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674 funcionarios policiales están bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad
A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa

A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.

La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo. 

De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son. 

De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:

División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal. 

División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.

División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.

«La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado», señala el documento.

Investigados por corrupción y violencia de género

Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73. 

Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».

La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.

Los procesos judiciales exprés contra los detenidos en la purga madurista
El proceso para juzgar a altos funcionarios por delitos relacionados con la administración de recursos del Estado debe incluir, en primer lugar, un procedimiento a cargo de la Contraloría General, en el que se determinan las posibles responsabilidades administrativas

 

 

El proceso judicial que adelanta la Fiscalía a cargo de Tarek William Saab en contra de 25 personas, 14 de ellas funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, quienes ya fueron imputados la noche de este martes, 28 de marzo, en un procedimiento que avanza más rápido de lo habitual, representa según expertos, una «purga» madurista.

La Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe de la Sunacrip, un alcalde, cinco miembros de la estatal petrolera Pdvsa y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados por el delito de corrupción y «traición a la patria», entre otros.

El abogado constitucionalista y profesor universitario Leonel Ferrer explicó a EFE que la fórmula exprés «no tiene nada que ver con el Estado de derecho, es un asunto que está relacionado con una purga interna en el Psuv por razones de poder, no solo político, de poder económico».

¿Cómo debe ser el proceso?

Según explica una nota de la agencia de noticias, el proceso para juzgar a altos funcionarios por delitos relacionados con la administración de recursos del Estado debe incluir, en primer lugar, un procedimiento a cargo de la Contraloría General, en el que se determinan las posibles responsabilidades administrativas.

Cumplido este paso, si la Contraloría considera que podría haber responsabilidad penal, remite el expediente a tribunales con competencia en esa materia, momento a partir del cual la Fiscalía conoce del caso y podría emitir una acusación para que el funcionario sea juzgado.

Ferrer explicó que la Constitución establece el antejuicio de mérito, una prerrogativa por la que «no pueden ser juzgados ni procesados (los altos funcionarios) si previamente la Sala Plena de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha declarado, a solicitud del Ministerio Público, el mérito para el enjuiciamiento».

No obstante, el abogado aclaró que algunos delitos comunes como los de corrupción, implican la no procedencia del antejuicio de mérito y permiten que el funcionario que los cometa sea «absolutamente despojado de la prerrogativa y pueda ser, como cualquier ciudadano, objeto de un juicio por un tribunal».

«Judicialización de la política»

El pasado 21 de marzo, la Asamblea Nacional, le levantó la inmunidad parlamentaria al diputado chavista Hugbel Roa, acusado de estar implicado en la trama de corrupción dentro de Pdvsa.

En un procedimiento exprés, las dos terceras partes del Parlamento aprobaron el levantamiento para que el funcionario pueda ser sometido a juicio en tribunales ordinarios.

La medida respondió a una comunicación del TSJ en la que aclaró que hay hechos que señalan a Roa «de haber concurrido de manera flagrante en delitos de corrupción», por lo que «no procede el antejuicio de mérito».

En este sentido, Ferrer recordó que los parlamentarios no administran presupuesto, por lo que podría ser el «tráfico de influencias» el delito en el que presuntamente incurrió Roa, para ser juzgado de esta forma.

Para el jurista, la forma en la que se avanza en los procesos muestra una «judicialización de la política».

«Cuando se habla de la judicialización de la política no es solamente el instrumento, (no es solo) utilizar la administración de justicia para perseguir opositores, que lo hacen, sino, internamente, para purgar y tomar el poder dentro de la disidencia interna que tienen», subrayó.

*Con información de EFE

Saab anuncia que fueron imputados funcionarios del Cicpc por ejecución de joven en Carúpano
El fiscal informó a través de su cuenta en Twitter que fue acordada por el tribunal del la causa medida privativa de libertad para los cinco funcionarios del Cicpc

 

Este domingo, en horas de la noche, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó que fueron imputados los cinco funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el asesinato del joven Daniel Alejandro Lezama en Carúpano, estado Sucre.

“Imputados el 9 de abril por el Ministerio Público Sucre, los funcionarios del CICPC: William Belisario, Cristender González, Julio Isava, Yoel Colmenares y Maikel Malaver, por los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía y Motivos Fútiles, Uso Indebido de Arma Orgánica y Simulación de Hecho Punible”, publicó Saab en su cuenta de Twitter.

William Saab también indicó que fue acordada por el tribunal de la causa medida privativa de libertad para los cinco funcionarios del Cicpc.

El crimen quedó registrado

Un presunto funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación Nueva Esparta, ejecutó a un joven en Carúpano, estado Sucre. La información se dio a conocer tras la divulgación de un video de seguridad del establecimiento comercial donde ocurrió el homicidio.

Familiares del joven denunciaron, mediante un comunicado enviado a emisoras de radio este viernes 8 de abril, que el joven Daniel Alejandro Lezama Rodríguez , de 22 años, fue asesinado este jueves 7 por un supuesto funcionario del Cicpc que se encontraba en el local, y cuando la víctima se sentó en una mesa y se disponía a sacar su portachequera fue baleado en el pecho por el policía.

El equipo de Monitor de Víctimas intentó consultar a familiares del joven, pero fue imposible porque este sábado 9 estaban en el sepelio. Aun así, se conoció por algunos testigos que prefirieron omitir su nombre por temor a represalias, que la víctima estaba con una prima en el Restaurante Bar Thiago’s, en el sector Tío Pedro.

Posteriormente, el joven decidió ir a la parte alta del local, al parecer, porque en la parte baja hacía mucho calor. Entonces le habría indicado a su familiar que iría a buscar una mesa arriba para comer. Al subir se encontró con los presuntos funcionarios policiales, quienes estaban comiendo cuando el joven se sentó a la mesa de al lado; entonces volteó hacia ellos y se escuchó la detonación.

Inicia despliegue de funcionarios para las parlamentarias
Según Indira Alfonzo, Venezuela cuenta con «uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región

Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que a partir de este martes, 1 de diciembre, inició el despliegue de funcionarios de seguridad para las elecciones parlamentarias.

Se trata del Plan República que, para esta elección, desplegó más de 250.000 funcionarios militares de la Fuerza Armada Nacional para «ser garantes de la paz» el próximo 6 de diciembre.

Asimismo, Alfonzo aseguró que el derecho político del voto es fundamental para garantizar la paz del país.

También,  dijo que estas elecciones tienen una significación especial, por realizarse en pandemia, «para garantizar una mejor democracia; en ese nos hemos empeñado, cuidando los detalles y protocolos», señaló.

De acuerdo con Alfonzo, Venezuela cuenta con «uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región, ejemplo para el mundo» con 25 elecciones en 20 años.

 

Por su parte, Tarek William Saab, fiscal designado por la ANC, también participó en el despliegue de funcionarios del Plan República, donde insistió que a través del voto es que se pueden resolver las diferencias políticas y no por la vía de la violencia.

Además, Saab indicó que no se debe «utilizar el poder legislativo para tomar de facto el poder que el pueblo le ha dado (a los diputados), a quien pudiera, de manera circunstancial, ser electo presidente de ese poder».

Con información de Tal Cual

Estados Unidos sanciona a 15 aviones venezolanos por transportar a funcionarios de Maduro

Este lunes 21 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó a través de un comunicado que añadió a 15 tipos de aviones venezolanos a su lista de sanciones propiedad de Pdvsa, que eran utilizados para transportar a miembros de alto rango del gabinete de Maduro.

En la información suministrada, afirman que los 15 aviones de Pdvsa han sido operados de manera insegura y poco profesional en la proximidad de aeronaves militares estadounidenses, mientras se encontraban en el espacio aéreo internacional.

“Las siguientes aeronaves fueron añadidas a la lista Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, dijo el tesoro en un comunicado a través de su página web.

Además, detallaron que, también en 2019, el Pdvsa Learjet 45 (YV2734) voló muy cerca de un avión militar estadounidense sobre el Mar Caribe. En primavera del mismo año, durante una operación conjunta llevada a cabo por la petrolera y el Comando Aéreo Integrado de Venezuela, el Learjet 45XR (YV2567) intentó interferir con una aeronave militar estadounidense en el norte del Mar Caribe.

YV3360, Marca y Modelo: Dassault Falcon 200EX
YV2040, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900B
YV2726, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900
YV2485, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900EX
YV2486, Marca y Modelo: Dassault Falcon 900EX
YV2565, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2567, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV1118, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2734, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2716, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2738, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2739, Marca y Modelo: Bombardier Learjet 45
YV2763, Marca y Modelo: Haya 1900D
YV2762, Marca y Modelo: Haya 1900D
YV2869, Marca y Modelo: Haya 1900D

 

 

*Con información de El Pitazo

Más de 140 funcionarios del MP han sido procesados por corrupción

El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, informó la mañana de este viernes 4 de octubre, que 140 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados por corrupción desde el año 2017. 

«101 fiscales se encuentran bajo investigación penal y 48 están privados de libertad por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y trafico de influencias», dijo Saab.

En rueda de prensa, el fiscal precisó que las detenciones de los fiscales se han efectuado desde agosto del año 2017 en el área metropolitana de Caracas (26), en el estado Guárico (189, Lara (13), Bolívar (10), Zulia (9), Yaracuy (9), Barinas (8), Carabobo (8), Miranda (7), Anzoátegui (6), Flacón (5), Nueva Esparta (4), Sucre (4), Delta Amacuro (3), Mérida (2), Apure (2), Monagas (2), Portuguesa (2), Táchira (2), Trujillo (2), Aragua (1), Amazonas (1) y Vargas (1).

«Desde agosto 2017 hasta septiembre de 2019, el MP inició 44 investigaciones por casos de ejercicio ilegal de la minería. En ese lapso de tiempo se han imputado a 170 personas, 83 de las cuales permanecen detenidas», detalló.

Al mismo tiempo, destacó que desde ese año se han realizado 10.400 investigaciones y han logrado 7400 actos conclusivos. Así como también, 7357 imputaciones de las cuales se han obtenido 324 sentencias condenatorias.

 

*Con información de TalCual y Unión Radio

UE confirma sanciones a 7 miembros de seguridad e inteligencia de Venezuela

LA UNIÓN EUROPEA MATERIALIZÓ ESTE 27 de septiembre su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por considerar que están implicados en «torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos», entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles para ampliar la lista de sancionados en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.

Cuatro de los nuevos sancionados «están relacionados» con el fallecimiento de Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son las instituciones para los que trabajaban los siete sancionados. 

Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero pertenecían a la Dgcim; Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y Carlos Calderón, del SEBIN.

El informe confirma “de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”, señala el Consejo.

 

*Con información de EFE

Brasil prohíbe la entrada a altos funcionarios del gobierno de Maduro

EL GOBIERNO DE BRASIL emitió una ordenanza que establece evitar la entrada a ese país a «altos funcionarios» del régimen de Nicolás Maduro por «violar la democracia y la dignidad de la persona humana».

En el texto avalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, encabezado por Ernesto Araújo, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, liderado por Sergio Moro, se especifica que los funcionarios no podrán ingresar a territorio brasileño «por sus actos, que contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia. de los derechos humanos».

Las autoridades brasileñas agregan que «los nombres de las personas se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública».

 

 
COMUNICADO 
 

Los ministros de Estado de Justicia y Seguridad Pública y Asuntos Exteriores, en el uso de la atribución que les confiere el artículo II del único párrafo del art. 87 de la Constitución, en vista de lo dispuesto en el punto IX del art. 45 de la Ley N ° 13.445, de 24 de mayo de 2017, y en el artículo IX del art. 171 y art. 207 del Decreto No. 9,199 del 20 de noviembre de 2017, y considerando las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos CP / RES. 1095 (2145/18), de 23 de febrero de 2018, AG 2929 (XLVIII-O / 18), de 5 de junio de 2018, y CP 1117 (2200/19), de 10 de enero de 2019, la resolución de la Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas A / HRC / RES / 39/1 “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” del 26 de septiembre de 2018, y las Declaraciones del Grupo de Lima del 4 de enero, 2019 y del 25 de febrero de 2019, resuelve:

Artículo 1 Esta Ordenanza establece la regla para evitar la entrada al país de altos funcionarios del régimen venezolano, quienes, por sus actos, contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia. de los derechos humanos.

Párrafo 1. Los nombres de las personas a las que se hace referencia en el título se incluirán en una lista detallada que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se remitirá posteriormente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

§ 2 La lista mencionada en el § 1 puede ser actualizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y debe ser enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Art. 2 Las personas que figuran en la lista exhaustiva mencionada en el art. 1 no puede ingresar al territorio nacional.

Art. 3 El impedimento de entrada previsto en el art. 2 observará el procedimiento previsto en el artículo del art. 45 de la Ley N ° 13.445, de 24 de mayo de 2017.

Artículo 4 Las disposiciones de esta Ordenanza se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la Ley N ° 9.474, de 22 de julio de 1997.

Artículo 5. Las disposiciones del punto IX del art. 45 de la Ley N ° 13.455 de 2017, puede ser aplicada por la autoridad migratoria con base en la hipótesis prevista en esta Ordenanza u otros actos considerados contrarios a los principios y objetivos establecidos en la Constitución Federal.

Artículo 6 La presente Ordenanza entrará en vigor en la fecha de su publicación.

SERGIO MORO
Ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública

ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO
Ministro de Estado de Asuntos Exteriores