Mientras Nicolás Maduro denuncia planes conspirativos en los cuales indistintamente señala al gobierno de EEUU como promotor, su ministro de economía procura obtener recursos frescos del mercado estadounidense. El 13FEB15, pocas horas después que Maduro se refiriera al más reciente “atentado golpista”, el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, sostuvo una teleconferencia con clientes corporativos de Bank of America. El propósito de la conversación fue exponer el programa de ajuste o paquetazo económico que Maduro comenzó a implementar, el cual incluye medidas como una maxidevaluación ya en ejecución y el inminente aumento del precio de la gasolina pregonado por el propio Torres.
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El Gobierno Maduro busca convencer a potenciales compradores de bonos sobre la disponibilidad de recursos del Gobierno para pagar su deuda. El economista venezolano Francisco Rodríguez, quien asesoró al régimen chavista a principios de la década pasada y quien es actualmente funcionario de Bank of America Merrill Lynch, ha desfilado por diversos medios de comunicación prochavistas en Caracas, exponiendo su plan para lograr que Venezuela acceda al mercado internacional. Resulta obvio el interés de Rodríguez por lograr que el banco para el cual trabaja sea el operador de una eventual emisión de deuda venezolana. Opción que, por cierto, parece muy poco probable no sólo por razones económicas o financieras, sino por la percepción de creciente tensión política que el propio Gobierno estimula.
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El ministro de relaciones exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó Colombia, Perú y Brasil en un rápido viaje que comenzó el 16FEB15. Como otros visitantes extracontinentales, Steinmeier obvió una posible visita a Venezuela. En declaraciones dadas en Bogotá, el jefe de la diplomacia alemana dijo que su Gobierno tenía “la esperanza de que el Gobierno venezolano se esforzará para que no se produzca una escalada de la situación política”. El comentario refleja la creciente preocupación en diversas cancillerías americanas y europeas sobre la evidente deriva represiva que está asumiendo el régimen venezolano.
La militarización de las operaciones de orden público, las documentadas denuncias de violaciones de derechos humanos y la utilización del sistema judicial para neutralizar opositores, forman parte de temas que son objeto de seguimiento por diversas embajadas en Caracas. Incluso, el régimen venezolano recientemente manifestó su molestia por la presencia de un diplomático inglés en la sala donde se realizaba una sesión del juicio al opositor Leopoldo López.
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La detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, a manos de la policía política Sebin agudizó aún más esa percepción y encendió luces de alarma. La noche del 19FEB15 fue especialmente activa en varias cancillerías de la región desde donde se realizaban consultas entre gobiernos a propósito de lo que había ocurrido en Venezuela. Los temores sobre nuevas detenciones, incluyendo la de María Corina Machado, corren entre diplomáticos extranjeros en Caracas.
La reacción en medios políticos colombianos por el carcelazo a Ledezma, por ejemplo, abarcó todo el espectro político democrático. Conservadores, uribistas y el propio Juan Manuel Santos se pronunciaron sobre el caso. “Nos preocupan los últimos acontecimientos. Hemos manifestado, en privado y en público, nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos”, dijo Santos quien recordó haber “pedido la libertad de Leopoldo López”.
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«Un ataque a un gobierno es casi un ataque a la sociedad». La curiosa frase fue emitida por la presidente argentina, Cristina Kirchner, durante una fiesta de fin de año, el 22DIC14, cuando se dirigía a sus parlamentarios, ministros y cercanos colaboradores. El criterio según el cual el ejercicio de la oposición es un “ataque a la sociedad”, como lo manifestó la mandataria argentina, es igualmente utilizado por los otros gobiernos de tendencia castrochavista, hipersensibles a las críticas y con comprobadas tendencias hegemónicas. Así, para el régimen venezolano el ejercicio de la oposición política es considerado un “ataque al pueblo”. Además, siguiendo un patrón ampliamente difundido por el chavismo, los gobiernos de Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador suelen recurrir a la acusación de “golpismo” contra todo aquel que ejerza la oposición y pretenda acceder al ejercicio del poder, al cual invariablemente tildan de “derechista”. En el caso venezolano, el gobierno Maduro simultáneamente se victimiza internacionalmente y reprime a la Oposición.
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Por primera vez desde que se convirtiera en Presidente de Brasil en 2003, Lula da Silva participó en una reunión del Directorio Nacional de su partido PT. El encuentro ocurrió el 06FEB15 en Belo Horizonte, Minas Gerais, teniendo como tema central la defensa del gobierno de Dilma Rousseff quien también se hizo presente en la cita.
Incluso desde antes de producirse las elecciones presidenciales del 26OCT14 que dieron la reelección a Rousseff, en Brasil se ha estado debatiendo la opción de abrir un proceso de impeachment a la mandataria, a raíz del esquema de corrupción dentro de la petrolera estatal Petrobras que favoreció al PT. Pocos tienen ya dudas sobre el funcionamiento de un mecanismo que financió al partido oficialista mediante el traspaso de recursos de Petrobras utilizando como estafetas para el tránsito del dinero a empresas privadas contratistas. La figura constitucional del enjuiciamiento del Presidente, conocido en Brasil como “impeachment”, fue puesta en práctica en 1992 contra el gobierno de Fernando Collor de Mello. En aquella oportunidad Lula, quien había sido derrotado en las urnas por Collor, fue uno de los más apasionados auspiciadores del impeachment.
Catorce años después, cuando desde la oposición se maneja la posibilidad de enjuiciar y destituir a la pupila de Lula, el PT se refieren al “impeachment” como una práctica golpista. El partido de Lula, en su reunión del 06FEB15, aprobó “expresar amplia solidaridad y defender el gobierno de la presidente Dilma contra los ataques de la oposición de derecha” la cual muestra “un permanente coqueteo con el golpismo”. El presidente nacional del PT, Rui Falcão, llegó al extremo de asegurar que los pedidos de enjuiciamiento a Rousseff son en realidad un llamado al regreso de la dictadura.
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A remedo de Chávez, Maduro y Rousseff, el gobierno argentino también está denunciando la existencia de un golpe contra Cristina Kirchner. El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, expuso el 13FEB15 la tesis según la cual en su país está un proceso de “golpismo judicial activo” para derrocar a Kirchner.
La reciente muerte, en circunstancias aún no clarificadas, del fiscal Alberto Nisman quien investigaba los atentados terroristas contra edificaciones de la comunidad judía ocurridos en 1994, ha dado pie a un proceso judicial acusatorio contra Kirchner. La presidente argentina fue imputada por la Fiscalía bajo sospecha de encubrimiento de los terroristas iraníes que ejecutaron los atentados en Buenos Aires. El proceso iniciado ante un tribunal contra Kirchner ha sido calificado por sus socios políticos extranjeros, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, como “golpe judicial”.
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El viejo y extenso aparato propagandístico castrochavista internacional está activado para realizar una intensa campaña de respaldo a Maduro, Rousseff y Kirchner. En los últimos días, la cancillería de Maduro ha estimulado la emisión de decenas de comunicados del variopinto listado de organizaciones izquierdistas en Latinoamérica y Europa, rechazando un supuesto “golpe” ocurrido en Venezuela. El martes 17FEB15, a pocas horas de ordenar la detención de Antonio Ledezma, Maduro viajó a La Habana. La ocasión sirvió para enderezar las relaciones personales entre Raúl Castro y Maduro, así como para definir una acción coordinada en defensa del régimen venezolano, lo que comprueba que las conversaciones entre EEUU y Cuba no representan el fin de la alianza La Habana-Caracas.
Edgar C. Otálvora
@ecotalvora
Diario Las Amércias
