Que los candidatos ganadores no puedan ocupar sus cargos porque se les impongan condiciones para ser reconocidos, no establecidas en ley alguna nacional o estadal, o que se despojen de atribuciones o recursos los cargos públicos que han de desempeñar, constituye un desacato de la decisión de los electores.
Así lo expresó la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, por medio de un comunicado, a propósito de las advertencias por el propio presidente de la República, a los candidatos electos en los comicios del pasado 15 de octubre, de no permitirles ocupar sus cargos si no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta medida podría afectar a los gobernadores de Táchira, Mérida, Zulia, Nueva Esparta y Anzoátegui, donde la elección favoreció a los candidatos de la oposición, quienes no han aceptado someterse a dicho mandato.
El documento destaca que la norma vigente, específicamente el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, establece que los mandatarios regionales electos deben juramentarse ante las respectivas Asambleas Legislativas Estadales.
Por otro lado, el texto denuncia que también se estaría violando la voluntad de los electores al intervenir las policías estadales de los cinco estados arriba mencionados, como ha procedido a practicar el poder ejecutivo, y con el trasladado de funciones y recursos de la gobernación al gobierno central, como ya sucedió en el caso de Táchira.
“Esta medida, aplicada sólo a los Gobernadores electos no afines al partido de gobierno, limitaría la capacidad de las autoridades electas de enfrentar los graves problemas de seguridad ciudadana que afectan a la población de los estados en donde deberán ejercer sus funciones de gobierno”, agrega el escrito.
Adicionalmente, la Red afirma que en un proceso electoral verdaderamente democrático se debe contar no sólo con votaciones competitivas y libres, estimuladas y protegidas por las autoridades electorales, sino que es además imperioso que se respeten los resultados que expresan la voluntad popular.
De acuerdo a la Red, estos hechos se suman a una serie de irregularidades ocurridas antes y durante el proceso electoral, entre las cuales se encuentran la inhabilitación de candidatos; la descalificación de la MUD para presentar candidatos en siete estados; el impedimento a los partidos de sustituir candidatos postulados; las reubicaciones precipitadas e ilegales de centros de votación; el voto bajo coacción; la compra de votos; el amedrentamiento de electores y las irregularidades posteriores a la elección arriba señaladas.
La Red subraya que, un caso que merece particular atención es el que origina el reclamo del candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien ha denunciado la alteración de votos registrados en las actas de varias mesas de ese estado, en perjuicio de su candidatura.
A este respecto, bastaría una recta revisión comparativa entre lo contenido en las actas y la información transmitida al CNE, para despejar las dudas sobre quién es el ganador de la contienda. Siendo esto así, cualquier obstrucción a la realización plena y transparente de este procedimiento arrojará cuestionamientos razonables sobre la legitimidad de quien sea proclamado Gobernador de esa entidad.
A propósito de la elección en el estado Bolívar el documento destaca que éste es uno de los casos en que se manifiesta de manera patente el efecto pernicioso de haber mantenido en la boleta de votación los nombres de personas que se habían retirado de la contienda electoral. En este estado 3.787 electores emitieron su voto por Francisco Sucre, quien fuera candidato de los partidos AD, PJ y PA en las elecciones primarias de la oposición, los cuales solicitaron la sustitución de Sucre por Andrés Velásquez, lo que las autoridades del CNE negaron a hacer, basados en una acomodaticia decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inocultable sesgo político.
De haberse cumplido con lo que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los votos obtenidos por Francisco Sucre tendrían que ser sumados al candidato Andrés Velásquez, lo que le habría otorgado el triunfo en la elección. De manera que con la decisión del CNE se consumó una flagrante violación de la voluntad de los electores.
“Lo anterior nos lleva a afirmar que la elección de gobernadores efectuada el 15 de Octubre estuvo signada por un conjunto de manipulaciones, violatorias de las normas establecidas, que hacen pensar que hubo un deliberado propósito de alterar los resultados de la elección en favor de los candidatos del partido de gobierno”, agrega el documento.
“Solo la intervención de jueces imparciales y de reconocida trayectoria, permitiría restablecer la confianza ciudadana en los procesos electorales en el país, menoscabada por las actuaciones de las autoridades electorales, mediante la realización de una auditoría general del proceso electoral que establezca la verdad sobre lo sucedido y dé bases para que se hagan las correcciones pertinentes”, finaliza el comunicado.
*Con información de Nota de Prensa
