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En Gaceta Oficial aumento de pasaje urbano a Bs. 12

En Gaceta Oficial se aprobó el nuevo aumento del pasaje urbano, cuya tarifa mínima será de 12 bolívares, lo que representa un incremento de entre 20 y 30 %.

De acuerdo con una nota que publicó El Pitazo, la tarifa máxima del pasaje urbano  será de 13 bolívares. Así lo dispuso la Gaceta Oficial 42.842, con fecha del 19 de marzo, lo que representa un incremento de entre 20 y 30 %.

El documento comenzó a circular luego que los transportistas de la Gran Caracas anunciaron su intención de cobrar 15 bolívares a partir del lunes 25 de marzo, lo que implicaba un aumento de 50 % del pasaje. 

También, la Gaceta se exhorta a los transportistas a cumplir a cabalidad con las tarifas establecidas porque, en el caso contrario, se le podrían suspender las licencias de conducir o los beneficios acordados.

Según algunos transportistas, la tarifa del pasaje debería rondar el medio dólar, o cuarenta centavos de dólar, pues consideran que este monto cubrirá sus necesidades. Los 12 bolívares aprobados en la Gaceta Oficial  representan 0,33 centavos de dólar, calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

“Nos sentimos defraudados porque pensábamos que la tarifa que se aprobaría eran 15 bolívares”, señaló el presidente de la Unión de Conductores de Antímano en Caracas, David Bonalde, en declaraciones que ofreció a El Pitazo.

A juicio de David Bonalde, la medida fue una sorpresa para el sector, pues tienen seis meses sin aumentar el pasaje. Además, transportistas explicaron al Órgano Superior de Transporte su realidad y razones por las cuales se requiere el aumento del pasaje mínimo.

Bonalde también recordó que para el gremio la tarifa necesaria era de 20 bolívares, para seguir operando, pero en las mesas de trabajo se acordó 15 bolívares, algo que tampoco se cumplió.

«Operativamente, nos hacen más difícil el trabajo. Además, esta situación se da justo cuando sabemos que el Gobierno aumenta sus trámites, como los que se procesan en una notaría o registro. Por ejemplo, los peajes subieron a 15 bolívares como mínimo para un carrito», señaló.

Crean una Notaría interna para garantizar “confidencialidad del Estado”
La nueva dependencia atenderá únicamente asuntos gubernamentales, institucionales y de alta relevancia, otorgando carácter de reservado y de divulgación limitada a los expedientes

 

Una dependencia creada por el director del Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren), Abel Ernesto Durán Gómez, viola el principio de acceso a la información pública.

La nueva Notaría Interna del Saren tiene como función autentificar documentos de entes gubernamentales e institucionales “garantizando la confidencialidad de las actuaciones del Estado”

Se trata de la primera Notaría que no es pública.

De acuerdo con el artículo 8 de la providencia administrativa publicada en la Gaceta Oficial N° 42.439 del 21 de noviembre de 2023, “otorgará carácter de reservado, de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones esté conociendo”.

En el artículo se condensan varios aspectos que profundizan la institucionalización del secreto en el manejo de lo público en Venezuela. 

A continuación las violaciones observadas:

 La “confidencialidad” de la información gubernamental atenta contra el derecho humano al acceso a la información pública, previsto en pactos y tratados internacionales, e impide a cualquier ciudadano participar en la fiscalización de políticas públicas y su implementación. 

El derecho a la información está establecido en el artículo 143 de la Constitución de Venezuela que señala: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas de forma oportuna y veraz por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto”.

 La creación de la Notaría viola el artículo 143 de la CRBV, que señala expresamente que solo será de carácter reservado la información en materia de “seguridad interior o exterior”, cuando se trate de una “investigación criminal” o esté referida a la “intimidad privada”.

 Se instaura el secreto de las actuaciones gubernamentales, institucionales y de alta relevancia, sin identificar los límites del ordenamiento jurídico venezolano.

 No existe una ley, ente público o un responsable en cada institución que clasifique los documentos que se consideren de contenido confidencial o secreto.

 Cuando un documento contenga partes específicas que deben clasificarse como reservadas, se deben elaborar versiones públicas, tachando aquello que no sea pertinente proporcionar.

 Se violenta el principio de publicidad notarial previsto en la Ley de Registros y Notarías, el cual dice en el artículo 77 que “la publicidad notarial reside en la base de datos del sistema automatizado de las Notarías Públicas, en la documentación archivada que de ellas emanen y en las certificaciones que se expidan”.

 

Con información de Transparencia Venezuela 

 

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Maduro ratificó a Pedro Tellechea como presidente de Pdvsa
 En Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.760, quedaron establecidos algunos cambios en las nueve vicepresidencias que conforman a la mayor empresa del país

 

El Gobierno de Nicolás Maduro ratificó este lunes, 28 de agosto, que la junta directiva de Petróleos de Venezuela continuará en manos de Pedro Tellechea.

 En Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.760, quedaron establecidos algunos cambios en las nueve vicepresidencias que conforman a la mayor empresa del país. 

Según el documento, quedó designado Héctor Obregón como vicepresidente ejecutivo de Pdvsa, mientras que Heifred Segovia fue nombrado vicepresidente de Finanzas y Ronny Romero, vicepresidente de Asuntos Internacionales.

Asimismo, Luis Miguel González, Génesis Ron y Juan Carlos Díaz quedaron al frente de las vicepresidencias de Gas, Comercio y Suministro Internacional y Comercio y Suministro Nacional, respectivamente.

Entre los nuevos miembros de la directiva se encuentran Luis Enrique Molina, quien sustituye a Erick Pérez como vicepresidente de Exploración y Producción; Gustavo Adolfo Boadas, que toma el lugar que tenía Gabriel Oliveros como vicepresidente de Refinación; y Leyli Ferrer, nueva vicepresidenta de Planificación e Ingeniería, cargo que ocupaba Tovar Villalobos.

En Gaceta Oficial aumento en el precio del diésel
La medida no regirá para el sector del transporte público de pasajeros, los cuales seguirán contando con el subsidio al acceder a la página Patria para recibir los litros que les corresponde cada mes

 

 

En Gaceta Oficial de fecha 3 de julio de 2023, fue publicado el incremento en el precio del diésel a 0,32 dólares el litro para el suministro al sector industrial.

 De esta manera se oficializa la medida de eliminar este subsidio que había sobre el combustible desde hace tres años.

La resolución 0014 de fecha 30 de junio de este año, firmada por el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, señala que «corresponde al Ejecutivo nacional, establecer precios rectores para defender el interés público», por cuanto «se ha considerado necesario ajustar el precio del combustible diésel al sector industrial».

Indica igualmente el documento oficial que se evaluará el establecimiento de precios diferenciales, según lo requieran los sectores considerados prioritarios. Este punto deja entrever que el Ministerio establecerá, cuando lo considere necesario, nuevos ajustes al precio de este combustible para otras áreas de la actividad económica del país.

«Se ajusta el precio del combustible diésel para el sector industrial a razón de 0,32 dólares el litro. Este precio podrá ser pagado en bolívares a la tasa de cambio fijada por el Banco Central de Venezuela del día que corresponda el suministro», señala la resolución del Ministerio de Petróleo.

Sector salud y transporte público

El sector salud queda exento del aumento del precio del diésel, así lo informó mediante una comunicación el vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Juan Carlos Díaz Socorro.

La notificación señalaba además que se otorgará «un plazo para cancelar las facturas por concepto de despacho del combustible, mientras los clientes y los distribuidores realizan las transacciones financieras para efectuar los pagos».

Con este ajuste en el precio del diésel se oficializa -por ahora- que la medida no regirá para el sector del transporte público de pasajeros, los cuales seguirán contando con el subsidio al acceder a la página Patria para recibir los litros que les corresponde cada mes.

Consecuencias para la producción

Por otra parte, varios gremios advierten sobre las consecuencias por la eliminación del subsidio al diésel. La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) señaló a través de un comunicado de una posible parálisis técnica de las actividades de producción, que podría derivar en una disminución de la oferta de alimentos.

«El nuevo precio del diésel, aunado a la exclusión del sector agroproductivo como prioritario, impactará, sin duda, de manera negativa los resultados de los planes de siembra y los precios de los alimentos», por lo que -señaló Fedenaga- sería prudente evaluar los ajustes de precios y sus consecuencias en otro momento «y no precisamente ahora cuando el plan de producción del ciclo de invierno se encuentra en pleno proceso de desarrollo».

Con los vacíos que dejó la Gaceta Oficial pagaron las pensiones de junio
Una de las incongruencias más evidentes entre el anuncio de Maduro y lo que expresa la Gaceta Oficial que ha circulado es la “indexación de los bonos” a la tasa del BCV, lo que hizo suponer a muchos trabajadores que su ingreso estaría “protegido” si aumentaba el valor del dólar

 

 

Este viernes, 19 de mayo, los pensionados del país; el sector más marginado en cuanto a los beneficios que otorga el gobierno, recibieron el pago de los 130 bolívares que mensualmente reciben los adultos mayores desde marzo de 2022. 

El monto, que equivale a unos cinco dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), es el único ingreso que reciben los pensionados aparte del bono de «guerra económica», pues este grupo no reciben el beneficio del cesta ticket. En total, un pensionado venezolano recibe al mes 630 bolívares, (unos 24,32 dólares), monto con el que solo podría adquirir una mínima parte de la canasta alimentaria, cuyo costo supera los 400 dólares. 

El pasado 1 de mayo, Nicolás Maduro anunció al país un incremento en el monto del cesta ticket y del “bono de guerra económica” como “complemento” del salario mínimo, que no aumenta desde marzo de 2022 y que se ubica actualmente en 130 bolívares o 5,4 dólares al cambio oficial. 

Maduro anunció que el cesta ticket había pasado de 371 bolívares a 40 dólares,  que el «bono de guerra económica» pasaba de 360 bolívares a 30 dólares mensuales y que dichos ingresos serían “indexados” a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Sin embargo, el pasado 13 de mayo, circuló en redes sociales y entre gremios de trabajadores públicos y docentes la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.476, que incluye el decreto en donde se especifica cómo se pagaría el aumento del cesta ticket y del bono de “guerra económica”. 

El contenido del supuesto documento oficial tenía diferencias con lo expresado por el mandatario en su alocución del Día del Trabajador. Pasó el pago de la primera quincena del mes y hasta este 18 de mayo de 2023, la gaceta que circuló en redes, si bien tenía fecha del 1 de mayo, no había sido cargada ni al sitio web del Tribunal Supremo de Justicia ni al de la Imprenta Nacional, como es costumbre que ocurra.

Indexación madurizada

Una de las incongruencias más evidentes entre el anuncio de Maduro y lo que expresa la Gaceta Oficial que ha circulado es la “indexación de los bonos” a la tasa del BCV, lo que hizo suponer a muchos trabajadores que su ingreso estaría “protegido” si aumentaba el valor del dólar. 

Pero el documento oficial señala que tanto el bono de “guerra económica” como el cesta ticket “podrán ser ajustados por el Ejecutivo de manera mensual”. No queda claro si el ajuste se va a realizar tomando como referencia la tasa en dólares del BCV, o si el Presidente lo hará mensualmente “por su cuenta”. 

  • En la Gaceta también se oficializó el bono “guerra económica” como complemento del salario sin incidencia salarial, el cual quedó establecido de la siguiente manera: 
  • 750 bolívares mensuales, que a la fecha del anuncio equivalía a $29,05; para trabajadores activos de la administración pública.
  • 1225 bolívares, que a la fecha del anuncio equivalía a $47,46; para trabajadores jubilados de la administración pública, por no percibir el beneficio del cesta ticket.
  • 500 bolívares, que a la fecha del anuncio equivalía a $19,37; para pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no reciben el beneficio de los cesta tickets.

La ONG Acceso a la Justicia explicó en su página web que en la Gaceta Oficial, además de fijarse en bolívares los valores del cesta ticket y del bono de “guerra económica”, se establece que la indexación de los montos referidos en dólares no será automática según el tipo de cambio del momento, sino que deberá ser ordenada mensualmente por el Poder Ejecutivo.

La ONG denuncia que esto supone un “peligro” para los ingresos de los trabajadores si los montos en dólares se mantienen pero se sigue depreciando la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.

En entrevista para Runrun.es, la presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, Leida Marcela León, aclaró que hay un concepto que está mal empleado en los anuncios del 1 de mayo, y ha sido el tema de la indexación.  

Leida Marcela León explicó que para que el salario no pierda su valor en el tiempo, tiene que tener dos valores referentes muy importantes que son la inflación y el índice nacional de precios al consumidor.

Aclaró que, con la referencia del valor del dólar, lo que se está produciendo es una fluctuación salarial, pero no una indexación. 

“La indexación es corregir monetariamente el salario, de acuerdo a la inflación y al índice nacional de precio del consumidor, para que pueda tener poder adquisitivo o valor de compra.  Y eso no es lo que se está produciendo”, recalcó. 

Por su parte, el economista José Guerra, consideró que al comparar el tema de la indexación que había propuesto el 1 de mayo Nicolás Maduro con lo que ahora se expresa en la Gaceta Oficial, aún no está claro cómo será, pues no hay ningún referente específico para la misma. 

“Puede ser que la indexación se ajuste a la tasa de cambio del bolívar contra el dólar, o con la tasa de inflación, pero ninguna de las dos está explícitamente expuesta en la Gaceta Oficial, lo que, para mí, significó el fin de la indexación del salario”, dijo Guerra. 

 

El pasado 16 de mayo el  Partido Comunista de Venezuela, además de denunciar que la Gaceta Oficial constituía “el acta de defunción del salario mínimo”, también resaltó que el gobierno “manipuló” con el tema de la indexación de los bonos. 

La expresión indexación no era más que una manipulación para crear una falsa expectativa a los trabajadores, porque lo que dice la Gaceta es que el Gobierno podrá o no ajustar los bonos, pero eso de ninguna manera constituye ni de lejos una indexación”, afirmó el secretario nacional del PCV, Pedro Eusse, en rueda de prensa. 

Trabajadores desprotegidos y discriminados

 

Karla Rodríguez, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que el monto del bono de “guerra económica” que recibió en el mes de mayo fue mucho menor que el que percibió en meses anteriores, pese al ajuste anunciado el pasado 1 de mayo. 

La profesora, comentó que en este mes le pagaron menos de lo que le estaban pagando. 

“Al no aumentarse el salario mínimo, sigo cobrando una miseria por dar clases, que acaso supera los 5 dólares, y con el ajuste en el bono de guerra (que no fue ajuste), más bien se me disminuyó el ingreso de meses anteriores”, dijo Rodríguez.  

Rodríguez compartió un balance de los pagos que ha recibido por concepto del bono de “guerra económica” y en el gráfico se observa que el 18 de abril recibió un pago por 1.100 bolívares (unos 44 dólares), mientras que para el mes de mayo, después del anuncio de Nicolás Maduro, recibió 750 bolívares, un 68.18 % menos, lo que se traduce en una evidente desmejora en sus ingresos después del ajuste anunciado.

 

Desde el anuncio del 1 de mayo, gremios, sindicatos y trabajadores del sector público rechazaron que estos bonos no tengan incidencia salarial, cosa que repercute de manera negativa en el cálculo de beneficios como las prestaciones, vacaciones, primas y demás. 

Cabe destacar que el anuncio de Maduro es un beneficio único y exclusivo para los empleados del sector público, pensionados y jubilados, pues en la Gaceta Oficial no menciona la obligación del bono de “guerra económica” para empleados del sector privado, lo que es discriminatorio y no se apega a lo establecido en la ley sobre los beneficios mínimos que debe recibir un trabajador. 

En entrevista para Circuitos Éxitos, el economista Ronald Balza señaló que es un “error” pensar que el sueldo del trabajador estaría protegido si se indexaba este “indexaba” a algo. 

“Tratar de amarrar algo a un precio que uno no sabe cómo se va a mover es correr el riesgo enorme, por un lado de que los empleadores no lo puedan pagar, y por otro que a los trabajadores no les alcance y por último que no se le reconozca al trabajador que su ingreso depende del precio de algo y no de su trabajo”, dijo. 

Balza aclaró que aunque en Gaceta Oficial se le quiera dar el nombre de “ingreso mínimo mensual” al ajuste que hizo Maduro, “es un término completamente innecesario” que pareciera busca sustituir el término del salario mínimo que se ha utilizado durante muchos años y el cual incluye las prestaciones, bonos de vacaciones y por antigüedad, entre otros. 

A juicio del economista José Guerra, el empleado público quedó aún más desprotegido después del anunció del 1 de mayo. Aclaró que en realidad no hubo aumento del salario y que los pensionados fueron los más afectados. 

“El aumento del salario mínimo debe abarcar también a los pensionados, que son poco más de cinco millones, y que quedaron en total indefensión. A los trabajadores de la administración pública apenas les dieron un bono de $40 más otro bono de $30 para un total de 70 dólares, eso es menos del 20% de la canasta alimentaria”, precisó Guerra.

Acceso a la Justicia: Ajuste de bonos y cestatícket aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial
Nicolás Maduro ajustó el «bono de guerra económica» a 30 dólares mensuales, mientras que el cestatícket (bono de alimentación), se aumentó a 40$

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia advirtió este jueves, 11 de mayo, que los ajustes en bonos y cestatícket anunciados en días pasados por Nicolás Maduro no se han publicado en Gaceta Oficial.

A través de su cuenta de Twitter, la ONG señaló que todavía no aparece el Decreto Presidencial que haga efectivo los incrementos que anunció Maduro el pasado 1 de mayo.

Recuerda Acceso a la Justicia que Maduro no aumentó el salario mínimo, pero sí anunció el aumento del cestatícket, más un “Bono de Guerra Económica”. «Pero no ha publicado ningún Decreto en Gaceta Oficial que le otorgue vigencia a esas declaraciones», indican.

En ese sentido, advierten que hasta tanto esos anuncios no sean publicados en Gaceta Oficial, «dichos aumentos no son de obligatorio cumplimiento; por lo que hasta ahora el cesta ticket  continúa siendo de Bs. 45,00″.

«Es necesario que se de a conocer tal Decreto Presidencial para, entre otras cosas, informar a los venezolanos cómo será abordada la indexación de los conceptos, cosa que aún es un misterio», añadió la ONG.

Cabe recordar que Nicolás Maduro ajustó el «bono de guerra económica» a 30 dólares mensuales, mientras que el bono de alimentación se llevó a 40$.

Los anuncios de Maduro dejaron por fuera el salario mínimo, que desde hace más de un año es de 130 bolívares y así se mantiene, sin ninguna variación.

Expertos aseguran que este anuncio afectó el salario de los venezolanos. La presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, Leida Marcela León, indicó que fue una acción “improvisada e irresponsable” debido a que representa el despojo de los derechos laborales constitucionales.

 

La medida afecta aún más a los pensionados. Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, informó que los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social cobrarán 20 dólares por concepto del bono de guerra, además de los 130 bolívares de pensión.

Posible objetivo de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica es controlar a los estudiantes y las aulas
El documento podría darle a estudiantes la posibilidad de asumir el rol de los docentes

 

«Candelita que se prende, candelita que se apaga». La instrucción que Nicolás Maduro lanzara hace casi una década para sofocar una ola de protestas que sacudía al país sigue vigente. Al menos es ese el sabor de boca que deja la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de sancionar la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, instrumento que, bajo la excusa de facilitar «la participación protagónica y la ciudadanía activa» de los alumnos, da a las autoridades la potestad de controlarlos y, con ello, a lo que ocurre en las aulas.

El instrumento, cuyo contenido íntegro se desconoce porque no ha aparecido en la Gaceta Oficial pese a haber sido promulgada por el presidente de la República el pasado 23 de febrero, ha sido aprobado en un contexto de manifestaciones en demanda de mejoras salariales por parte de los funcionarios públicos, en particular los maestros y profesores, que ha ido in crescendo desde el año pasado.

Los educadores, junto a los médicos, enfermeras y otros empleados públicos, han tomado las calles para exigir la derogación del instructivo salarial de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), a causa del cual sus ingresos han caído hasta en un 70% debido a los recortes de primas y bonificaciones previstas en las contrataciones colectivas.

En este marco, algunos voceros oficiales han lanzado mensajes preocupantes. «Vamos a asumir la tarea del trabajo voluntario (…) En esa tarea de trabajo voluntario del partido y de las Juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela nos vamos a cubrir las vacantes de los profesores esta semana», afirmó el diputado Pedro Carreño a principios de mes en un acto en Trujillo.

En similares términos se pronunció días después el ministro para las Comunas, Jorge Arreaza, quien dijo a estudiantes de bachillerato lo siguiente: «Ustedes, que se están graduando, que ya se graduaron o que están en tercer año en adelante, ustedes también pueden dar clase en las escuelas si se niegan a dar clase los maestros».

Participación condicionada

De acuerdo con los borradores que han trascendido de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, aunque no se establece la posibilidad de que los estudiantes asuman el rol de sus docentes, sí abre las puertas para que el Ministerio de Educación refuerce su vigilancia sobre lo que ocurre en las aulas y en los planteles. ¿Cómo? A través de los llamados «consejos estudiantiles».

«Los consejos estudiantiles son la instancia de organización y participación de los estudiantes en los niveles de educación primaria y media pertenecientes al Subsistema de Educación Básica», señala el artículo 17 de unos de los textos que circulan por las redes sociales. Dicha norma también indica que los integrantes de esos órganos serán escogidos «a través un proceso democrático de elección» que se realizará con «la coordinación y apoyo del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación».

Lo anterior pone en duda la «plena autonomía» que el artículo 18 del instrumento les asigna a las nuevas instancias, por cuanto deja en claro que los estudiantes no podrán escoger a sus representantes de manera independiente, sino que tendrán que contar con el visto bueno del despacho gubernamental.

Las autoridades parecen querer aplicarle al alumnado la misma fórmula que a los consejos comunales, organizaciones que han pretendido desplazar a las asociaciones de vecinos, que para recibir fondos públicos y gozar de reconocimiento legal deben someterse a un proceso de registro e inscripción ante el Gobierno.

El artículo 19 incluso ordena al Ministerio de Educación a crear «una instancia para la articulación y atención permanente con los consejos estudiantiles y demás formas de organización estudiantil, a fin de promover y acompañar todos los procesos organizativos y de participación mediante consultas, encuentros, diálogos».

Las disposiciones arriba mencionadas parecen estar destinadas a convertir a los estudiantes en contralores del sistema educativo y hacen temer que la ley sancionada y promulgada busque reforzar la injerencia gubernamental en la planificación, ejecución, seguimiento, control, supervisión y evaluación dentro de las instituciones educativas del país. 

Asimismo, no puede ignorarse que el texto luce como una reedición de la resolución ministerial 058 que dictó el Gobierno nacional en octubre de 2012, a través de la cual se establecieron los consejos educativos como formas de organización dentro de las escuelas.

Otros elementos preocupantes

Un aspecto llamativo del borrador que ha trascendido es que no solo garantiza a los estudiantes «el derecho» a participar en el subsistema de educación básica, sino que establece que tienen el «deber» de hacerlo, «así como de opinar en la planificación, ejecución y gestión del Subsistema de Educación Básica» para así «defender, proteger y garantizar la educación como derecho humano».

La norma parece ir a contracorriente de lo previsto en el artículo 19 de la Constitución, que reconoce el derecho a la autonomía y al libre desenvolvimiento de la personalidad, así como también el derecho a la asociación previsto en el artículo 52 del texto fundamental y el derecho a una educación de calidad (artículo 103).

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el artículo 12 del texto se afirma que «los estudiantes podrán asociarse libremente, con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, ecológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole, en el Subsistema de Educación Básica».

Acto seguido, prevé que los adolescentes pueden «constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas»; no obstante, no se puede olvidar que se trata de menores de edad.

Acceso a La Justicia denuncia retraso en entrada en vigencia de leyes aprobadas por AN oficialista
Estas ocho leyes sin oficializar representan el 38 % de las aprobadas en el período legislativo del año pasado, por lo que no pueden considerarse vigentes ni acatadas por autoridades y ciudadanos

 

La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este miércoles que ocho de las 21 leyes aprobadas por el Parlamento de Venezuela durante 2022, aún no han sido promulgadas para entrar definitivamente en vigencia, pese a que la Constitución establece un lapso de 10 días para completar este trámite.

«Ninguna de las leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2022 han sido publicadas en la Gaceta Oficial, a pesar de que el texto constitucional en su artículo 214 da un plazo de 10 días al presidente de la República para la promulgación de las leyes», dijo la organización en un comunicado.

Estas ocho leyes sin oficializar representan el 38 % de las aprobadas en el período legislativo del año pasado, las cuales no han cumplido con el «último e indispensable requisito», por lo que no pueden considerarse vigentes ni acatadas por autoridades y ciudadanos.

La ONG destacó que entre las normas que aún no han entrado en vigencia están la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2023.

«Ambas normas son de gran trascendencia e impacto para los ciudadanos, por cuanto prevén los fondos que el Estado destinará a servicios como la educación, salud, seguridad y al pago de pensiones o jubilaciones, así como a inversiones en infraestructuras y servicios públicos», subrayó Acceso a la Justicia.

18 gacetas oficiales desaparecidas entre 2021 y 2022

Acceso a la Justicia reportó el pasado 6 de diciembre, que hay al menos 18 gacetas oficiales desaparecidas entre 2021 y 2022.

De acuerdo con la organización, 10 de las gacetas corresponden al año 2021, mientras que ocho son de este 2022.

Además, advirtieron que 15 de las gacetas oficiales son extraordinarias, lo que a juicio de la ONG, «confirma que esta práctica se ha consolidado».

«De los dieciocho números de la Gaceta Oficial de los que no hay rastro, se desconoce totalmente su contenido en trece de ellos«, añadió Acceso a la Justicia.

Según la organización, en 2019 constataron que 15 gacetas extraordinarias que se dictaron entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, no se publicaron en papel ni en forma digital. Tampoco se podían consultar en la sede de la Imprenta Nacional.

Por su parte, en una investigación de EsPaja.com se determinó que 64,22% de 47 documentos oficiales que contempla el estudio, los cuales debieron publicarse entre 2010 y 2022, no se han difundido aún.

*Con información de EFE