Lo sucedido en Apure es en parte el resultado de la decisión de desarrollar a la Fuerza Armada con la mira puesta en otros enemigos
@javiermayorca
Uno de los factores que hace recurrente a la incompetencia militar es el empeño de los jefes castrenses -y de los políticos que los auspician- en la aplicación de las mismas fórmulas cuyo fracaso ha sido evidente.
Esa insistencia en el error fue observada con claridad por Norman Dixon, hace ya muchos años, en un estudio sobre la incompetencia en los principales ejércitos del mundo. En el caso venezolano, pareciera que esta lección nunca fue aprendida. Y los uniformados fueron sumando fracaso tras fracaso. Pero estos eran producto del desempeño en áreas poco relacionadas con el quehacer de los cuarteles, puesto que las fuerzas militares venezolanas formadas desde 1958 nunca habían participado en combates con cuerpos armados más o menos organizados.
Habría que ver hacia otros ámbitos. En el plano de la seguridad ciudadana, por ejemplo, el general Reverol evidenció una especial incapacidad para detectar a tiempo la necesidad de rectificar. En la Memoria y Cuenta que presentó en 2016 insistía en aplicar los mecanismos para el control de la delincuencia vistos en 2015, con mucha “mano dura”, y el país cerró ese año con una de las tasas de muertes violentas más altas del mundo, superior a 91 por cada 100.000 habitantes.
Pero este año llegó lo de Apure. Por primera vez en este siglo, los militares venezolanos han tenido que afrontar en su propio territorio a una fuerza irregular que se define a sí misma como un “ejército”.
Y sin ánimo de ensalzarla, los hechos indican que, en circunstancias específicas, ha ofrecido una importante resistencia a un cuerpo que se supone más preparado para las tareas de combate.
El conteo de muertes (un indicador siempre antipático) para el momento de la redacción de estas líneas da como resultado que dieciséis uniformados de la FANB han perdido la vida desde que comenzaron formalmente las hostilidades, el 21 de marzo. Y por lo menos otros 35 han resultado con lesiones de diversa gravedad. Del otro lado se cuentan nueve muertes, aunque no todas estarían ligadas directamente a las llamadas disidencias de las FARC-EP.
Además, la organización admitió tener en calidad de “prisioneros de guerra” a ocho militares venezolanos, tres de ellos oficiales, y solicitó la mediación de la Cruz Roja Internacional para llevar a cabo la devolución. Con esto viene implícita una solicitud de negociación, y por ende de reconocimiento.
Una investigación de la fundación Ideas para la Paz, presentada en abril de 2018, calculaba que este grupo tenía en ese momento unos 1200 hombres en armas, y que en la frontera con Venezuela operaban al menos tres frentes: el 10, el 33 y otro llamado Acacio Medina. El trabajo advertía además que las estructuras estaban en expansión.
Paradójicamente, este grupo comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte, nunca fue mencionado en los listados de “fuerzas enemigas”, que eran delineados en las diversas operaciones para el control del orden interno, como la Zamora, y tampoco en los ejercicios de defensa integral, que son ejecutados con cierta frecuencia y más propaganda desde 2015.
Este grave y reiterado error se gestó cuando los militares comenzaron a desarrollar el llamado “concepto estratégico-militar”. El primer documento sobre el particular fue emitido en 2005, y lógicamente correspondía a una realidad distinta. Pero ya desde entonces se ponía un mayor énfasis en la incorporación de los militares al nuevo modelo de desarrollo económico, social y político, en otras palabras, el socialismo del siglo XXI. Y muy poco se decía sobre los giros que se estaban dando en los distintos escenarios o hipótesis de conflicto armado.
Desde entonces se fueron acumulando severas deficiencias en cuanto a la formación de los nuevos cuadros de militares. Desde luego, en esos años tanto ellos como los políticos que los auspiciaban estaban más pendientes del festín de petrodólares. Además, los grupos que realmente podían amenazar a la Fuerza Armada, como las FARC, tenían fluidas relaciones con el régimen, tal y como lo revelaron los archivos incautados en 2008 a Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, luego del bombardeo al campamento de Putumayo.
Los militares venezolanos abandonaron los esquemas de operaciones basados en las tres grandes hipótesis de conflicto (azul, negra y verde), que eran escenarios de guerra convencional, y pusieron casi todos los huevos en una canasta llamada “guerra popular prolongada” (GPP), que se traduce en la aplicación de lo que ellos mismos denominan “método táctico de resistencia revolucionaria”. Eso se mantiene hasta la actualidad, y por eso los jefes militares convocan a jornadas periódicas de refrescamiento, en prácticas con muy poco fuego real.
Uno podría pensar que el escenario planteado en Apure sería ideal para estos militares que básicamente se forman en las distintas academias pensando que se van a convertir en una guerrilla, soportada por un pueblo que los respaldaría con fervor. Pero hasta el momento no ha sido así en el caso de Apure. En la teoría de la GPP divulgada en los centros de enseñanza castrenses el enemigo no es una estructura irregular con amplia experiencia en combate, como son estas FARC-EP, sino una fuerza invasora que actúa como ejército regular, y que utiliza a un país vecino como trampolín para sus incursiones.
Esto cambia por completo los escenarios y la llamada periodización del conflicto, tal y como lo estudiaban en los centros de formación. Aquí no ha habido ese primer lapso de resistencia frente a los invasores, que según la teoría de la GPP duraría dos semanas, lo que pudiera prolongarse un poco más en virtud de la utilización de los sistemas de defensa antiaérea, y el poder de fuego representado por los tanques y cazas importados de Rusia.
En la realidad, los invasores, las verdaderas “fuerzas enemigas”, ya estaban en Venezuela desde hace mucho tiempo, no solo en Apure, sino en Amazonas, Bolívar y Zulia. Pero ese empeño en el error impidió que la jerarquía militar detectara con tiempo de dónde vendrían los tiros.
Breves
* Una de las manifestaciones de la criminalidad que ha crecido silenciosamente durante los últimos meses es el contrabando. Al país están llegando mercancías de todo tipo, cuyos orígenes, calidad y condiciones de salubridad para el consumo no son certificados por ninguna autoridad. En los procesos de importación, además, no se paga ningún impuesto. Uno de los artículos más contrabandeados hacia Venezuela quizá sean los cigarrillos. Se trata de un problema atávico, ligado a la actividad de clanes que operan a ambos lados de la Guajira, y que han llegado a tener importantes nexos con la política. En Colombia, durante el proceso 8000 que hizo tambalear la presidencia de Ernesto Samper, un capítulo de la investigación se centró en un hombre que llegó a senador de ese país, y que era conocido como el Hombre Marlboro, por su comprobada relación con los contrabandistas de esta marca. En Venezuela, siempre han existido cigarrillos traídos por los caminos verdes. Tradicionalmente, eran vendidos por buhoneros en las principales ciudades del país. Pero de acuerdo con el director legal de la Cigarrera Bigott, Miguel Benzo, hasta 2016 este comercio no representó más del 5 % del mercado. Desde entonces, los cigarrillos de contrabando han ganado terreno.
Los estudios que lleva a cabo esta industria (cuatro por año) han revelado un crecimiento sostenido del ilícito, que se potenció mucho más luego de los apagones masivos de marzo de 2019.
La última medición llevada a cabo en 2020 permite a Benzo advertir que, en la actualidad, un tercio de las cajetillas vendidas en el país ha entrado de forma subrepticia. El asunto pareciera no importar a las autoridades: según cifras conocidas extraoficialmente, de los 53 expedientes por contrabando instruidos durante 2020, ninguno se relacionó con cigarrillos. Lógicamente, el estado Zulia es el principal centro de distribución del tabaco contrabandeado. De acuerdo con el vocero de Bigott, el tabaco ilegal ocupa el 85 % de las ventas en ese estado. El principal centro de distribución hacia el resto del país estaría en el Mercado de las Pulgas. Benzo precisó que las marcas más contrabandeadas hacia Venezuela son Malibú, Ibiza y Marine, así como Miller y Pacific. Las tres primeras son fabricadas en Paraguay, un país donde la industria del tabaco ha florecido gracias a una baja carga impositiva. Las últimas dos tienen sus factorías en Colombia. Pero estas no son las únicas marcas que corren como humo en los bulevares y mercados nacionales. Con el incremento del contrabando han llegado cigarrillos de países tan lejanos como India y Emiratos Árabes. Los investigadores han contado hasta 130 denominaciones. Benzo advirtió que con esta actividad también se estaría lavando dinero. No en balde el cigarrillo ha llegado a ser en algunas partes del país una especie de moneda.
* Los cuerpos de seguridad venezolanos continúan erráticos en cuanto al tema de la utilización de teléfonos celulares por parte de sus funcionarios. El 6 de mayo, el comandante de zona de la Guardia Nacional en Vargas, general de brigada Félix Manuel Arnos, prohibió que los integrantes de las comisiones porten estos dispositivos. Solo podrá hacerlo el jefe de cada grupo. En consecuencia, añadió el oficial, “cada comandante de unidad deberá solicitar, precintar y resguardar en una bolsa los teléfonos del personal de comisión”. Esta decisión fue tomada al hacerse público el hallazgo de 124 panelas de cocaína en un jet de carga de la línea Tap, el día anterior a la divulgación del radiograma. Por cierto, luego de este procedimiento los militares están aplicando una suerte de operación morrocoy con los pocos vuelos internacionales que salen de Maiquetía. Unas veces argumentan que deben endurecer los controles, incluso sobre las actuaciones de su propio personal. Y otras, que carecen de recursos para efectuar su trabajo sin ocasionar retardos a los vuelos. Las quejas al respecto son permanentes..
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