«PASOS DE SALUD – CAMINO A LA DEFENSA» es un documental de 6 entregas audiovisuales con una duración de 1 minuto cada una, donde Francisco Valencia, Director de CODEVIDA, un hombre que ha luchado por los Derechos de los pacientes que hoy sufren y padecen las consecuencias de la irresponsabilidad del Estado, es el protagonista.
La Emergencia Humanitaria Compleja por la que atraviesa el país cada día se agrava y el sector salud es uno de los más afectados. El Estado no ha cumplido con los requerimientos mínimos para garantizar el Derecho a la salud de los ciudadanos, en cambio se ha encargado de perseguir y encarcelar a aquellos que luchan por la reivindicación de este derecho.
Con este material, la ONG RedesAyuda busca visibilizar la experiencia de Valencia, como defensor de la vida y la salud ante la Emergencia Humanitaria Compleja en nuestro país. Una forma diferente de hablar sobre el mismo tema que nos afecta a todos desde hace ya varios años.
La primera entrega del documental se estrenará el Lunes 22 de octubre de 2018 a las 7 pm a través de la cuenta de Twitter verificada de la ONG: @RedesAyuda, luego durante toda la semana se irán estrenando a la misma hora y por el mismo canal, las partes siguientes de la pieza audiovisual.
Todo será presentado en un hilo, con la intención de iniciar una nueva conversación sobre este tema tan preocupante que ha tocado cada hogar en el territorio nacional, una problemática que en los mejores casos ha llevado a la gente a solicitar medicamentos en redes sociales y en los peores los ha llevado al cementerio.
EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS en el país emitieron un comunicado para rechazar las acusaciones del ministro de salud, Luis López, en contra del presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia, y la institución.
En el texto, explican que el ministro calificó de “sinvergueza” a Valencia y “cartelito” a Codevida, pero no presentó argumento las acusaciones ni ofreció mayores detalles sobre las razones para no tomar medidas urgentes que comprenden usar la asistencia humanitaria.
Indicaron que el defensor de los derechos humanos y la organización son víctimas “directa del incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar la salud y la vida de las personas con condiciones crónicas”.
Exigieron al Ministro y demás autoridades abstenerse de descalificar el trabajo de Valencia y exhortaron a la Defensoría del Pueblo a realizar sus funciones y “pronunciarse públicamente a favor del derecho a defender derechos”.
A continuación el comunicado completo:
Movimiento de derechos humanos rechaza acusaciones del ministro Luis López contra Francisco Valencia y CODEVIDA
(Caracas, 12/06/18) Las organizaciones no gubernamentales que suscribimos este comunicado público rechazamos enérgicamente los señalamientos del ministro de Salud Luis López contra Francisco Valencia, defensor de derechos humanos y Presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida).
El ministro López, en un programa de radio transmitido este lunes 11 de junio afirmó: “Este señor de Codevida es un empleado de Roche –la empresa farmacéutica- Tu podrás padecer algún tipo de enfermedad, pero si tú abres la boca y te metes en el mundo político, qué respuestas quieres. Tú eres un sinvergueza y un asalariado de Roche, que como este ministro y este presidente no le están comprando los medicamentos que Roche nos quiere vender, lo poquito que nos quieren vender, al precio que sea, y los estamos buscando por India; como no estamos buscando los medicamentos que a ti te dan dinero, tú tienes a los pacientes llevándolos al Ministerio. Sinverguenza, se te va a terminar de caer la careta, porque ya tienes, incluso, a lo interno, una fuerte división, que donde te vean te van a decir tus cuatro cosas para que aprendas a respetar; ¿a quién?, a los pacientes. No pueden seguir jugando desde Codevida, que es el cartelito, dirigido aquí en Venezuela, representante de la Roche y asalariado de la Roche, seguirle diciendo a la gente que no hay medicamentos…”.
El alto funcionario gubernamental no fundamentó sus graves acusaciones ni contra el presidente de Codevida ni contra esta Coalición, ocupada en defender los derechos a la salud y la vida de la población venezolana. Tampoco ofreció mayores detalles sobre las razones para no tomar medidas urgentes que comprenden usar la asistencia humanitaria a fin de evitar que unas 300.000 personas con condiciones crónicas fuesen privadas de medicamentos por más de un año, incluyendo personas trasplantadas, con hemofilia, cáncer y VIH que han ido falleciendo entre los años 2017 y 2018 por no tomar sus tratamientos.
El ministro López ocupa la cartera de Salud desde mayo de 2017, luego de desempeñarse como director de Salud de la Gobernación de Aragua. Durante su gestión, han empeorado los servicios públicos de salud y han ocurrido importantes retrocesos, como la suspensión del programa de procura de órganos y trasplante renal. Transcurrido un año de dicha suspensión, que deja en riesgo de muerte a aproximadamente 5.000 venezolanos, Codevida realizó una de las más recientes jornadas de protesta en la sede del Ministerio de Salud. Esas son las acciones ciudadanas que molestan al ministro López.
Las denuncias de Codevida sobre la privación de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico en Venezuela han sido convalidadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el Informe País elaborado por la CIDH y divulgado en febrero de 2018 se indica: “…tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento”. El 9 de febrero de 2018, 4 Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas de forma conjunta, señalaron que “miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final…”. Asimismo, señalaron que “la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer”.
Francisco Valencia es una víctima directa del incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar la salud y la vida de las personas con condiciones crónicas. Su labor en defensa de los derechos humanos ha sido reconocida dentro y fuera de Venezuela, y en marzo de 2018 fue merecedor del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá y del Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela. En esa oportunidad Valencia dijo: “Todos debemos ejercer la defensa de las personas más vulnerables: nuestros niños, nuestros abuelos, las personas con condiciones de salud crónica…es momento de que todos nos unamos ante esta situación devastadora que estamos viviendo, para que tengamos una Venezuela distinta”.
La CIDH y los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas también han manifestado su preocupación por la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y la existencia de prácticas estatales que restringen gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y libertad de expresión en Venezuela. Las acusaciones del ministro López contra Valencia corresponden, precisamente, a un sistemático patrón de intimidación y represalia contra defensores, personal de salud y periodistas que han denunciado los altos niveles de destrucción en los que se encuentra el sistema sanitario venezolano y los daños y pérdida de vidas humanas que ello está causando como producto de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Las organizaciones que suscriben el presente documento acogemos la exhortación de la CIDH al Estado venezolano en defensa de la legítima promoción y defensa de derechos humanos, establecida como un derecho y como un deber ciudadano en el artículo 132 de la Constitución: “Garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y represalias, abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores, sólo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos y protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar atentados contra su vida e integridad”.
Igualmente exigimos al Ministro y demás autoridades abstenerse de descalificar el trabajo de Francisco Valencia y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a realizar sus funciones y pronunciarse públicamente a favor del derecho a defender derechos.
Asimismo, solicitamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos del continente continuar monitoreando y visibilizando la emergencia humanitaria compleja en nuestro país, haciendo todos los esfuerzos posibles para que el gobierno venezolano acepte la asistencia y cooperación internacional que permita, a corto plazo, que las personas en el país puedan tener acceso a medicamentos y a servicios de salud esenciales.
Adhieren ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida Aula Abierta Asociación Civil Mujeres en Línea ASOVIDA Mérida ACONVIDA Amnistía Internacional Venezuela Asociación Civil La Ventana A.C ASOADNA ALAPLAF Acción Solidaria Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Asociación Civil Saber es Poder – ASOSABER A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA Acceso a la Justicia Asociación Venezolana para la Hemofilia A.C. MÉDICOS DE VENEZUELA A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA Acción Zuliana por la vida Acción Cívica Rescate Nacional Amigos Trasplantados de Venezuela Alianza Venezolana por la Salud Asociación Venezolana de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal Amigos Transplantados de Venezuela AC YoReumático Asociación Venezolana para la Hemofilia Asociación Civil Conquistando la Vida Cátedra de la Paz – Universidad de Los Andes Convite AC Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos- Cadef Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU Coalición Clima21 Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Centro de Justicia y Paz – CEPAZCentro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) CECODAP Civilis Derechos Humanos Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) Centro para la Paz y los DDHH UCV CMDNNA Guaicaipuro CTV LARA Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad. Cátedra de Derechos Humanos UCLA Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos Espacio Público EXCUBITUS derechos humanos educación Fundación Nueva Mujer Margarita Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela Fundación Comunitaria La Voz de Guaicaipuro Frente Nacional de Mujeres Fundación CIIDER Humano Derecho Radio Estación Defiende Venezuela DPR-LARA Fundación Ángeles Chiquinquireños Fundación Leonardo González Barreto J410572485 Fundación para la Prevención de la Violencia Domestica hacia la Mujer Fubdanica Fundación Aguaclara Funcamama FIA capitulo Venezuela Seccional Anzoategui Geografía Viva Hombres por la eguidad e igualdad Justicia y Paz OP Vzla Laboratorio de Paz. LabPaz Liga Merideña contra el Sida Médicos Unidos Capítulo Anzoátegui Monitor Social A.C. Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo Médicos Unidos Venezuela Capítulo Táchira Médicos Unidos de Venezuela España Médicos Unidos de Venezuela capitulo Nueva Esparta Médicos Unidos de Venezuela Capítulo Carabobo (Dirección de DDHH y Civiles) Médicos Unidos de Venezuela Falcón Médicos Unidos de Venezuela Capitulo Bolívar Médicos Unidos Nueva Esparta Médicos Unidos Venezuela, Capítulo Zulia Médicos Unidos de Venezuela – USA Médicos Unidos de Venezuela – Capítulo Guárico Médicos Unidos de Venezuela en Chile Médicos Unidos de Venezuela Perú MAVID Carabobo Movimiento Ciudadano Dale Letra Madres y Padres Por Los Niños en Venezuela (MAPANI VZLA) Monitor Social A.C. (Nva Esparta) Meals4Hope Organización StopVIH ONG No permitas malos tratos Observatorio Venezolano de los Derechos humanos de las Mujeres. Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM) Padres Organizados de Venezuela Prepara Familia Psicólogos sin Fronteras Venezuela Piloneras Programa Venezolano de Educacion Acción en Derechos Humanos (Provea) Proiuris Redes Ayuda Red Rosa Venezuela Red de Accion y Defensa por los Derechos Humanos – RADDH Redhnna Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolana RedesAyuda Senosayuda Salud Nueva Esparta Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil Sociedad Hominis Iura (SOHI) Transparencia Venezuela The arTEA Project Un Mundo Sin Mordaza Una Ventana a la Libertad Uniandes AC. Unión Afirmativa Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Individualidades:
Linda Loaiza López Susana Raffalli María Nuria De Cesaris Nora Ysturiz Mónica Márquez Julio González, medico jubilado Carolina De Oteyza María Teresa vieira da Costa Pedro Galvis Raul Viera Julio Vasquez Lorena Canelon Mari Sulbaran Griselda Barroso Morgado Gustavo Canelon Francisco Heredia Marlon Martínez Carrizo. Pilar Veracierta Ibarreto. Katyuska Mata Maria Eugenia Guevara Yadira franco Ana Rosario Contreras Lilian Vivas D. Rafael Ortiz Raúl Cubas Katyuska Mata Mulier Dr Wiston Giménez, Médicos Unidos de Venezuela capítulo Lara Leonardo Rodríguez Angola, Defensor de DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes
Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), doctores y pacientes, realizan un debate sobre las medidas necesarias para solventar la falta de insumos médicos en los centros de salud del país.
El representante de la organización Codevida, Francisco Valencia, hizo un llamado a los afectados a dirigirse al palacio de Miraflores para exigirle al primer mandatario, Nicolás Maduro, repuestas y soluciones a la falta de medicinas.
Valencia calificó de “falsas” las campañas que ha realizado el ministro de Salud, Luis López, por lo que considera que solo se pretende “crear expectativas ante la comunidad de personas afectadas, es el presidente el que tiene que hablarle al pueblo”.
El representante de Codevida sostuvo que es necesario “usar al máximo los recursos que tiene el Estado para garantizar la salud y el derecho a la vida de las personas”.
Por su parte, Freddy Ceballos, representante de la Federación Farmacéutica de Venezuela, expuso que es lamentable la pérdida de personas en condiciones crónicas de salud por la falta de medicamentos. «Hemos tenido que recetar medicinas para animales y hasta suministrar medicamentos vencidos».
El director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), Francisco Valencia, afirmó que al menos una persona diaria, rechaza trasplante de órgano por escasez de medicamentos.
“La ausencia absoluta y prolongada, más de ocho meses sin recibir tratamiento, lo veníamos advirtiendo, que iba a traer consecuencias gravísimas a la salud de los venezolanos que reciben un trasplante, estamos hablando de más de 3 mil 500 personas afectadas”, señaló durante una entrevista en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.
El representante de Codevida, aseguró que en reiteradas oportunidades han denunciado la situación pero las autoridades no han tomado ninguna acción para solventar el problema de la escasez de medicinas.
“Las personas que no se tratan con los medicamentos adecuados pierden el órgano, tienen que regresar a una diálisis porque su función renal dejó de funcionar y pierde la capacidad de hacer lo que hacía su trasplante”, indicó.
Así mismo informó que los programas de trasplantes fueron suspendidos por el Gobierno Nacional en el 2017 para los centros públicos y muchas personas no tienen los recursos para realizarse lo operación en un centro privado “un trasplante de vivo a vivo en una clínica privada estará alrededor de los 50 mil dólares”.
“Lo establece la constitución, el único responsable es el Estado, de garantizar la salud y la vida de las personas”, enfatizó.
De igual modo, Valencia recalcó que Codevida seguirá documentando todos los casos que se registren en el país sobre las dificultades de los trasplantados, para llevarlos a instancias internacionales.
El Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Embajada de Canadá tienen el placer de anunciar a Francisco Valencia como ganador de la 9na edición del Premio de Derechos Humanos.
Valencia, Director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida CODEVIDA, recibe este premio por su incansable labor como una de las voces más abiertas para denunciar la crisis humanitaria que vive Venezuela.
“Es momento que todas las organizaciones, la sociedad civil nos unamos en esta difícil situación que atraviesa el país, seamos ese aporte necesario para que en Venezuela se documente las violaciones del derecho a la vida, todos debemos ejercer la defensa de las personas más vulnerables, nuestros niños, nuestros abuelos, las personas con condiciones de salud crónica…es momento de que todos nos unamos ante esta situación devastadora que estamos viviendo para que tengamos una Venezuela distinta”, aseguró Francisco Valencia.
Para esta edición el jurado decidió asimismo otorgar una mención especial a Aracelis Sánchez, defensora de derechos humanos, madre de una víctima; fundadora y Directora de ORFAVIDEH, Organización de Familiares Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, que reúne a familias que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En 2009 el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y la Embajada de Canadá se unieron para crear un reconocimiento a la labor de individuos y organizaciones no gubernamentales en la promoción, difusión y/o defensa de los derechos humanos. Este premio es una iniciativa que reconoce los principios internacionales en materia de derechos humanos respaldados por Venezuela y Canadá, pilares de la política exterior y de la relación entre ambos países.
El jurado este año fue presidido por el Padre Raúl Herrera, s.j. (Director, Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” UCV) y estuvo conformado por personalidades del ámbito de los derechos humanos en Venezuela como: Hermana María José González, Mercedes de Freitas, Feliciano Reyna, Oscar Murillo y Keymer Ávila, y por la Embajada de Canadá, Lori Corriveau (Encargada de Negocios, a.i.).
El galardón será entregado a Francisco Valencia, hoy en un evento privado en la Embajada de Canadá. Como parte del premio el ganador estará sosteniendo, a lo largo del año, distintos encuentros organizados por la Embajada de Canadá en Venezuela con universidades, organizaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales, para compartir experiencias en la defensa de los derechos humanos.
Francisco Valencia, director de la coalición, anunció que si el gobierno no aprueba la petición de ayuda humanitaria en los próximos días, la organización pedirá un pronunciamiento público a la ONU sobre la situación
Lorena Meléndez G
@loremelendez
Para quienes deben vivir con una condición de salud crónica en Venezuela, el inicio de 2018 ha representado un empeoramiento de su entorno. Solo en enero se registró que 30 pacientes habían rechazado los órganos que hace años les habían sido trasplantados por no tener acceso a los inmunosupresores que evitan tal acción. La cifra es mayor que la que se reportó en todo 2017, cuando hubo 20 casos de rechazo. Ese mismo año, siete personas trasplantadas murieron por falta de tratamiento.
«Esto nunca se había registrado en Venezuela», reveló Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida (Codevida), quien denunció que los fallecimientos a consecuencia de la falta de medicinas para tratar la hemofilia también se habían incrementado. Mientras que en 2017 se informó de 20 muertes por esta razón, en la última semana ocurrieron cinco y dos de estas fueron de menores de edad.
«Se cerraron los programas que desarrollaba el Ministerio de Salud en materia de trasplante y procura de órganos en Venezuela. Imaginen lo que puede pasar con las 20 personas que perdieron sus órganos el año pasado», reclamó durante su intervención en una rueda de prensa del 22 de febrero sobre la emergencia humanitaria en Venezuela organizada por Amnistía Internacional.
Valencia alertó que, además de las cifras de muertes, hay miles de personas que están padeciendo daños irreversibles a su salud por no tener medicinas. Recordó que cada año se diagnostica en Venezuela a 5.600 mujeres con cáncer de mama, que hay 67 mil pacientes con VIH que no pueden tener acceso a los retrovirales y que hay 4 millones de personas con padecimientos cardiovasculares que no pueden ser tratados. Tampoco hay paliativos para los enfermos terminales.
«16 mil personas con insuficiencia renal quedaron a la deriva, sin insumos para dializarse. Es el único sustento de vida que tienen estas personas que hoy están sufriendo consecuencias graves, mientras que el gobierno pretende decir que la solución la tiene en las manos y tiene, como política de Estado, seguir afirmando que la situación en Venezuela es controlable y que no hay ninguna emergencia. Esa es la sentencia a muerte que se le está dando a las miles de personas que dependen de medicamentos e insumos para mantener su calidad de vida», señaló.
El director de Codevida advirtió que las ONG dedicadas al área de la salud ya no se dan abasto para atender las demandas de los pacientes. Por eso considera de vital importancia que desde el Ejecutivo se reconozca la crisis y se permita la entrada de ayuda humanitaria. Anunció que si no se obtiene una respuesta oficial a esta petición en los próximos días, las organizaciones pedirán un pronunciamiento público a la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación.
«En ninguna de nuestras peticiones se ha planteado una intervención militar como pretenden hacer ver. Son mecanismos que han sido consultados con la Organización Panamericana de la Salud que, antes de acudir a República Dominicana (a las reuniones del diálogo entre gobierno y oposición), nos avaló y nos dio su visto bueno para plantear estas soluciones (un fondo de emergencia y otro rotatorio), las únicas viables. Venezuela tiene una deuda de 5 mil millones que no va a solventar en los próximos días», aclaró.
Aseguró Valencia que el gobierno de Canadá había prometido aportar 500 mil dólares a este fondo y que otros países que se mostraron interesados en colaborar. Rusia, según él, también había adelantado que entregaría kits hospitalarios si esta ayuda se aprueba.
Calificó como «inaguantable» la situación de los centros hospitalarios, en donde 80% de los equipos de diagnóstico está en desuso, falta 90% de los reactivos para exámenes médicos y no hay sangre para atender emergencias o condiciones de pacientes con hemofilia o insuficiencias renales, quienes necesitan transfusiones de manera regular.
«El daño no es solo a la salud y al entorno familiar. Es un daño psicológico al negar el acceso a los medicamentos y al decir que se tiene la capacidad para solventar esta situación (…) Eso un genocidio decretado para las personas que tienen una condición crónica de salud», denunció.
Transplantados, seropositivos, pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, entre otros, se congregaron en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en Caracas para exigir al gobierno una solución a la escasez de medicamentos
Indira y Rafael (nombres ficticios) escuchaban con atención a una mujer gritar una frase lapidaria en la tarima de la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes: “Me quiero morir de vieja, carajo”. La pareja de amigos recién llegaba de Valencia para la actividad convocada por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) en procura de elevar la voz para visibilizar a los miles de pacientes crónicos que aguardan por medicamentos en Venezuela.
“Preferimos no dar nuestros nombres porque no queremos retaliaciones, somos gente humilde, solo deseamos que nos traten con dignidad”, dijo la mujer que padece VIH y desde agosto del año pasado no recibe los antiretrovirales para combatir el virus.
“Nosotros no tenemos para costearnos eso, dependemos de lo que nos den en el Seguro Social, es una situación desesperante. Yo particularmente temo que la enfermedad avance y muera”, confesó mientras aplaudía el discurso de otra paciente y se secaba las lágrimas.
A su lado estaba un compañero a quien conoció en los pasillos del Seguro Social de Valencia, también en la continua lucha por seguir viviendo. Ambos agitaban una pancarta en la que podía leerse “Sr. Ministro, necesitamos retrovirales ya…Carabobo”.
“Tengo 14 años con VIH y por primera vez estoy en esta situación: desde agosto del año pasado no hay medicinas y no nos dan respuesta, lo peor es que no sabemos cuánta gente más se está infectando porque ni siquiera hay reactivos para realizar los exámenes”.
Tanto Indira como Rafael hicieron un esfuerzo para estar en Caracas este jueves, sorteando la fatla de efectivo y de transporte viajaron en un colectivo por la Autopista Regional del Centro junto a otros enfermos crónicos. Ayer mismo se regresaban esperando que la iniciativa hubiese dado resultados y al menos llegado a los oídos del ministro de salud, Luis López, a quien decenas de pacientes escribieron mensajes simbólicos en cartulinas, demandando solución al grave problema de la salud.
El programa de medicamentos de alto costo, financiado por el Estado, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en teoría garantiza el tratamiento farmacológico a los venezolanos que padecen enfermedades difíciles de costear, amparado en el artículo 83 de la Constitución, el cual reza que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.
No es política, es la vida
Jesús Colmenares vino de Maracay con la esperanza de obtener alguna respuesta. “Soy transplantado de riñón desde 2014 y regularmente había tenido acceso al tratamiento, pero desde el año pasado y especialmente lo poco que ha avanzado este la situación es crítica, no tenemos los inmunosupresores y sin ellos corremos riesgo de morir. El gobierno tiene que entender que esto no se trata de tintes políticos, es la vida de la gente que está en juego”.
Marina Jiménez es otra transplantada de riñón, oriunda de Portuguesa, pero radicada en Caracas que no quiere perder el órgano que tanto le costó obtener, por ello ya tomó una decisión que considera podría extenderle la vida. “Me voy del país, no quiero morirme porque no conseguí un medicamento, tuve tres años esperando este riñón y si no me tomo los inmunosupresores el organismo puede rechazarlo…Mientras esté aquí voy a seguir protestando y apoyando a toda la gente que padece lo mismo”, sentenció Marina, quien desde mayo del año pasado ha tenido que rebajar las dosis. “Yo debo tomarme dos pastillas diarias y lo que hago ahora es que me tomo una interdiaria para rendirla”.
Marina decidió emigrar porque, entre otras cosas, en Venezuela es complicado mantener un trabajo siendo paciente crónico. “¿Qué jefe se va a calar que estés fuera una semana porque tienes que hacerte unos exámenes y no hay servicio en el laboratorio del hospital o estés buscando una medicina por todos lados?”.
Investigación y castigo a los culpables
Con apenas 28 años de edad, Vicente Mayorca tiene dos transplantes: uno de hígado en 1996 y otro de riñón en 2013. El comerciante y graduado en administración de aduanas llevaba una vida normal hasta hace año y medio cuando empezó a padecer una especie de Vía Crucis para adquirir las medicinas que ingiere desde hace décadas. “Las pastillas que uno toma son extremadamente caras, nadie que tenga un ingreso normal puede costearlas, solo el Estado está en la capacidad de hacerlo, pero desde hace rato nos dicen que no hay y que no saben cuándo van a llegar. Hasta hoy (jueves) tengo una de las medicinas y ni idea de qué voy a hacer”.
Mayorca considera necesaria la creación de un canal humanitario. “El primer transplante me lo hicieron en Italia y el segundo aquí en Caracas gracias a la embajada italiana, pero hoy en día me sería imposible y probablemente también a cualquier institución hacer algo de esa magnitud”.
Crismar Landaez vive con VIH desde hace 17 años y, aunque regularmente le costaba ubicar los retrovirales, afirma que 2017 fue una verdadera pesadilla. “Hay gente que se está muriendo de Sida pudiendo tratarse. El VIH ya es una enfermedad crónica y en otros países la gente lleva una vida normal; aquí, el Seguro Social lo que te da son excusas. Necesitamos con urgencia ser atendidos, porque nuestra vida está en riesgo”.
En 2015 a Larry Zambrano le transplantaron un riñón. Dice que el primer año luego de la operación el suministro de medicamentos transcurrió normal, pero después entró en una montaña rusa. “Ha ido de intermitente a inexistente, ya tengo tres meses sin tomar los inmunosupresores. Me hice un rechazo celular y corro riesgo de perder la intervención”.
Larry afirma que gracias a organizaciones como Acción Solidaria y Codevida ha podido paliar su situación, pero que esas instituciones ya encendieron las alarmas, porque en Venezuela la escasez es abrumadora. “Afuera un solo tratamiento cuesta como 700 dólares, he averiguado, pero yo no puedo costear eso”.
“Esta situación es inaguantable”, dijo el director de Codevida, Francisco Valencia. “Siete personas han fallecido por fallas renales en los últimos meses. Ya basta de tanta ineficacia, este gobierno que asistió a la llamada mesa de diálogo en República Dominicana nunca mostró interés por solucionar la crisis humanitaria de la salud, nos están aplicando una especie de muerte silenciosa”.
Por su parte, Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria condenó las declaraciones de voceros del gobierno, como la presidenta de el asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez, quien ha negado en reiteradas ocasiones que en Venezuela haya gente padeciendo por la falta de medicinas. “Ellos son los responsables de la muerte y el deterioro de los venezolanos”.
Valencia informó que un documento será enviado a la Asamblea Nacional y otro a instancias internacionales para que se abra una investigación y se determinen responsabilidades.
“Que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela en pleno siglo XXI”.
La escasez intermitente de los nueve fármacos de alto costo con los cuales se evita que un paciente pierda el órgano trasplantado se ha agudizado desde hace cuatro meses. Esta crisis ha ocasionado que 30 enfermos renales estén en proceso de rechazo de un riñón; 20 ya lo perdieron en dos meses y 5 personas han muerto, según registros de la Coalición de Organizaciones por la Salud y la Vida.
Francisco Valencia, presidente de Codevida, lleva el registro de peticiones de personas que buscan medicamentos en Monagas, Barinas, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara, Monagas y Distrito Capital esta semana.
Yasmari Castallo, de 40 años de edad y 17 de ellos trasplantada del riñón, se encuentra hospitalizada en el Hospital Universitario de Caracas, porque desde hace 4 meses el Seguro Social no le entregó más el fármaco recetado para evitar que su cuerpo perdiera el riñón que le donaron. Ya ha recibido diálisis y los nefrólogos le hacen exámenes para determinar si aún hay probabilidades de evitar que vuelva a una sala de diálisis para mantenerla con vida.
Castallo estuvo en diálisis desde los 13 años hasta los 23 años cuando pudo ser trasplantada en el HUC. «Me siento mal y deprimida porque no pensé llegar a estas condiciones. Después de 17 años que disfrutaba de una vida normal y trabajando no sé ahora qué hacer ni qué pensar. Yo duré ya 10 años en diálisis porque desde que era una niña tengo este problema de salud y eso es un trauma para mí. A los 23 años logré tener una vida normal», cuenta.
En el mismo hospital se atiende de forma ambulatoria Judith Lazarraga, de 48 años de edad, quien también lleva 12 años trasplantada, pero suma 4 meses sin consumir los fármacos everolimus y micofelonato. Hoy le colocarán un catéter para entrar a la diálisis porque tiene un rechazo agudo.
En Badan importan algunos inmunosupresores y una cadena de farmacia vende el micofelonato, pero el costo llega a los 3 millones de bolívares.
Edgar Darnica, de 46 años de edad y 16 de trasplantado, suma 3 meses sin recibir el fármaco. La causa de su hospitalización es una neumonía, pero teme caer en rechazo agudo en cualquier momento. Por ahora decidió racionar las dosis del medicamento que consiguió en la Fundación Badan por un precio de 1.650.000 bolívares, pero ya la institución se le agotó el medicamento.
Desde que sacaron a Carlos Rotondaro en noviembre no hay información sobre los medicamentos. «Al gobierno se le olvidó que hay personas con condiciones de salud crónica y no dicen nada», advierte Valencia.
La Sociedad Venezolana de Nefrología lleva un año enviando comunicaciones al Seguro Social y al Ministerio de Salud, pero no se le ha contestado ninguna.
Carlos Márquez, presidente de la Sociedad Venezolana de Nefrología, denunció que tampoco hay medicamentos antirrechazo para salvar al paciente de la pérdida del injerto. Agrega que la mayoría, además son diabéticos y tampoco se encuentra la insulina.
Márquez denuncia que las unidades de diálisis que mantienen con vida a quienes perdieron sus dos riñones tienen abastecimiento de material intermitente y eso también coloca en riesgo la vida de estas personas constantemente.
«80% de los pacientes de algunos centros de diálisis también están desnutridos y atrapados entre la situación económica, alimentaria y de medicamentos. El 24 de diciembre los pacientes en vez de estar pendiente de su cena de Navidad, estaban pendiente de si iban a recibir el material para hacerse la hemodiálisis que los mantiene vivos», denuncia.
