Autoridades del Gobierno de Venezuela prometieron a inversionistas invitados a viajar a Caracas para discutir una reestructuración de deuda que funcionarios sancionados por Estados Unidos no participarán en un primer encuentro, dijeron tres fuentes del mercado el jueves.
La medida se conoce cuando acreedores avanzan en gestiones para determinar si la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) cayó en incumplimiento de pagos y una vez que el Tesoro estadounidense advirtió lo “problemático” que sería para inversionistas tratar con dos negociadores principales de Venezuela que están en listas negras de Washington.
Se trataría de una concesión a los términos que el presidente Nicolás Maduro ofreció la semana pasada cuando convocó a una reestructuración de deuda externa e invitó a inversionistas que poseen unos 60.000 millones de dólares en bonos de su país y la petrolera a Caracas el 13 de noviembre.
Maduro ordenó al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, presidir el comité que creó para las negociaciones. El funcionario está en una lista negra por narcotráfico de Estados Unidos. También otro de los miembros del comité, Simón Zerpa, jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, está sancionado por presuntos actos de corrupción.
“El Gobierno venezolano está prometiendo que los sancionados por Estados Unidos no van a estar en la reunión”, dijo una fuente del sector financiero local familiarizada con los preparativos del encuentro del lunes.
En Nueva York, otras dos fuentes del mercado confirmaron haber escuchado la misma propuesta hecha por Caracas, buscando atraer más participantes a la reunión, que incluso, según uno de los consultados, se planifica sea privada.
Ni el Ministerio de Información ni la petrolera estatal respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Las fuentes tampoco ofrecieron mayores detalles sobre quiénes liderarán el encuentro.
El Tesoro estadounidense no prohibió a los acreedores asistir a las reuniones, pero dijo que no pueden hacer tratos con funcionarios afectados por sanciones.
El jueves, Washington agregó a diez funcionarios venezolanos a su lista de sancionados, acusados de “debilitar los procesos electorales, censurar los medios, o incurrir en corrupción”. Entre los nombrados están dos rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano señalado por la oposición de manipular unos comicios recientes donde los aliados de Maduro arrasaron.
Además incluyó a dos miembros de la polémica asamblea constituyente, que ha suplantado las funciones del Parlamento, al expresidente del órgano regulador de las telecomunicaciones, al ministro de Agricultura Urbana, a un exministro de Alimentación y a un exministro de Información, entre otros.
¿PDVSA INCUMPLIÓ?
Muchos inversionistas estaban manifestando sus reservas sobre viajar a Caracas, una de las capitales más peligrosas de Latinoamérica, lo que podría poner en riesgo el éxito del encuentro con los inversores.
“Personalmente no conozco a nadie que haya aceptado la invitación”, comentó un inversionista estadounidense el jueves. “Puedo decir en este momento que no hay manera de que mi esposa -y mi madre- me dejen ir”, agregó.
En la antesala a una reestructuración, acreedores de la estatal PDVSA consiguieron el jueves que una asociación del mercado aceptara evaluar el viernes si la firma cayó en incumplimiento de pago, en vista del retraso de cuatro días en la amortización de un bono.
El proceso que iniciaron los inversionistas ante ISDA (la Asociación Internacional de Swaps y Derivados) podría confirmar una cesación de pagos de la estatal venezolana y activar el cobro de los seguros contra incumplimiento de deuda (CDS).
Los tenedores aguardan desde hace cuatro días por el abono en sus cuentas de la amortización de capital e intereses del bono PDVSA 2017 vencido, indicaron operadores del sector financiero el jueves.
PDVSA había anunciado el viernes el inició de las transferencias bancarias para cancelar unos 1.169 millones de dólares en capital e intereses de un título que se vencía el día anterior y no permitía dilación.
