The Globe and Mail
Traducción de Runrun.es
Una ex jueza venezolana que dice haber sido forzada bajo amenaza de firmar órdenes de arresto para los opositores políticos del presidente Nicolás Maduro está buscando la protección como refugiada en Canadá.
En una entrevista exclusiva con The Globe and Mail, Ralenis Tovar dijo que ella y su familia huyeron de Venezuela el 28 de julio, reclamando el estatus de refugiados apenas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto.
Después de más de tres años de lo que describió como amenazas, acoso y un intento de secuestro por miembros del régimen de Maduro, Tovar dijo que su miedo alcanzó su punto máximo en junio cuando fue asesinado otro juez involucrado en la sentencia del líder opositor Leopoldo López. La ex jueza afirma que una vez le obligaron a firmar una orden de arresto contra López, sabía que era hora de irse.
«Nelson Moncada fue encontrado asesinado y [él] también estuvo involucrado en el caso de Leopoldo López. Sentí que podría ser el gobierno quien, de una forma u otra, estaba tratando de deshacerse de las personas que estuvieron involucradas en ese caso», dijo a través de su abogado Victor Korsun, quien tradujo del español al ingles por ella.
Tovar, de 47 años, huyó con su hija de 13 años y su esposo. Actualmente viven en un hotel de Toronto hasta que puedan mudarse a un apartamento en diciembre. Mientras tanto, están esperando una audiencia con la Junta de Inmigración y Refugiados.
La abogada caraqueña dejó a amigos, familiares y una carrera de 17 años como juez en la capital venezolana. Ella dice que comenzó a notar que el poder judicial perdió su independencia en 2009, pero las cosas se intensificaron en 2013 cuando Maduro se convirtió en presidente.
«Empezaron a emitir órdenes de arresto o presentar cargos contra personas que no tenían nada que ver con el crimen, sino que eran solo actores políticos».
En su camino a casa del trabajo el 12 de febrero de 2014, Tovar recibió una serie de llamadas telefónicas de un número desconocido. Suponiendo que fuera un recluso, ella no respondió. Luego, el presidente de la Corte Suprema de Venezuela llamó por teléfono y le dijo que contestara las llamadas. Ella lo hizo y le dijeron que regresara a la oficina.
La ex jueza dijo que la corte estaba rodeada por la Guardia Nacional y los oficiales de inteligencia militar cuando ella llegó. Fue recibida por cuatro fiscales, que vigilaban la puerta de su oficina mientras se sentaba.
Le dieron una carpeta con tres órdenes de arresto adentro. Ella dijo que no reconoció los dos primeros nombres, pero se sorprendió cuando leyó el nombre en la tercera orden: Leopoldo López.
«Me sentí petrificada porque internamente sabía cuál era el propósito de esa orden, que era silenciar a un líder político que era un obstáculo para el presidente Maduro», dijo Tovar.
Dado que eran las 2 a.m., Tovar preguntó a los fiscales si podría revisar la orden al día siguiente. Ella dijo que se rieron sarcásticamente y le dijeron que si no lo firmaba, terminaría como María Lourdes Afiuni, una jueza venezolana que presuntamente fue violada en prisión en 2010.
Aterrorizada, firmó la orden de arresto de López.
La intimidación continuó después de esa noche, afirmó Tovar. Le intervinieron los teléfonos, la siguieron y la obligaron a firmar otras dos órdenes de arresto. Alegó que en junio de 2014 un grupo de personas apareció en un automóvil negro en la escuela de su hija diciendo que estaban allí para recogerla. Cuando las personas se dieron cuenta de que su hija tardaba mucho en salir de la escuela, se fueron. Tovar está convencida de que eran agentes de Maduro que intentaban secuestrar a su hija.
Tovar renunció el 2 de julio de 2015 y trató de abrir su propia práctica. Sin embargo, no pudo retener clientes, a los que los jueces dijeron que sus casos no tendrían éxito si ella los representaba.
Sin opciones en Venezuela, asistió a una sesión informativa en Caracas sobre la inmigración a Canadá, organizada por la firma de inmigración del abogado Korsun. Idearon un plan para que ella y su familia huyan a Canadá. Cuando Moncada fue asesinado en junio, inmediatamente solicitó visas de visitante canadienses para su familia y salió de Venezuela.
La embajada de Venezuela en Ottawa no respondió a una solicitud de comentarios sobre los reclamos de la ex jueza.
Desde su llegada a Toronto, Tovar ha testificado a través de videoconferencia en las audiencias de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre si la situación en Venezuela debería remitirse a la Corte Penal Internacional. Irwin Cotler, ex diputado liberal y reconocido abogado internacional de derechos humanos, formó parte del panel de expertos de la OEA que escuchó el testimonio de Tovar el 16 de octubre y afirmó que este demuestra la «cultura del miedo» en Venezuela.
«El miedo es persuasivo y persistente. Lo que estamos viendo en Venezuela es realmente una cultura de miedo como parte de una cultura de opresión mayor», expresó.
Cotler también representa a López, quien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario en Venezuela. Ha trabajado para llamar la atención del Primer Ministro Justin Trudeau sobre la difícil situación del preso político, así como la del pueblo venezolano. A principios de este año, ayudó a organizar una reunión entre Trudeau y la esposa de López, Lilian Tintori en Ottawa.
El descenso de Venezuela a la crisis política y económica se ha acelerado desde marzo, cuando Maduro intentó despojar al Congreso, dominado por la oposición, de sus poderes. Los manifestantes tomaron las calles, exigiendo que Maduro dimitiera y convocara nuevas elecciones; al menos 125 personas murieron en las protestas y miles fueron heridos o encarcelados.
Mientras tanto, el país enfrenta una inflación de tres dígitos y una desesperada escasez de alimentos y medicinas. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, expresó su preocupación de que la agitación en Venezuela provoque una crisis de refugiados en América del Sur.
Freeland ha emitido numerosas declaraciones condenando las acciones «antidemocráticas» del régimen de Maduro, advirtiendo que el país está «deslizándose hacia una dictadura». El mes pasado, Canadá sancionó a 19 venezolanos, incluido Maduro, bajo una nueva ley estilo Magnitsky que permite al gobierno atacar a los violadores de los derechos humanos.
