El dirigente político del estado Apure, Juan Francisco García Escalona, denuncia los atropellos que sufren los venezolanos que viven y cruzan la zona limítrofe, y afirma que los grandes contrabandistas son los civiles y militares conectados con el régimen chavista
@pppenaloza
Juan Francisco García Escalona cuenta lo que ve y padece. Antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Apure en el periodo 2010-2015, describe el caos que sacude la zona limítrofe venezolana, terreno tomado por la violencia y la corrupción.
“La situación en la frontera es de terror”, alerta García Escalona, quien rompió con el chavismo y actualmente es el coordinador de organización del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI).
¿Cómo evalúa la situación de la frontera?
Puedo afirmar que no hay una política de atención integral para los pobladores de la frontera, ni una política de desarrollo del territorio venezolano. Imagínate vivir en una zona sin hospital, sin un módulo de asistencia social, sin agua potable, sin energía eléctrica por meses. Muchos de los pueblos de la frontera sobreviven por los países vecinos. Te daré un ejemplo: la comunidad de Puerto Páez, parroquia Codazzi del estado Apure, la más pobre de Venezuela según las estadísticas que conocemos, debe estar conformada por alrededor de 2 mil personas. Esos venezolanos se ven obligados a buscar atención en Puerto Carreño, departamento colombiano del Vichada, cruzando los ríos Apure y Orinoco, a unos 30 minutos, mientras el Estado venezolano ni siquiera los visita.
¿Qué oportunidades tienen los residentes de la frontera para enfrentar la crisis?
Los habitantes de los pueblos de la frontera, sean de Apure, Amazonas, Bolívar, Táchira, Zulia o Falcón, tienen mucho tiempo abandonados y puede decirse que experimentan una especie de desconexión importante con respecto al resto del país. Para sobrevivir, conseguir atención integral a sus familias, vacunas, educación y alimentación, dependen totalmente del país vecino, llámese Brasil, Colombia o las islas Aruba y Curazao. Los habitantes de la frontera no saben cómo calcular el precio de un refresco en bolívares, sus monedas de transacción habitual son pesos, reales, dólares y, en menor frecuencia, el euro. Viven de lo que llevan de Venezuela y venden en Colombia: carne, pollo, pescado, queso, leche y, por su puesto, gasolina. Luego, traen productos que escasean en Venezuela para vender aquí y así se mantienen, en un negocio que ahora ya no solo es llevado a cabo por los pobladores de la frontera, sino que también se ha convertido en una fuente de ingreso para innumerables personas de la región central del país.
¿Las medidas ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro han servido para controlar el contrabando de combustible en la frontera?
Ninguna medida del régimen ha funcionado, por el contrario, han empeorado la situación. Todos los controles implementados han ocasionada el aumento del contrabando, con una gran diferencia: hoy el mayor contrabandista es el propio Estado, representado en gobernadores, alcaldes y militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Armada. El contrabando sin duda es un mal terrible, que afecta la economía. Los organismos de seguridad arremeten contra el venezolano de a pie, que desde diferentes lugares del país se traslada en buses y llega a la frontera a vender y a comprar cualquier cosa. Sin ánimos de justificar, debe señalarse que el gran problema no es la pimpina de gasolina, sino los camiones llenos de tambores de 200 litros y las cisternas de gasolina que se llevan los militares y los políticos del PSUV.
Constantemente se señala que distintos grupos irregulares actúan en la frontera con Colombia. ¿Cuáles son los grupos más influyentes en este momento y a qué actividades se dedican?
Son kilómetros de frontera con Colombia, un territorio extenso y desguarnecido, y esta debilidad ha sido aprovechada por estos grupos irregulares que se han arraigado profundamente, lo que significa un peligro para todo el pueblo venezolano. Las denuncias que recibimos de los pobladores señalan a las guerrillas colombianas FARC y ELN por hechos como narcotráfico, secuestro, extorsión y contrabando de alimentos, pescado, ganado en pie, oro, diamantes, bauxita, coltán y combustible. Recientemente hemos recibido denuncias de trata de blancas, menores de edad, por 100 dólares.
El llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dice que él garantiza una frontera de paz, donde no pasará «el enemigo». ¿Bernal está cumpliendo su palabra?
Lo de Bernal es realmente inaudito. Primero, no se protege ni él mismo, menos tiene cómo proteger a ninguna población en específico. Es realmente deplorable que el Estado tenga que impulsar y estimular a delincuentes para crear sensaciones de apoyo al régimen, esto es una muestra del Estado criminal que se ha instaurado en Venezuela. Ojalá el General de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) asuma realmente su condición y trace las líneas correctas para la seguridad y defensa integral de la nación, y no se deje tutelar por quien organiza y promueve bandas y colectivos. El régimen impulsa y trata de hacer ver que los enemigos son las demás naciones, pero el país tiene claro que el enemigo del pueblo es un proyecto político inviable, que destrozó la economía y toda la estructura del Estado.
¿Cómo evalúa el desempeño de la Guardia Nacional y los otros cuerpos de seguridad del Estado responsables de resguardar la frontera venezolana?
La población tiene profundo temor de los organismos de seguridad, siendo el más desacreditado la Guardia Nacional. La situación en la frontera es de terror, los efectivos de la Guardia Nacional roban a la población que se dedica al comercio, los bajan de los buses durante horas y en todos los puntos de control les quitan desde jabones, papel sanitario, arroz y pasta hasta dinero, exigiendo pesos o dólares. Igual ocurre con el combustible. Hay mafias enteras de civiles y militares que trafican con combustibles, que van desde vehículos con pimpinas y dobles tanques, hasta el paso de cisternas. No hay un solo punto de control de la Guardia Nacional que no tenga que cancelar una ‘cuota’ al comandante. Hay puntos donde los guardias deben recoger al comandante ‘cuotas’ desde 500 hasta 1000 dólares por semana. También pagan ‘cuotas’ en queso, chigüires, carne de res y cerdo. Esta realidad nos ha desbordado, dejándonos el resultado de un cuerpo de seguridad altamente corrupto, sin ningún tipo de compromisos con el país.
¿Qué medidas deben ejecutarse en corto plazo para fortalecer la seguridad en la frontera y mejorar la calidad de vida de sus residentes?
La frontera, al igual que todo el país, requiere de medidas profundas de asistencia social que el régimen de Maduro no puede brindar. Sin complejos debemos abordar estos temas fronterizos en conjunto con los países vecinos porque todos estamos afectados en materia de seguridad, asistencia social y comercio. En algún momento se deben establecer zonas especiales para el comercio, especialmente con Colombia, sin que esto represente una actividad ilícita. Al contrario, debe brindarse privilegios para el desarrollo de los pueblos de la frontera. Nuestro territorio debe desarrollarse según sus potencialidades, para que genere empleos y así mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los organismos de seguridad deben tener salarios dignos, al igual que todos los trabajadores del país. A un efectivo de la Guardia Nacional le es muy fácil delinquir, cuando tiene un salario de 500 mil bolívares y por un tambor de gasolina de 200 litros le pagan 200 dólares en la frontera.
