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Fuerte Tiuna

12 fuentes del PSUV confirman que El Aissami está vivo y en “arresto domiciliario”
Todos los entrevistados respondieron que El Aissami está vivo y cumple una especie de “arresto domiciliario” en Fuerte Tiuna
Otra fuente sostiene que El Aissami se encuentra en Fuerte Tiuna recibiendo tratamiento médico por un cáncer, “pero que atendieron a tiempo”

 

Desde el pasado lunes, 11 de septiembre, el nombre de Tareck El Aissami es tendencia en redes sociales en el país. Varias versiones apuntan a que el ex funcionario de Nicolás Maduro falleció en custodia del Estado; sin embargo, hasta ahora, nada es oficial. 

Por un lado, una publicación asegura que El Aissami envió un audio de redención a Maduro. Por el otro, se habla del supuesto fallecimiento del líder político y que habría ocurrido en Fuerte Tiuna.

En una  nota publicada en el portal web de El Pitazo, que recoge las impresiones de 12 fuentes relacionadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que pertenecen a los cuadros medios de la organización política, afirman que luego de casi seis meses después de su renuncia por  el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, que involucra la desaparición de 16.600 millones de dólares, el exministro está vivo y cumple una especie de “arresto domiciliario” en Fuerte Tiuna, Caracas. 

“La verdad es que en las reuniones del partido poco se habla de Tareck (El Aissami). Estamos concentrados en la reelección del presidente Maduro. Sin embargo, este lunes, en la reunión nacional, sí hubo comentarios, dijeron que se había comunicado con el Presidente. Pero, los jefes desmintieron eso. Hasta donde sabemos, él está en Fuerte Tiuna, esperando que terminen las investigaciones del Ministerio Público”, asegura un dirigente del PSUV en Caracas, que pidió la reserva de su identidad.

Otros cuadros medios, que formaban parte de los equipos de apoyo de El Aissami, reiteraron que el dirigente permanece en Fuerte Tiuna y aseguraron que “se ha dado un acercamiento entre Maduro y Tareck, pero no a través de mensajes o audios”.

“No es del estilo de Tareck El Aissami andar pidiendo la misericordia de Nicolás Maduro. Creo que muchos subestiman el control que aún tiene sobre la estructura del partido y sobre el propio gobierno. Yo creo que esas versiones de audios y envenenamiento vienen desde el propio Psuv, del ala más cercana a los [hermanos] Rodríguez, que se han beneficiado con la caída en desgracia de Tareck. Están midiendo respuestas y reacciones. Analizan si es hora de mostrar a Tareck, vivo o muerto”, explicó otro de los militantes del chavismo que prefirió no ser identificado en este reportaje.

La misma fuente sostiene que El Aissami se encuentra en Fuerte Tiuna recibiendo tratamiento médico por un cáncer que padece desde hace unos cuatro años, “pero que fue atendido a tiempo”.

Esta información fue corroborada por un colaborador de El Aissami, quien lo ha visto en persona. “Nadie va a salir a desmentir la supuesta muerte, pero ya verán cuando reaparezca”, insistió.

La última aparición oficial de El Aissami fue el lunes, 6 de marzo de 2023. El entonces ministro de Petróleo compartió fotografías de una reunión que sostuvo con el director ejecutivo de la empresa rusa Rosneft en su cuenta de Twitter (ahora X).

El 20 de marzo, 14 días después de esa publicación, El Aissami anunció la renuncia al cargo y desde entonces, la opinión pública desconoce y especula sobre su paradero.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la detención de una mujer y tres hombres de la banda del “Koki”
Es bueno que se haya detenido a estas personas, en lugar de ejecutarlas. Pero es mala la ausencia de información oficial detallada y es muy feo que se estigmatice e hipersexualice a la mujer capturada. En este último aspecto, también el Estado tiene responsabilidad, explicó Gabriela Boada, defensora de derechos humanos

Fotos: @BegvGeneral

Funcionarios de la Brigada Especial Contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron este martes, 20 de abril, a cuatro ciudadanos presuntamente vinculados a la banda del “Koki” que opera en la Cota 905. Los sujetos fueron capturados en un edificio de Fuerte Tiuna y en Las Adjuntas.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista de sucesos Lysaura Fuentes detalló que los funcionarios capturaron a la ciudadana identificada como Carla Dorianny Díaz Torrealba, Alias “La Pelúa” en Fuerte Tiuna, donde también detuvieron a Óscar Eduardo Gómez Durán, según la BEGV.

Además, Fuentes detalló que también fue detenido un presunto integrante de la banda de El Koki en Las Adjuntas, calle Santa Cruz, identificado como Jender Edwin Díaz Rodríguez. El último sujeto no fue identificado.

Lo bueno

La detención de los presuntos miembros de la banda del Koki, entre ellos Carla Dorianny Díaz Torrealba, conocida como alias “La Pelúa”.

También se ve positivo porque Díaz Torrealba, Gómez Durán y Díaz Rodríguez serán presentados ante un tribunal de control y serán sometidos a un proceso judicial, como establece la Constitución de Venezuela.

Un hecho importante a resaltar es que estas personas no fueron ejecutadas extrajudicialmente por cuerpos de seguridad, un patrón que ha sido habitual desde el año 2015 con la Operación Liberación del Pueblo, y luego con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en los casos de persecución a presuntos miembros de bandas o grupos delictivos.

En este caso, se podrán determinar las responsabilidades de los detenidos en hechos delictivos y  sus vínculos con organizaciones criminales, además se les impondrán las sanciones que contemplan las leyes del país. 

Lo malo

Que las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, y el Ministerio Público no suministren información oficial sobre la detención de estos presuntos delincuentes y sus roles dentro de la organización criminal que paralizó Caracas entre el 7 y 9 de julio con hechos violentos que causaron 37 muertos y más de 20 heridos.

Aunque en esta ocasión se tuvo conocimiento de la identidad de los detenidos y no solo de sus apodos -que es lo común- se desconocen detalles sobre el prontuario delictivo de los aprehendidos, de qué delitos puntuales se les señala, con qué hechos específicos se les relaciona y cuáles son los elementos que permiten afirmar que son miembros de la banda de Carlos Luis Revete, alias “Koki”.

Tampoco se ha explicado cómo es que miembros de un grupo criminal tan peligroso se encuentran escondidos en una vivienda ubicada en el interior de una instalación militar.

Lo que sí circuló rápidamente fueron fotos de la mujer detenida, posando con armas, en traje de baño y desnuda.

Lo feo

La estigmatización e hipersexualización de Carla Dorianny Díaz Torrealba, detenida por su presunta vinculación con la banda del “Koki”.

De acuerdo con una nota publicada por El Pitazo, Díaz Torrealba tiene 19 años y estaba solicitada por presuntamente ser cómplice directa de los líderes de la megabanda de la Cota 905. Fuentes policiales detallaron que la detenida, a quien se le conoce con el alias “La Pelúa”, presuntamente cobraba las extorsiones y rescates de secuestros, además,  administraba los pagos de la venta y distribución de drogas.

Tras conocerse la noticia de la detención de Díaz Torrealba, rápidamente los medios de comunicación y los ciudadanos la viralizaron en las plataformas digitales. Sin embargo, el principal motivo por el cual se convirtió en tendencia este hecho no fue en sí por las detenciones.  

Muchos de los comentarios y notas difundidas hacen mayor énfasis en la figura de Carla Dorianny Díaz Torrealba, a quien han señalado como presunta “garitera” de la Cota 905.

Entre los principales comentarios encontrados en Twitter, se denota un énfasis particular en Díaz Torrealba, resaltando, sobre todo, sus características y atributos físicos y el hecho de ser una mujer integrante de una banda delictiva.

En conversación con Runrun.es, Gabriela Buada, defensora de derechos humanos y fundadora de la ONG Caleidoscopio Humano, consideró que al relatar la noticia de la detención de Díaz Torrealba desde ese enfoque se perciben “elementos de discriminación, estigmatización y violencia de género”, porque se profundizan estereotipos.

“Hablar de una vez de esos elementos, que podría pasar por el hecho de ser mujer, revela que existe una profunda estigmatización de ella. La forma en la que se ha visibilizado la noticia también, porque no es lo usual que una mujer participe en estas bandas, y que además se resalten las condiciones físicas desde una hipersexualización y no se detalle lo que realmente es la información, es lo que nos hace suponer que hay una profunda estigmatización por sus condiciones de género”, explicó.

 

Desde la perspectiva de Buada, la responsabilidad no recae únicamente en los medios de comunicación por la forma en que se visibiliza el hecho, tampoco en la opinión pública, sino principalmente en el Estado.

“La  hegemonía comunicacional, las barreras que viven los medios para acceder a las fuentes, ya son muchos años que ningún periodista de sucesos va a la morgue, o no tienen acceso a cifras oficiales”, señaló Buada.

En ese sentido, recordó también que las últimas cifras que detallan estos temas de violencia y seguridad ciudadana se emitieron en el año 2015, cuando estaba al mando del Ministerio Público la exfiscal Luisa Ortega Díaz.

“No hay acceso a ninguna fuente que haga que la labor del periodista sea menos intuitiva, menos investigativa y de análisis. Por ello, muchas veces corren el riesgo de exponer a las mujeres en los titulares para darle  visibilidad a las notas”, explicó.

En tal sentido, señaló que el Estado no tiene campañas informativas ni discursos apropiados en cuanto a temas de género y cómo se pueden comunicar. .

“Esto conlleva a que esa persona pueda estar expuesta a todo lo que tiene que ver con estos estigmas, estos hechos que de alguna forma pudiesen colocar en riesgo su integridad física y moral”, aclaró.

Como consecuencia de toda esta falta de educación en cuanto al tema, “se infunde una opinión que va más allá de la investigación y que no está respetando ni la presunción de inocencia, ni otros parámetros que también se deben respetar y que los medios deberían tener claros”.

Para concluir, reitera que la hispersexualización de todo lo que representa Díaz Torrealba pudiera ser responsabilidad del Estado, pues a falta de educación sobre estos temas, “se profundizan estos errores, quedan en la mente de la opinión pública y se forjan esas opiniones machistas, discriminatorias y discriminantes que normalmente vemos”. 

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, manifestó preocupación por el “manejo sensacionalista, frívolo y rayando en la apología del delito”, que han tenido algunos medios de comunicación y periodistas con respecto a la captura de Díaz Torrealba.

A juicio de Himiob, “es un irrespeto a las víctimas”, agregando que “idealizar y banalizar crímenes y criminales nunca es bueno”.

Carolina Jaimes Branger Dic 14, 2020 | Actualizado hace 4 semanas
La ley a la medida

@cjaimesb

No es nada nuevo… los regímenes dictatoriales, totalitarios y fascistas desde que existen, han fabricado leyes “a su medida”. Y cuando esas leyes ya no les sirven, no tienen empacho en cambiarlas para que, una vez más, se ajusten a su nueva talla. Lo hizo Hitler con las leyes raciales de Nuremberg, que criminalizaron el mero hecho de ser judíos, homosexuales, gitanos o discapacitados. Prácticamente los convirtieron en cucarachas… y las cucarachas se pisan porque son realmente desagradables. Nadie siente remordimiento por matar a una cucaracha. Y es que esas leyes comienzan por la deshumanización del contrincante: hay unos que son menos iguales que otros, como en la granja de Orwell.

Otras leyes ad hoc han servido a regímenes como el de Pol Pot en Camboya, donde ser o parecer intelectual era delito. Así, muchos camboyanos fueron asesinados por el solo hecho de usar lentes, “porque los lentes dan pinta de intelectual, aunque la persona no lo sea”.

Trujillo, en la República Dominicana, estableció uno de los regímenes más sangrientos de América Latina a punta de leyes a su imagen y semejanza.

La piedra angular de estos regímenes es el culto a una personalidad: la del líder. Lo que dice, piensa y ordena el líder, es incuestionable. Así era Chávez (¿recuerdan cuando exigió “un millardito de dólares”, como si el Tesoro Nacional fuera su caja chica? ¡Y se lo dieron!). Así es Maduro, el hijo predilecto, el heredero. Chávez tuvo la suerte de morirse cuando todavía había el repele de la bonanza petrolera de sus primeros años. A Maduro le ha tocado reprimir más que Chávez, porque si no reprime, corre el riesgo de que lo tumben. Pero actúa como el líder caprichoso que era su mentor.

Empecé hablando de las leyes a la medida, porque el cambio de centro de votación de Maduro fue una violación flagrante de la ley electoral. El mismo vicepresidente del CNE declaró a los medios que “se había enterado del cambio de centro cuando lo vio por televisión”.

¿No es insólito que el segundo a bordo del CNE no supiera lo que habían hecho? ¿Cuál de los rectores dio la orden del cambio, conociendo la ilegalidad de esa decisión? ¿O fue alguien distinto a los rectores? En ambos casos, es gravísimo. En el primero, porque es la máxima autoridad electoral violando la ley. Y en el segundo, porque eso significa que hay personas distintas a los rectores que tuvieron la potestad de hacerlo. ¿Quiénes fueron?…

¿Qué hicieron con el cuaderno electoral del Liceo Miguel Antonio Caro, ubicado en Catia, donde hasta las últimas elecciones votó Maduro? ¿Lo trasladaron a Fuerte Tiuna para que Maduro firmara y estampara su huella?… Y los votantes que aparecían en ese libro ¿tuvieron que esperar a que el cuaderno fuera y regresara, justo en tiempos de pandemia? Menos mal que los centros estaban vacíos…

Maduro, si tenía miedo de que “el presidente Duque lo mandara a matar”, como alegó para el cambio de centro, pues no ha debido haber votado. Ha debido quedarse escondido, si eso es lo que lo hacía sentirse confortable. Pero no ordenar que el mismo día de la votación le cambiaran el centro, porque la ley debería ser igual para todos, empezando por él, que dice ser el presidente de la república.

Por otra parte, no hay pruebas de este nuevo “intento” de magnicidio, no hay detenidos, no hay imputados. Si Maduro quería votar, han debido llevarlo –como siempre lo llevan, escoltado hasta los tequeteques- y rodear la zona de Catia hasta que votara. Pero no, él ordenó, alguien cumplió… y uno se quedó con la pregunta –y la grandísima duda- de que, si son capaces de cambiar a alguien de centro electoral el mismo día de la votación, también son capaces de manipular los resultados de la misma. Y después quieren que votemos con este nuevo sistema y este nuevo CNE. Si el de Tibisay era malo, este, sin que me quede duda, es todavía peor.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Maduro votará en Fuerte Tiuna aunque está inscrito en un centro electoral de Catia
Maduro sigue inscrito en el centro electoral de Catia pero votará en Fuerte Tiuna

Nicolás Maduro está inscrito en el centro electoral liceo Miguel Antonio Caro, ubicado en Catia, Caracas. Sin embargo para las elecciones parlamentarias de este domingo, 6 de diciembre, decidió que votará en el colegio Simón Rodríguez en Fuerte Tiuna.

Cuando se hace la búsqueda por cédula en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) Maduro sigue inscrito en dicho colegio, del sector Gato Negro. Cilia Flores también votará en Fuerte Tiuna. 

La Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 123, establece que los ciudadanos ejercen el derecho al voto personalmente en la mesa electoral en la que el elector esté inscrito según el Registro Electoral. 

Igualmente la periodista de CNN, Osmary Hernández informó que a los medios acreditados para cubrir la votación de Maduro, se les realizó la prueba PCR para descartar el contagio de COVID-19 y poder asistir al lugar. 

Asamblea Nacional contabiliza 162 militares presos por motivos políticos
La mayoría son de la Guardia Nacional y el Ejército

La presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, diputada Adriana Pichardo, presentó el informe sobre los presos políticos militares en Venezuela.

El observatorio contabiliza a la fecha 162 presos políticos militares, de los cuales 67 son de la Guardia Nacional (41,36%), 66 del Ejército (40.74%), 18 de la Aviación Militar (11.11%), 7 de la Armada (4.32%) y otros 4 (2.47%) sin identificar.

Solo en 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias de militares. “Por rango militar de los hoy secuestrados políticos militares el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6% a coroneles, el 8,64% a capitanes, 6,79% generales, el 4,94% son mayores, 1,23% tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62%”, especificó Pichardo.

Distrito Capital, Monagas y Aragua ocupan los primeros tres lugares de estados donde se registraron el mayor número de aprehensiones, con 91, 17 y 15 casos, respectivamente. En Bolívar contabilizan cinco arrestos a militares por razones políticas que equivalen a 3,09% del total.

“Estas no solo son cifras, son las familias, son víctimas con derechos humanos. Detrás de estas 162 personas hay torturas, hay violación al debido proceso. Nosotros vamos a continuar elevando la voz y denunciando estos hechos”, manifestó la legisladora.

En cuanto a los sitios de reclusión, el 51.85% se encuentran en la cárcel de Ramo Verde, 25.31% en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta-Caracas, y 9.88% en La Pica. El resto se ubica en Fuerte Tiuna, Helicoide, hospital militar, cárcel 26 de Julio, cárcel de Santa Ana, Dgcim Táchira, arresto domiciliario, y tres casos sin especificar.

Pichardo destacó que el Observatorio de DD HH de la AN fue creado el 17 de julio 2020 con el fin de “documentar y visibilizar las violaciones de los DD HH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales”.

Acotó que para la próxima semana prevén presentar un informe sobre los encarcelamientos por razones políticas a civiles.

El informe de la misión

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano se refirió al informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, y destacó que a diferencia del documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet -que se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables-, este especifica la responsabilidad de las violaciones de DD HH y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DD HH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DD HH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, destacó.

Recordó que en el informe expresa el ilegal allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados a través del Tribunal Supremo de Justicia, y no de la Asamblea Nacional como constitucionalmente corresponde.

Se refirió también a los señalamientos en contra del Sebin y Dgcim, como dos de los órganos principales de represión en el país. Señaló el caso de Roberto Marrero como un ejemplo de fabricación de pruebas en contra de un ciudadano. “El exdirector del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó Solórzano.

“Además la comisión tiene el caso de una joven que ya no se encuentra en el país y que fue obligada a ingerir más de 10 litros de cloro. Ella es familiar de un preso político y casi la matan”, agregó.

El informe de la misión contienen más de 400 páginas con las que sustenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y sus responsables, e insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a actuar oportunamente para hacer justicia a las víctimas.

Ordenan detener a efectivos por hechos en alcabala de Fuerte Tiuna
Los involucrados son Víctor Estaba, primer teniente del Ejército, y el soldado Johnan Márquez

El Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra dos oficiales militares involucrados en la muerte de una funcionaria del Cicpc en una alcabala de Fuerte Tiuna.

Se trata de Víctor Estaba, primer teniente del Ejército, y el soldado Johnan Márquez. Ambos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional simple, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal venezolano,.

Asimismo, se les señala de cometer uso indebido de arma orgánica de guerra, tipificado en el artículo 115, en relación con el artículo 4, de la Ley para el Control de Armas y Municiones.

El juzgado dictó la privativa de libertad de conformidad con lo establecido en los los artículos 236, numerales 1, 2 y 3; 237, numerales 2 y 3; y 238, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Vale acotar que se designó como sitio de reclusión para ambos efectivos militares el destacamento 35 de la Policía Militar con sede en Fuerte Tiuna.

Nota de prensa

#MonitorDeVictimas | Policía Militar asesina a funcionaria del Cicpc en alcabala de Fuerte Tiuna
La versión militar justifica el homicidio al decir que la dama no acató la voz de alto. La amiga que acompañaba a la víctima explicó que los funcionarios no las dejaban salir de las instalaciones militares

@Daigalaviz

 

Ayendry Dianelys Moreno López, de 29 años de edad, detective adscrita a la Dirección de Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue asesinada la noche de este lunes 24 de febrero luego de que funcionarios de la Policía Militar destacados en la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, le dieran la voz de alto y al ésta no acatarla, dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba.

De acuerdo con información oficial, aproximadamente a las 7:10 p. m.,  Moreno se desplazaba por las instalaciones de Fuerte Tiuna, en un vehículo marca Mazda, modelo 3, año 2007, color negro y placas AB747TB. 

A esa hora, la dama tumbó unos conos adyacentes a una estación de servicio por supuestamente conducir a exceso de velocidad y fue conminada a detenerse en la alcabala N° 10 donde el capitán Reinie Betancourt García solicitaría su documentación. El militar asegura en una minuta informativa, que la víctima no acató su orden y por ello pidió a la alcabala N° 3, que se encuentra próxima a la autopista Valle-Coche,  que la detuvieran y revisaran su vehículo. 

La dama no estaba sola, se encontraba acompañada por Emiley Milagros Carvajal, de 31 años de edad, quien en una entrevista con funcionarios del Cicpc ofreció una versión distinta a la oficial. La dama indicó que, en efecto, fueron abordadas en la alcabala N° 10 por funcionarios de la Policía Militar, pero que estos les indicaron que no podían circular por Fuerte Tiuna y les ordenaron salir de las instalaciones militares. 

Carvajal relata que cuando procedieron a retirarse, se encontraron con otros uniformados que hacían guardia en la alcabala N° 3, y estos no les permitieron el retiro, por lo que la víctima hizo caso omiso y arrancó su vehículo. Los efectivos respondieron con disparos, uno de los cuales impactó a la víctima en la parte posterior del cuello.

La versión militar asegura que un primer teniente del Ejército y un soldado de la Policía Militar las esperaban por orden del capitán de la alcabala N° 10, pero que cuando dieron la voz de alto, Moreno no bajó la marcha de su vehículo, sino que los atropelló. Indican que por ello el soldado Jhoan Ramírez Márquez sacó su arma y realizó dos disparos al aire, cuyos tiros terminaron en el caucho del vehículo y el segundo en el cuello de la víctima, luego de atravesar el vidrio trasero.

Al sitio llegaron funcionarios del Eje de Homicidios para la reconstrucción de los hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado en horas de la noche a la medicatura forense de Bello Monte para practicarle la autopsia. La víctima deja dos niños. 

 

Infobae: Padrino López ordenó usar armas contra quien ataque cualquier instalación militar
Maduro dispuso elevar niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades 

 

Quizá como nunca antes en los 20 años de revolución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había actuado con tanto cuidado, por no decir temor, como lo ha hecho en los últimos días del año que terminó. No solo fue el radiograma 5340 de la víspera de Navidad, a través del cual el ministro Vladimir Padrino López ordenó medidas especiales durante el permiso navideño. Luego Nicolás Maduro dispuso elevar los niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades militares. Y unas horas antes de terminar el año el titular castrense emitió otro radiograma donde ordena responder “con contundencia y sin vacilación” ante cualquier agresión contra alguna institución militar.

Con fecha 30 de diciembre de 2019, el general en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López suscribe el Radiograma 5400, en el cual reitera el contenido del 5340, recordando que se ordenó incrementar las acciones necesarias, que permitan garantizar la seguridad de las dependencias administrativas y unidades operativas de la Fuerza Armada.

Pero esta vez agrega que “en vista de la expresa intención de factores adversos al Estado venezolano de atentar contra la paz nacional, se ordena responder con contundencia y sin vacilación, mediante el uso de las Armas de la República, bajo los preceptos constitucionales y de lo establecido en las leyes y reglamentos militares a cualquier agresión física o acto terrorista contra instalaciones militares, bases o cuarteles”.

Agrega Padrino que esa respuesta será en salvaguarda de la vida de los soldados “que resguardan la soberanía en todo el territorio nacional y con el objeto de preservar los bienes de la nación, consagrados a la defensa de la patria”.

Chequear el parque de armas

En el primer Radiograma, el 5340, había ordenado revisar exhaustivamente los parques de armas y polvorines a fin de constatar la presencia física del armamento y municiones, así como constara que los sistemas de seguridad funcionan adecuadamente.

Lo que en condiciones normales está previsto que ocurra en las instalaciones militares, el ministro se empeñó en recalcarlo como una orden especial y revisar los depósitos de equipos y material de Intendencia, así como los vehículos de la Unidad y las despensas de alimentos.

Fue enfático en los relevos de base de seguridad fronteriza u otros destacamentos de personal en lugares aislados.

Los comandantes recibieron la orden de que personal que se encuentre caminando por el Fuerte Tiuna, que es la principal instalación militar de Venezuela, después de las 9 de la noche, la Policía Militar y URRAS deben detenerlo y llevarlo a la Policía Militar.

Llama especialmente la atención que se prohibiera el ingreso a una Unidad o dependencia de comisiones de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), entre otros, sin la autorización del Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, mayor general (Ej) Domingo Antonio Hernández Larez.

Eso demuestra que temen el ataque de militares y policías, es decir, hay un estado generalizado donde todos están bajo sospecha.

“Sin motivo alguno”

En el marco de las órdenes nerviosas que han recibido, están deteniendo a cualquiera que esté donde no debería.

Así ocurrió el 25 de diciembre, cuando casi a las 10 de la noche, dos militares viajaban en una camioneta Hilux sin placa color beige, “con un rotulado poco visible”, dice el reporte militar.

Los detienen y resultan ser el SM3 (EJ) Adrián Enrique Villasmil Figueroa, quien estaba armado con pistola prieto Beretta 9 MM, dijo que pertenecía al Cuerpo Logístico del Ejercito. Otro es el S1 (GNB) Alejandro Andrés Urdaneta Perozo, plaza del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) del distrito Capital, también armado con un Fusil, M16 y noventa cartuchos calibre 5,56 mm.

Al rato llega al comando, para abogar por los dos detenidos, otra camioneta Hilux beige, sin identificación, con tres militares, quienes se identificaron así: S/1 (EJ) Deudy Pastor Torres Torres, de la 42 Brigada Paracaidista, quien no estaba armado. También el S1 (GNB) Eudis José Fernández Bencomo, adscrito al CONAS Capital, y quien portaba un Fusil, M15 y noventa cartuchos calibre 5,56 mm. Y finalmente, el S2 (AV) Anthony Frank Sanabria Quintero, quien dijo que pertenece al Servicio de Trasporte de la Aviación (BASUCRE); él tenía una pistola Prieto Beretta, calibre 9mm.

También los metieron presos. ¿La razón para detenerlos? “Se encontraban en la jurisdicción sin motivo alguno”, dijeron los funcionarios del Comando de Zona de la Guardia Nacional D-42 del estado Aragua.