionadas con sus reclamos.
No los intimidan 🗣️
Maestros protestan en la Inspectoría del Trabajo, Caracas, a metros del Ministerio de Educación, tras concentración oficialista en esos espacios y por su contrato colectivo:
Márquez manifestó la disposición del gremio a dialogar con las autoridades educativas para «seguir discutiendo la convención colectiva», y exigió al Gobierno garantizar una «educación de calidad» y un «salario digno a los maestros para que puedan tener una vida digna».
En este sentido, aseguró que la calidad de la educación depende de que haya «maestros bien pagados», así como «escuelas en condiciones».
Denunció que el 60 % de las escuelas «están en malas condiciones», y exigió que se garanticen los servicios básicos y la alimentación escolar.
Según la FVM, algunos educadores del sector público ganan el salario mínimo fijado por el Ejecutivo en 130 bolívares (equivalentes hoy a unos 3,61 dólares mensuales) y los de más alto nivel devengan unos 22 dólares mensuales, mientras que la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, tiene un costo de 522 dólares, según estimaciones gremiales.
La protesta del Magisterio de educación en Falcón que salió desde la Plaza Riera de Coro se encontró frente a frente con la concentración convocada por el gobierno en la plaza Simón Bolívar.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) instó este lunes a defender, de manera «unitaria y multitudinaria», los derechos laborales ante la «arremetida gubernamental contra la educación».
Profesores venezolanos denunciaron este lunes una «arremetida gubernamental» contra la educación e hicieron un llamado a asociaciones de docentes universitarios a sumarse a la protesta convocada a propósito del Día nacional del Maestro.
En un comunicado, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) instó a defender, de manera «unitaria y multitudinaria», los derechos laborales ante la «arremetida gubernamental contra la educación».
La profesora Gricelda Sánchez, Presidente de FORDISI cuestionó que la titular del Ministerio de Educación, utilice los recursos para tarimas
Aseguró que profesores, empleados y obreros del sector «deben dedicarse a buscar otras ocupaciones que les permitan sobrevivir y sostener sus hogares» debido a que sus salarios no son suficientes para satisfacer necesidades básicas, por lo que «deben buscar otras fuentes de ingreso».
La federación se solidarizó con los educadores y los convocó a la jornada nacional de este lunes, cuando también se movilizarán trabajadores de otros sectores, con el fin de exigir la «restitución de derechos laborales y constitucionales», pensiones y salarios «dignos», entre otras solicitudes.
Por su parte, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) denunció un «descalabro del sistema educativo venezolano», entre otras razones, por los bajos salarios y la migración de miles de docentes en los últimos años en medio de la crisis económica.
Maduro llama héroes a los maestros
Nicolás Maduro, llamó este lunes «héroes» a los maestros, que conmemoran hoy su día en el país, mientras que cientos de ellos se encuentran en las calles de Caracas y varias regiones para protestar contra los salarios «de hambre» que, dicen, devengan.
«Que vivan los maestros y las maestras de nuestra patria, héroes anónimos, héroes y heroínas», dijo el jefe de Estado durante su mensaje anual ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el oficialismo.
Asimismo, el mandatario aseguró a los docentes que pueden contar con él, como «presidente obrero», quien «siempre los va a acompañar, agradecido de la labor que cumplen«.
«No puede seguir el maestro ganando una miseria de sueldo», expresó la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Márquez, durante la protesta en Caracas.
En la Declaración entre Venezuela y Guyana consta que cualquier controversia se resolverá de conformidad con el derecho internacional
Mientras avanza en La Haya la causa sobre la cuestión esequiba – el gobierno de Nicolás Maduro debe presentar su contra memoria tras la demanda de Guyana en abril de 2024, a riesgo de dejar desprotegida a su nación, verdadera titular del territorio bajo reclamación – a contrapelo de las páginas de nuestra historia y la política exterior de la república civil democrática hasta 1999, la estrategia de este plantea una grave aporía. ¿Busca sobreponer las razones geopolíticas propias del siglo XXI – como la de la normalización de la ilegalidad – al decurso del diferendo y su estatuto marco de 1966, el célebre Acuerdo de Ginebra desvirtuándolo?
Ocurre el desconocimiento verbal y filatero por el mismo Maduro de la competencia de la CIJ – en un ir y venir táctico, como la revelan sus presencias en la misma Corte – ¿para abandonar la vía judicial y favorecer la aspiración cubana de que Venezuela tácitamente retire su reclamación? La respuesta como la pregunta pueden ser especulativas. Lo constatable y documentado, sí, es lo que declarara el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana, en noviembre de 2004:
ATRAER A GUYANA HACIA EL SUR – reza el elocuente subtítulo. E inicia su texto así: “Ahí está también Guyana. Por razones geopolíticas y del reclamo territorial, nosotros hemos estado siempre lejos de ese país, pero Guyana es un pueblo hermano, es un pueblo subdesarrollado, y hay un gobierno allí que pudiera ser un gran aliado. Nosotros no vamos a desistir de nuestra reclamación, pero no podemos esperar a que se solucione esa reclamación, no hay nada en el horizonte que indique que se va a solucionar en el corto plazo o en el mediano plazo; está a nivel de Naciones Unidas, pero nosotros no vamos a ir la guerra con Guyana. ¡Nooo!”. Y ajusta Chávez de seguidas: “Gobiernos de extrema derecha, subordinados a Washington nos quisieron empujar a una guerra con Guyana, cuando en Guyana mandaba Forbes Burnham, para tratar de quebrar el movimiento socialista guyanés. Quien gobierna Guyana hoy es un hombre joven, el presidente Bharrat Jagdeo, que viene de esas filas, aun cuando es de línea moderada, no es un neoliberal. Tenemos que atraer a Guyana hacia la integración de Suramérica”, finaliza.
¿Habrá de entenderse, dentro este último contexto, la dinámica más reciente, sea la de la consulta popular implementada para desconocer a la Corte que se ha declarado competente a fin de juzgar sobre la nulidad o no del Laudo Arbitral de 1899? ¿También sus virtuales amenazas o simulaciones de guerra, impulsando a renglón seguido el encuentro organizado por el primer ministro de San Vicente, Ralph Gonsalves, o la misma la Declaración Conjunta adoptada por él y el presidente guyanés, Irfaan Ali en tal oportunidad?
En la Declaración consta que Maduro y su colega de Guyana «acordaron» que “cualquier controversia [¿la del laudo, la territorial, la relativa a la cooperación, según lo indicaba la agenda previa a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966?] se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966” (Numeral 2 y negritas nuestras).
Lo anterior, al constatarse que (a) los debates para dicha declaración fueron facilitados por la CELAC y el CARICOM, los primeros ministros del Caribe angloparlante, Colombia y Honduras, y la propia Secretaría General de la ONU y que (b) “los incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones” entre Guyana y Venezuela serán arbitrados por el presidente de Brasil, la CELAC y el CARICOM (Numeral 6), predica, con lógica irrefutable, que se multilateraliza la cuestión esequiba. Y se sugiere, dada la redacción textual y su contexto, dejar en un plano de subsidio al Acuerdo ginebrino, que es bilateral y el fundamento de la competencia de la Corte. Lo que a la par sería incongruente, en el caso de la Venezuela presidida por Maduro, con las mismas resultas de su consulta, una de cuyas arbitrarias preguntas reza así: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
Téngase presente, como paradoja, lo que denunciara en 1981 ante la ONU el canciller de entonces, José Alberto Zambrano Velasco, cuando Guayana era la empeñada en multilateralizar la controversia a fin de escaparse de los efectos del Acuerdo de Ginebra: “Denuncio claramente las acciones y declaraciones del gobierno de Guyana, como dirigidas a buscar apoyos internacionales, o a publicitar supuestos e inexistentes respaldos, o a conseguir una animadversión contra Venezuela. Denuncio tales actividades como arbitrios destinados a que Venezuela caiga en la trampa de una reacción explosiva de nuestra parte”, esgrime Zambrano. ¿Ahora se invierten los roles, tras la conjura de San Vicente?
Lo que es más extraño, nombran los mandatarios “una comisión conjunta de los ministros de relaciones exteriores y técnicos de los dos Estados para tratar los asuntos mutuamente acordados (Numeral 7). ¿Trátase de una vuelta atrás de las páginas recorridas hasta el 16 de noviembre de 1962, cuando Venezuela y Gran Bretaña acuerdan en la ONU reunirse para examinar sus respectivos documentos, tras la reclamación presentada por la primera?
En fin, por añadidura, ¿fue desliz deliberado el del numeral 9 siguiente?, disponiendo una reunión próxima en Brasil “para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa”, incluido el de la “mencionada actualización de la comisión mixta(SIC y negritas nuestras)”. ¿Es un retorno al instante de la aprobación del Acuerdo de Ginebra y a los efectos de su artículo I, que demanda en 1996, como paso previo antes de llegarse a la Corte agotar la gestión de una comisión así titulada, comisión mixta?
Lo que cabe confirmar es que USA le hizo entrega a Maduro de su joya predilecta – el “comerciante” Alex Saab – en el mismo territorio del encuentro por el Esequibo. ¿Una casualidad?
