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Fuerzas de Acciones Especiales

El periodismo sigue siendo fundamental para las investigaciones de la Misión de la ONU
El informe se divide en dos partes: la primera que hace referencia a las vulneraciones del espacio cívico; y la segunda, que habla de las relaciones entre las FAES y la nueva DAET

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó su cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que citó a numerosos registros de medios de comunicación. 

En el documento, el organismo internacional advirtió la intensificación de ataques al espacio cívico y democrático, y dejó constancia de la  preocupación por el hecho de que la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) mantenga en su cadena de mando a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros cuerpos de seguridad involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, e incluso, crímenes de lesa humanidad.

 

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, declaró Marta Valiñas, jefa de la Misión de la ONU.

En el informe, la Misión se basó en numerosas fuentes periodísticas para poder recabar información sobre distintos ámbitos.

Nuestro medio, Runrun.es, así como la plataforma Monitor de Víctimas, fueron mencionados al menos 50 veces  en este nuevo documento en el que la ONU afirma que el Estado venezolano no ha desmantelado su estructura represiva. 

Denuncias y violaciones de DDHH

El cuarto informe de la Misión de la ONU se dividió en dos partes, una para detallar las vulneraciones del espacio cívico, así como los ataques a medios de comunicación, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos.

En esta parte del ocumento, aparecen como fuente 17 artículos de Runrun.es, publicados entre 2017 y 2023 entre los cuales se pueden destacar:

  • Denuncias de la ONG Fundaredes de ataques civiles en Apure durante combates en la frontera y el asesinato del comunicador y líder social José Urbina, en Apure, luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar los DD. HH.
  • En el año 2017 se publicaron materiales audiovisuales para explicar cómo se produjo la muerte del joven Neomar Lander, asesinado en las protestas del 2017. Este artículo también aparece en el informe.
  • El informe de la Misión también refirió varios casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre las cuales figuran la medida de arresto domiciliario al abogado Juan Planchart, excarcelación del defensor de DD. HH., Orlando Moreno, alertas sobre la presencia del Sebin en la sede del Colegio de Enfermeros de Carabobo, las acusaciones hechas contra el sindicalista Gabriel Blanco y la detención de Zikiu Rivas, líder comunitaria de Anzoátegui.

Además, se mencionaron los trabajos de Runrun.es sobre el caso del preso político Franklin Caldera Martínez y las denuncias de su padre, Franklin Caldera Cordero, de hostigamiento y hasta secuestro.

Democracia, corrupción y elecciones

La Misión documentó, con este medio como fuente, varias acciones contra dirigentes políticos de oposición. Una de ellas,  la inhabilitación de Henrique Capriles, la de Freddy Superlano y todo lo ocurrido con este último durante las elecciones regionales en Barinas, donde el dirigente Sergio Garrido tuvo que ser candidato a la repetición de los comicios tras la inhabilitación de Superlano y su esposa.

También, figura una denuncia de Freddy Superlano que data del 27 de julio del 2023, donde indicó que fue despojado de su pasaporte.

La Misión también citó a Runrun.es en unas recomendaciones que recibió el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 25 de abril de 2023, por parte del panel de expertos de Naciones Unidas, tras el acompañamiento que el grupo hizo durante los comicios regionales y locales celebrados el pasado 21 de noviembre.

El informe también referenció varios artículos de nuestro medio de comunicación relacionados con procesos electorales, como comunicados de la Comisión Nacional de Primaria sobre el proceso y resultados de las elecciones regionales del 2021.

Personas relacionadas con la purga madurista también aparecen en el documento. Uno de los involucrados en el juez José Mascimino Márquez, conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue uno de los detenidos por delitos de corrupción y la Misión citó en su informe el perfil que elaboraron periodistas de este medio sobre el funcionario detenido. 

Finalmente, el informe recoge un reportaje de Runrun.es sobre los diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que han sido sancionados por la comunidad internacional.

Modus operandi de las FAES

La segunda parte del informe de la Misión de la ONU hace referencia a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Cuatro artículos de Runrun.es fueron mencionados en esta parte del texto y están relacionados con cuerpos de seguridad como las FAES, el Cicpc, Sebin y los grupos irregulares conocidos como colectivos.

Uno de los artículos, que se publicó en febrero del 2016, relata cómo miembros de los colectivos del gobierno, que aparecen disparando, y algunos funcionarios del Sebin que los acompañaban, quedaron libres de procesos judiciales inexplicablemente por el caso del 12 de febrero del 2014.

Dentro del informe hay varias fichas de la cadena de mando de las FAES, quienes posteriormente pasaron a integrar la DAET. Esta parte comienza con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cartera de la cual dependen los cuerpos de seguridad. En el caso de ambos, se hace mención a trabajos informativos y explicativos de Runrun.es sobre ambos funcionarios. 

Entre los funcionarios mencionados se encuentra también José Miguel Domínguez Ramírez, quien fue jefe de las FAES y está sancionado por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros países, «por impedir el ingreso de la entrada de ayuda humanitaria a la frontera venezolana en febrero 2019 y por su implicación en graves violaciones de derechos humanos». «Miguelito» fue nombrado como director de la DAET, por lo que  estuvo por tanto al mando de esta Dirección cuando se desarrollaron las Operaciones Trueno III a VII.

A propósito de las Operaciones Trueno, el informe de la Misión de la ONU documentó cómo fue el accionar de la DAET frente a estos operativos, que tenían el objetivo específico de desarticular organizaciones criminales.

Según varias personas presentes en las detenciones y allanamientos practicados en las primeras Operaciones Trueno, los agentes de seguridad que intervinieron se identificaron como efectivos de las FAES.

Sobre este tema, la Misión de la ONU citó a tres reportajes de la plataforma Monitor de Víctimas, que recolecta datos sobre los homicidios que ocurren en Caracas y otras ciudades del país.

#MonitorDeVíctimasCaracas  | A un año de la masacre de La Vega no se ha iniciado investigación
Entre el 8 y 9 de enero de 2021 fueron asesinadas 14 personas, según registros del Monitor de Víctimas, en un operativo policial en la parroquia. Durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, expresó que los asesinatos siguen impunes

Caracas. En un año Miyanllela Fernández no ha olvidado ningún detalle del asesinato de su hijo mayor, Richard de Jesús Briceño Fernández. A las 9:00 a. m. del viernes 8 de enero de 2021, el joven recibió dos disparos, que ella escuchó mientras unos funcionarios la retenían dentro de su casa

Lo arrodillaron frente a la casa de mi vecina y yo gritaba que no se arrodillara. Le supliqué a los funcionarios, les decía que él era sano y no quería que se muriera desangrado. Lo mataron en mi cara.

Una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entró a la casa de Miyanllela, donde había dos menores de edad, entre ellas la hija de Richard, de un año y medio. Sacaron al joven, aunque él les explicó que trabajaba en una cauchera y no era delincuente. A las cuatro mujeres que estaban dentro de la casa las retuvieron los efectivos. 

Cuando Miyanllela volvió a ver a su hijo los funcionarios lo trasladaban al hospital Pérez Carreño. Y en la escena del suceso vio cómo ponían un arma y casquillos para simular que él se enfrentó a las autoridades. Al día siguiente confirmó que el cadáver de su hijo estaba en la morgue del centro asistencial. Entré de nuevo a mi casa, lloré, grité, maldije, me volví loca. Luego salí a buscar a mi hijo al hospital. No me importaba que en todo el barrio hubiesen tiros por todos lados y pudiera recibir una bala perdida. Ya me habían quitado la vida, todo.

Richard tenía 23 años. Su nombre figuró en la lista de personas asesinadas, e identificadas por sus familiares, en una masacre durante un operativo policial en La Vega, entre el 8 y 9 de enero de 2021. El Monitor de Víctimas confirmó la muerte de 14 personas, mientras que la organización Provea aseguró que se trató de 23 víctimas. 

El Manual de clasificación de delitos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros.

La incursión de comisiones mixtas en la comunidad se efectuó para capturar a miembros de grupos criminales que operaban en la zona. Crónica.Uno conoció, a través de testimonios anónimos de vecinos, que desde diciembre de 2020 presuntos miembros de la megabanda del Coqui estaban en la zona. 

La megabanda liderada por Carlos Luis Revette, apodado el Coqui, junto con Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón, conocido como el Vampi, operaba en la Cota 905, El Cementerio, El Valle y, según expertos en criminología, tenían aliados en los estados Miranda y Aragua.

En los meses posteriores a la muerte de Richard, Miyanllela se topó en varias ocasiones con el funcionario que, presuntamente, le disparó a su hijo y con otros dos efectivos que estaban en el lugar. Su nietas, de cinco y dos años, se ponen nerviosas cuando ven a hombres identificados con uniforme policial. 

Tiene rabia. Habla con indignación cuando se refiere al caso de su hijo mayor. Si yo hubiese sabido que a mi hijo lo iban a matar, la primera que lo hubiese sacado de ahí hubiese sido yo. Si él fuese delincuente, no se quedaba en la casa esperando que llegaran ellos (las FAES) a matarlo.

La madre esperó seis días para enterrar a Richard. Los trámites en la medicatura forense de Bello Monte se demoraron. Una comisión policial escoltó el cadáver del joven hasta el cementerio de El Junquito, donde Miyanllela consiguió una fosa prestada. No hubo oportunidad de velorio. 

El cuerpo de mi hijo salió de la morgue al cementerio escoltado como si fuese el Chapo Guzmán

Amnistía Internacional hizo una investigación a través de fuentes abiertas de la masacre en La Vega, entre el 6 y el 9 de enero de 2021, y concluyó que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. 

De acuerdo con Marino Alvarado, director de investigación de Provea, un año después ningún funcionario policial que participó en el operativo, o de la cadena de mando, es investigado por la masacre de La Vega. “Reina la impunidad”, dijo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales” de Provea. 

El párroco de la parroquia La Vega, padre Alfredo Infante, añadió que luego de que los vecinos protestaron por el derecho al agua potable y otros servicios públicos fueron objeto de operativos policiales que ocasionaron los enfrentamientos entre bandas y fuerzas del Estado.

Se constató que muchas de las personas fueron ejecutadas y no estaban involucradas en la confrontación ni pertenecían a las bandas. Hasta el día de hoy la masacre se mantiene en total impunidad.

Familiares de otras víctimas relataron que, presuntamente, los funcionarios entraron a sus viviendas y sacaron a los jóvenes, luego simularon enfrentamiento. En el operativo también se registraron algunos robos de pertenencias de las viviendas a las que ingresaban los uniformados.

En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió al Estado venezolano en su recomendación de disolver las FAES e investigar las muertes que ocurrieron en La Vega, así como a sancionar a los responsables.

Meses de balaceras en La Vega desplazaron a vecinos

Posterior a la masacre de La Vega, las bandas continuaron con el control de la zona e inició una serie de balaceras en el sector, aproximadamente desde abril, que se incrementaron con el paso de los días e hicieron que los vecinos vivieran una pesadilla.

Testigos consultados por Crónica.Uno contaron que los presuntos delincuentes habían construido garitas en la zona montañosa del sector El Carmen, en La Vega, así como trincheras, desde donde disparaban hacia la parte baja cuando veían a algún funcionario acercarse. 

Los tiroteos cada vez fueron más frecuentes y los vecinos comenzaron a desplazarse a casa de familiares o amistades en otras zonas de Caracas, o fuera de la capital, por temor a que una bala perdida entrara a sus viviendas, como le sucedió previamente a varios habitantes.

El asesinato de Leonardo Polanco, apodado el Loco Leo, y líder de la banda homónima aliada de la megabanda de la Cota 905, que operaba en El Valle, desencadenó casi tres días de conflicto armado que paralizó al menos cinco parroquias de Caracas. Cifras oficiales indicaron que fallecieron 22 supuestos delincuentes en presuntos enfrentamientos, 12 de ellos estaban identificados.

Durante este conflicto armado de casi 72 horas, Crónica.Uno conoció de personas que se desplazaron de sectores de La Vega, la Cota 905, El Cementerio y Coche, pues los funcionarios habían tomado las comunidades y temían por la vida de los jóvenes de las familias. 

Jóvenes de zonas populares víctimas de ejecuciones extrajudiciales

El párroco Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sostuvo que un indicador de las ejecuciones extrajudiciales es que la mayoría de las víctimas son jóvenes, masculinos y de sectores populares. Esa combinación de joven, más masculino, más origen popular es igual a criminal hasta que no se pruebe lo contrario, sumado a la idea de que el criminal en este país no tiene derechos humanos y por tanto el joven de origen popular, considerado criminal o potencial criminal, es enemigo público y merece la muerte, sostuvo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”.

Lupa por la Vida, un proyecto del Centro Gumilla y Provea, arrojó que en el año 2020 los operativos policiales fueron más letales que la pandemia de COVID-19. Según el monitoreo nacional de ejecuciones extrajudiciales del proyecto, la violencia institucional y militar provocó el asesinato de 7180 personas, desde enero 2015 hasta junio de 2021.

Un año después de la masacre de La Vega, y seis meses después de las balaceras que paralizaron cinco parroquias de Caracas, los habitantes temen que las bandas criminales regresen a tomar el control.

 

#MonitorDeVíctimas | Un policía muerto y dos heridos durante un enfrentamiento en la Cota 905
El tiroteo se prolongó por varias horas y al finalizar la tarde obligaron a todos los funcionarios policiales a retirarse de la zona

@carlos_dhoy | Fotografía: Carlos Ramírez

Un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) murió mientras que dos de sus compañeros fueron heridos, uno de ellos de gravedad, durante un enfrentamiento ocurrido en la Cota 905, la tarde de este martes 25 de agosto.

El oficial jefe asesinado fue identificado como Edgar Jesús Palacios Veitía, en tanto que los heridos son el oficial jefe Daniel Martínez, quien recibió un balazo en la pierna, y el oficial agregado Yusmar Ricardo Amaris, quien fue impactado por un proyectil en la mejilla derecha.

Según versiones policiales, el enfrentamiento se inició cuando sujetos por identificar habrían intentado tomar la sede de la policía municipal de Caracas ubicada en el antiguo club de la Policía Metropolitana, situado en la parte alta de la Cota 905, municipio Libertador.

La situación generó un intenso enfrentamiento que fue reportado por vecinos de El Paraíso a través de las redes sociales.

Tras el tiroteo inicial los antisociales habrían huido hacia una zona boscosa ubicada detrás de la antigua sede policial y de allí hacia el sector Las Torres de la parroquia La Vega, hasta dónde llegó la operación de búsqueda de los delincuentes.

Al lugar acudieron comisiones de las FAES, Policía Nacional Bolivariana y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los funcionarios intentaron controlar el tiroteo y dar con el paradero de los delincuentes, pero recibieron órdenes de abandonar el área, sin haber capturado a los presuntos asesinos de su compañero.

Través de audios los funcionarios expresaron su pesar por la muerte del oficial Edgar Jesús Palacios y su malestar por la orden de abandonar la operación.

#MonitorDeVíctimas | A mi hermano lo extorsionaban las FAES por un homicidio que no cometió
José Luis Juárez Suárez fue asesinado en un presunto enfrentamiento ocurrido al oeste de Barquisimeto

@anderpinap / Fotografía: Anderson Piña Pereira

A José Luis Juárez Suárez, de 43 años de edad, sus familiares lo encontraron en la morgue del hospital central universitario Antonio María Pineda en Barquisimeto, estado Lara. El reporte hospitalario detalla que murió el 30 de julio, por múltiples heridas causadas por un arma de fuego, tras supuestamente enfrentarse a una comisión de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el barrio Santo Domingo, al oeste de la ciudad.

Pero esa versión no coincide con la de Osmary Juárez, su hija, quien aseveró que a él lo sacaron de su casa, ubicada en la Cuesta Lara a las 5:00 am, donde vivía con sus seis hermanos. Luego simularon un enfrentamiento y lo mataron.

«Cuando llegué a la casa, donde vivía mi papá, en la cama solo estaban las chancletas y su teléfono. De allí me fui hasta el hospital Pastor Oropeza, y me dijeron que él estaba muerto y se lo iban a llevar a la morgue», relató Osmary.

Ella describió a su papá como un hombre trabajador, quién además vivía en condiciones muy humildes y pendiente de sus hermanos menores, a quienes mantenía con su sueldo como picador de papas para hamburguesas y perros calientes.

Felipe Juárez, uno de los ocho hermanos de José Luis, contó que fue uno de los primeros en llegar al sitio del suceso, donde pudo observar los rastros de sangre y la zona acordonada por los uniformados.

Aseguró que a su hermano funcionarios de las FAES lo extorsionaban por un homicidio que ocurrió en un barrio cercano a su residencia, «pero esa denuncia nunca se notificó a Fiscalía, y no había registro».

Luis Juárez Suárez, tenía antecedentes por drogas, y se encontraba en libertad bajo régimen de presentación.

La minuta policial de la PNB-FAES detalló que sostuvieron un enfrentamiento con un integrante de la banda El Nicolasito quien, al notar la presencia de los uniformados, abrió fuego contra la comisión.

Testigos y otros familiares contaron a Monitor de Víctimas, que al lugar llegaron varios carros y camionetas repletos de funcionarios de las FAES, y minutos después de rodear la zona se escucharon los disparos que impactaron en la humanidad de Juárez Suárez.

#MonitorDeVíctimas | FAES detuvieron al periodista Darvinson Rojas
Según el SNTP, las FAES detuvieron al periodista Darvinson Rojas por publicar información sobre cifras del coronavirus

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron el sábado 21 de marzo al periodista Darvinson Rojas en su residencia.

A través de su cuenta de Twitter, Rojas denunció que los funcionarios llegaron a su residencia y alegaron que recibieron una llamada anónima por un supuesto caso de Covid-19.

Asimismo, indicó que los funcionarios le informaron que, de no acatar la orden, sería llevado detenido.

«Yo no necesito una orden de allanamiento (…) Mi jefe va a venir y no va a venir por las buenas», relata que le decían algunos funcionarios.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Rojas fue detenido presuntamente por publicar un tuit con el siguiente mensaje:

«A los chavistas les molesta que publiquemos cifras que ellos intentan ocultar».

 

El SNTP destaca que se difundió un audio de Darvinson Rojas cuando las FAES estaban en su casa y al final «se escuchaban gritos».

«La detención de Darvinson Rojas la ejecutaron unos 15 funcionarios encapuchados y armados que, además, detuvieron a Jesús Rojas y Mirian Sánchez, padres de Darvinson. Se llevaron computadoras y celulares y golpearon al señor Rojas», denunció el SNTP.

Más tarde, el SNTP señaló que los padres de Rojas fueron liberados, pero que el periodista seguía detenido en un comando de las FAES en La Quebradita.

«Sus padres alcanzaron a escuchar que le pedían revelar la fuente de estadísticas de casos del Covid-19 en Miranda», agrega el SNTP.

Más de 12 horas después

El SNTP destacó que este domingo 22 de marzo, cuando sus familiares se presentaron en el comando de La Quebradita, «les dijeron que no lo tenían y que debían recorrer los centros de detención hasta encontrarlo».

«Los padres de Darvinson volvieron este #22Mar al mismo sitio al que se los llevaron detenidos anoche, en La Quebradita. Hoy funcionarios de las FAES los tratan le niegan que el periodista se encuentra ahí. ¿Dónde está Darvinson?», sentenció el SNTP.

 

Por último, en un tuit, el SNTP denunció que las FAES y la administración de Nicolás Maduro «intenta levantar un falso positivo sobre la detención de Darvinson Rojas».

Nuevo ciclo de amenazas recibe Rocío San Miguel

LA PRESIDENTA DE LA organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel  está viviendo desde el martes de esta semana un nuevo ciclo de amenazas, según su propia confesión a elimpulso.com.

Esta última proviene de alguien que dice llamarse Carlos Beltrán, quien manifiesta pertenecer a un sindicato que tiene afiliados en todo el territorio nacional. Sin embargo, esa identificación no parece ser real.

No obstante, el número telefónico sí lo es, ya que tanto las llamadas del martes como los mensajes de texto del miércoles corresponden a un aparato que, en cuestión de cinco minutos, si la policía actúa de acuerdo con sus funciones investigativas, ya se sabría quién es el autor de las amenazas. 

Estas no han amedrentado a San Miguel, quien manifestó que continúa trabajando por la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía.

Los abogados de San Miguel están precisando detalles para consignar la denuncia ante el Ministerio Público.

Cuando se le preguntó si confiaba en que este organismo procedería a actuar, la profesional del derecho y profesora universitaria respondió que como ciudadana está en el derecho de plantear su situación ante el órgano correspondiente.

Fue entonces cuando reveló que desde hace más de diez años ha venido viviendo etapas de amenazas.

En el 2008 comenzó ese calvario cuando denunció como inconstitucional y, desde luego, bestial por su contenido a la ley “sapo” disfrazada como la que creaba el servicio nacional de inteligencia y contra inteligencia. Tras treinta días de rechazo por parte de Control Ciudadano, el presidente Hugo Chávez la derogó.

En más de diez años, la presidenta de Control Ciudadano ha venido recibiendo amenazas que han motivado la presentación de más de 16 denuncias ante el Ministerio Público. Ninguna ha sido investigada.

Es por esta razón que dice que las amenazas de martes y miércoles forman parte de un nuevo ciclo.

Cabe resaltar que hay tres personas defensoras de los derechos polìticos que debieran tener protección como lo ha solicitado oficialmente la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Rubén González, sindicalista de Guayana; Luis Carlos Díaz, periodista; y la Dra. San Miguel.

Las amenazas, como es natural, han causado gran preocupación a la familia de la principal activista de Control Ciudadano, quien ha venido últimamente insistiendo en  el contenido del informe de la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien planteó la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por considerarla un grupo de exterminio, que ha causado más de 6000 homicidios en un país donde está prohibida la pena de muerte.

 
Con masacre de 7 personas las FAES vengaron homicidio de un jefe policial

EL ASESINATO DEL COMISIONADO EN JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló este 24 de julio y durante doce horas consecutivas en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas. Además de la familia del jefe policial, otras seis quedaron en luto por una acción policial con ribetes de venganza.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; Javier Noria, de 32 años; Carlos Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, de 22 años; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Testigos del hecho relataron que aproximadamente 30 funcionarios irrumpieron en la calle 9 de El Valle y avanzaron hacia el barrio El 70, el cual se prolonga hasta El Cementerio. Iban vestidos de negro, encapuchados y con armas largas. En camionetas tipo Hilux y motocicletas de alta cilindrada recorrieron la zona hasta llegar a las casas de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron traslados al hospital Pérez Carreño de Caracas. Allí los médicos informaban a cada familia que su muerto no era el único del operativo, que hubo una masacre ese miércoles 24 de julio.

La mañana de este viernes 26 de julio, los familiares de las víctimas de las FAES continuaban los trámites para retirar a sus allegados. Se les dijo que debían esperar a fiscales del Ministerio Público para realizar reconocimientos post morten. Hasta el mediodía no habían sido entregados los cadáveres.

Más información en Proiuris.

FAES desfilan en conmemoración de la Independencia un día después de que Bachelet pidió su eliminación
El informe de la alta comisionada de la ONU describió, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, el modus operandi del cuerpo de seguridad del Estado y pidió la reparación de los afectados

@loremelendez 

LAS FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desfilaron este viernes, 5 de julio, en el acto de conmemoración de la Independencia de Venezuela, un día después de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigiera al gobierno de Nicolás Maduro la eliminación del grupo armado señalado de ejecutar extrajudicialmente a cientos de personas.

«Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas», dice una de las sugerencias esgrimidas en el informe difundido este jueves.

De este desfile se hicieron eco carteras del Ejecutivo como el Ministerio de Interior, Justicia y Paz venezolano, comandado por Néstor Reverol, del cual dependen las fuerzas de seguridad policiales. El video fue promovido en redes sociales y publicado en la cuenta de Youtube del titular.

«Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las ‘Operaciones de Liberación del Pueblo’ implementadas de 2015 a 2017. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un ‘grupo de exterminio’. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas», apunta el documento de la oficina de Bachelet.

El mismo informe indica que el organismo dirigido por la alta comisionada «entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019», quienes describieron «un modus operandi similar» en cada uno de los casos. Así, relataron que los funcionarios –encapuchados, vestidos de negro, sin identificación y con armas de fuego largas- llegaban en camionetas negras sin placas, tomaban la zona e ingresaban a la fuerza a las viviendas y maltrataban a las mujeres y niños, hasta obligarlos a desnudarse. Casi todas las víctimas recibieron uno o más disparos en el tórax.

«Testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad'», reza el informe, que añade que los uniformados se llevaron a las víctimas a hospitales cercanos, pese a que estas ya habían muerto. Las autoridades solían, además, declarar que los caídos eran delincuentes sin que se llevase a cabo una investigación.

Por todos estos elementos, sumados a que las FAES acostumbran a seguir con la toma de la zona aun después de concluir sus operaciones, «al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social».

El documento también informa que por los homocidios de 2018 –son al menos 256 en Caracas de acuerdo con Monitor de Víctimas– cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible. «Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019», agrega.

El informe también subraya que los familiares de las víctimas se han enfrentado a obstáculos que van desde la renuencia de los fiscales a recibir sus denuncias hasta «la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial».