La abogada fue nombrada por el TSJ en sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los funcionarios detenidos recientemente por su supuesta vinculación en hechos de corrupción. En 2015, fue sancionada por Estados Unidos con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país
Foto: TSJ
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró el 22 de marzo a la exvicefiscal general Katherine Haringhton nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en sustitución de Cristóbal Cornieles, uno de los, al menos, 19 funcionarios detenidos en los últimos días por presuntos hechos de corrupción.
Tras juramentar a Haringhton, la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, instó a la nueva jefa judicial de Caracas a «acompañar las políticas (…) emanadas del alto tribunal, orientadas a incrementar la eficacia y eficiencia del Poder Judicial, así como optimizar el servicio que se presta a las y los justiciables«.
Asimismo, y según una nota de prensa, Gutiérrez aseguró que, en el marco del proceso de «transformación y optimización del Poder Judicial, se mantendrá el trabajo sostenido para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva».
Haringhton, una abogada de 51 años, fue designada por el TSJ como vicefiscal del país en julio de 2017, una atribución que correspondía a la entonces titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, quien acusó al máximo tribunal de usurpar sus funciones y las de la Asamblea Nacional con esta designación.
En octubre de 2018, Haringhton fue destituida por el fiscal general, Tarek William Saab, quien en su lugar designó a Beysce Loreto. En 2015, fue sancionada por Estados Unidos con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país. Su nombramiento se produce dos días después de que se confirmó la detención de Cornieles.
Sin los méritos necesarios para el cargo
Laura Louza, defensora de derechos humanos y directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, se refirió a la designación de Haringhton como una demostración de que «nada ha cambiado: los nombramientos son a dedo como lo dijo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2020″.
Louza recordó aquel episodio en el que Haringhton ingresó al Ministerio Público escondida en la maleta de un vehículo en julio de 2017.
«En esa oportunidad fue nombrada por el TSJ vicefiscal, pero, no conforme a la Constitución, llegó a hacer constantes visitas sorpresa a los tribunales penales. También emprendió un proceso en contra del violinista Wuilly Arteaga durante las protestas masivas de 2017», manifestó la defensora de derechos humanos.
De igual manera, destacó que, «aunque el Código Orgánico Procesal Penal prevea que el TSJ nombre al juez presidente del Circuito Penal, sería importante que ese juez sea parte de la Corte de Apelaciones, titular de su cargo y que haya llegado al mismo por concurso de oposición como exige la Constitución».
«Se podría pensar que como Katherine Haringhton es magistrada suplente del TSJ desde 2022 cumple los requisitos para ser juez de la Corte de Apelaciones, pero no es así», zanjó Louza.
El nombramiento de la nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Katherine Haringhton, por el TSJ demuestra que nada ha cambiado: los nombramientos son a dedo como lo dijo el ACNUDH en 2020 https://t.co/VJw8iyn9Pj
— Laura Louza (@lauralouzas) March 23, 2023
Se podría pensar que como Katherine Haringhton es magistrada suplente del TSJ desde 2022 cumple los requisitos para ser juez de la Corte de Apelaciones, pero no es así https://t.co/ijm8PezIYb
— Laura Louza (@lauralouzas) March 23, 2023
Sacudida en el madurismo
Desde el 17 de marzo se ha venido produciendo una purga en el madurismo, después de que varios funcionarios fueran detenidos por su presunta vinculación en una trama de corrupción que habría desfalcado 3.000 millones de dólares de Pdvsa, y que, además, tendría nexos con jueces y bandas criminales.
La purga, liderada por Nicolás Maduro y respaldada por Diosdado Cabello, produjo el 20 de marzo la renuncia del Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estrechamente vinculado con algunos de los detenidos, entre ellos Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos de Venezuela (Sunacrip), el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, y el diputado y exministro de Educación Superior Hugbel Roa.
El gobierno de Maduro también confirmó la detención del alcalde de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, quien, según Maduro, estaría relacionado con la banda de Carlos Enrique Gómez, alias “El Conejo”.
Con información de EFE
